Asalto al erario oaxaqueño
Ixtli Martínez/Contralinea
En un amplio informe la Auditoría Superior de la Federación revela la opacidad con la que se ha manejado el erario público oaxaqueño. El resultado del proceso de fiscalización arrojó un daño patrimonial por más de 100 millones de pesos, cometidos en los gobiernos de José Murat y Ulises Ruiz.
En dos años de gobierno, Ulises Ruiz y José Murat desviaron 135 millones tres mil 700 pesos, de acuerdo al análisis realizado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), realizado a los ejercicios fiscales de 2002 y 2005.
Ruiz supera a Murat en el monto de recursos que no fueron comprobados o que se ejecutaron de manera incorrecta. El primero causó un daño patrimonial de 81 millones 574 mil 400 pesos, en tanto que el ex gobernador, mal utilizó 53 millones 429 mil 300 pesos.
En todos los casos, las dependencias involucradas con estas irregularidades han dado justificaciones insuficientes, por lo que el órgano federal de fiscalización mantiene las observaciones, recomendaciones y solicitudes para que se finquen responsabilidades a los funcionarios que los operaron.
La ASF revisó 162 millones 296 mil 600 pesos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, lo que representó el 31 por ciento de la totalidad de dinero que recibe Oaxaca por este concepto. Encontró irregularidades en el 50 por ciento de los recursos fiscalizados.
“En términos generales y respecto de la muestra, diversas instancias del Gobierno del Estado de Oaxaca y algunos municipales, no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables”, dictaminó.
Las dependencias fiscalizadas fueron: la Secretaría de Obras Públicas, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado, Instituto del Patrimonio Cultural, Dirección del Registro Público de la Propiedad de y el Instituto de la Vivienda de Oaxaca.
Además, los municipios de Ocotlán de Morelos, Tlaxiaco y Oaxaca de Juárez.
En resumen, se emitieron nueve observaciones que generaron 10 acciones, de las cuales corresponden: una a Recomendación, cinco a Pliego de Observaciones y cuatro a Responsabilidad Administrativa Sancionadora.
Dos millones 514 mil 200 pesos, fueron los recursos no ejercidos durante ese año fiscal, de los cuales, un millón 793 mil 800 pesos reasignó a obras de introducción de agua potable a través de la Comisión Estatal del Agua; y solo 720 mil pesos regresó a la Tesorería Superior de la Federación.
Gran negocio unidades móviles
En diciembre de 2004, cuando Ulises Ruiz asumió el Gobierno de Oaxaca; arrancó el programa social denominado Unidades Móviles para el Desarrollo, el cual consiste en llevar una serie de servicios públicos de salud, educación, administrativo y técnico a las comunidades lejanas, de manera gratuita.
La operatividad de este programa está fundamentada en camionetas que trasladan lonas, y consultorios a los diferentes sitios del interior del estado.
El órgano de fiscalización encontró que en la compra de las primeras 50 unidades móviles, el daño patrimonial fue de 66 millones 175 mil 300 pesos, de los cuales, distribuyó a ocho empresas, una de ellas propiedad de la familia Rodríguez Casasnovas, a la que pertenece la secretaria de Turismo, Beatriz.
A través de las acciones identificadas con los números PAFEF/0149/05; PAFEF/0059/05 y PAFEF/1024/05 por 52 millones, 430 mil 100 pesos; 7 millones 96 mil 800 pesos y 4 millones 648 mil 400 pesos, respectivamente, realizadas por la Secretaría de Administración con proveedores para diversas adquisiciones en forma directa, tales como: Equipo de transporte para traslado de personal y equipamiento; computadoras portátiles e impresoras; cámara digital, video y DVD; mesas, sillas, bolsas para dormir y catres; geoposicionadores, entre otros.
En respuesta, el Gobierno del Estado envió dos justificaciones, sin embargo, ambas fueron consideradas como insuficientes.
“La Auditoria Superior de la Federación (…) solicita a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Oaxaca, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaria de Administración”, ordenó.
Esta misma situación se presenta en la adquisición de un camión para la escuela preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, por un monto de un millón 480 mil pesos, cuya compra no se ajustó a lo establecido en los señalamientos de la ley en la materia para llevar a cabo la excepción a la licitación pública.
Pago a la iniciativa privada
El mandatario pagó con recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), la construcción de la cafetería de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, en sus dos fases.
Esta obra constituye una de las 956 reportadas por el Gobierno estatal durante el ejercicio fiscal del 2005.
La Auditoria Superior de la Federación encontró que el daño patrimonial causado al estado por el pago de esta construcción ascendió a 763 mil 200 pesos.
