FARC, EPR y cártel Sinaloa

Apia

A río revuelto… dinero por ganar mintiendo

El objetivo es destruir políticamente, primero, y después físicamente al Comité; es decir, permitir un escenario favorable al gobierno para la ejecución extrajudicial, desaparición forzada o detención arbitraria de uno o varios miembros de la organización Comité Cerezo México…

…insistimos que no tenemos ninguna relación con el EPR ni mucho menos con grupos insurgentes extranjeros y le recordamos a Carlos que los hermanos Cerezo fueron absueltos, es decir, exonerados de los delitos relacionados con las explosiones sucedidas el 8 de agosto de 2001.

Una vez más un sesudo analista aporta con su clarividencia lo que a los gobiernos les falta observar detenidamente: “(…) Y la relación de Morett Álvarez con el grupo de los hermanos Cerezo y de ahí al EPR (…)”.

Esta mentira ha sido repetida muchas veces por diferentes “analistas” y “periodistas”, y tiene su origen en los órganos de inteligencia mexicana. El objetivo es destruir políticamente, primero, y después físicamente al Comité; es decir, permitir un escenario favorable al gobierno para la ejecución extrajudicial, desaparición forzada o detención arbitraria de uno o varios miembros de la organización Comité Cerezo México. ¡Vaya que asume gran responsabilidad Carlos Ramírez!

Nuestro muy avispado “analista” va más allá al decir que “Morett tiene vínculos con el EPR a través del Comité de los Hermanos Cerezo, (…) Sería también la relación del EPR con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (…)” que agudeza de análisis, que lógica penetrante nos presenta. Pero toda su tesis se resquebraja fácilmente porque el Comité Cerezo (organización de derechos humanos especializada en la defensa de los presos políticos y de conciencia en México reconocida por diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos) no es fachada ni parte integrante del EPR y en cuanto a Andrea Morett quizá nuestro clarividente tenga las pruebas en la mano para aseverar lo que dice, aunque lo dudo mucho. Más bien nos parece que su análisis se inserta en la campaña de criminar a los espacios universitarios.

Por último, insistimos que no tenemos ninguna relación con el EPR ni mucho menos con grupos insurgentes extranjeros y le recordamos a Carlos que los hermanos Cerezo fueron absueltos, es decir, exonerados de los delitos relacionados con las explosiones sucedidas el 8 de agosto de 2001.

Comité Cerezo México

08-Marzo-2008
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Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-

Vivir en este mundo globalizado

Hoy tengo un mal día! Si me equivoco, ¿sabrán disculparme? ¿Por qué nos equivocamos? Es muy sencillo: pensamos y actuamos como seres humanos que somos; el cometer errores es un mal endémico, que muchas veces no podemos evitar. Y es que vivir en este mundo globalizado se nos está poniendo cada vez más difícil: los ricos son cada día más ricos, y los pobres son cada día más pobres. Paradojas de la vida. El mundo de Internet y la propia “caja tonta”–nuestra siempre bien amada televisión, que poco o nada nos enseña–, nos muestran como casi la mitad de los habitantes del Globo Terráqueo... se mueren de hambre: no hay más que ver los ojos de muerte con que nos miran esos pobres niños del Continente africano: sus caras aparecen llenas de mosquitos, y tienen fuerzas ninguna para levantar sus escuálidos cuerpos.

Al principio la mano de obra de los individuos fue globalizada, mas hoy por hoy todo está globalizado menos las migraciones. Por tanto, adivinamos que, como nos temíamos, la globalización no ha sido perfecta. Desde principios del presente año estamos asistiendo a una crisis migratoria en Europa, y, siempre, en sus fronteras del este y el sur, respectivamente. Esto nos conlleva, ineludiblemente, a desarrollar una política europea de inmigración–hasta la fecha no desarrollada–, que reconduzca la movilidad de las personas entre los diferentes países–desde los más pobres a los más ricos–, y, claro está, reconociendo que ésta produce problemas muy complejos en el siglo XXI. Y en esta vida para todo existe un límite, que hay que resolver de una vez por todas: tenemos demasiados inmigrantes. Si ha de establecerse un control sobre la llegada de los últimos, me pregunto quiénes son ilegales. Y a continuación quiero razonar en el sentido de que hay que establecer unos requisitos mínimos de seguridad, para su entrada en los diferentes estados. Todo lo cual nos encamina a comprender que se produzca --en nuestras mentes--un miedo globalizado enfermizo y contagioso.

Había dicho Mohandas_Gandhi que “no podrán sobrevivir aquellas culturas que pretendan excluir a los demás”. Y esto de las culturas es hoy una realidad. Desean los inmigrantes venir a trabajar con sus propias manos, con sus propias culturas, con sus propios miedos... a un mundo nuevo, diría yo, donde la movilidad y la comunicación están al alcance de la mano. Y son culturas, lenguas y religiones desiguales, que, naturalmente, han de convivir con las de otros países para conseguir un mundo mejor y más equitativo, para construir una verdadera globalización. Para que nadie se tenga que morir de hambre, sed y justicia. No basta con extender allende los mares una economía de mercado, que transfiera capitales (por dineros) allí donde estos sean más rentables, y, a la vuelta de la esquina, volver con los bolsillos llenos de millones de euros, de millones... Debemos coexistir como seres humanos que somos, mas no explotar la mano de obra barata, abandonando los territorios una vez que han sido esquilmados.

Pretendemos, pretende uno observar que el mundo en que vivimos–principios del siglo XXI–, está cambiando tremendamente y a la velocidad del rayo. Existen adelantos sorprendentes en la ciencia, la teórica, las comunicaciones, en el saber (por conocimiento) humano...: todos estos avances forman parte de un nuevo mundo, que hemos convenido en llamarlo globalizado. Esta globalización debería de afectar, en principio, a los 5 Continentes, pero vemos que en la práctica este desarrollo económico y científico no alcanza a todos.

Por otra parte, y a modo de reflexión, hemos de convenir que se ha de globalizar la paz y no la guerra–la guerra montada por el presidente de EEUU., señor Bush, quien nos hizo creer que existía un “Eje del Mal”:Al_Qaeda, principio y fin de todos los males–.Nuestras pautas a seguir han de ser consistentes y seguras en el sentido de erradicar la hambruna que, a manera de nubes con negros nubarrones, cubren numerosos países del mundo. El enorme bienestar económico que, a ciencia cierta, poseen unos pocos–los ricos–, ha de dar paso a una distribución de la riqueza más equitativa y humana para con la pobreza–de muchos pobres–: ésta es la verdadera democracia bien entendida a nivel mundial. No conseguir los aludidos objetivos con anterioridad es como hacer mutis por el foro, es como transmitir angustia y dolor globalizados. Y acabo mi reflexión: ¡ Globalizad la paz!

Converso con mi pensamiento, y él me dice: “¿Para qué sirve tanta riqueza en nuestras manos?” Si la riqueza fomenta compasión, uno desea ser pobre; si la pobreza genera odio, uno desea ser rico. Y es que el hombre es insaciable en cuanto a la posesión de riquezas (por bienes terrenales). “El dinero es como el abono que se echa a la tierra: de nada sirve si no se extiende”, dejó escrito Francis Bacon. Hemos de desterrar para siempre la compasión para el pobre y el miedo a la globalización. Porque estableciendo un dialogo intercultural entre los seres humanos , se puede llegar a tratar de crear un mundo globalizado donde los pobres sean un poco menos pobres, y los ricos sean un poco menos ricos: distribución equitativa de la riqueza. Hay en el mundo cuarenta multimillonarios que distribuyen migajas de angustia y dolor, y así vemos morir, todos los días del año, miles y miles de niños que nacen, única y exclusivamente, para tener una muerte pronta, angustiosa y dura.

Las democracias se hacen fuertes, sin duda, respetando la pluralidad y la diversidad entre culturas y continentes. La globalización triunfará, siempre y cuando, establezca pilares sólidos donde se asienten ideas convergentes para el desarme mundial. EE.UU., Inglaterra, Irán, Corea del Norte, Israel y el fundamentalismo islámico... no están por la labor. La violencia siempre engendra violencia, y esto es bien sabido. Los países que no dialogan, y se dialoga por mediación de la cultura, están abocados a una confrontación bélica constante. Piensa uno que indefinida.

Quizá no exista la globalización perfecta, pero todos hemos de contribuir al desarrollo y levantamiento de ese “tercer mundo” olvidado y masacrado por propios y extraños.

La Coruña, 7 de abril de 2008

Mariano Cabrero Bárcena es escritor

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Vivir en este mundo globalizado

Hoy tengo un mal día! Si me equivoco, ¿sabrán disculparme? ¿Por qué nos equivocamos? Es muy sencillo: pensamos y actuamos como seres humanos que somos; el cometer errores es un mal endémico, que muchas veces no podemos evitar. Y es que vivir en este mundo globalizado se nos está poniendo cada vez más difícil: los ricos son cada día más ricos, y los pobres son cada día más pobres. Paradojas de la vida. El mundo de Internet y la propia “caja tonta”–nuestra siempre bien amada televisión, que poco o nada nos enseña–, nos muestran como casi la mitad de los habitantes del Globo Terráqueo... se mueren de hambre: no hay más que ver los ojos de muerte con que nos miran esos pobres niños del Continente africano: sus caras aparecen llenas de mosquitos, y tienen fuerzas ninguna para levantar sus escuálidos cuerpos.

Al principio la mano de obra de los individuos fue globalizada, mas hoy por hoy todo está globalizado menos las migraciones. Por tanto, adivinamos que, como nos temíamos, la globalización no ha sido perfecta. Desde principios del presente año estamos asistiendo a una crisis migratoria en Europa, y, siempre, en sus fronteras del este y el sur, respectivamente. Esto nos conlleva, ineludiblemente, a desarrollar una política europea de inmigración–hasta la fecha no desarrollada–, que reconduzca la movilidad de las personas entre los diferentes países–desde los más pobres a los más ricos–, y, claro está, reconociendo que ésta produce problemas muy complejos en el siglo XXI. Y en esta vida para todo existe un límite, que hay que resolver de una vez por todas: tenemos demasiados inmigrantes. Si ha de establecerse un control sobre la llegada de los últimos, me pregunto quiénes son ilegales. Y a continuación quiero razonar en el sentido de que hay que establecer unos requisitos mínimos de seguridad, para su entrada en los diferentes estados. Todo lo cual nos encamina a comprender que se produzca --en nuestras mentes--un miedo globalizado enfermizo y contagioso.

Había dicho Mohandas_Gandhi que “no podrán sobrevivir aquellas culturas que pretendan excluir a los demás”. Y esto de las culturas es hoy una realidad. Desean los inmigrantes venir a trabajar con sus propias manos, con sus propias culturas, con sus propios miedos... a un mundo nuevo, diría yo, donde la movilidad y la comunicación están al alcance de la mano. Y son culturas, lenguas y religiones desiguales, que, naturalmente, han de convivir con las de otros países para conseguir un mundo mejor y más equitativo, para construir una verdadera globalización. Para que nadie se tenga que morir de hambre, sed y justicia. No basta con extender allende los mares una economía de mercado, que transfiera capitales (por dineros) allí donde estos sean más rentables, y, a la vuelta de la esquina, volver con los bolsillos llenos de millones de euros, de millones... Debemos coexistir como seres humanos que somos, mas no explotar la mano de obra barata, abandonando los territorios una vez que han sido esquilmados.

