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Todos a las calles..
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Con Calderón se agrava deterioro laboral
Contralinea
El 1 de mayo de 1886, los obreros de Chicago iniciaron una huelga donde la demanda central era la jornada laboral de ocho horas. Ciento veintiún años después, la consigna sigue vigente entre jornaleros, campesinos, maquiladores y obreros mexicanos. Uno de los mártires de esa ciudad estadunidense –Hessois Auguste Spies–, antes de ser ahorcado, lanzó una advertencia: “La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”.
Hace más de cinco lustros, entre gobiernos priistas y panistas, las condiciones laborales, económicas y materiales de los trabajadores mexicanos iniciaron un acelerado deterioro. En las vísperas de las polémicas elecciones federales de 2006, subsistía en la población un consenso: la necesidad de iniciar una redistribución de la riqueza a través de más y mejores empleos que paliaran las desigualdades económicas y sociales. Atendiendo más a los consejos de la mercadotecnia que a las convicciones, un candidato se autonombró el “presidente del empleo”.
Sesenta y ocho días después de emitidos los sufragios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó el triunfo a ese aspirante.
Luego de 17 meses de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, la situación de los trabajadores mexicanos no se ha revertido. Por el contrario, se agudiza la tendencia degenerativa –iniciada desde el priismo– de la estructura social, jurídica y material, herencia de la Revolución Mexicana, que arropó a los generadores de la riqueza: los trabajadores de la ciudad y el campo.
En el México de hoy, más de 90 millones de niños, adolescentes, adultos, ancianos y mujeres laboran por cuenta propia y 3 millones más trabajan sin recibir remuneración alguna, según datos de la UNAM. Además, cada año alrededor de 550 mil personas se ven obligadas a abandonar el país en busca de empleo. Huyen de la miseria campesinos, madres solteras, artesanos, pero también profesionistas en los que el Estado mexicano invirtió más de 15 años de educación.
Según el Informe panorama laboral 2007. América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia, y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación urbana se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Apenas 16 millones de personas cuentan con salario y prestaciones que marca la ley.
El salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo tan sólo en el año y cinco meses de la nueva administración. El deterioro acumulado desde 1982 rebasa el 82 por ciento, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
El 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal, revela un estudio del investigador Alfonso Bouzas. Así las empresas garantizan la “paz laboral” a cambio de la violación de los derechos de la clase obrera y la explotación de los trabajadores.
Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, son los factores en común que detonan los conflictos obrero-sindicales en México. Desde el inicio del calderonismo, se han emitido más de 9 mil emplazamientos a huelga. De ellos, han estallado más de 50.
Además, la propuesta de reforma laboral que se negocia a espaldas de la sociedad busca legalizar la conculcación de los derechos de los trabajadores.
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El auge de la industria de servicios militares privada
Oukupache
Nicole Schuster
¿Que factor más rentable, en una economía capitalista, que el de los servicios militares privados pagados por los Estados belicistascuando las guerras que éstos libran no tienen tregua?
Desde el inicio de los años 1990, hemos asistido a una verdadera fragmentación política del tablero internacional. Guerras civiles, étnicas y/o religiosas, de las cuales muchas se libran en países donde fuentes importantes de hidrocarburos y de agua dulce se encuentran, son provocadas por gobiernos de países industriales occidentales que buscan así desestabilizar regiones a fin de reinar mejor y así poder repartirse los recursos de esas zonas.