“Dicho inmueble es de carácter privado y considerando que los recursos federales transferidos en la entidad federativa a través del PAFEF son públicos y no deben beneficiar a un pequeño grupo, sino a la población en general, por lo que se reitera que no es aplicable la inversión de dichos recursos a toda aquella infraestructura”, expuso el órgano fiscalizador.
En tanto, la Secretaría de Obras Públicas argumentó mediante el oficio SOP/SSOP/DOP/UIPSO/00091, de fecha 9 de febrero de 2007, que la obra de la Universidad Anáhuac favorecía la actividad académica de la entidad.
“Constituyen apoyos tendientes a fortalecer la infraestructura de la institución académica de referencia, lo anterior para que esta institución con sus esfuerzos y recursos, primordialmente a los diversos proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y de manera paralela, beneficiar a la población infantil que demanda una educación superior de calidad continúa”, establece el escrito.
La ASF consideró “insuficientes” estos argumentos.
La segunda obra gubernamental con observaciones es la construcción del edificio político de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para la cual se destinaron un millón 989 mil pesos. La Auditoria considera una obra de carácter privado, por lo que no debió recibir recursos federales.
“Las actividades magisteriales como gremio, están ampliamente vinculadas a las estrategias educativas que emanan de la Secretará de Educación Pública del Gobierno Federal y del estado de Oaxaca (…) Para el logro de dichos objetivos el magisterio requiere de infraestructura física que dote de áreas adecuadas para contribuir desde el seno mismo de su organización gremial a las directrices educativas estatales”, explicó la administración estatal mediante el oficio PAFEF/0774/05.
Piso firme
El Instituto de la Vivienda de Oaxaca (IVO) otorgó a tres empresas de materiales para la construcción la licitación directa para la compra de material para el programa social denominado Piso Firme.
A Cementos de México S.A de C.V, Cementos Apasco S.A de C.V y Cooperativa Cruz Azul S.C.L.; el Gobierno de Ulises Ruiz pagó 79 millones 731 mil 800 pesos por la compra de cemento gris y malla electrosoldada; los cuales se utilizan para construir pisos de concreto en 250 mil hogares que aún tienen piso de tierra.
El órgano fiscalizador pidió a la Secretaría de la Contraloría del Estado fincar responsabilidades a los funcionarios públicos implicados en estas acciones.
“Para la ejecución del programa “Comunidad Piso Firme”, adquisiciones que por su importe debieron realizarse a través del procedimiento de licitación pública”, precisó.
Museo del Palacio
De las 18 obras que se auditaron, nueve se realizaron por adjudicación directa; cuyo daño patrimonial se estimó en nueve millones 207 mil 442 pesos con 30 centavos.
Esta refiere a la falta de especificación por parte de la administración estatal en cuanto a los trabajos y pago de salarios a los trabajadores que intervinieron en la obra del Museo del Palacio.
“El expediente técnico de la obra denominada ‘Diseño y equipo de seis salas de exposiciones permanentes interactivas, dos salas locales y mobiliario de la zona de talleres, taquilla guardarropa y tienda’, no cuenta con la evidencia documental suficiente que ampare el producto de los trabajos realizados por parte del personal de la Universidad Autónoma de México”
Aunado a esto, en los trabajos realizados para la instalación de la techumbre del museo, la ASF estimó que hubo un daño patrimonial por 910 mil 215.50 pesos.
“El pago de mano de obra especializada a dos cuadrillas de 50 personas cada una, sin justificar los trabajos realizados y sin demostrar que corresponden a las obras observadas o al pago de materiales que se encuentran incluidos en las veleras, realizado a la empresa Lonas y Carpas El carrusel S.A de C.V.”
La administración de Ulises Ruiz incurrió en al menos cinco irregularidades en la ejecución de esta obra. Dos de ellas son la adjudicación directa de los trabajos de la techumbre a la empresa Lonas y Carpas El Carrusel S.A. de C.V., a pesar de que la normatividad en la materia exige una licitación pública.
Además, los trabajos de la techumbre fueron encargados, en primera instancia, a la Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, dependencia no facultada para estas tareas.
Municipios involucrados
Los municipios de Tlaxiaco y Ocotlán de Morelos fueron los únicos que recibieron observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.
En Ocotlán se encontró un daño patrimonial de tres millones de pesos, ante la falta en la construcción de la Casa de la Cultura de esa comunidad, a la cual la Federación le destinó dicha suma de dinero.
La Auditoría realizó una verificación física de la supuesta obra pactada desde 2005; y por la que el Gobierno del Estado pidió una prórroga en 2006, la cual le fue concedida a octubre de ese año.
