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Veracruz: piden cese impunidad en asesinato de mujeres indígenas
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Orizaba, Ver., 25 junio 08 (CIMAC).- Organizaciones civiles y estudiantiles de Veracruz realizarán el próximo viernes una marcha en Córdova, Veracruz, para exigir que se ponga fin a los casos de feminicidio en la entidad y termine la inseguridad, mientras diputadas locales demandaron no queden impunes los asesinatos de mujeres indígenas.
El Procurador de Justicia del Estado, Emeterio López Márquez, y el Secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, fueron removidos de sus cargos, pero a escasas horas de que se anunció su remoción, el cadáver de una mujer fue encontrado en el municipio de Soledad de Doblado.
Este miércoles, durante la sesión del Congreso del estado donde fue designado Salvador Mikel Rivera como Procurador de Justicia de Veracruz, el tema de la violencia en contra de mujeres nuevamente fue tema de polémica entre diputadas y diputados.
La diputada perredista Margarita Guillaumin, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, catalogó como un acto de discriminación la designación, por parte del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, de un Fiscal Especial para el caso del secuestro y homicidio de Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo de Xalapa Hipólito Reyes Larios e hija de un empresario, mientras que prácticamente permanecen en la impunidad las muerte de decenas de mujeres indígenas de Veracruz.
Por su parte, la diputada indígena Bernardina Tequiliquihua Ajactle señaló la lentitud del Ministerio Público para resolver el asesinato de dos mujeres ancianas originarias de la sierra de Zongolica, cuyos casos para la comunidad indígena se encuentran impunes, “mientras el culpable este libre, hay pánico entre las mujeres que temen salir de sus casas y ser asesinadas”, expresó la legisladora.
La diputada indígena se refería al caso de Susana Xocua, originaria del municipio de Zongolica, quien de acuerdo con sus familiares fue encontrada muerta luego de varias horas de permanecer desaparecida. Su cuerpo mostraba rastros de violencia y ultraje sexual, sin embargo las autoridades judiciales de Zongolica, sin la práctica de una necropsia dictaminaron una muerte por causas naturales.
El otro caso referido por la legisladora es el de Anastacia Coyohua, de la comunidad de Atlanca del municipio de los Reyes, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a escasos metros de su vivienda. Según las autoridades ministeriales, murió a causa de un derrame cerebral, sin embargo también hubo rastros de violencia física y sexual.
Y el último asesinato, ocurrido poco después de la destitución de los funcionarios judiciales, fue el de Avelina Palacios Osorio, de 32 años, cuyo cuerpo apuñalado fue descubierto en un camino vecinal. Las autoridades intentaron ocultar el hecho, a pesar de que la familia de la víctima exigió públicamente el esclarecimiento del homicidio.
La muerte de Avelina se suma a la larga lista de muertes violentas de mujeres ocurridas durante el presente año en el estado de Veracruz que, según datos proporcionados por la presidenta del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Martha Mendoza Parissi, suman más de 300 en este 2008.
LA MARCHA
La impunidad en los casos de muerte de mujeres indígenas motivó a organizaciones civiles a participar en la marcha programada para el próximo viernes. Una de las participantes será “Noche y Viento”, presidida por Alejandro Morales Ruiz, quien anunció que exigirán justicia por la muerte de Susana Xocua, un caso que ha despertado muchas dudas sobre la aplicación de la ley.
También acudirá a la marcha la Fundación Metlac-Centro, cuyo presidente es Oscar Gabriel Hernández López, y que se solidarizarán con el rector de la Universidad del Golfo de México, padre de Karina Reyes, secuestrada y asesinada en la región de Orizaba.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Placido Domingo en Chichén Itzá: mentiras y contradicciones
Lorena Aguilar Aguilar-Para Kaos en la Red
El pasado 18 de junio se llevó a cabo la presentación oficial ante los medios de comunicación del recital que pretende ofrecer, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el tenor Placido Domingo el día 4 de octubre de 2008. La presentación se realizó en el Centro de Convenciones Siglo XXI de la ciudad de Mérida.