Es en este contexto que las sociedades militares y de seguridad privadas hacen fortuna y que “su intervención transforma el envite político de la paz civil en un envite comercial abierto a la competencial”([1]). Sin embargo, su aparición en la historia no es reciente. En realidad, son tan viejas como la guerra misma. Ya en Sumer, en el antiguo Egipto, en Roma y a lo largo de la época medieval, las encontramos respondiendo a la llamada que les hacían los señores de la guerra. Favorecidos por la ausencia de un Estado monopolizador de la represión, que solamente apareció en la época moderna, la privatización de la violencia y el recurso a los mercenarios crecían a medida que la economía se mercantilizaba. Es conocido que, a lo largo de su historia, el comercio ha constantemente llevado consigo una ola de guerras, y no de pacifismo como los partidarios de la liberalización del comercio siempre han querido hacer creer. Por lo tanto, el fenómeno de mercenariado en la guerra no era limitado a los conflictos terrestres. Se empleaba igualmente a defender el comercio marítimo en el nombre de las autoridades centrales, regionales y de las ciudades-Estado, como ocurrió en Italia a partir del siglo X. Los mercenarios eran verdaderos mercantes de la guerra que empleaban los mismos términos de contratación que los negociantes. En la época del Renacimiento encontramos en Italia a los Condotieris, los franco-ballesteros, cuyas competencias emulaban a las de los famosos mercenarios suizos. Todos ellos eran tildados peyorativamente de "asalariados" y "sobornados", por el pago que recibían, y enfrentaban el rechazo de sus contemporáneos que los consideraban como villanos fáciles de corromper.
Maquiavelo es representativo de esta posición crítica cuando estipulaba que los mercenarios son interesados, traidores y destructores de todo proyecto nacional([2]). Maquiavelo no exageraba si se considera, a parte de las justas razones que enunciaba, que los condotieris se vendían al mejor postor. No dudaban en abandonar en medio de un conflicto un partido para aliarse con el adversario si la oferta financiera se revelaba más apetitosa. Demostrativa es la frase del político florentino en su libro El Príncipe, según la cual "los capitanes mercenarios son de vez en cuando excelentes hombre de guerra, de vez en cuando no; si lo son, tu no puedes confiar en ellos; porque tratarán de crecer ellos al arruinarte a ti, quien eres su maestro…".
Sin embargo, el riesgo de que se pasen al partido opuesto se reducía con un incremento de la soldada y se encontraba casi eclipsado por la excelente preparación técnica de los mercenarios, la cual superaba de lejos las aptitudes mediocres de las “gentes de pie” igualmente reclutadas por los reyes y príncipes para hacer la guerra.
En el siglo XXI, el estatuto y las altas competencias técnicas en materia de guerra de los mercenarios, denominadas hoy impropiamente “guardias de seguridad”, no ha variado mucho. Pero desde la guerra de Vietnam, la importancia de las sociedades militares privadas ha ido en aumento, cuando la caída del muro de Berlín conducía a pensar en un eventual declive de las guerras a nivel mundial. Al contrario, con la aptitud servil ante la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de la mayor parte de los gobiernos occidentales, flanqueados en ello por muchos de los países en vía de desarrollo, asistimos a una reorganización del orden geoestratégico fomentada por la disminución de los hidrocarburos a nivel internacional y que Estados Unidos lidera. De esas maniobras políticas resultan un redoblamiento de los conflictos y, paralelamente, una fuerte tendencia a la externalización de las funciones de seguridad y defensa de los gobiernos, las cuales dependían anteriormente directamente del cuerpo armado de cada país ([3]). Con la aplicación del modelo neoliberal, en virtud del cual las prácticas predatorias están al orden del día, y particularmente con la reducción de los presupuestos otorgados a las fuerzas armadas([4]), esta tendencia a la privatización de los servicios militares de parte de los gobiernos estadounidense, inglés, francés, de África del Sur y, por supuesto, israelí, se ha reforzado([5]).
Anteriormente denominadas “Sociedades militares privadas” (SMP) y “Sociedades de seguridad privadas” (SSP), estas dos categorías, debido a la imbricación muy estrecha de sus funciones, se fusionaron bajo el nombre de “Sociedades Militares y de Seguridad Privada” (SMSP).
¿Pero quién está detrás de la creación de cada una de esas sociedades? Por su gran mayoría, son sociedades fundadas por ex militares y/o antiguos agentes que han sido ligados o siguen ligados al departamento de defensa y seguridad de los Gobiernos. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a la Halliburton Corporation , que en los años sesenta adquirió a Brown & Root (KBR). Halliburton es una sociedad que presuntamente provee a las armadas estadounidenses con material militar logístico y operaba ya en los años sesenta, bajo el mandato del Presidente Johnson, en Vietnam. El actual vicepresidente Dick Cheney fue presidente de ella entre 1995 y 1999 y Halliburton se encontró desde entonces catapultada en varios teatros de guerra como en los Balcanes y ahora en Irak. Se sospecha que sus actividades cubren mucho más que una dimensión “logística”.