“La Coordinación General de COPLADE, remitió justificación, para dar atención al presente resultado, argumentando problemas presentados en la disposición del terreno, así como en el proceso de licitación al no presentarse a la firma del contrato el ganador del proceso, por tal motivo fue necesario realizar un procedimiento nuevo”
En tanto, en el municipio de Tlaxiaco quedó inconclusa la obra de Conducción del Sistema de Agua Potable, a la que se le asignó dos millones 410 mil 400 pesos. Por lo que se estimó un daño patrimonial de 49 mil 200 pesos.
Murat
La Auditoria Superior de la Federación revisó las cuentas de 2002, del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), cuando entonces era Gobernador José Murat, actual diputado federal del PRI.
Esto luego de que Murat interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que argumentó que la fiscalización de los recursos federales era una intromisión a la soberanía del estado.
En ese ejercicio fiscal se le entregaron 107 millones 448 mil 300 pesos, de los cuales se revisaron 257 mil 244 pesos, es decir, el 41. 8 por ciento.
A este monto se encontraron desviaciones “significativas” por 53 millones 429 mil 300 pesos, lo que representa un poco menos del 50 por ciento del monto total revisado.
El órgano fiscalizador emitió 14 observaciones, que generaron 27 acciones, de las cuales corresponden: una a Solicitud de Aclaración-Recuperación, tres a pliego de observaciones y 23 a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La irregularidad más importante que se encontró durante la administración de Murat, es que se realizaron adjudicaciones fuera de norma en el gobierno estatal y en los municipios ejecutores por 35 millones 142 mil 600 pesos.
El resto de las observaciones que se realizaron primordialmente a la construcción de carreteras.
“FISE/0142/02 denominada Pavimentación del Camino del Porvenir E.C. Tuxtepec-Palomares, ejecutada por contrato por el municipio de San Juan Cotzocón por 19 mil 700 pesos”.
Además, la ASF aseguró que se realizó una obra que no beneficia a zonas de escasos recursos y de mayor rezago social, en la que se emplearon tres millones 767 mil 100 pesos.
Durante el 2002, Murat realizó cambios en los conceptos de las obras con preciso bajos y posteriormente, las ejecutó y cobró con un importe superior a los 294 mil 200 pesos fijados con anterioridad.
En un amplio informe la Auditoría Superior de la Federación revela la opacidad con la que se ha manejado el erario público oaxaqueño. El resultado del proceso de fiscalización arrojó un daño patrimonial por más de 100 millones de pesos, cometidos en los gobiernos de José Murat y Ulises Ruiz.
En dos años de gobierno, Ulises Ruiz y José Murat desviaron 135 millones tres mil 700 pesos, de acuerdo al análisis realizado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), realizado a los ejercicios fiscales de 2002 y 2005.
Ruiz supera a Murat en el monto de recursos que no fueron comprobados o que se ejecutaron de manera incorrecta. El primero causó un daño patrimonial de 81 millones 574 mil 400 pesos, en tanto que el ex gobernador, mal utilizó 53 millones 429 mil 300 pesos.
En todos los casos, las dependencias involucradas con estas irregularidades han dado justificaciones insuficientes, por lo que el órgano federal de fiscalización mantiene las observaciones, recomendaciones y solicitudes para que se finquen responsabilidades a los funcionarios que los operaron.
La ASF revisó 162 millones 296 mil 600 pesos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, lo que representó el 31 por ciento de la totalidad de dinero que recibe Oaxaca por este concepto. Encontró irregularidades en el 50 por ciento de los recursos fiscalizados.
“En términos generales y respecto de la muestra, diversas instancias del Gobierno del Estado de Oaxaca y algunos municipales, no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables”, dictaminó.
Las dependencias fiscalizadas fueron: la Secretaría de Obras Públicas, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado, Instituto del Patrimonio Cultural, Dirección del Registro Público de la Propiedad de y el Instituto de la Vivienda de Oaxaca.
Además, los municipios de Ocotlán de Morelos, Tlaxiaco y Oaxaca de Juárez.
En resumen, se emitieron nueve observaciones que generaron 10 acciones, de las cuales corresponden: una a Recomendación, cinco a Pliego de Observaciones y cuatro a Responsabilidad Administrativa Sancionadora.
Dos millones 514 mil 200 pesos, fueron los recursos no ejercidos durante ese año fiscal, de los cuales, un millón 793 mil 800 pesos reasignó a obras de introducción de agua potable a través de la Comisión Estatal del Agua; y solo 720 mil pesos regresó a la Tesorería Superior de la Federación.