Pretendemos, pretende uno observar que el mundo en que vivimos–principios del siglo XXI–, está cambiando tremendamente y a la velocidad del rayo. Existen adelantos sorprendentes en la ciencia, la teórica, las comunicaciones, en el saber (por conocimiento) humano...: todos estos avances forman parte de un nuevo mundo, que hemos convenido en llamarlo globalizado. Esta globalización debería de afectar, en principio, a los 5 Continentes, pero vemos que en la práctica este desarrollo económico y científico no alcanza a todos.

Por otra parte, y a modo de reflexión, hemos de convenir que se ha de globalizar la paz y no la guerra–la guerra montada por el presidente de EEUU., señor Bush, quien nos hizo creer que existía un “Eje del Mal”:Al_Qaeda, principio y fin de todos los males–.Nuestras pautas a seguir han de ser consistentes y seguras en el sentido de erradicar la hambruna que, a manera de nubes con negros nubarrones, cubren numerosos países del mundo. El enorme bienestar económico que, a ciencia cierta, poseen unos pocos–los ricos–, ha de dar paso a una distribución de la riqueza más equitativa y humana para con la pobreza–de muchos pobres–: ésta es la verdadera democracia bien entendida a nivel mundial. No conseguir los aludidos objetivos con anterioridad es como hacer mutis por el foro, es como transmitir angustia y dolor globalizados. Y acabo mi reflexión: ¡ Globalizad la paz!

Converso con mi pensamiento, y él me dice: “¿Para qué sirve tanta riqueza en nuestras manos?” Si la riqueza fomenta compasión, uno desea ser pobre; si la pobreza genera odio, uno desea ser rico. Y es que el hombre es insaciable en cuanto a la posesión de riquezas (por bienes terrenales). “El dinero es como el abono que se echa a la tierra: de nada sirve si no se extiende”, dejó escrito Francis Bacon. Hemos de desterrar para siempre la compasión para el pobre y el miedo a la globalización. Porque estableciendo un dialogo intercultural entre los seres humanos , se puede llegar a tratar de crear un mundo globalizado donde los pobres sean un poco menos pobres, y los ricos sean un poco menos ricos: distribución equitativa de la riqueza. Hay en el mundo cuarenta multimillonarios que distribuyen migajas de angustia y dolor, y así vemos morir, todos los días del año, miles y miles de niños que nacen, única y exclusivamente, para tener una muerte pronta, angustiosa y dura.

Las democracias se hacen fuertes, sin duda, respetando la pluralidad y la diversidad entre culturas y continentes. La globalización triunfará, siempre y cuando, establezca pilares sólidos donde se asienten ideas convergentes para el desarme mundial. EE.UU., Inglaterra, Irán, Corea del Norte, Israel y el fundamentalismo islámico... no están por la labor. La violencia siempre engendra violencia, y esto es bien sabido. Los países que no dialogan, y se dialoga por mediación de la cultura, están abocados a una confrontación bélica constante. Piensa uno que indefinida.

Quizá no exista la globalización perfecta, pero todos hemos de contribuir al desarrollo y levantamiento de ese “tercer mundo” olvidado y masacrado por propios y extraños.

La Coruña, 7 de abril de 2008

Mariano Cabrero Bárcena es escritor

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Nomas lo que nos faltaba: Culpan panistas a FARC de muerte de mexicanos

Ricardo Gómez
El Universal
Ciudad de México
Lunes 07 de abril de 2008

19:30 El PAN en la Cámara de Diputados criticó el papel que jugaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en torno al ataque contra jóvenes mexicanos en Ecuador, que terminó con la muerte de connacionales e hirió a la joven universitaria Lucía Andrea Morett.

María Eugenia Campos, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, manifestó que fue ese grupo el que realmente asesinó a los jóvenes.

“Los expusieron al fuego, a la guerra, de las que ellos viven, de la que sacan provecho”, expuso la legisladora panista.

Afirmó que las FARC no son una opción “para nuestros jóvenes”, pues ya se han condenado sus actos de violencia, y extendió un reconocimiento a la Cancillería mexicana por el apoyo que se dio a las víctimas del ataque entre las fronteras de Colombia y Ecuador.

Campos afirmó que diputados, funcionarios públicos y la sociedad en general deben emitir una denuncia contra ese “grupo violento”.

Es necesario, dijo, “hacer saber a la sociedad y a nuestros jóvenes que la política es un espacio suficientemente amplio y extenso como para manifestar nuestras ideas y nuestros sueños”.

“Es claro que esta situación es un hecho lamentable y que debe de ponernos a pensar qué es lo que ha llevado a un número, aún reducido, de mexicanos a involucrarse, y concediéndoles el beneficio de estar realizando tareas académicas, con un grupo armado como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, claramente ilegal y violento: autora de múltiples actos de secuestros, sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico, no puede continuar siendo opción de vida para esos y otros jóvenes.

Recordó que la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas han condenado en varias ocasiones los actos cometidos por las FARC.

“Es claro que con los antecedentes de este grupo armado e ilegal, y la relación con grupos de jóvenes mexicanos, nos debe de hacer pensar y actuar en consecuencia”.

Desde su punto de vista, las FARC no son una opción.

“Ellos necesitan mártires, necesitan personas, jóvenes, nuestros jóvenes, para legitimar su acciones ilegales”.

“(Las FARC) son quienes realmente asesinaron a nuestros jóvenes, los expusieron al fuego, a la guerra, de las que ellos viven; de la que sacan provecho, la guerra es un sistema del que han aprendido, por más de cincuenta años, a vivir".

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El régimen calderonista protege a CEMEXal tiempo que olvida a los mexicanos de a pie

Kaos en la red

Lorena Aguilar Aguilar

Apenas transcurrieron unos instantes en que se dio a conocer la nacionalización de la industria cementera por parte del gobierno de Venezuela y en México no se hicieron esperar las enérgicas reacciones, del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que provocó tal medida; se alzaron voces alegando que esto afectaría fuertemente los intereses particulares de empresa mexicana CEMEXy que por lo tanto es deber del gobierno de México velar por los intereses “legítimos” de las empresas mexicanas en el extranjero.

El gobierno venezolano justifica esta medida explicando que es necesaria para que los objetivos de desarrollo que se plantea Hugo Chávez puedan llevarse a cabo, además el gobierno de Venezuela, a través del Ministro de Industrias Básicas, argumentóque “…las empresas cementeras propician un encarecimiento de los productos que fabrican además de un desabasto al interior al exportar la mayoría de producción” (La Jornada, 5 de abril de 2008).

Independientemente de que esta sea una decisión soberana del gobierno venezolano, ha llamado la atención de quien escribe estas líneas lo rápido y expedito que fue el pronunciamiento de las autoridades mexicanas ante la medida. Hasta el propio Partido Acción Nacional le ha solicitado a la SRE que haga todo lo posible para proteger los intereses de CEMEXen Venezuela.

Con la urgencia que se alzaron las voces en contra de la nacionalización del cemento en el país sudamericano nos confirma el régimen calderonista para quien gobierna. Cuando se han violentado los derechos humanos de ciudadanos mexicanos en el extranjero, como a diario ocurre con trabajadores migrantes en los Estados Unidos, el gobierno de México ha guardado silencio, al igual que lo ha hecho con el ciudadano mexicano ilegalmente preso en Sevilla España.

De igual manera ha sucedido con los jóvenes mexicanos que murieron en Sucumbíos Ecuador. Ha pasado más de un mes desde que estos cuatro ciudadanos mexicanos fueron asesinados y una quedó gravemente herida a manos del ejército de Colombia y no se ha escuchado una sola voz de la administración calderonista en contra del narco presidente Álvaro Uribe.

Estos cinco jóvenes tuvieron la mala suerte de no llevar los apellidos Sertvije, Slim o Zambrano, porque de llevarlos entonces si que desde primer instante en que se dieron a conocer sus muertes se hubiese lanzado una fuerte condena contra la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano, y se hubiese exigido un castigo ejemplar a los culpables.

Pero desgraciadamente estos jóvenes no eran los poderosos empresarios que llevaron a Felipe Calderón a posesionarse de la silla presidencial. Eran simples ciudadanos de a pie y por ello, para el régimen calderonista, no merecen el esfuerzo de ser defendidos en el exterior. Lo único que el gobierno mexicano podía hacer por ellos es olvidarlos y dejar que sus muertes se queden en la impunidad.

Para empresas poderosas como CEMEX siempre habrá protección y apoyo por parte de Felipe Calderón y su gabinete, sin embargo, para los que somos simples mexicanos de a pie solo encontraremos olvido y exclusión. No merece la pena que nuestros intereses sean defendidos por parte del seudo presidente porque no fuimos nosotros quienes lo llevamos a ocupar Los Pinos, fue la clase empresarial y sólo este selecto sector vera sus interés protegidos, tanto dentro como fuera del país.
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(Vídeo) Ejecuciones Extrajudiciales: "La Otra Cara de La Seguridad Democrática" Colombia (II)

elquintomotor.com.ve/inSurGente.- En el Siguiente Vídeo, vean la realidad, lo que ocultan los Medios sobre "La seguridad Democrática en Colombia". ¿Sabes cual es el Dolor de una Madre Cuando le matan Su Hijo y lo involucran con la Guerrilla? ¿Sabes Cuales son las Recompensas a Los Militares colombianos cuando "Dan de Baja a un Guerrillero"?

La seguridad democrática (II)

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Denuncia la Unión Nacional Anahuac violento desalojo policiaco

Okupache
Organizaciones adherentes a la Sexta

El 3 de abril, alrededor de las 14 horas, el plantón que mantenían los compañeros de la Unión Nacional Anáhuac (UNA) de Huaxcaleca, Chichiquila, Puebla, frente a la casa de la representación del gobierno poblano en el DF fue desalojado con lujo de violencia por las fuerzas represivas del gobierno de la ciudad de México en contubernio con Mario Marín Torres, gobernador de esa entidad.

Aproximadamente 300 elementos policiacos, algunos vestidos de civil, irrumpieron en dicho plantón golpeando a los manifestantes, siendo éstos mayoritariamente mujeres y niños, provocando incluso una herida punzocortante a una de las compañeras.

Este es el segundo desalojo, el primero se realizó el 21 de febrero de 2008, en contra de un plantón instalado desde el 10 de abril de 2007, que protestaba contra el despojo del sistema múltiple de agua potable de Huaxcaleca y sus 11 comunidades.

Repudiamos dicha represión y exigimos respeto al derecho de libre manifestación, la devolución del sistema múltiple de agua potable a las citadas comunidades y la cancelación de las 80 órdenes de aprehensión que pesan sobre los compañeros.

Hacemos un llamado a la solidaridad con la justa lucha de la Unión Nacional Anáhuac.

La “j” K- Hormiga, Brigada callejera de ayuda a la mujer Elisa Martínez, Red Mexicana de Trabajo Sexual, FUNTAJP-IMSS. La otra cultura-DF, Mesa informativa Neza de la Otra Campaña, Coalición de Trabajadores Académicos y Administrativos-STUNAM, Ocupa Chanti Ollín, Cruz Negra Anarquista-DF, Comité Monseñor Romero, Asamblea contra la represión y la lucha social, CAMA y Andrés Certillo
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Suburbios: la pobreza oculta de Estados Unidos

Eyal Press

"Los suburbios norteamericanos evocan imágenes de casas de ensueño, césped como de peluche y barbacoas vecinales, no trabajos precarios y casas hipotecadas. Ahora, por primera vez, más norteamericanos pobres viven en los suburbios que en todas las ciudades juntas."