Son varios los detalles que llaman la atención respecto al evento. Primero está el derroche de recursos económicos, al que ya nos tiene acostumbrados la gobernadora Ivonne Ortega en su obsesión por figurar mediaticamente, ya que hasta se trajeron un par de mediocres actores de Televisa para que fungieran como maestros de ceremonia.
Sin embargo, lo interesante es que la presentación del evento que llevará el nombre de “Concierto de las Mil Columnas” – en alusión al templo del mismo nombre- se efectúo sin contar aun con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de acuerdo con la propia gobernadora, la presentación ante los medios era necesaria debido a que era uno de los acuerdos a los que se llegaron en el contrato con el tenor madrileño.
Entre las objeciones quepuso en INAH, a travésdel Consejo de Arqueología, es que la Gran Nivelación – conjunto arquitectónico conformado por el Castillo de Kukulkán, las plataformas de Venus, las águilas y los jaguares, el Templo de los Guerreros y el Tzompantli -podría resultar con daños irreversibles si se efectuara algún acto masivo ahí mismo. También argumentaron los conflictos que un evento de esa naturaleza traería con la familia Barbachano, dueños de los terrenos sobre los que está asentada la zona arqueológica, y quienes ya reclaman un porcentaje de las ganancias que genera el ingreso de turistas a la zona.
A las autoridades yucatecas poco les ha importado si Chichén Itzá puede o no ser sede de un evento como el que pretende llevarse a cabo el 4 de octubre a los pies del Castillo de Kukulkán, ha ignorado la preocupación del INAH respecto al daño que presumiblemente sufriría la zona – el propio Instituto ha restringido el acceso de los visitantes a ciertas estructuras, entre ellas el Castillo, argumentando el deterioro de estas – ya que por encima de cualquier razonamiento están los intereses económicos de las autoridades, los cuales se disfrazan de preocupación por “preservar, conservar y dar a conocer el patrimonio de los yucatecos”. Pero por lo que hasta el momento se puede ver, la preservación es lo que menos importa, lo que realmente se esta buscando es la obtención de grandes recursos económicos, a beneficio de unos cuantos empresarios, a costa del daño que se esta causando a las zonas arqueológicas, daño que en muchos casos es irreversible.
La hipocresía del discurso
La gobernadora nos ha hablado acerca de la proyección que debe darse a la cultura maya, de la cual no para de mencionar que es patrimonio de todos, que es necesario fomentar lo que denomina “Turismo Cultural”, con el objetivo de darle proyección internacional a Yucatán, sin embargo, lo único que se puede percibir, como se ha mencionado, son los intereses económicos que hay detrás de toda la parafernalia de eventos como el recital de Placido Domingo.
Justifica el despilfarro de recursos económicos del estado con discursos vacíos, hablando de la “grandeza que tuvo la cultura maya en el pasado”, pero ignora a los mayas que hoy por hoy luchan por sobrevivir a los embates que el capitalismo esta dando en el estado. Es contradictoria la manera en que se expresa de la Cultura Maya, como un objeto de compra – venta que sólo genera beneficios económicos, tratándola como un elemento muerto.
Es absurdo hablar de la “preservación y difusión” de la cultura cuando en los hechos se persigue y hostiga a la población maya, como es el caso de los artesanos que laboran dentro de Chichén Itzá, los cuales viven amenazados con el desalojo bajo el argumento de que su presencia dentro de la zona daña la imagen que se le presenta al turista.
También es absurdo que se nos hable de las grandezas de la cultura maya siempre en tiempo pasado. Hoy por hoy, los mayas son una cultura viva, que lucha por preservarse así misma, que lucha por sobrevivir a la globalización y al capitalismo voraz que se empeña en exhibirlos como piezas de museo pero pisoteando su dignidad.
Los artesanos y comerciantes de Chichén Itzá tienen plena conciencia de que ellos son el patrimonio vivo de la cultura que las autoridades desean “promover”, por lo que resulta paradójico que se hable de difusión cultural y al mismo tiempo se persiga a los miembros de esa cultura.
También resulta falso el argumento de las autoridades sobre el interés de preservar lo que ellos consideran patrimonio organizando eventos que podrían traer como consecuencia el daño irreversible de las estructuras de la zona arqueológica.