Otro ejemplo es el de Franck Carlucci, ex nº2 de la CIA bajo Jimmy Carter, adjunto al Secretario de Defensa Caspar Weinberger y luego Secretario de Defensa bajo Reagan. Carlucci era presidente de la junta directiva de BDM International cuando ésta adquirió a Vinnell. BDM y Vinnell son empresas militares privadas activas en Arabia Saudita, donde forman a la Guarda Nacional saudita, aunque se les acusa de servir de fachada para cubrir las intervenciones de la CIA en este país. Ambas empresas fueron integradas al Grupo Carlyle, del cual Carlucci sigue siendo Presidente. El Grupo Carlyle alberga a una plétora de ex funcionarios de la Casa Blanca , como el padre del actual presidente George Bush, el ex secretario de Estado James Baker, así como al magnate financiero Soros([6]), cuyo espectro siempre aparecía en las revoluciones coloridas que han tenido lugar en las ex repúblicas soviéticas, y que hoy maniobra también en Asia. De lo anterior resulta fácil deducir el carácter triangular de las relaciones que existen entre Carlucci, BDM-Vinnell del grupo Carlyle, y la Casa Blanca ([7]).
En cuanto a la famosa Sociedad Militar Privada estadounidense Blackwater, fue fundada en 1977 por un ex marina, Eric Prince, miembro de una rica familia de cristianos ultraconservadores de Michigan([8]).
Inglaterra también suele recurrir de manera sistemática a Empresas Militares Privadas, como: Aegis; Armor Group, la cual fue creada entre otros por el ex Secretario de Defensa y el US Defense Systems Inc.; Executive Outcomes, que reagrupa a fundadores originarios de Inglaterra y de la República de África del Sur; Erynis International Ltd.; Kroll Internacional Security Ltd.; Watchguard, fundada por David Sterling, ex comando de la aviación británica; así como la Empresa Militar Privada Defense Systeme Ltd, que protege al personal de embajadas de varios países en territorios árabes y africanos. Esas empresas son solamente algunas entre varias que prestan sus servicios al Gobierno británico.
Francia tiene una historia oscura en cuanto a Empresas Militares Privadas. Es conocido que el gobierno galo ha frecuentemente contratado los servicios del ahora difunto mercenario Bob Denard, un personaje turbio e implicado en las maniobras ocultas de la alta política francesa. Denard fue, entre otros, directamente involucrado en el asesinato de dos jefes de Estado en Comores y en el derrocamiento de otros([9]), lo que hizo que se empezará a reflexionar sobre una necesaria reglamentación de las funciones de esas sociedades de mercenarios. Actualmente, Francia recurre a Barril Securité, fundada por Paul Barril, de la gendarmería francesa y GEOS, dirigida por el Gen. Jean Heinrich, del Servicio de Inteligencia francés y Stéphane Girardin, de la Gendarmería francesa. DCI es una empresa de Defensa mixta con un 50% de participaciones que pertenecen al Estado francés y el otro 50% a empresas de armamento galas como, entre otras, Dassault([10]). De la misma manera, contrata los servicios de las empresas extranjeras Armor-DSL, la cual tiene sus centros de operación en Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, África del Sur, Rusia, Bahrein, y de la sociedad privada Earthwind Holding Corporation activa en Irak.
Es evidente que Israel no podía quedarse fuera de este negocio. Está representada en el sector de diamantes en Angola y Zaire a través de la empresa Lordan-LevDan, creada por el General Zeev Zakron, empresa que pertenece a la compañía del grupo Kardan Investment([11]).
Los gobiernos invocan varias ventajas al recurrir al servicio mercenario. Pretenden que los mercenarios son extremadamente bien preparados a nivel técnico, campo en el cual hasta sobrepasarían las aptitudes de los soldados tradicionales.
Pero además de la flexibilidad y rapidez en la capacidad de movilización de los cuerpos mercenarios, la externalización de esos servicios tiene grandes ventajas para los gobiernos. Permite eludir los canales institucionales tradicionales que, para todos los gobernantes, representan una traba. Por ejemplo, en Estados Unidos, si el costo de esos servicios es inferior a cincuenta millones de dólares, no se requiere ninguna aceptación por parte del Congreso. De ahí una tendencia fraudulenta por parte de los decidores a fragmentar este tipo de gastos.