Rockingham County, Carolina del Norte, nunca ha sido conocido por su opulencia, pero hasta hace poco, la mayoría de sus residentes no habría dudado en describirlo como de cómoda clase media. Durante varias décadas el condado, un bloque de tierra rectangular en el norte de la parte central del Estado, debió su prosperidad a las fábricas textiles y tabacaleras, industrias que no fueron siempre amigables a los sindicatos pero que, sin embargo, facilitaron a la fuerza laboral local trabajos que pagaban lo suficiente como para mantener a la familia y comprar una linda casa en algún lugar.

Entre aquellos que lo hicieron estaba Johnny Price, un afro-norteamericano de 44 años que vive en un rancho de postigos verdes en una calle llamada Sparrow, en una frondosa subdivisión residencial en las afueras del centro de Eden. Dos altísimos robles dominan el patio frontal de la casa de Price. En el camino de entrada también está estacionada su ranchera azul marino. Para los niveles de algunos de los suburbios recién construidos, el montaje es modesto, pero para Price, el menor de diez hermanos cuyo padre murió cuando tenía seis años y cuya madre trabajó como sirvienta doméstica, significa un testimonio de las recompensas del trabajo duro y la perseverancia, valores que él ha tratado de inculcar a sus dos hijos adolescentes, que viven con él desde que se divorció de su mujer. Últimamente esto ha exigido mucho más esfuerzo. En 2006 Price perdió el trabajo que tuvo durante diecinueve años debido a unos despidos masivos en Unified, un fabricante textil. Ahora él está luchando para arreglárselas con los 1.168 dólares mensuales del seguro de desempleo y, como muchas personas en Rockingham County -que ha sido devastado por el cierre de fábricas en los últimos años- preguntándose cuánto tiempo más podrá continuar pagando su hipoteca.

Las historias de la movilidad social descendente en los suburbios norteamericanos no han precisamente colmado los titulares de la prensa durante la última década. Los barrios cerrados de casas soñadas, mansiones cercadas por lagos artificiales y parques de oficinas en forma de cubos de cristal: éstas son típicas imágenes evocadas por las lujosas y enormes subdivisiones construidas durante el boom tecnológico de los 90. Los empleos de bajo salario, casas bajo ejecución hipotecaria, familias incapaces de afrontar la comida y la atención médica no lo son. Pero aventúrate más allá de los límites metropolitanos de cualquier gran ciudad actual, y encontrarás estos atributos, tal vez en forma menos concentrada - y por lo tanto, menos visible- que en nuestras ciudades de flacos bolsillos, pero con un frecuencia que igualmente aumenta. En los tres condados que circundan Greensboro, Carolina del Norte, la ciudad que está a media hora de donde vive Johnny Price, la tasa de pobreza se ha disparado en los últimos años. Ahora se encuentra en 14,4%, sólo un poco debajo del nivel de Nueva Orleáns.

Greensboro, por su parte, no está solo. En diciembre pasado la Brooking Institution publicó un informe mostrando que desde Las Vegas hasta Boise y hasta Houston, la pobreza suburbana ha ido creciendo durante los últimos siete años, en algunos lugares de manera gradual, en otros tanto como el 33%. "Los constantes desafíos sociales y fiscales para las ciudades que provienen de la gran pobreza son crecientemente padecidos también por sus suburbios", concluye el informe. Este es un problema que podría explicarse por el confinamiento a los contornos desiguales de los llamados suburbios del "anillo interior" que directamente bordean las ciudades, sitios donde la reserva de vivienda es antigua y desde los cuales muchos residentes más ricos se han ido hace ya tiempo. Pero este no es el caso. "En general los primeros suburbios no sufrían lo peor de la creciente pobreza suburbana de principios de 2000", señala el informe, el cual encuentra que la crisis económica se ha extendido tanto a "terceros suburbios como a los "barrios cerrados de gente acaudalada"".

El resultado es un hito histórico que ha permanecido misteriosamente ignorado: por primera vez, más norteamericanos pobres viven en los suburbios que en todas nuestras ciudades juntas.

Una razón de que este cambio no haya entrado en la conciencia pública es que desde que los suburbios existen, los norteamericanos han tendido a imaginarlos como santuarios prístinos adonde la gente se escapa para evitar rozarse con los pobres. El ejemplo histórico más común -muy lamentado por una generación de progresistas que vinieron a asociar la migración con los suburbios, con violencia racial y decadencia urbana- es el éxodo masivo de la clase media blanca de las principales ciudades de la nación, el cual se aceleró con el despertar de los disturbios y el malestar social de la década del 60. En años más recientes, se asumió a menudo, las fuerzas que impulsan el crecimiento de los suburbios sólo han empeorado las cosas -el panorama social más segregado, el gran crecimiento urbano, la brecha cada vez más grande entre la gente que raramente pone un pie en las ciudades y aquella que ocasionalmente las abandona.

El hecho de que muchos barrios urbanos hayan sido ocupados por gente de alto poder adquisitivo -desde Brooklyn, pasando por San Francisco, hasta Washington- ha forzado a salir a muchos residentes de clase obrera. Es una inversión de la clásica historia migratoria: muchos de estos residentes desplazados han huido hacia los suburbios, atraídos en parte por el creciente flujo de trabajos, fundamentalmente de baja remuneración -limpieza doméstica, jardinería, restauración, pequeños centros comerciales y edificios de oficinas-. Alan Berube, co-autor del estudio de la Brookings Institution, dice que la "descentralización y el empleo de baja remuneración" son uno de los principales factores que han elevado las tazas de pobreza suburbana.

En algunos condados, gran parte de estos puestos laborales son ocupados por inmigrantes, quienes cada vez en mayor medida van derecho a los suburbios, más que a las ciudades, en busca de empleo. En su libro On Paradise Drive (2004) David Brooks muestra un alegre retrato del estupendo mosaico que ha generado el ingreso de extranjeros en lo que antes era predominantemente un lugar de norteamericanos blancos. "Ahora verás pequeñas niñas taiwanesas en cursos de patinaje artístico, niños ucranianos aprendiendo a lanzar la bola de baseball", escribe.

Lo que verás también son personas como los peones que se reúnen cada mañana en los aparcamientos de Home Depots [cadena nortenorteamericana de grandes centros comerciales, N. del T.] en Nassau County, Long Island, donde la renta familiar media es de 87.558 dólares y la tasa global de pobreza es bastante más baja, pero donde la demanda de vales de comida se ha incrementado en un 40% desde 2003. A pesar de que el salario en trabajos como la construcción -que tienen estos peones- es de 10 dólares la hora, muchos no ven un céntimo por ello: un estudio del año pasado realizado por investigadores de la Universidad de California demostró que se les retiene aproximadamente la mitad del salario. Un trabajador mexicano con el que conversé en un glacial día de febrero me dijo que había ganado 400 dólares por un trabajo de fontanería que había hecho hacía unos días. Como la mayoría de los otros hombres que estaban junto a él, vestía una sudadera con capucha, más que un abrigo, y arrimaba los dedos a su boca para calentar sus manos desnudas. Una adecuada ropa de invierno, evidentemente, es un lujo inalcanzable. Debido a que el trabajo es estacional y esporádico, estos peones ganan más de 15.000 dólares al año. Más de la mitad de aquellos con accidentes laborales no reciben la ayuda médica que necesitan.

Otros inmigrantes en Long Island ejercen oficios cuyos salarios y horarios traen a la mente ciertas características de las maquilas urbanas, salvo que la explotación, como en otros tipos en los suburbios, está más escondida y dispersa. "Hicimos una encuesta sobre trabajadores domésticos aquí, y encontramos que la gente está trabajando setenta horas semanales y cobrando, por término medio, unos 4,03 dólares la hora", dijo Nadia Marin-Molina, directora de una organización para los derechos de los inmigrantes llamada Workplace Project, en Nassau County. No mucho antes, tres trabajadores se acercaron a su oficina desde un restaurante cercano para denunciar que habían obtenido 20 dólares por un turno de doce horas de trabajo, bien por debajo del salario mínimo aun después de distribuir las propinas. En un almacén del centro de Garden City, un rico enclave de enormes casas y tiendas de lujo, justo debajo la calle donde está la modesta sede de Workplace Project, muchos otros fueron despedidos simplemente por exigir que se les registraran sus pagas. El pasado año, Workplace Project ayudó a inmigrantes en Nassau County a recuperar 143.849 dólares de salarios en negro, algunos de contratistas que les habían pagado con cheques sin fondo, otros de empresas como Popeyes y d’Àngelo Pizzería que no les pagaron siquiera las horas extra.

Que aterrizar en trabajos de servicio difícilmente garantiza tener ingresos adecuados no es una novedad para los ex trabajadores industriales en Carolina del Norte. Johnny Price está actualmente matriculado en cursos en el Rockingham Community College, -fundado bajo la Trade Adjustment Act-, con la esperanza de convertirse en contador. Me dijo que no hay posibilidades de continuar sus estudios con los 700 dólares que paga por la hipoteca y el apoyo que brinda a sus hijos trabajando como dependiente en un lugar como Wal-Mart, el principal empleador del lugar, con dos nuevas sucursales.

Price solía ganar 15 dólares por hora, con beneficios sanitarios y días de vacaciones. Lo que él espera evitar es el destino de gente como Jodi Wilmouth, a quien conocí en el Rockingham County Red Cross, que abrió una despensa de alimentos varios años atrás en un edificio bajo de ladrillos en Eden. Wilmouth. Gana 6,25 dólares la hora como cajera en una tienda llamada Belk, lo cual, dijo, no son suficientes para cubrir sus gastos básicos. Mientras ella estaba allí, el presidente Bush estaba visitando la planta de Caterpillar en Peoria, Illinois. Luego dijo que en la economía de hoy "los trabajadores están ganando más dinero".

Ada Wells, quien trabaja en la despensa de alimentos y antes en una fábrica textil, ofreció un punto de vista diferente. "Lo que tenemos ahora son trabajadores pobres [working poor]. "Cuando dejé mi fábrica en 1999, los trabajadores peor pagados ganaban 9 dólares la hora, con seguro y días de vacaciones. Ahora tenemos gente que no puede siquiera pagar sus facturas de luz con los salarios que ganan".

Existen ciertas ventajas comparativas para ser pobre en un lugar diferente a las ciudades, como Cleveland o Detroit. Lo que sea que pueda temer, Price no tiene que preocuparse porque sus hijos crezcan en una calle repleta de envases de crack y graffitis de bandas -donde vive hay césped perfectamente cortado y caminos de entrada con aros de baloncesto-. La toxicidad peculiar de la pobreza urbana, creen muchos académicos, descansa en su intensa concentración, el desorden de problemas que estimulan el crimen, aumentando las tasas de marginación, y un ambiente de desesperanza que envuelve cada aspecto de la vida del barrio.

Pero los suburbios también tienen sus desventajas, entre ellas el hecho de que ir a cualquier lugar generalmente requiere de un coche. No hay sistemas de transporte público en la mayoría de las áreas suburbanas periféricas, por lo que la gente que trabaja en la proveeduría de alimentos en la Cruz Roja de Rockingham County a menudo comparte coche para llegar hasta allí, abarrotándose unos sobre otros desde cuatro a cinco familias en un solo vehículo para abaratar combustible. Entonces, también, la novedad de la pobreza suburbana significa que en muchos pueblos hay escasez de agencias de servicios sociales que ofrezcan ayuda. Alrededor de 7.000 personas fueron a la proveeduría el año pasado, siete veces la cifra de 2000. "Es abrumador", dijo Janna Novell, la directora de la proveeduría. El día antes que yo la visitara, la despensa se quedó sin comida, un problema que es bastante frecuente en muchos locales suburbanos. "Hay una brecha espacial en aumento entre los proveedores y la gente necesitada", dice Alan Berube. "Los hospitales públicos, los programas de asistencia nutricional, por ejemplo, siguen siendo servicios principalmente urbanos. Tú ves operaciones a pequeña escala en los suburbios que están desbordadas. No pueden lidiar con la demanda".