Por último, me parece ridículo y risible que digan que un evento de más de 20 mil personas, donde se instalaran equipos de sonido, iluminación, cámaras de video, etc, etc, no causará ningún perjuicio a la zona y en especial a la Gran Nivelación pero, 500 artesanos que no se ubican en zonas cercanas a las estructuras, si no que se instalan a las orillas de los caminos que unen un área de la otra dentro de la zona causan un daño tan grande que es necesario su desalojo.
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La guerra que jamas se imagino el capitalismo
Manuel Freytas
Lo que parece, en primer término, una expresión surrealista y demente (que el capitalismo combata al hambre que genera), es lo que se han propuesto las naciones centrales más desarrolladas, que a través de sus instituciones y organizaciones advierten sobre las implicancias y el peligro que entraña lo que llaman "crisis alimentaría mundial" y cuyos efectos ya se proyectan por medio de estallidos sociales y revueltas de los pobres por todo el planeta.
En su dinámica histórica concentradora de riqueza en pocas manos (y como producto de la propiedad privada explotada sin planificación) el capitalismo ha depredado los ríos, la fauna y los bosques, produciendo las condiciones para un "Apocalipsis natural" de la mano del calentamiento global y de la extinción de los recursos naturales esenciales.
En un segundo frente, las guerras intercapitalistas por la conquista de mercados y el negocio con el armamentismo han creado las condiciones para un "Apocalipsis nuclear" de la mano de los arsenales atómicos que las potencias centrales acumulan como "efecto disuasivo" contra sus rivales, y cuya utilización efectiva nadie puede prever en el futuro.
Y hay un tercer frente que se suma: La plaga del hambre que ya se extiende como una epidemia por las áreas empobrecidas del planeta generando las condiciones para un "Apocalipsis social".
No hace falta mucha imaginación (el fenómeno ya se verifica en la realidad) para mensurar el factor apocalíptico masivo que representaría para el sistema el avance de ejércitos de hambrientos buscando comida para supervivir en las grandes urbes, enfrentando con la violencia a la represión militar o policial.
¿Que puede detener a un hambriento? Se trata del instinto de conservación, el primer sistema de señales que guía la conducta de un ser humano o de un animal en situaciones extremas de lucha por la supervivencia.
¿Acaso se utilizarían tanques, aviones y arsenales nucleares para detener a los miles de millones de pobres atacados de "hambre celular" que se abalanzarían masivamente sobre las ciudades para conseguir alimentos por los medios que fuesen?
¿Con qué discurso los políticos del sistema podrían contener a los atacados de incontinencia alimentaria y reencauzarlos por la senda de la "civilización" y de la "gobernabilidad democrática" capitalista?
¿Cuanta propiedad privada concentraría un "empresario" capitalista antes de que las multitudes de hambrientos saqueen su casa y destruyan todo lo que encuentran a su paso, incluso su vida y la de su familia?
¿Cuantas balas o misiles alcanzarían a disparar las tropas militares antes de ser destrozadas por las multitudes enfurecidas por el hambre y la reacción instintiva de la búsqueda de supervivencia a cualquier costo?
No se trata de una revolución racional y planificada por la toma del poder político, se trata de la "barbarie" en su escala primitiva, una regresión al hombre prehistórico, sin ningún molde de "civilización" o de "convención social" que lo contenga en su búsqueda de alimentos para supervivir en la inmediatez.
A excepción de los marginados masivos de la sociedad de consumo capitalista, que no alcanzan a cubrir los niveles esenciales de supervivencia, el resto de la sociedad mundial (tanto en el mundo dependiente como en el mundo de las potencias capitalistas dominantes) está programada a partir de una estructura piramidal de individuos-masa nivelados por la ideología del consumo capitalista.
La manipulación psicológica con el consumismo (para vender productos capitalistas) desarraigó al individuo-masa de los valores de su propia cultura, historia y tradiciones de origen, y lo convirtió en un alienado universalizado y sin conciencia.
Curiosamente, el sistema que niveló a la humanidad en la ideología del consumo como "pensamiento único", hoy retacea a las mayorías planetarias la materia prima del consumo: Los alimentos esenciales para la supervivencia.