Gran negocio unidades móviles
En diciembre de 2004, cuando Ulises Ruiz asumió el Gobierno de Oaxaca; arrancó el programa social denominado Unidades Móviles para el Desarrollo, el cual consiste en llevar una serie de servicios públicos de salud, educación, administrativo y técnico a las comunidades lejanas, de manera gratuita.
La operatividad de este programa está fundamentada en camionetas que trasladan lonas, y consultorios a los diferentes sitios del interior del estado.
El órgano de fiscalización encontró que en la compra de las primeras 50 unidades móviles, el daño patrimonial fue de 66 millones 175 mil 300 pesos, de los cuales, distribuyó a ocho empresas, una de ellas propiedad de la familia Rodríguez Casasnovas, a la que pertenece la secretaria de Turismo, Beatriz.
A través de las acciones identificadas con los números PAFEF/0149/05; PAFEF/0059/05 y PAFEF/1024/05 por 52 millones, 430 mil 100 pesos; 7 millones 96 mil 800 pesos y 4 millones 648 mil 400 pesos, respectivamente, realizadas por la Secretaría de Administración con proveedores para diversas adquisiciones en forma directa, tales como: Equipo de transporte para traslado de personal y equipamiento; computadoras portátiles e impresoras; cámara digital, video y DVD; mesas, sillas, bolsas para dormir y catres; geoposicionadores, entre otros.
En respuesta, el Gobierno del Estado envió dos justificaciones, sin embargo, ambas fueron consideradas como insuficientes.
“La Auditoria Superior de la Federación (…) solicita a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Oaxaca, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaria de Administración”, ordenó.
Esta misma situación se presenta en la adquisición de un camión para la escuela preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, por un monto de un millón 480 mil pesos, cuya compra no se ajustó a lo establecido en los señalamientos de la ley en la materia para llevar a cabo la excepción a la licitación pública.
Pago a la iniciativa privada
El mandatario pagó con recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), la construcción de la cafetería de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, en sus dos fases.
Esta obra constituye una de las 956 reportadas por el Gobierno estatal durante el ejercicio fiscal del 2005.
La Auditoria Superior de la Federación encontró que el daño patrimonial causado al estado por el pago de esta construcción ascendió a 763 mil 200 pesos.
“Dicho inmueble es de carácter privado y considerando que los recursos federales transferidos en la entidad federativa a través del PAFEF son públicos y no deben beneficiar a un pequeño grupo, sino a la población en general, por lo que se reitera que no es aplicable la inversión de dichos recursos a toda aquella infraestructura”, expuso el órgano fiscalizador.
En tanto, la Secretaría de Obras Públicas argumentó mediante el oficio SOP/SSOP/DOP/UIPSO/00091, de fecha 9 de febrero de 2007, que la obra de la Universidad Anáhuac favorecía la actividad académica de la entidad.
“Constituyen apoyos tendientes a fortalecer la infraestructura de la institución académica de referencia, lo anterior para que esta institución con sus esfuerzos y recursos, primordialmente a los diversos proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y de manera paralela, beneficiar a la población infantil que demanda una educación superior de calidad continúa”, establece el escrito.
La ASF consideró “insuficientes” estos argumentos.
La segunda obra gubernamental con observaciones es la construcción del edificio político de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para la cual se destinaron un millón 989 mil pesos. La Auditoria considera una obra de carácter privado, por lo que no debió recibir recursos federales.
“Las actividades magisteriales como gremio, están ampliamente vinculadas a las estrategias educativas que emanan de la Secretará de Educación Pública del Gobierno Federal y del estado de Oaxaca (…) Para el logro de dichos objetivos el magisterio requiere de infraestructura física que dote de áreas adecuadas para contribuir desde el seno mismo de su organización gremial a las directrices educativas estatales”, explicó la administración estatal mediante el oficio PAFEF/0774/05.
Piso firme
El Instituto de la Vivienda de Oaxaca (IVO) otorgó a tres empresas de materiales para la construcción la licitación directa para la compra de material para el programa social denominado Piso Firme.
A Cementos de México S.A de C.V, Cementos Apasco S.A de C.V y Cooperativa Cruz Azul S.C.L.; el Gobierno de Ulises Ruiz pagó 79 millones 731 mil 800 pesos por la compra de cemento gris y malla electrosoldada; los cuales se utilizan para construir pisos de concreto en 250 mil hogares que aún tienen piso de tierra.
El órgano fiscalizador pidió a la Secretaría de la Contraloría del Estado fincar responsabilidades a los funcionarios públicos implicados en estas acciones.