Un desafío aun más problemático es encontrar un lugar asequible para vivir, desde que la mayoría de las viviendas de bajo coste, o subsidiadas, fueron construidas en las ciudades. ¿Adonde van los indigentes en los suburbios? En Carolina del Norte, entre las pocas opciones, hay lugares como el trailer gris pizarra que Barbara Hall, de 62 años, llama "hogar". Ella solía vivir en una casa de cuatro habitaciones con su esposo e hijos. Esto fue antes de que se divorciara y perdiera su trabajo. "Es humillante", dice Hall, con su largo cabello gris, ojos azules y un problema de espalda crónico que le exige tomar medicamentos que normalmente no puede comprar.

Hay, por supuesto, gente más afortunada en los suburbios, cuyas casas han doblado y triplicado su tamaño en los últimos años -trabajadores de la industria tecnológica en la pujante área que rodea el triángulo de investigación de Carolina del Norte, por ejemplo-. Pero desde 1998 las ejecuciones hipotecarias han llegado casi a triplicarse.

La tendencia se extiende más allá del sur -hubo 1,2 millones de ejecuciones hipotecarias en el país durante 2006, lo que representa un incremento del 42% en relación al año anterior.- y está entre las indicaciones que el numero de personas bajo coacción económica en muchos suburbios excede el porcentaje oficial de pobres.

Comparada con Barbara Hall, que está desempleada y sobreviviendo con cheques de invalidez, Rosa Melara, quien vive en Montgomery County, Maryland, un área suburbana adyacente a Washington, lo pasa mejor. Melara trabaja en un salón de belleza y ganó 28.000 dólares el año pasado. También vive en un condado con más viviendas baratas que la mayoría de los suburbios, gracias a políticas de zonas inclusivas que durante décadas han requerido que se construyan viviendas asequibles en desarrollos a gran escala. Melera todavía alquila un garage convertido, sin calefacción, porque la mayoría de los pisos y casas en Montgomery County siguen bastante lejos de su alcance. Alrededor de la mitad de los feligreses en la iglesia que ella atiende en el suburbio de Bethesda enfrentan problemas similares, me dijo. Conocí a Melara en otra iglesia, en el vecino Howard County, también en el corredor Washington-Baltimore y durante muchos años considerado uno de los condados más ricos de los Estados Unidos. El año pasado un equipo de trabajo sobre la vivienda asequible designado por James Robey, el concejal del condado, advirtió que "una innegable brecha" existe entre la necesidad de una vivienda de bajo coste y su disponibilidad en esa área, y no sólo para los pobres. El 70% de los trabajos en el condado, incluyendo los puestos educativos de nivel básico en su celebrado sistema escolar público, policías que patrullan las calles y bomberos que atienden las emergencias, pagan menos de 50.000 dólares anuales. Mientras tanto, el precio promedio de una casa unifamiliar es casi diez veces superior, $485.500, y los alquileres han trepado aún más. El resultado es que una parte cada vez más grande de la población -servidores públicos, parejas jóvenes que quieren formar una familia, jubilados, graduados universitarios recientes- no pueden encontrar sitios asequibles para vivir, de acuerdo con el equipo de trabajo: "Ellos son padres e hijos de los residentes del Condado", dice su informe, "los maestros y policías del Condado, los camareros y camareras que sirven comidas, los trabajadores del centro comercial, los trabajadores hospitalarios: gente que contribuye a la calidad de vida en Howard County de manera incalculable":

El dilema es bastante peor, por supuesto, para los verdaderos indigentes, al menos porque muchos habitantes de los suburbios que podrían querer contratarlos como canguros o ser servidos por ellos en restaurantes no necesariamente los quieren como vecinos. En junio de 2005, las autoridades del pueblo de Brookhaven, en Suffolk County (Long Island), lanzaron una serie de incursiones para clausurar casas abarrotadas de gente en las que los inmigrantes que carecían de otras opciones estaban alquilando habitaciones. El concejal del condado, Steve Levy, demócrata, declaró que los desalojos eran necesarios para "preservar los suburbios tal como los conocemos". En Berkshire Drive 196, una casa de listones azules que fue asaltada, los inmigrantes protestaron levantando tiendas en el patio trasero y durmiendo fuera. Otros que habían sido desalojados terminaron durmiendo en los bosques sobre sábanas de plástico con sus pertenencias guardadas bajo arbustos. En un informe especial sobre vivienda en Long Island, Newsday comparó las habitaciones atestadas, a menudo mugrientas, donde viven muchos inmigrantes -una docena de huéspedes hacinados en un sótano inundado de aguas residuales, adultos durmiendo en los armarios de casas que se encuentran sobre calles arboladas en agradables vecindarios- con viviendas del fin de siglo.

Otros condados han introducido leyes anti-medicidad para alejar a los peones como los que conocí fuera de Home Depot en el vecino Nassau County, otro signo de que ser pobre en los suburbios viene con la carga añadida de sentir que no perteneces. Varios de los trabajadores que conocí me dijeron que han sido llamados "parásitos". A algunos peones les han arrojado piedras. El hombre mexicano con el que hablé se movió hacia un coche rojo circulaba por allí, conducido, dijo, por un guardia de seguridad de Staples quien patrulla el área para asegurarse que él y sus compañeros trabajadores permanezcan en los límites del aparcamiento, así los clientes no podrán ser molestados. En septiembre de 2000, dos inmigrantes fueron levantados por personas que ellos creyeron eran contratistas, llevados a una bodega abandonada y seguidamente asesinados. (Ellos sobrevivieron lanzándose a la autopista de Long Island)

Incidentes como estos pueden ser vistos como producto del racismo o de algo más: un sentido de incertidumbre sobre el futuro que se extiende más allá de la categoría de pobres. "Creo que aquí la gente de clase media se siente apretada, y si los líderes no ofrecen soluciones, buscarán alguien a quién culpar", dice Marin Molina de Workplace Project. Como en Howard County, no es difícil encontrar datos de esta inseguridad. En 2004 más del 40% de los propietarios de viviendas de Long Island gastaron más de 1/3 de sus ingresos (la definición convencional de "presión de costos") en vivienda, afirmó un informe publicado el año pasado por el fondo de Adelphi Universidad. En los últimos años el típico primer trabajo en la región se pagaba 44.000$, bastante menos que los 60.780$ que el Instituto de Política Económica estimó que necesitaría una familia de cuatro miembros para cubrir sus gastos básicos.

Desenredar el ovillo que relaciona suburbios con prosperidad y algo más, comienza a quedar inacabado: la historia que los republicanos han contado sobre cómo vive ahí la gente, particularmente aquellos en las comunidades en crecimiento aún más periféricas, son sus componentes naturales. "Los demócratas no son bienvenidos en los barrios cerrados de ricos", dijo el columnista conservador Brooks unos años atrás, señalando las zonas comerciales alrededor de Orlando, territorio de Jeb Bush, y de Mesa, Arizona, una zona próspera al este de Phoenix. En estas comunidades que se van haciendo cada vez más grandes, sitios donde los aparcamientos de las megaiglesias se llenan cada domingo de lujosas camionetas, los liberales no tienen ni idea de lo que le importa a la gente, dice Brooks tácitamente. En la elección de 2004, pareció que él estaba en lo cierto: los republicanos barrieron en esos lugares, consiguiendo 97 de los 100 condados en rápido crecimiento del país. En los círculos demócratas sobrevino el pánico.

Al final el pánico fue prematuro. En las elecciones de mediados del año pasado la ventaja del Partido Republicano en los lujosos barrios cerrados se estrechó considerablemente. Los Demócratas ganaron el 60% de los votos en los suburbios interiores, 55% en el siguiente cordón, y la mayoría de voto suburbano total. No controlarían ni la Casa Blanca ni el Senado si no fuese por estos incrementos.

En parte, el cambio refleja la amplia desilusión con la guerra en Irak. Pero también puede significar que los republicanos no tienen ideas cuando necesitan descifrar las preocupaciones de los habitantes de los suburbios. La presumida ventaja del Partido Republicano sobre estos votantes descansaba en el supuesto de que los nuevos centros de crecimiento suburbano se estaban llenando de prósperos profesionales de clase media que, sobre todo, se preocupan por los bajos impuestos y por que los dejen criar solos a sus hijos. Muchos suburbios ahora parecen estar llenándose de un tipo social diferente: padres estresados, preocupados por su asistencia sanitaria, la instrucción universitaria y pagando sus hipotecas. El científico político Jacob Hacker se ha referido a esta gente como los "populistas de oficina", padres que "no están necesariamente comprando los discursos antisistema contra el libre comercio y la inmigración[pero] son escépticos sobre las promesas corporativas y preocupados por su seguridad.

Apuntar a las preocupaciones de tales personas no es necesariamente, por supuesto, sinónimo de simpatizar con los reclamos de los pobres suburbanos. (Como los asaltos contra inmigrantes en Nassau County muestran, el populismo suburbano puede cortar dos caminos). Ni la afiliación partidaria de los suburbanitas de bajos ingresos es necesariamente tan fácil de predecir. En Carolina del Norte conocí mucha gente que estaba furiosa con el salario mínimo escandalosamente bajo o con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) [NAFTA, North American Free Trade Agreement], pero luego me dijeron que eran Republicanos. Otros se quejaban del costo exorbitante de la asistencia sanitaria -y sobre cómo el gobierno se la está otorgando de manera gratuita a los mexicanos indocumentados-. Pero había otros que asentían con la cabeza cuando se les preguntó sobre la afirmación de John Edwards de que hoy existen dos Américas. "Tenemos dos Américas", dijo Ada Wells de Rockingham County, "y ellas no se entienden la una a la otra". Muchos suburbanitas con los que he hablado parecen interesados en temas -vivienda asequible, salarios mínimos más altos, seguridad sanitaria universal- que los Demócratas progresistas han señalado que deben estar en el centro de la agenda del partido, y que tanto los "populistas de oficina" de Hacker como la gente que limpia esas oficinas para vivir tienen interés en ello. Obviamente, los ricos ingenieros informáticos que llegan a los suburbios podrían seguir más preocupados por los bajos impuestos. Pero más de la mitad de la gente de los suburbios en crecimiento no tiene una licenciatura. La población afro-norteamericana en tales sitios aumentó un 50% en la década de los 90. "Si miras a los suburbios emergentes, verás que rápidamente se están diversificando", dice el encuestador Demócrata Ruy Teixeira". Y están llenos de gente que no gana mucho dinero".

Más allá de alterar los patrones de voto, la dispersión de la pobreza hacia los suburbios tiene el potencial de refutar una idea más extendida: que los intereses de los suburbanitas y los habitantes de las ciudades son diametralmente opuestos. Esta ha sido la principal -a menudo tácita- premisa que guió el desarrollo regional durante décadas, una que jugó un importante papel en la extensión y segregación residencial. Pero si las ciudades y los suburbios enfrentan cada vez en mayor medida los mismos problemas, ¿no tendría sentido para ellos actuar juntos?