La onU, el Banco Mundial, la mayoría de los expertos y últimamente el G-8, vienen advirtiendo sobre el peligro de estallidos sociales a escala global que podrían generarse por el impacto de los precios del petróleo sobre el costo de los alimentos en los países más pobres de Asia, África y América Latina.
El FMI acaba de advertir que la crisis mundial es mayor de lo que se preveía, y que va a condenar al hambre y la desesperación a las masas más empobrecidas del mundo dependiente, en Asia, África y América Latina.
"Miles, cientos de miles de personas padecerán hambre. Los niños sufrirán de malnutrición, con consecuencias por el resto de sus vidas", señaló el director del FMI, advirtiendo que la crisis social causada por la inflación en los precios de los alimentos ya esta desencadenando conflictos sociales a nivel mundial.
La "emergencia alimentaria" producida por la escalada de los precios del petróleo, con su inmediato emergente de conflictos y estallidos sociales que ya empiezan a extenderse por los países periféricos, determinó, a su vez, una operación "salvataje de los pobres" que el Banco Mundial, el FMI y el G-7 quieren profundizar, no para reparar las injusticias cometidas por la concentración de riqueza en pocas manos, sino para salvar al sistema de la escalada de conflictos sociales y gremiales que pueden terminar de un plumazo con el actual modelo globalizado de depredación capitalista.
Aceleradamente, los responsables y estrategas institucionales del sistema comienzan a tomar conciencia de que la "crisis alimentaria" no tiene otra barrera de contención posible que la de suministrar alimentos a los hambrientos antes de que les estalle el planeta en las manos.
Este lunes, el director del Departamento de Agricultura de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), José María Sunsi, afirmó hoy que es necesario incorporar en el mercado mundial de alimentos "mecanismos de información y prevención" para poder anticipar las crisis alimentarias y evitar que lleguen a "extremos tan graves" como la actual, provocada por la subida sin precedentes del precio de los alimentos.
Por su parte, la onU y otras organizaciones internacionales llegaron a un acuerdo para crear una "unidad de crisis" destinada a responder al desafío de la actual plaga alimentaria mundial, anunció el martes en Berna el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Ban realizó el anuncio tras una reunión en Berna con los dirigentes de las 27 agencias y organizaciones de Naciones Unidas para trazar un plan "de emergencia" para hacer frente a la crisis provocada por la subida de los precios de los productos alimentarios.
Ban
Ki-moon., un apéndice de Washington en la onU, señaló en una conferencia de prensa que la prioridad inmediata debe ser "alimentar a los hambrientos" e hizo un llamamiento a los países a contribuir, "urgente y plenamente", con fondos para el Programa Alimentario Mundial (PAM).
Las potencias ya hablan
de un "Nuevo Trato (New Deal) para una Política Mundial de Alimentos", acordado en el Comité de Desarrollo, el panel que fija las políticas del Banco Mundial y que se reunió en Washington como parte de las asambleas de gobernadores que realizó la institución este fin de semana conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional.
El presidente del BM, Robert Zoellick, señaló al término de las asambleas que los gobiernos deben intervenir de forma "urgente" para evitar que la crisis alimentaria hunda aún más en la pobreza a 100 millones de personas, y pidió a países donantes cumplir pronto sus compromisos de completar un faltante de US$ 500 millones en las Naciones Unidas destinado a amortiguar el hambre en el mundo.
En la dinámica de concentración de riqueza del capitalismo en la era transnacional, los US$ 500 millones ofrecidos para paliar el hambre en el mundo resultan una cifra magra y absurda que no alcanzan ni siquiera para subsanar el hambre en un solo país.
Para dar una dimensión numérica de la depredación capitalista a escala planetaria baste citar que -según el Wall Street Journal- los activos financieros globales (el dinero especulativo sin fronteras), suman alrededor de US$ 59,4 billones (millones de millones).
Esta masa de dinero (producto de la depredación capitalista a escala global) equivale a casi 25 veces el presupuesto anual de EEUU (US$2,4 billones), o algo más asombroso aún: Esa suma equivale a casi el total del PBI mundial (US$ 65 billones).