“Para la ejecución del programa “Comunidad Piso Firme”, adquisiciones que por su importe debieron realizarse a través del procedimiento de licitación pública”, precisó.
Museo del Palacio
De las 18 obras que se auditaron, nueve se realizaron por adjudicación directa; cuyo daño patrimonial se estimó en nueve millones 207 mil 442 pesos con 30 centavos.
Esta refiere a la falta de especificación por parte de la administración estatal en cuanto a los trabajos y pago de salarios a los trabajadores que intervinieron en la obra del Museo del Palacio.
“El expediente técnico de la obra denominada ‘Diseño y equipo de seis salas de exposiciones permanentes interactivas, dos salas locales y mobiliario de la zona de talleres, taquilla guardarropa y tienda’, no cuenta con la evidencia documental suficiente que ampare el producto de los trabajos realizados por parte del personal de la Universidad Autónoma de México”
Aunado a esto, en los trabajos realizados para la instalación de la techumbre del museo, la ASF estimó que hubo un daño patrimonial por 910 mil 215.50 pesos.
“El pago de mano de obra especializada a dos cuadrillas de 50 personas cada una, sin justificar los trabajos realizados y sin demostrar que corresponden a las obras observadas o al pago de materiales que se encuentran incluidos en las veleras, realizado a la empresa Lonas y Carpas El carrusel S.A de C.V.”
La administración de Ulises Ruiz incurrió en al menos cinco irregularidades en la ejecución de esta obra. Dos de ellas son la adjudicación directa de los trabajos de la techumbre a la empresa Lonas y Carpas El Carrusel S.A. de C.V., a pesar de que la normatividad en la materia exige una licitación pública.
Además, los trabajos de la techumbre fueron encargados, en primera instancia, a la Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, dependencia no facultada para estas tareas.
Municipios involucrados
Los municipios de Tlaxiaco y Ocotlán de Morelos fueron los únicos que recibieron observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.
En Ocotlán se encontró un daño patrimonial de tres millones de pesos, ante la falta en la construcción de la Casa de la Cultura de esa comunidad, a la cual la Federación le destinó dicha suma de dinero.
La Auditoría realizó una verificación física de la supuesta obra pactada desde 2005; y por la que el Gobierno del Estado pidió una prórroga en 2006, la cual le fue concedida a octubre de ese año.
“La Coordinación General de COPLADE, remitió justificación, para dar atención al presente resultado, argumentando problemas presentados en la disposición del terreno, así como en el proceso de licitación al no presentarse a la firma del contrato el ganador del proceso, por tal motivo fue necesario realizar un procedimiento nuevo”
En tanto, en el municipio de Tlaxiaco quedó inconclusa la obra de Conducción del Sistema de Agua Potable, a la que se le asignó dos millones 410 mil 400 pesos. Por lo que se estimó un daño patrimonial de 49 mil 200 pesos.
Murat
La Auditoria Superior de la Federación revisó las cuentas de 2002, del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), cuando entonces era Gobernador José Murat, actual diputado federal del PRI.
Esto luego de que Murat interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que argumentó que la fiscalización de los recursos federales era una intromisión a la soberanía del estado.
En ese ejercicio fiscal se le entregaron 107 millones 448 mil 300 pesos, de los cuales se revisaron 257 mil 244 pesos, es decir, el 41. 8 por ciento.
A este monto se encontraron desviaciones “significativas” por 53 millones 429 mil 300 pesos, lo que representa un poco menos del 50 por ciento del monto total revisado.
El órgano fiscalizador emitió 14 observaciones, que generaron 27 acciones, de las cuales corresponden: una a Solicitud de Aclaración-Recuperación, tres a pliego de observaciones y 23 a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La irregularidad más importante que se encontró durante la administración de Murat, es que se realizaron adjudicaciones fuera de norma en el gobierno estatal y en los municipios ejecutores por 35 millones 142 mil 600 pesos.
El resto de las observaciones que se realizaron primordialmente a la construcción de carreteras.
“FISE/0142/02 denominada Pavimentación del Camino del Porvenir E.C. Tuxtepec-Palomares, ejecutada por contrato por el municipio de San Juan Cotzocón por 19 mil 700 pesos”.
Además, la ASF aseguró que se realizó una obra que no beneficia a zonas de escasos recursos y de mayor rezago social, en la que se emplearon tres millones 767 mil 100 pesos.
Durante el 2002, Murat realizó cambios en los conceptos de las obras con preciso bajos y posteriormente, las ejecutó y cobró con un importe superior a los 294 mil 200 pesos fijados con anterioridad.
Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-
entrada de Kolectivo Eskoria a las
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