David Rusk, ex alcalde de Albuquerque y antiguo militante por un desarrollo regional más equitativo, es de esta opinión. "Para enfrentarse a los problemas de pobreza y crisis económica que afectan a muchas ciudades y suburbios, hay conseguir estados que establezcan directivas fuertes orientadas a equilibrar el desarrollo inmobiliario y alguna forma de coparticipación regional de impuestos", dice. Para ilustrar por qué, Rusk cita el caso de la parte sur de New Jersey, en particular el área que circunda Camden. "Esta es una zona de aproximadamente 1,75 millones de personas, y los diez municipios con más rápido crecimiento, en términos de empleo, representan todo el tercer cordón de suburbios", dice. "Ellos vieron la creación de alrededor de 42.000 puestos de trabajo en la década del 90, pero la construcción de sólo 1.200 viviendas de bajo costo. Mientras tanto, las 10 áreas que fueron las mayores perdedoras de empleos presenciaron la desaparición de 25.000 puestos de trabajo, pero se construyeron 16.000 viviendas con precio controlado. Es un espejo opuesto de lo que se necesita: donde la oferta de trabajo está creciendo, no hay vivienda asequible para la clase trabajadora. Donde ésta desaparece, la oferta de vivienda aumenta".

Rusk ha acuñado un lema que un importante numero de grupos de apoyo y líderes regionales están comenzando a adoptar: "si eres lo suficientemente bueno para trabajar aquí, eres lo suficientemente bueno para vivir aquí". Es con este principio en mente que los reformadores de New Jersey están reunidos detrás de la idea de revocar una desagradable práctica conocida como Acuerdo de Contribución Regional [Regional Contribution Agreement], un inocuo y rimbombante término para los negocios maquiavélicos que permite un municipio -típicamente un opulento suburbio de gran crecimiento- para sortear su obligación de construir viviendas de bajo precio dentro de sus límites pagando a otra municipalidad (normalmente una pobre ciudad muy necesitada de dinero) para construir unidades residenciales en su lugar. El no muy sutil propósito es permitir a los suburbios prevenir que se mude un tipo de gente "equivocado". El nuevo gobernador de New Jersey, Jon Corzine ha dicho que piensa que el Acuerdo es perjudicial pero él ya ha aprobado la legislación introducida en el Senado estatal que la aboliría.

Aun si Corzine mejorara, tal vez seria ingenuo imaginar que tales prácticas cesarán del todo: los suburbios fueron creados, después de todo, precisamente para erigir barreras espaciales entre ricos y pobres. Esto es seguramente una parte de la razón por la que los nuevos siguen surgiendo en áreas aún más remotas, lejos del crimen y la miseria (léase, negros y mulatos pobres). Pero es también un hecho que menos gente rica está encontrando, lenta pero seguramente, su camino en los suburbios. Jonathan Lange, un organizador con la Fundación de Áreas Industriales [Industrial Areas Foundation], trabaja en dos de las áreas más ricas del país: los condados de Maryland’s Howard y Montgomery. La pobreza en ambos sitios es "discreta, difícil de ponerle las manos encima y extremadamente difícil de organizar", dice. Sin embargo, está ahí. No mucho tiempo atrás, un pastor que Lange conoce descubrió que hay decenas de chicos sin hogar en Oakland Mills, la escuela secundaria de Howard County. Algunos de ellos duermen en coches, otros en moteles baratos, le dijo el pastor, una experiencia inimaginable para muchos de sus compañeros de clase, tal vez, pero crecientemente emblemático de la población suburbana del día de hoy.

Eyal Press es un colaborador de The Nation
The Nation, 11 abril 2007
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Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-

"Como resultado de la discusión de las tres propuestas de Ley de amnistía federal presentadas por las organizaciones Eureka, Izquierda Democrática Popular y el Comité Cerezo México, y el apoyo y trabajo de la Comisión Jurídica del FNCR se acordó presentar la siguiente propuesta de Ley de amnistía."

AMNISTÍA GENERAL

El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) está presentando al Poder Legislativo para su aprobación, la presente iniciativa de Ley de Amnistía

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE Amnistía.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7I, fracción II y 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley de Amnistía General para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de jurisdicción Federal o del ámbito del Distrito Federal, bajo la siguiente:

Exposición de motivos:

Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de distintas formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran presos, desaparecidos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.

Además, es evidente que la mayoría de los actuales prisioneros y procesados por motivos políticos, son integrantes de organizaciones sociales que luchan en forma pacífica por demandas legítimas y que han sido acusados, procesados y sentenciados a partir de conductas derivadas de actos de protesta. Otros presos y perseguidos pertenecen a organizaciones que han recurrido a la lucha armada por considerar canceladas las vías pacíficas para transformar al país. Y otros han sido acusados de pertenecer a organizaciones armadas, pero en realidad son parte de la población civil, en contra de la que se ejercen represalias por considerar el gobierno que son base social de los insurrectos.

Es inconcebible que en el extranjero diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos señalen la existencia de presos políticos en nuestro país, en tanto que el gobierno mexicano se niega obstinadamente a reconocer esta realidad.

Si representantes del gobierno expresan públicamente que se está viviendo en un período de “normalidad democrática” en la vida política nacional, y aún existe inconformidad por los resultados de los procesos electorales y necesidad de reformar las leyes que rigen dichas contiendas, ello implica que se ha vivido décadas en circunstancias anormales o antidemocráticas; lo cual, aunado a los graves problemas económicos, sociales y políticos, ha generado inconformidad ciudadana, que se expresa de diferentes maneras. Por ello, la amnistía general a los prisioneros, desaparecidos y perseguidos por motivos políticos es un imperativo ético; es saldar una deuda con quienes han tenido el valor de protestar contra el anormal e injusto orden de cosas que ha existido en nuestro país. Es un punto de partida para continuar la transformación del país hacia un régimen donde impere un verdadero Estado de Derecho.

Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país, desde la lucha por la independencia encontramos esta figura jurídica, cuando el 15 de octubre de 1810 las Cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el IV Congreso Constitucional y Anastasio Bustamante, entonces Presidente de la República, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez.

Uno de los episodios más recientes se registró en septiembre de 1978, cuando por iniciativa de diversas organizaciones sociales agrupadas en el FNCR de ese entonces y por el Comité Eureka, lograron que el Congreso de la Unión aprobara una Ley de Amnistía, que se aplicó en distintas etapas en el curso de ese año y de 1979.

Un asunto básico de la agenda política nacional, el cuál no puede ser soslayado por la LX Legislatura, es el análisis de las causas que han conducido a miles de mexicanos a manifestarse en forma pacífica en contra de las condiciones económicas, sociales y políticas que se viven en México y aún incluso en algunos casos, a sublevarse en contra del gobierno establecido. El poder legislativo debe asumir la responsabilidad de que los mecanismos constitucionales para transformar la realidad nacional operen, pues sólo así se logrará que en un futuro ningún mexicano tenga que rebelarse para acceder a demandas legitimas.

Aún cuando se haya avanzado en reconocer el delito de desaparición forzada de personas, como un caso específico, el hecho es que aún sigue sin resolverse la situación de cientos de personas desaparecidas durante la “guerra sucia” de los años 70 y de épocas más recientes. La pretensión anunciada en el sexenio anterior de resolver los “crímenes del pasado” no se cumplió y como ocurre cada vez que se hace evidente la impunidad de esos crímenes, estos tienden a repetirse. De esta manera es que hemos visto cómo es que en los últimos dos o tres años se vuelve a la inhumana práctica de la desaparición forzada de personas.

Se requiere poner un alto a esta dinámica. El Frente Nacional Contra la Represión se ha constituido precisamente para exigir la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos políticos, además de otras causas de los derechos humanos. La situación de los presos políticos que enfrentan sus casos en forma individual o con el apoyo de sus familiares, compañeros o sus organizaciones es desigual y frecuentemente con procesos en que están sujetos a la presión de autoridades señaladas como responsables de la represión. Algunos de ellos han recorrido prácticamente todas las instancias legales en su defensa. La única salida posible para la resolución de este conflicto en forma general son también medidas de carácter general y resultado de una decisión política.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante esta H. LX Legislatura la siguiente iniciativa:


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA SIGUIENTE:

LEY DE AMNISTÍA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden público, de interés general, de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto:

I.- Decretar la amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de las cuales se haya ejercitado o haya de ejercitarse acción penal ante los tribunales federales y del Distrito Federal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su participación, real o supuesta, en movimientos armados, impulsados por motivos políticos con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas.

La amnistía se extiende a todos los indiciados, procesados y sentenciados cualquiera que haya sido su grado de participación en los delitos señalados en el párrafo anterior.

II.- La presentación de desaparecidos a causa de su participación, en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su participación, real o supuesta, en movimientos armados en los términos de la fracción anterior.

III.- Garantizar la integridad física y la libertad de todas aquellas personas perseguidas por su participación, real o supuesta, en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de la fracción I de este artículo.

ARTÍCULO 2º.- Para instrumentar el cumplimiento pleno e irrestricto de los objetivos señalados en el artículo anterior, se establece una Comisión Especial Permanente, la cual se integrará de la siguiente manera:

I.- Una Comisión representativa del Frente Nacional contra la Represión integrada por ocho miembros de éste último; y

II.- Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores así como un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 3º.- La Comisión Especial Permanente tendrá las facultades que esta Ley establece y para poder realizar sus funciones se requerirá únicamente la presencia de la mitad más uno de los integrantes del Frente Nacional contra la Represión.

ARTÍCULO 4º.- No podrán participar en la Comisión Especial Permanente personas involucradas en la detención ó desaparición forzada de personas; en caso contrario, cualquier miembro de la misma podrá objetar la pertenencia de dicha persona a la propia Comisión.

El cargo de Comisionado Especial será honorario. Los gastos de funcionamiento de la Comisión serán cubiertos íntegramente por el Gobierno Federal.

CAPITULO II

DE LA AMNISTÍA

ARTÍCULO 5.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, incluyendo la responsabilidad civil derivada de la comisión de los mismos así como las consecuencias administrativas derivadas de la pena.

En cumplimiento de esta Ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, cancelarán y dejarán de ejecutar, según corresponda, las órdenes de aprehensión, de presentación, autos de formal prisión, autos de sujeción a proceso, sentencias condenatorias que se estén compurgando, antecedentes penales y pondrán en libertad a los indiciados, procesados o sentenciados que señala la fracción I del artículo 1º de esta Ley.

ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley es de oficio para las autoridades judiciales y administrativas, correspondiendo a la Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, según corresponda, únicamente realizar la declaración de extinción de la acción penal respectiva.

La Comisión Especial Permanente deberá realizar los trámites necesarios ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes para que los beneficiarios de esta Ley puedan obtener su libertad o acogerse a los beneficios que otorga la misma.

ARTÍCULO 7.- Los medios de impugnación ordinarios interpuestos por los beneficiarios de esta Ley o por sus abogados serán sobreseídos en virtud de la misma; el mismo efecto se producirá respecto a los juicios de amparo que se encuentren en trámite.

Los beneficios de esta Ley se extienden a reos sentenciados por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos que señala esta ley, aún cuando dicha resoluciones hayan causado ejecutoria.

ARTÍCULO 8.- La Comisión Especial Permanente podrá impulsar, junto con cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y la Secretaria de Gobernación, indistintamente, la expedición de las correspondientes leyes de amnistía a los gobiernos de los Estados de la República en donde existan indiciados, procesados o sentenciados, o acción persecutoria, por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de esta ley.

CAPITULO III

DE LA PRESENTACIÓN DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 9.- Para los efectos de esta Ley se entiende por desaparecidos políticos al sujeto pasivo del delito de desaparición forzada previsto en el capítulo III bis, Titulo Décimo del Código Penal Federal.

ARTÍCULO 10.- El Gobierno Federal ordenará, en el ámbito de competencia de las dependencias respectivas, al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y demás corporaciones de seguridad que existan en el país, así como a los elementos a sus ordenes, la inmediata libertad de los desaparecidos que se encuentren en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.