Con solo el 5% de la suma compuesta por los "activos finacieros globales" (unos US$ 3 billones) se podría alimentar y cubrir las necesidades de salud de toda población mundial hoy marginal y carenciada.
Baste mencionar que la totalidad del gasto armamentista en el mundo asciende a US$ 1,2 billón, y que En Wall Street (el templo del dinero especulativo mundial) se cotizan acciones por US$ 22 billones.
En este escenario, los US$ 500 millones mencionados por la onU y el Banco Mundial como esenciales para "combatir el hambre" carece de toda lógica matemática y realista.
La suma mencionada como esencial para dar la "guerra contra el hambre" equivale a menos de 10% de la fortuna personal de Warren Buffett, el especulador más emblemático de Wall Street, y resulta menos que un mendrugo comparada con las fortuna de los diez "hombres más ricos".
La prensa internacional (parte integrante del sistema) pone en esta dinámica de "salvataje de los pobres" al FMI, al Banco Mundial, al G-7 y el G-8, como si fueran instituciones del "bien común" y sin fines de lucro, luchando para terminar con la injusticia y el hambre en el mundo.
Antes que nada, el Banco Mundial, el FMI, el G-7 y el G-8 son las máximas entidades representativas del capital trasnacional que depreda el mundo con las trasnacionales y con el sistema de especulación financiera con sede central en Wall Street.
Antes de la crisis financiera con las subprime en EEUU, y con el triunfo del Dow Jones en Wall Street, reinaba la fiesta del sistema capitalista sionista trasnacionalizado y nivelado planetariamente como dinámica de concentración de riquezas en pocas manos, que condujo a la mitad de la población del planeta a sobrevivir en la extrema pobreza y en la marginalidad social.
La concentración del capital mundial en mega-grupos o mega-compañías trasnacionalizadas, fue el aspecto más definitorio de la llamada "globalización económica".
Finalmente, el explosivo cóctel petróleo-alimentos-crisis financiera que ya tomó dimensiones globales determinó que las potencias más ricas, con EEUU y Europa a la cabeza, se dedicaran -hasta ahora sin éxito- al "salvataje&" de sus bancos y mercados financieros.
El encarecimiento del petróleo y de los carburantes y su impacto inmediato sobre los alimentos de consumo básico, el aumento de la población empobrecida, el cambio climático y las sequías en África y las inundaciones en Asia, entre otros factores, se retroalimentan en incuban focos de estallido social en gran escala que todavía nadie sabe como prever y controlar.
Ya en marzo de 2007 Fidel Castro, había alertado en un artículo, publicado en el diario cubano Granma, que si se aplicaba la producción masiva del biocombustible etanol a los países del Tercer Mundo, estos verían cuántas personas dejarían de consumir maíz entre las masas hambrientas del planeta. "O algo peor (...) no quedará un árbol para defender la humanidad del cambio climático".
Ahora,
la alarma ya ha cundido hasta en los más altos estamentos del poder capitalista que observan como los procesos de rebelión pueden entrar nuevamente en ebullición a causa de la escasez y suba de los alimentos esenciales.
Paradojalmente, y como producto de sus propias contradicciones, el sistema capitalista, hoy se encuentra amenazado por la propia plaga masiva que generó: El hambre mundial.
Y sus estrategas económicos, formados en las guerras por conquista de mercados, en un repliegue táctico, intentan el diseño operativo de la única batalla que no pueden ganar.
Matemáticamente, el hambre y los hambrientos, son mayoría en el planeta, y la "crisis alimentaria" mundial los multiplica como a los panes de Jesús que solo llegan a las mesas de los privilegiados de la pirámide capitalista.
En esa ecuación se resume el peligro potencial del "apocalispsis social" que la instituciones y autoridades del sistema advierten ante la indiferencia de los especuladores financieros y concentradores de riqueza capitalista empresarial que siguen depredando el planeta como si nada pasara.
Se trata en definitiva, de una dinámica irracional de autodestrucción que solo conduce a lo que viene: La guerra por la supervivencia alimentaria que solo podría ser detenida con una distribución equitativa de los alimentos y una reprogramación del sistema productivo a escala mundial orientado hacia las mayorías.