En segundo lugar, el empleo de mercenarios es menos costoso que el de un militar de carrera. No existe para el Gobierno empleador la obligación de pagar un salario fijo, gastos de alojamiento, ni se necesita cotizar para su jubilación. Tampoco hay un deber de indemnización por parte del gobierno en caso de enfermedad o deceso del guardia de seguridad. A ello se añade el hecho que el mercenario hace las tareas sucias sin que el Gobierno que lo emplea esté implicado legal y éticamente, porque esos servicios se cumplen en el marco de la más absoluta discreción por parte del Gobierno empleador, de la Sociedad prestadora de servicios y del mercenario. Ello permite entonces a los gobiernos sustraerse de toda responsabilidad, que implicarían los crímenes cometidos por las empresas subcontratadas para los Estados empleadores, y que estos últimos sigan jugando el papel de moralistas a nivel mundial.
Todo lo antes señalado puede darse, dado que el marco legal relativo a la actividad de los mercenarios no está determinado todavía, lo cual alimenta prácticas dudosas y que van en contra de los derechos humanos. Ello se ha podido comprobar en el caso de las torturas infligidas en las cárceles de Abu Ghraib por el personal de la Sociedad privada de Defensa, CACI Internacional Incorporated, o de la matanza gratuita de civiles iraquíes en el mes de septiembre de este año perpetrada por el personal de la compañía Blackwater. Asimismo, durante la guerra de Bosnia en 1995, mercenarios de la compañía de servicios militares norte americana Dyncorp, favorita en los países de América Latina como Perú, Bolivia y Colombia para participar en operaciones dirigidas por Estados Unidos en esos países, fue acusada de emplear a mercenarios implicados en el tráfico de adolescentes y de secuestros. A pesar de las denuncias y pruebas fehacientes, la compañía fue favorecida en 1996 con un contrato de 600 millones de dólares por el Departamento de Estado norteamericano.
Sin embargo, la externalización de esas funciones, como lo mencionaba Maquiavelo, puede ser sumamente nociva para un país. Primero, para la moral de las Armadas que debe sentirse crecientemente inútil al ser desplazada de sus funciones anteriores por un número siempre mayor de mercenarios. Según el Departamento de Estado y el de Defensa de Estados Unidos, son actualmente 180.000 los civiles de todas las nacionalidades que trabajan bajo contrato privado contra 160.000 militares, lo que hace de esos “guardas de la seguridad” un contingente superior a los de Estados Unidos y de Gran Bretaña([12]). Además, puede resultar muy peligroso que la violencia esté privatizada y que el aparato de guerra no sea más el monopolio del Estado sino de empresas privadas proclives a actuar en función a sus intereses financieros que excluyen toda forma de nacionalismo. Podríamos asistir a un incremento de los conflictos exacerbados por empresas privadas, tal como ocurre en el caso de las empresas transnacionales petroleras, que recurren igualmente al empleo de los servicios de las sociedades militares privadas para proteger sus intereses en contra de aquellos defendidos por los nativos ([13]).
La preferencia que los Gobiernos occidentales otorgan a la contratación de mercenarios esconde en realidad una voluntad de proyectar su potencia en un tiempo récord en todas las partes del mundo. Y esas prácticas no hacen más que descubrir una nueva forma de colonialismo, que se expresa con mayor claridad en las relaciones estrechas entre el Pentágono y las sociedades militares privadas.
[1] La frase es de Jean-François Vallart.
[2] Ver Machiavel. Le Prince et autres textes en Chapitre XII. Des diverses espèces de gens de guerre, et des soldats mercenaires. P. 84. Gallimard. 1980
[3] El recurso al personal de las sociedades militares privadas ha seguido una evolución que se mide directamente en los teatros de guerra: en 1991, durante la Guerra del Golfo, 1 civil sobre 50 está bajo contrato, en la Guerra de Bosnia, en 1996, uno en 10 (Fuente Le Monde: Privatisation et secret. Jeudi 13 février 2003). En Irak, el número de “soldados privados” empleados gira a los alrededores de 25 a 30.000 pesonas, entre los cuales una mayoría de guardias civiles de seguridad son de origen iraquí. Fuente: Privatisation de la sécurité au service de la politique étrangère américaine. Jean-Didier Rosi y Tanguy Struye de Swielande. DSI nº 31. Novembre 2007.