ARTÍCULO 11.- La Comisión Especial Permanente es el órgano encargado de instrumentar la presentación de desaparecidos políticos, para lo cual cuenta con las siguientes facultades:

I.- Recibir denuncias verbales o escritas;

II.- Realizar inspecciones en centros de readaptación social, reclusorios, casas de detención casas de arraigo, cárceles, campos militares, centros administrativos de detención, retenes militares o cualquier otro lugar donde se presuma que pueda encontrarse algún desaparecido político;

III.- Recibir testimonios o cualquier clase de elemento probatorio que lleve a la ubicación de algún desaparecido político; y

IV.- Realizar cualquier tipo de investigación, gestión o trámite necesario para lograr la presentación de algún desaparecido político.

Todas las autoridades del país están obligadas a permitir a los integrantes de la Comisión Especial Permanente el acceso sin restricciones a los lugares de detención que señala la fracción II de este artículo.

ARTÍCULO 12.- Serán copartícipes del delito de desaparición forzada de personas aquellos que teniendo o habiendo tenido conocimiento de la existencia de cárceles clandestinas, centro de tortura u otros sitios en los que se retenga a los beneficiarios de esta Ley, no lo comuniquen a la Comisión Especial Permanente.

ARTÍCULO 13.- Se sancionará en los términos del artículo anterior a aquellos funcionarios y autoridades que proporcionen o hayan proporcionado información falsa o incompleta o se nieguen a proporcionarla que obstaculicen la presentación de desaparecidos políticos.

ARTÍCULO 14.- Las autoridades del país, federales, locales y municipales con mando de fuerza pública, están obligadas a proporcionar de inmediato a la Comisión Especial Permanente, el auxilio eficaz y eficiente de la fuerza a su mando, para asegurar que puedan obtener el libre acceso a los lugares donde hayan de practicar sus investigaciones.

ARTÍCULO 15.- Mientras cualquier persona tenga el carácter de Comisionado Especial, no podrá ser detenido por ninguna autoridad, ni por ningún motivo. Si alguno fuere detenido durante el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, el Ejecutivo Federal dispondrá su inmediata libertad y, para lograrla, deberá hacer uso de todos los medios de apremio establecidos en la leyes federales.

ARTÍCULO 16.- Las autoridades del país con mando de fuerza apoyaran al Ejecutivo Federal para lograr la absoluta libertad del Comisionado detenido.

CAPÍTULO IV

DE LAS GARANTÍAS DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA LEY

ARTÍCULO 17.- Si durante el curso de las investigaciones fueran encontradas personas que deben ser beneficiadas por esta Ley, y las autoridades que hayan ordenado o estén ejecutando su detención se negaren a ponerlas en libertad, los Comisionados Especiales podrán ponerlas discrecionalmente en absoluta libertad, para lo cual las autoridades respectivas deberán de proporcionarle toda clase de auxilio. Podrán inclusive retirar a los detenidos de su lugar de confinamiento, llevándolos en el acto consigo.

ARTÍCULO 18.- La Comisión Especial Permanente verificará que cada uno de los beneficiarios de esta Ley, pueda contar con un documento que compruebe el otorgamiento de la amnistía.

ARTÍCULO 19.- Las personas a quienes aproveche la presente Ley, no podrán ser en el futuro detenidas, procesadas, ni objeto de inquisición judicial o administrativa por los mismos hechos.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Comisión Especial Permanente se constituirá e instalará a más tardar 5 días después de la entrada vigor de la presente ley y sesionará en el Salón Verde de la Cámara de Diputados.

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Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-

Proyecto de Ley de Amnistía para Presos Políticos x Frente Nacional Contra la Represión (FNCR)

"Como resultado de la discusión de las tres propuestas de Ley de amnistía federal presentadas por las organizaciones Eureka, Izquierda Democrática Popular y el Comité Cerezo México, y el apoyo y trabajo de la Comisión Jurídica del FNCR se acordó presentar la siguiente propuesta de Ley de amnistía."

AMNISTÍA GENERAL

El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) está presentando al Poder Legislativo para su aprobación, la presente iniciativa de Ley de Amnistía

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE Amnistía.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7I, fracción II y 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley de Amnistía General para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de jurisdicción Federal o del ámbito del Distrito Federal, bajo la siguiente:

Exposición de motivos:

Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de distintas formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran presos, desaparecidos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.

Además, es evidente que la mayoría de los actuales prisioneros y procesados por motivos políticos, son integrantes de organizaciones sociales que luchan en forma pacífica por demandas legítimas y que han sido acusados, procesados y sentenciados a partir de conductas derivadas de actos de protesta. Otros presos y perseguidos pertenecen a organizaciones que han recurrido a la lucha armada por considerar canceladas las vías pacíficas para transformar al país. Y otros han sido acusados de pertenecer a organizaciones armadas, pero en realidad son parte de la población civil, en contra de la que se ejercen represalias por considerar el gobierno que son base social de los insurrectos.

Es inconcebible que en el extranjero diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos señalen la existencia de presos políticos en nuestro país, en tanto que el gobierno mexicano se niega obstinadamente a reconocer esta realidad.

Si representantes del gobierno expresan públicamente que se está viviendo en un período de “normalidad democrática” en la vida política nacional, y aún existe inconformidad por los resultados de los procesos electorales y necesidad de reformar las leyes que rigen dichas contiendas, ello implica que se ha vivido décadas en circunstancias anormales o antidemocráticas; lo cual, aunado a los graves problemas económicos, sociales y políticos, ha generado inconformidad ciudadana, que se expresa de diferentes maneras. Por ello, la amnistía general a los prisioneros, desaparecidos y perseguidos por motivos políticos es un imperativo ético; es saldar una deuda con quienes han tenido el valor de protestar contra el anormal e injusto orden de cosas que ha existido en nuestro país. Es un punto de partida para continuar la transformación del país hacia un régimen donde impere un verdadero Estado de Derecho.

Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país, desde la lucha por la independencia encontramos esta figura jurídica, cuando el 15 de octubre de 1810 las Cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el IV Congreso Constitucional y Anastasio Bustamante, entonces Presidente de la República, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez.

Uno de los episodios más recientes se registró en septiembre de 1978, cuando por iniciativa de diversas organizaciones sociales agrupadas en el FNCR de ese entonces y por el Comité Eureka, lograron que el Congreso de la Unión aprobara una Ley de Amnistía, que se aplicó en distintas etapas en el curso de ese año y de 1979.

Un asunto básico de la agenda política nacional, el cuál no puede ser soslayado por la LX Legislatura, es el análisis de las causas que han conducido a miles de mexicanos a manifestarse en forma pacífica en contra de las condiciones económicas, sociales y políticas que se viven en México y aún incluso en algunos casos, a sublevarse en contra del gobierno establecido. El poder legislativo debe asumir la responsabilidad de que los mecanismos constitucionales para transformar la realidad nacional operen, pues sólo así se logrará que en un futuro ningún mexicano tenga que rebelarse para acceder a demandas legitimas.

Aún cuando se haya avanzado en reconocer el delito de desaparición forzada de personas, como un caso específico, el hecho es que aún sigue sin resolverse la situación de cientos de personas desaparecidas durante la “guerra sucia” de los años 70 y de épocas más recientes. La pretensión anunciada en el sexenio anterior de resolver los “crímenes del pasado” no se cumplió y como ocurre cada vez que se hace evidente la impunidad de esos crímenes, estos tienden a repetirse. De esta manera es que hemos visto cómo es que en los últimos dos o tres años se vuelve a la inhumana práctica de la desaparición forzada de personas.

Se requiere poner un alto a esta dinámica. El Frente Nacional Contra la Represión se ha constituido precisamente para exigir la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos políticos, además de otras causas de los derechos humanos. La situación de los presos políticos que enfrentan sus casos en forma individual o con el apoyo de sus familiares, compañeros o sus organizaciones es desigual y frecuentemente con procesos en que están sujetos a la presión de autoridades señaladas como responsables de la represión. Algunos de ellos han recorrido prácticamente todas las instancias legales en su defensa. La única salida posible para la resolución de este conflicto en forma general son también medidas de carácter general y resultado de una decisión política.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante esta H. LX Legislatura la siguiente iniciativa:


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA SIGUIENTE:

LEY DE AMNISTÍA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden público, de interés general, de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto:

I.- Decretar la amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de las cuales se haya ejercitado o haya de ejercitarse acción penal ante los tribunales federales y del Distrito Federal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su participación, real o supuesta, en movimientos armados, impulsados por motivos políticos con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas.

La amnistía se extiende a todos los indiciados, procesados y sentenciados cualquiera que haya sido su grado de participación en los delitos señalados en el párrafo anterior.

II.- La presentación de desaparecidos a causa de su participación, en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su participación, real o supuesta, en movimientos armados en los términos de la fracción anterior.

III.- Garantizar la integridad física y la libertad de todas aquellas personas perseguidas por su participación, real o supuesta, en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de la fracción I de este artículo.

ARTÍCULO 2º.- Para instrumentar el cumplimiento pleno e irrestricto de los objetivos señalados en el artículo anterior, se establece una Comisión Especial Permanente, la cual se integrará de la siguiente manera:

I.- Una Comisión representativa del Frente Nacional contra la Represión integrada por ocho miembros de éste último; y

II.- Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores así como un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 3º.- La Comisión Especial Permanente tendrá las facultades que esta Ley establece y para poder realizar sus funciones se requerirá únicamente la presencia de la mitad más uno de los integrantes del Frente Nacional contra la Represión.

ARTÍCULO 4º.- No podrán participar en la Comisión Especial Permanente personas involucradas en la detención ó desaparición forzada de personas; en caso contrario, cualquier miembro de la misma podrá objetar la pertenencia de dicha persona a la propia Comisión.

El cargo de Comisionado Especial será honorario. Los gastos de funcionamiento de la Comisión serán cubiertos íntegramente por el Gobierno Federal.

CAPITULO II

DE LA AMNISTÍA

ARTÍCULO 5.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, incluyendo la responsabilidad civil derivada de la comisión de los mismos así como las consecuencias administrativas derivadas de la pena.

En cumplimiento de esta Ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, cancelarán y dejarán de ejecutar, según corresponda, las órdenes de aprehensión, de presentación, autos de formal prisión, autos de sujeción a proceso, sentencias condenatorias que se estén compurgando, antecedentes penales y pondrán en libertad a los indiciados, procesados o sentenciados que señala la fracción I del artículo 1º de esta Ley.

ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley es de oficio para las autoridades judiciales y administrativas, correspondiendo a la Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, según corresponda, únicamente realizar la declaración de extinción de la acción penal respectiva.

La Comisión Especial Permanente deberá realizar los trámites necesarios ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes para que los beneficiarios de esta Ley puedan obtener su libertad o acogerse a los beneficios que otorga la misma.

ARTÍCULO 7.- Los medios de impugnación ordinarios interpuestos por los beneficiarios de esta Ley o por sus abogados serán sobreseídos en virtud de la misma; el mismo efecto se producirá respecto a los juicios de amparo que se encuentren en trámite.

Los beneficios de esta Ley se extienden a reos sentenciados por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos que señala esta ley, aún cuando dicha resoluciones hayan causado ejecutoria.

ARTÍCULO 8.- La Comisión Especial Permanente podrá impulsar, junto con cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y la Secretaria de Gobernación, indistintamente, la expedición de las correspondientes leyes de amnistía a los gobiernos de los Estados de la República en donde existan indiciados, procesados o sentenciados, o acción persecutoria, por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de esta ley.