En resumen, y como el capitalismo no puede renunciar a sus leyes históricas (concentración de riqueza en pocas manos) la "guerra contra la pobreza" es un mito que solo intenta retrasar el reloj de la historia, o sea el "Apocalipsis", que tanto en su variante "social" como "natural" o "nuclear", parecen ver cada vez mas cerca los representantes más lúcidos del sistema.
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Comisión de mediación
La Jornada
Carlos Montemayor/ II y última
Decíamos en el artículo de ayer que la comisión mediadora entregó a los representantes del gobierno federal el pasado 13 de junio un segundo documento con el análisis del delito de la desaparición forzada de persona como crimen de lesa humanidad en el contexto de la legislación internacional. La Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril de 2001 y depositada en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el 4 de septiembre de 2002, tipifica así ese grave delito:
“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Este delito es considerado de extrema gravedad por el cúmulo de derechos que vulnera y agrede. Es perpetrado por agentes del Estado o por individuos que tienen la aquiescencia de éste. La víctima es detenida sin que se cumplan las formalidades legales: no existe orden de autoridad competente, no se especifica de qué se le acusa, no se menciona quién lo acusa, ni los elementos inculpatorios que existen en su contra. Después de la detención, la víctima es puesta en situación de indefensión total, pues es conducida a un sitio que no es de reclusión oficial. Quienes están obligados a informar a la sociedad acerca de la detención la niegan de forma sistemática. No existen rastros visibles de la víctima. Las autoridades niegan a los familiares, amigos y copartidarios de las víctimas, así como a los defensores de los derechos humanos, recursos legales efectivos para obtener su presentación.
La desaparición forzada de persona produce además una violación múltiple de los derechos humanos: el del debido proceso, el de libertad de locomoción y tránsito, el de respeto a la integridad física, el de visita familiar, el de asistencia jurídica y el de reclusión en un centro donde se respete su dignidad. Se ofende a toda la especie humana porque se transgreden las normas legales que regulan la vida en colectividad. En una sociedad que se precie de vivir bajo un estado de derecho, es inadmisible que se practique la desaparición de personas, que anula la posibilidad de una genuina vida democrática.
En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los integrantes de la comisión mediadora consideramos que se reúnen algunos de los requisitos legales necesarios para tipificar la desaparición forzada de persona:
a) Fueron detenidos por agentes policiacos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
b) Desde que tuvieron conocimiento de su detención, sus familiares los buscaron en la Cruz Roja, en otros hospitales, en cárceles y otros centros de reclusión oficiales e incluso en el servicio médico forense, sin encontrarlos.
c) Las autoridades, tanto policiales como civiles, federales y locales, negaron en todo momento tenerlos en su poder. La tónica que han seguido es la de negar la detención y posterior desaparición en un sitio clandestino.
d) No obstante que jueces federales ordenaron su presentación con vida, tal mandato resultó infructuoso.
Ahora bien, el Ministerio Público en México se niega a abrir averiguaciones previas por desaparición forzada de persona argumentando que ello equivaldría a la calificación anticipada de un juicio. Es decir, las autoridades mexicanas sólo pueden aceptar la desaparición forzada de persona como resultado conclusivo de un juicio y no como hipótesis de una averiguación previa. Tanto la resistencia ministerial como el aparente argumento legal son insostenibles o, si se prefiere, al menos cuestionables. Si así procedieran en todos los casos las autoridades mexicanas responsables de la procuración e impartición de justicia, no habría posibilidad alguna de iniciar procesos legales en México.
Toda queja, acción legal o demanda que produzca una averiguación previa en el Ministerio Público o a la que se dé entrada en un juzgado constituye siempre una hipótesis legal y no se le impugna como un resultado anticipado de la conclusión de un juicio. El término que se aplica en técnica jurídica es por ello el de presunción. Todos los indiciados son en verdad hipotéticos o presuntos delincuentes. Un asesino, un defraudador o un narcotraficante sometidos a proceso judicial son presuntos culpables de los delitos de homicidio, fraude o crimen organizado. El Ministerio Público puede iniciar una averiguación previa por esos ilícitos ante la hipótesis de un asesinato o de un fraude; esa presunción o hipótesis debe ser verificada (positiva o negativamente: esto es, verificada si es cierta; falsificada, si es falsa, según la vieja lógica científica) a través de un juicio. La sentencia del juez debe confirmar o desechar la hipótesis o presunción original. En ningún caso, pues, la hipótesis inicial o presunción jurídica de la averiguación previa se confunde con una versión anticipada de la sentencia del juez.