[4] Entre 1987 y 1997, las armadas americana, rusa, francesa y británica, han reducido de 4,2 a 1,2 millones el número de sus soldados.
[5] El recurso a los servicios militares y sociedades de seguridad privada sería del orden de billones de dólares cada año. Fuente Privatisation de la sécurité au service de la politique étrangère américaine. Op. cit.
[6] Ver El Carlyle Group, un negocio de iniciados [Voltaire]. www.voltairenet.org
[7] La compañía estadounidense Halliburton, oportunista de guerra por Arthur Lepic. www.voltairenet.org
[8] Ver Irak, le plus important champ de mercenariat du monde. René Naba. www.stopusa.be
[9] Pourquoi l'Afrique se meurt-elle réellement: analyse de FX Verschave (04/12/2005). http://www.bonaberi.com
[10] Ver Irak, le plus important champ de mercenariat du monde. René Naba. Op. cit.
[11] Fuente: Privatisation de la sécurité au service de la politique étrangère américaine. Jean-Didier Rosi y Tanguy Struye de Swielande. DSI nº 31. Novembre 2007
[12] El fenómeno de los soldados contratados. Las guerras comenzaron a privatizarse. Christian Riavale. http://www.globalizacion.org
[13] Como, por ejemplo ocurrió con la Royal Dutch Shell en Nigeria, cuya fuerza de policía privada supuestamente controlada por la Transnacional , atacó a los nativos que protestaban contra sus operaciones. Ver Colonial Capitalism. By James Ridgewayhttp://www.ocweekly.com
El caso del gigante energético Gazprom, que fue autorizado por los diputados rusos a crear un servicio privado de seguridad “dotado de las mismas prerrogativas que tienen el ejército y la policía” de Rusia, es igualmente ilustrativo de la importancia creciente que logran tener las milicias privadas. Ver El fenómeno de los soldados contratados. Las guerras comenzaron a privatizarse. Op. cit.
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EPR y la intermediación
Jorge Lofredo - Cedema.org "El valor intrínseco de la intermediación es diferente al del dialogo. A diferencia de éste, aquella implica una equidistancia necesaria entre ambas partes -si no, concluiría en una simple vocería de los intereses de una y otra- donde el fin procurado supera al conjunto de objetivos. En escencia, hay un interés mayor al manifestado por cada uno, un bien común" En formato pdf.
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Acción por Atenco a 2 años de la represion
 Hoy realizaremos un acto frente a la embajada de Mexico en solidaridad con las victimas de Atenco al cumplirse el proximo 3 y 4 de Mayo 2 años de las brutales agresiones.
Aprovecharemos la inauguracion en la embajada del fotografo Pedro Tzontemoc.
Los invitamos a todos a participar.
La embajada esta ubicada en 25 de Mayo casi 33 (ciudad vieja) nos encontramos a las 19:00 hs.
Habran flores, velas, carteles y todo lo que puedas colaborar es bienvenido.
Los esperamos
¡ LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS DE MEXICO ¡ ¡ LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE ¡ ¡ EL FPDT VIVE, LA LUCHA SIGUE ¡
San Salvador Atenco, Mèxico a 24 de abril del 2008 --------------------------------------------
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Las raíces estructurales del hambre, las crisis alimentarias y los desórdenes
James Petras
Rebelión
Traducido para Rebelión por Mar Rodríguez
«Los países pobres del mundo gastarán unos 38 700 millones de dólares en importación de cereales este año, el doble de la cantidad que pagaron hace dos años por las mismas cantidades y un 57 % de aumento en relación con 2007.» Cita del senador estadounidense Byron Dorgan en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Financial Times, 21 de abril de 2008 p.19.