CAPITULO III

DE LA PRESENTACIÓN DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 9.- Para los efectos de esta Ley se entiende por desaparecidos políticos al sujeto pasivo del delito de desaparición forzada previsto en el capítulo III bis, Titulo Décimo del Código Penal Federal.

ARTÍCULO 10.- El Gobierno Federal ordenará, en el ámbito de competencia de las dependencias respectivas, al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y demás corporaciones de seguridad que existan en el país, así como a los elementos a sus ordenes, la inmediata libertad de los desaparecidos que se encuentren en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.

ARTÍCULO 11.- La Comisión Especial Permanente es el órgano encargado de instrumentar la presentación de desaparecidos políticos, para lo cual cuenta con las siguientes facultades:

I.- Recibir denuncias verbales o escritas;

II.- Realizar inspecciones en centros de readaptación social, reclusorios, casas de detención casas de arraigo, cárceles, campos militares, centros administrativos de detención, retenes militares o cualquier otro lugar donde se presuma que pueda encontrarse algún desaparecido político;

III.- Recibir testimonios o cualquier clase de elemento probatorio que lleve a la ubicación de algún desaparecido político; y

IV.- Realizar cualquier tipo de investigación, gestión o trámite necesario para lograr la presentación de algún desaparecido político.

Todas las autoridades del país están obligadas a permitir a los integrantes de la Comisión Especial Permanente el acceso sin restricciones a los lugares de detención que señala la fracción II de este artículo.

ARTÍCULO 12.- Serán copartícipes del delito de desaparición forzada de personas aquellos que teniendo o habiendo tenido conocimiento de la existencia de cárceles clandestinas, centro de tortura u otros sitios en los que se retenga a los beneficiarios de esta Ley, no lo comuniquen a la Comisión Especial Permanente.

ARTÍCULO 13.- Se sancionará en los términos del artículo anterior a aquellos funcionarios y autoridades que proporcionen o hayan proporcionado información falsa o incompleta o se nieguen a proporcionarla que obstaculicen la presentación de desaparecidos políticos.

ARTÍCULO 14.- Las autoridades del país, federales, locales y municipales con mando de fuerza pública, están obligadas a proporcionar de inmediato a la Comisión Especial Permanente, el auxilio eficaz y eficiente de la fuerza a su mando, para asegurar que puedan obtener el libre acceso a los lugares donde hayan de practicar sus investigaciones.

ARTÍCULO 15.- Mientras cualquier persona tenga el carácter de Comisionado Especial, no podrá ser detenido por ninguna autoridad, ni por ningún motivo. Si alguno fuere detenido durante el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, el Ejecutivo Federal dispondrá su inmediata libertad y, para lograrla, deberá hacer uso de todos los medios de apremio establecidos en la leyes federales.

ARTÍCULO 16.- Las autoridades del país con mando de fuerza apoyaran al Ejecutivo Federal para lograr la absoluta libertad del Comisionado detenido.

CAPÍTULO IV

DE LAS GARANTÍAS DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA LEY

ARTÍCULO 17.- Si durante el curso de las investigaciones fueran encontradas personas que deben ser beneficiadas por esta Ley, y las autoridades que hayan ordenado o estén ejecutando su detención se negaren a ponerlas en libertad, los Comisionados Especiales podrán ponerlas discrecionalmente en absoluta libertad, para lo cual las autoridades respectivas deberán de proporcionarle toda clase de auxilio. Podrán inclusive retirar a los detenidos de su lugar de confinamiento, llevándolos en el acto consigo.

ARTÍCULO 18.- La Comisión Especial Permanente verificará que cada uno de los beneficiarios de esta Ley, pueda contar con un documento que compruebe el otorgamiento de la amnistía.

ARTÍCULO 19.- Las personas a quienes aproveche la presente Ley, no podrán ser en el futuro detenidas, procesadas, ni objeto de inquisición judicial o administrativa por los mismos hechos.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Comisión Especial Permanente se constituirá e instalará a más tardar 5 días después de la entrada vigor de la presente ley y sesionará en el Salón Verde de la Cámara de Diputados.

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Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-

Panorama general y perspectivas de lucha popular y libertaria en Perú.

Franz García Uceda.

"como anarquistas queremos dejar una vez más en claro que la lucha no pasa por ser coyuntural como algunos grupos políticos asumen y presentan, que las violaciones de derechos humanos en este país no son patrimonio solo de este gobierno y que la solución no pasa por transar con tal o cual grupo de poder en busca de un frente común que solucione todos los males sociales. Seguimos planteando la lucha por la organización y la concientización desde abajo, seguimos apostando por la construcción del poder popular libertario, seguimos creyendo que no hay ninguna lucha sin solidaridad, seguimos manteniendo nuestras convicciones de revolucionarios en pos de destruir lo que es (sociedad capitalista) para construir lo que de ser (sociedad libertaria)."

Perú atraviesa una dura crisis tanto en el plano social como político, lo que trae desde luego, una crisis económica que ya se deja sentir a lo largo del territorio.

Pues afrontamos una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos por parte de un gobierno prepotente y autoritario que no ha reparado en aplastar del modo que sea las disidencias sociales y los aires de rebeldía, ya sea por los medios de incomunicación al servicio del poder que se han ofrecido una vez más como ventana para lanzar dardos contra el movimiento popular en general en cuanto a las luchas de los campesinos de Ayacucho y los pobladores del Cuzco que luchan contra las privatizaciones de los atractivos turísticos de la zona y por defender sus patrimonios, lo que les ha valido calificativos como “vándalos”, “agitadores” y otros de peor calibre por parte del presidente Alan García, tan cínico, déspota y fascista como siempre.

Hemos sido testigos de las jornadas de lucha protesta de febrero en el interior del país contra las políticas económica que se vienen aplicando en nuestra región, contra el alza en los productos y en el costo de vida, contra la represión indiscriminada contra los sectores más pobres de la sierra y la amazonia y contra las medidas y leyes anti-populares que arremeten desde los poderes del estado, en resumidas cuentas han sido luchas contra el estado y el modelo capitalista que se han manifestado a través del Paro Nacional Agrario y que una vez más ha desnudado la violencia estatal en contra de los justos reclamos populares.

El Paro Nacional Agrario convocado por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) y las Centrales Campesinas realizados el lunes 18 y el martes 19 de febrero, cuyas reivindicaciones se centraban en la Revisión y Modificación del Proyecto de Ley de Aguas por su carácter privatizador, así como contra la privatización de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, había dejado hasta el día miércoles 20, a cuatro campesinos muertos por las balas de la policía nacional, como afirman los propios campesinos que han defendido sus medidas de lucha frente a la opinión pública.

Rojas Roca, Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, fueron las victimas de la represión de las fuerzas policiales quienes al parecer tenían órdenes de despejar las carreteras a cualquier costo. Los tres tienen impactos de bala en el cráneo. El primero de ellos murió en Barranca el lunes. Pariona y García fueron ultimados en Ayacucho el martes. A estas muertes debemos sumar la de un poblador de Caylloma que, huyendo de la represión y los gases lacrimógenos, cayó por un barranco.

El mismo Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho en un comunicado emitido a raíz de los violentos sucesos señalan que el “(…)19 de febrero, cuando se venía desarrollando el Paro Agrario en nuestra Región, (…) se venían movilizando los campesinos en pie de lucha, cuando fueron atacados por efectivos policiales, quienes haciendo uso de sus armas de reglamento, dispararon a quema ropa a los marchantes, con objetivo directo a la cabeza, ocasionando la muerte instantánea de los hermanos campesinos Rubén Pariona Camposano y Emilio García Mendoza, pertenecientes a la comunidad de Suso del distrito de Quinua.”

En medio de la violencia social desatada en el marco del Paro Agrario, el Premier Jorge del Castillo invocó a los fiscales a actuar “con firmeza” y a “no ser complacientes” contra los que llaman “elementos vandálicos”, los “grupos de agitadores”. Por el contrario, a los policías nadie les ha dicho nada porque finalmente ellos están cumpliendo su deber: proteger el “orden público” y la “gobernabilidad”. Pese a que el día martes 19 la congresista Fabiola Morales, Presidenta de la Comisión de Ética del Congreso denunciaba a la prensa nacional, la actitud reprochable de la policía al actuar sin contemplaciones contra los campesinos ayacuchanos y manifestó que se denunciará ante las instancias necesarias a estos “malos efectivos policiales por algunos excesos”

Se ha señalado que el gobierno, en lugar de acceder al diálogo, ha respondido con la represión indiscriminada, la declaratoria en Estado de Emergencia de ocho provincias del norte y la orden de intervenir al Ejército lo cual ha resultado en los hechos, una provocación clara a las demandas populares incrementado la violencia que ha sido usado por sectores de la prensa para desprestigiar a los campesinos.

Sin embargo, debemos resaltar que ese mismo gobierno difunde mensajes de democracia y mejor participación, mientras implementa leyes para favorecer a las empresas transnacionales, la privatización de las aguas, la concesión de la Amazonía y las zonas arqueológicas, así como el remate de tierras para favorecer a los inversionistas extranjeros. Y quienes hacen valer sus derechos son reprimidos y judicializados.

Según Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas CAOI, “este accionar represivo se enmarca en el acelerado proceso de criminalización de las demandas sociales, una de cuyas expresiones fue la dación de once decretos legislativos que aumentan las penas por bloqueos de carreteras y otras acciones justas de protesta, por cuya declaración de inconstitucionalidad y derogatoria se han unido los movimientos sociales en una campaña nacional de recolección de firmas que serán presentadas al Tribunal Constitucional”.

Esta criminalización, sin embargo, no se inicia con esos decretos legislativos, pues hasta la fecha existen más de setecientos comuneros e indígenas procesados judicialmente bajo cargos graves, incluido el de terrorismo, solo por defender los derechos de sus comunidades contra los efectos destructivos de la minería. A ello se agrega la persecución, acoso y amenazas permanentes a sus dirigentes.

Paro Nacional Agrario: el gobierno en acción contra el pueblo

Amparados en el Decreto Legislativo Nº 982, emitido por el Gobierno Central, las Fuerzas Policiales hicieron uso de sus armas de reglamento, disparando contra la población indefensa, ocasionando la muerte de manifestantes, asesinados vilmente con cargo a quedar en la impunidad y en el olvido. Estos crímenes no son casualidades ni hechos aislados ni producto de excesos de las fuerzas policiales, ya que estas muertes ocurrieron bajo la misma modalidad en Arequipa y Barranca, lo que permite inferir que fueron ordenes del Gobierno Central a través del Ministerio de Interior, implementando la política de criminalizar, penalizar y reprimir la protesta del pueblo, declarando inimputables a los culpables de estos crímenes, lo que significa la legalización de la impunidad de estos hechos que atentan contra la vida y dignidad de nuestro pueblo.

Por su parte, Alan García Pérez, irresponsablemente está confundiendo a la opinión pública, señalando que "Los responsables de las muertes producidas son los pseudos dirigentes y agitadores extremistas", con la clara intención de ocultar a los verdaderos responsables de estos asesinatos, quienes son las Fuerzas Policiales. Estas versiones que vienen siendo repetidas por el Ministro del Interior, usando a medios periodísticos serviles al Estado que tergiversan la verdad de los hechos y las declaraciones de los dirigentes populares, lo que significa que todo obedece a una estrategia del gobierno para desarticular las organizaciones del pueblo que vienen reclamando sus justas demandas.