¿Por qué se argumenta, en cambio, que en el caso de la presunción de desaparición forzada de persona no se trataría de una hipótesis legal o presunción jurídica, sino de una anticipación o usurpación de sentencia? Creo que la resistencia a aceptar la presunción de desaparición forzada de persona deriva no de razones jurídicas, sino políticas. Aceptar la presunción jurídica de la desaparición forzada de persona en la procuración e impartición de justicia y en la legislación mexicana es ahora fundamentalmente un asunto, por ello, de decisión política, insisto. Aceptar esto en el caso de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez y en otros del pasado reciente (y por desgracia, también del posible futuro), significaría un avance legal, político y democrático de gran relevancia en México.
Con este propósito la comisión de mediación entregó a los representantes del gobierno federal el segundo documento que explica la desaparición forzada de persona en la legislación internacional y un tercero en que se concreta la petición aquí explicada y en el que se enumeran otras precisiones necesarias a propósito de hechos policiales vinculados con la desaparición de los dos eperristas. Para llevar adelante nuestra tarea de mediación, expusimos a los representantes del gobierno federal la necesidad de aclarar y precisar ciertos aspectos en los siguientes temas:
1. Debe tomarse en cuenta que los delitos de lesa humanidad son ya materia de la jurisdicción de instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos también se encuentran tipificados en la legislación mexicana, tanto en ordenamientos del fuero común como del federal. No obstante, en estos delitos las procuradurías y los tribunales son reticentes a aplicar tanto la normatividad nacional como la internacional. Ante esta reiterada negativa del Ministerio Público Federal a abrir averiguaciones previas por desaparición forzada de personas y otros delitos de lesa humanidad, particularmente en los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pero también en otros del pasado reciente, creemos indispensable que el Estado mexicano garantice la atención debida a las denuncias de estos graves delitos.
2. En relación con la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, consideramos necesario destacar que a mediados del mes de octubre de 2007 se presentó con los familiares del segundo una persona que dijo llamarse Alejandro Punaro y representar al Presidente de la República. Conminó a la señora Eulalia Amaya Pérez, fuera de su domicilio, a que demandara al Ejército Popular Revolucionario “por difamar a su hijo”.
3. El mismo Alejandro Punaro, en fechas anteriores, se había presentado con miembros de diferentes organizaciones ostentándose también como representante del Ejército Mexicano y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Con este carácter ejerció presiones y detenciones injustificadas que amenazaron la seguridad de las personas que consideraba vinculadas de alguna manera con el EPR. Consideramos indispensable que se aclare la identidad y la responsabilidad institucional de esta persona, así como su vínculo real con la Presidencia de la República, el Ejército Mexicano o el Cisen.
4. El general Tomás Ángeles Dahaujare, en su calidad de subsecretario de la Defensa Nacional, durante las mismas fechas realizó entrevistas con personas y diversos organismos de la sociedad civil, a fin de encontrar canales de comunicación directa con cuadros del EPR. Consideramos necesario que el gobierno federal aclare la relación de estas acciones con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
5. En suma, creemos de gran utilidad que se establezcan con precisión las informaciones que el Ejército Mexicano pueda aportar a la solución de este caso, habida cuenta que la policía militar fue la corporación que intervino, según lo difundieron de manera amplia los medios de comunicación, en la detención de los policías y peritos de la policía ministerial del estado de Oaxaca el pasado 26 de abril en la capital de ese estado.
En los días inmediatamente posteriores a la reunión del 13 de junio, la comisión de mediación recibió, de manera discreta aunque plenamente confiable, información proveniente del Ejército Mexicano sobre algunos de los puntos planteados en este último documento. Ello nos persuade a pensar que es posible seguir avanzando en el proceso de la mediación y en el esclarecimiento del caso que ahora constituye el tema nodal y actual de este proceso.
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