Estos últimos días, todos los bancos internacionales importantes (el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo Asiático, etc.), todos los periódicos y los medios de comunicación financieros importantes se han visto obligados a reconocer que está teniendo lugar una crisis alimentaria importante, que cientos de millones de personas están abocados al hambre, la desnutrición y a la muerte por inanición. Se han realizado llamadas a conferencias mundiales, se han declarado emergencias nacionales a raíz de los desórdenes provocados por millones de personas en casi cincuenta países que han amenazado con desbancar sus regímenes políticos y han aumentado las tensiones sociales incluso en los países más dinámicos y con mayor crecimiento, como China o la India. Incluso en los países imperialistas de América del Norte y Europa, la combinación de la escalada en los precios de los alimentos y el estancamiento de los salarios, las expulsiones de sus hogares y los pagos de las deudas amenazan a los regímenes en ejercicio y aumentan las presiones sobre todos los gobiernos para tomar acciones urgentes.
Las respuestas de las élites se prevén inadecuadas y sus explicaciones de la crisis van desde la inadecuación, el interés propio hasta la estupidez. El Banco Mundial repite la petición de ayuda de alimentos para emergencias y subsidios por valor de varios cientos de millones de dólares para los «más necesitados», es decir, para aquellos países en los que se han producido disturbios importantes a causa de los alimentos, con saqueos a los distribuidores privados de alimentos, los puntos de venta al por mayor y al por menor, y amenazas o desbancamiento de los regímenes de libre mercado que han sido los alumnos modelo que han seguido las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Los autoproclamados expertos económicos, según lo previsto, se evalúan a sí mismos e intentan evadir el fracaso de sus recetas anteriores. Todos los académicos y consejeros políticos conservadores, liberales y progresistas echan la culpa a «China, por comer demasiada carne» (profesor Paul Krugman, de la Universidad de Princeton y columnista del New York Times), al «crecimiento de la demanda», a «la inflación»... Los progresistas señalan la desviación de la producción hacia los biocombustibles como el «biodiésel», la falta de planificación de los gobiernos y la distorsión de las prioridades.
El aumento de la ayuda alimentaria tiene solamente un impacto transitorio, en regiones limitadas, sobre una fracción de la población afectada. Culpar al crecimiento de la demanda obviamente exige preguntarse por la «falta de suministro» y las características estructurales (posesión de tierra, pautas de propiedad, búsqueda de rentabilidad y relaciones entre clase y estado) que le dan forma. De igual importancia es el hecho de que, incluso en aquellos lugares en los que hay alimentos que llegan al mercado, los precios de esos alimentos están fuera del alcance de la mayoría de trabajadores rurales y urbanos, campesinos y personas sin empleo. Los que critican desde el punto de vista de la oferta y la demanda omiten un análisis de clase de los «productores» que determinan el sistema de precios (según su poder oligopólico del mercado y sus criterios para obtención de beneficios) y los consumidores (trabajadores informales y formales con salarios bajos, cuyos ingresos van en declive). Los granjeros capitalistas se encuentran en una posición adecuada para proteger e incluso aumentar sus beneficios trasladando sus costes añadidos por insumos al poder de mercado más débil de los consumidores, ayudados e instigados por los regímenes políticos neoliberales del libre mercado.
Los progresistas que echan la culpa de la crisis a los biocombustibles (el aumento de los precios se debe al desvío de los granos y el uso de la tierra hacia la producción de combustible) no responden a las preguntas estructurales más elementales: ¿Qué clases llegaron al poder estatal y dieron forma a las políticas económicas y permitieron que se produjera este «desvío»? Los grandes préstamos privados y estatales de los años 70 debidos a la disponibilidad de préstamos baratos llevaron al crecimiento del endeudamiento. Los bancos privados, empresas y fabricantes, promotores inmobiliarios endeudados, endilgaron, gracias a sus influencias poderosas y relaciones directas con el estado, sus deudas privadas al Estado y, en último término, a los contribuyentes, un fenómeno que se describió más tarde como «socialización de la deuda privada» o «pago de la fianza al sector privado».