Sobre las versiones que desde el gobierno peruano en complicidad con los aparatos de desinformación se han vertido son que las muertes en el paro agrario mencionado no han sido causadas por las fuerzas policiales, sino por los mismos campesinos (¡vaya ironía!). Ésa es la versión del Ministro del Interior, Luis Alva Castro ante el Congreso de la República. Para “demostrar su verdad”, el ministro aprista exhibió fotografías de los manifestantes donde él dice identificar un arma “hechiza” en manos de un “delincuente terrorista infiltrado entre los manifestantes”. Si claro, como no.

Entonces solo dentro de este Paro Nacional se han podido registrar 6 MUERTOS, 420 HERIDOS y 350 DETENIDOS. Unas cifras escalofriantes si consideramos el carácter “democrático y social” con que se presenta ante el mundo el gobierno aprista. Ante esto podemos deducir que el rostro genocida y violento de García Pérez y su camarilla aprista, no ha cambiado en nada respecto al gobierno del 85-90 con asesinatos, desapariciones, violaciones de derechos humanos, etc., en su haber.

Es necesario recalcar una vez más que aquí estamos hablando ya no solo de represión policial o resguardo de la paz social en un país o zona de convulsión, sino que estamos hablando de asesinatos a mansalva, a sangre fría y por la espalda a comuneros desarmados e indefensos que solo protestaban por sus justos derechos. De lo que se trata, es de denunciar una vez más el Terrorismo de Estado que estamos viviendo. Y no solo denunciar, sino que crear conciencia y memoria histórica para organizarnos y plantarle cara a este Estado pro-imperialista y enemigo del pueblo, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las muertes de estos campesinos pobres queda impune, mientras los pueblos indígenas de la amazonia están siendo expulsados de sus tierras para que estas sean vendidas al mejor postor transnacional (solo recordemos que semanas atrás el presidente peruano se paseaba por Europa promocionando nuestra selva para su pronta venta), mientras las otras provincias del país que acataron el Paro son castigados y perseguidos, mientras el avanzada privatizadora de la educación en el Perú arremete sin piedad.

En Cuzco también se lucha y resiste

Este año está siendo llamado el año de las “Cumbres Mundiales” de manera pomposa e irónica. Sin duda estas cumbres de jefes de estado y hombres poderosos del mundo, quieren expresar la consolidación de la imposición del modelo neoliberal en el Perú, pero mostrándonos su alcance global y que quede claro que el neoliberalismo no es sólo un modelo económico, es también social, cultural y político. Y su consigna principal es: “Todo el poder a las transnacionales, todo para las ganancias de las grandes empresas y las élites políticas que les sirven”. Desde los recursos naturales hasta el patrimonio cultural, los alimentos, las medicinas, todo entra en esa (i)lógica. Sin importar que estas ganancias perjudiquen a los pueblos indígenas, a los proletarios, a los agricultores pobres, a los pequeños comerciantes, a la misma naturaleza. Perpetúan la sociedad de clases y la división entre dominadores y dominados, entre ricos y pobres, se crea un ambiente donde ser libre es estar acosado, perseguido, silenciado, golpeado y encarcelado y la democracia significa autoritarismo, fascismo, violencia, muerte y destrucción.

Sin embargo, así como parece consolidarse este modelo excluyente, antipopular y empobrecedor, en el Perú; diversos sectores populares avanzan en su organización y van resistiendo cada vez más. Es cierto, todavía demasiado dispersos, fragmentados en demandas que parecen particulares, pero sin embrago como vemos, exigen cada vez más una articulación no sólo de los diversos sectores, sino también más allá de lo local y lo regional. Esto para los libertarios no solo significa un buen síntoma de avance popular, sino que se avizora como terreno fértil para las luchas organizadas desde abajo y sin tregua contra nuestros enemigos de clase.

Es en este contexto que las luchas del pueblo del Cusco se hacen justas. Pero, al igual que en otros lugares, no basta la lucha reivindicativa y parcial, confrontada sólo contra la dinámica del gobierno, sino que debe enfocar al Estado y al Capital en si. Ahora, frente a la ola privatizadora de patrimonios en todo el Perú que arremete contra el Cuzco y contra toda la Amazonía con la denominada “Ley de la Selva”, para quitarle sus tierras y propiedades a las comunidades indígenas y pueblos originarios y venderlos al mejor postor transnacional.

El pueblo cuzqueño ha respondido con huelgas, paros, toma de locales y bloqueo de carreteras para hacer sentir su clamor popular, teniendo como única respuesta la agresión verbal y policial del estado que ha decidido quitar a Cuzco como sede del APEC a realizarse en el Perú durante el mes de noviembre, pues le temen al desborde popular y saben que protestas como esta es una mala imagen para nuestro querido país, frente a ello el presidente ha decidido borrar del mapa financiero a esta región que atenta contra sus planes de mercantilización de patrimonios culturales e históricos.

En medio de este panorama surgen preguntas para el campo popular y socialista en general y que como libertarios también nos hacemos parte de estas interrogantes: ¿Cuál es nuestra alternativa a la privatización del patrimonio? ¿Sólo que quede en manos del Estado o como en otras regiones andinas o experiencias históricas podemos avanzar hacia la autogestión social y democrática de los mismos por parte de los pueblos y las comunidades involucrados en estos hechos, para que estas se beneficien? ¿Es posible tener una agricultura sostenible, libre de alimentos transformados genéticamente y soberana frente a los negocios de las trasnacionales y frente a la mano autoritaria del estado? ¿La democracia sólo implica votar cada cinco años para que después los elegidos hagan lo que les da la gana? ¿Es ese el modelo que planteamos los comunistas libertarios o luchamos por la destrucción de toda relación mercantilista, excluyente y competitiva como parte de las estructuras capitalistas?

Panorama general y perspectivas de lucha popular y libertaria

Las luchas del pueblo oprimido tienen fuertes costos. Varios de nuestros hermanos campesinos que participaron en el Paro Agrario han sido asesinados por este criminal gobierno, porque ellos nos temen. Por eso criminalizan la protesta, y le han dado carta blanca a los policías y militares para disparar a la gente. Por eso sus medios de comunicación pretenden pintarnos como irracionales, como delincuentes.

Tampoco podemos dejar de citar una vez más que la estupidez del ministro Alva Castro nos hace recordar a las épocas de la dictadura cívico-militar de Fujimori y Montesinos, sobre todo cuando la congresista fujimorista Marta Chávez alegaba que los cadáveres hallados en las fosas comunes de Vitarte eran restos arqueológicos. Y cuando entre los restos humanos calcinados apareció el llavero de un estudiante universitario, Marta Chávez no supo qué decir. Ahora dicen que las balas asesinas provinieron del lado campesino y que los policías fueron agredidos por estas hordas violentistas.

Hoy no es diferente la situación. Podemos afirmar que el presidente aprista Alan García, gran socio del ex dictador Fujimori (¿a quien le quepa la menor duda?), inició su segundo gobierno prometiendo un gran baño de sangre para preservar el principio de autoridad (ver Qhispikay Nº 3). Al día siguiente de juramentar, estaba pidiendo la pena de muerte para violadores y terroristas. En agosto del año pasado, dictó decretos para que las fuerzas armadas y fuerzas policiales pudieran hacer uso de sus armas cuando les diera la gana y disparar contra población civil sin consecuencias judiciales. También en sus decretos penaliza la toma de locales y bloqueos de carreteras, criminalizando la protesta popular. En pocas palabras, fascismo puro y duro.

Paralelamente y en el mismo día en que la los sindicatos de la capital salen a las calles a manifestarse en apoyo a las luchas populares, regionales y a los gremios en conflicto, en el mismo día de las declaraciones increíbles de Alva Castro, el sicario del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Santiago Martín Rivas (jefe del grupo paramilitar “Colina”) declara en el juicio a Fujimori que el escuadrón de aniquilamiento paramilitar del que era jefe, jamás existió. Que sus declaraciones filmadas por el periodista Humberto Jara, en donde reconoce su autoría en crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad del ex dictador, eran “ensayos” entre él y Jara para prepararse a un futuro juicio.

Ahora el jefe de sicarios ensaya cómo dejar bien librado a Fujimori, con la anuencia del tolerante juez César San Martín Castro y de fiscales inoperantes, ¡que tal descaro! Lo peor es el orden de aparición en TV: cada vez que un asesino de la dictadura es interrogado por el abogado del dictador, goza de toda la mañana para ser televisado. Una vez que la fiscalía inicia su interrogatorio, la transmisión gratuita va culminando; y acaba sorpresivamente, casualmente, milagrosamente cuando va a interrogar al asesino el abogado de la parte civil. Ya gozó de este beneficio otro asesino (Pichilingue) y seguidamente le ha tocado la misma facilidad al criminal Martín Rivas.

Es decir vivimos en medio de una bazofia total, donde el juicio que se le sigue al ex dictador Fujimori demora una eternidad y con toda la comodidad del caso, mientras en las calles se balea y tortura quienes piden pan y libertad.

Entonces podemos concluir que el asesinato y la mentira, cuando proceden del Estado, gozan de absoluta impunidad en el Perú y se le llama orden y democracia. La democracia burguesa es complaciente con los asesinos de uniforme ahora y siempre. La democracia burguesa es tolerante con el ex dictador Alberto Fujimori, a quien siguen llamando ex -presidente. Por eso tenemos un ministro que miente acerca del Paro Agrario, inculpando a los campesinos por sus propias muertes. Por eso tenemos un juicio de excesiva cortesía y tolerancia con los paramilitares del grupo Colina; y a todos los miembros del Comando Rodrigo Franco (grupo paramilitar aprista que operó en el primer gobierno de García 1985-90) usted querido lector los encontrará trabajando con buenos puestos en instituciones del Estado. ¿Volverán los desaparecidos a ser confundidos con momias precolombinas?

Por eso tenemos encima una “Ley de la Selva”, que es parte del centralismo democrático burgués que se aplica en este país, por eso tenemos las privatizaciones corruptas, los abusos de las mineras contra los agricultores, el TLC, etc., que son parte de un mismo modelo que se aplica a nivel mundial. La contundencia del reciente paro agrario, la reacción del pueblo cusqueño frente a la pretensión de privatizar su patrimonio cultural, las consultas populares en Piura en la que los pueblos les dicen no a las mineras, expresan el creciente descontento que muchas veces no consigue expresarse en aparentes luchas puntuales.

Hemos salido de una época de violencia política donde hemos tenido una Comisión de la Verdad y tenemos ya varios casos judicializados por violaciones contra los derechos humanos. ¿Los nuevos policías de la “democracia” tienen las mismas nociones que Martin Rivas, que Telmo Hurtado o que el almirante Giampietri respecto de los derechos de las personas? ¿Hasta cuando va a seguir vigente la noción según la cual el Estado puede reprimir a gente desarmada para “garantizar la paz social”? Que no nos impongan sus tratados comerciales y sus políticas de hambre a punta de balazos, con mentiras y brutalidad que el pueblo ya no tiene más paciencia.

Por último, como anarquistas queremos dejar una vez más en claro que la lucha no pasa por ser coyuntural como algunos grupos políticos asumen y presentan, que las violaciones de derechos humanos en este país no son patrimonio solo de este gobierno y que la solución no pasa por transar con tal o cual grupo de poder en busca de un frente común que solucione todos los males sociales. Seguimos planteando la lucha por la organización y la concientización desde abajo, seguimos apostando por la construcción del poder popular libertario, seguimos creyendo que no hay ninguna lucha sin solidaridad, seguimos manteniendo nuestras convicciones de revolucionarios en pos de destruir lo que es (sociedad capitalista) para construir lo que de ser (sociedad libertaria).


Fuente: el diario internacional
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Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-