El Estado se vio enfrentado a obligaciones de deudas cada vez mayores (la llamada «crisis de la deuda»), acudió al FMI y al Banco Mundial para obtener préstamos y, lo que es más importante, para obtener su certificado para préstamos enormes de los bancos comerciales. El FMI y el Banco Mundial exigieron cambios estructurales fundamentales del Estado para conceder los préstamos, y estos préstamos con condiciones implicaban una completa transformación en las políticas de inversión, comercio, consumo e ingresos que tuvieron un efecto importante sobre la estructura de clases y la composición de la clase dominante.
Los préstamos internacionales, tanto oficiales como comerciales, y los cambios estructurales que los acompañan, resultaron en la eliminación de las barreras comerciales protectoras en la agricultura y la fabricación. Como resultado se produjo una entrada masiva de bienes agrícola subvencionados de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que destruyeron a los agricultores con granjas familiares de pequeño y mediano tamaño que producían alimentos básicos. La bancarrota de los productores de alimentos resultó en desplazamientos masivos de granjeros y trabajadores agrícolas a las ciudades y en la concentración de la tierra en las manos de propietarios de plantaciones comerciales agrícolas que se concentraron en la producción de cultivos para la exportación.
Las exigencias del FMI y del Banco Mundial incluían la reasignación de los créditos, préstamos y asistencia técnica gubernamentales para los grandes exportadores agrícolas en bienes únicos porque ellos eran los que obtenían las divisas fuertes necesarias para devolver los créditos y enviar beneficios a los accionistas, ejecutivos y propietarios de las empresas multinacionales.
El FMI y el Banco Mundial aceptaron negociar la refinanciación de los pagos de intereses y capital pendientes de los estados deudores a condición de que privatizaran y desnacionalizaran todas las empresas estatales monopolio y lucrativas. La privatización y la desnacionalización resultaron en compras extranjeras a gran escala de amplias parcelas de fértiles tierras agrícolas y en la producción y exportación de grano por parte de los oligarcas nacionales e inversores extranjeros.
El conjunto de estas políticas que eliminaron las barreras al libre comercio, promovieron la privatización y la desnacionalización, la amplia penetración de los sectores de mercado y producción y el aumento del énfasis de la intervención estatal en apoyo de la actividad económica de intercambio extranjero orientada a la exportación, recibió el nombre de «neoliberalismo», un modelo que combinaba unas políticas socioeconómicas dirigidas y reguladas por el estado con el objetivo de aumentar la función y el poder de las élites extranjeras y nacionales a favor de la especialización de los mercados mundiales.
El ascenso de esta nueva configuración del poder durante los años 80 y 90 dictó las decisiones políticas y económicas clave en relación con las inversiones (sus asignaciones, sectores y subsectores), además de los mercados (internos y externos), productos (alimentos, combustibles, productos básicos) y precios (carteles oligopolísticos). El principio básico que guía a las clases dirigentes nacionales y extranjeras era la especialización en actividades complementarias en la economía mundial (lo que los economistas ortodoxos denominan «especialización basada en las ventajas comparativas»). La integración de las clases dominantes extranjeras y locales resultaba lucrativa y se apoyaban la una en la otra: el capital privado y los bienes de consumo fluían por sus circuitos financieros y de bienes de consumo internacionales.
Las consecuencias a medio plazo y a gran escala de esta nueva configuración del poder para la agricultura y la producción de alimentos se manifestaron en apenas algo más de una década. En la segunda mitad de la primera década del siglo XXI estalló una crisis agrícola sin precedentes: la influencia del sector de exportación agrícola de la clase dominante y la puesta en práctica de sus políticas en favor del «libre mercado» resultaron en el final del control sobre los precios y en su ascensión meteórica. Los precios reflejaron las relaciones sociales de producción y distribución: la dominación de los terrenos y las inversiones por los grandes agricultores capitalistas dio forma a los precios del «suministro» y al por mayor; los gigantes proveedores comerciales mundiales («los supermercados») fijan los precios para el consumidor directo. Se produjo «competencia» entre los productores y los distribuidores oligopólicos para ver quién podía hacerse con los precios más altos y los mayores beneficios.
Los exportadores agrícolas de la clase dominante terminaron con los subsidios para los agricultores productores de alimentos a nivel familiar y aumentaron los subsidios para la exportación para los productores de productos básicos esenciales. Los agricultores familiares se vieron en la bancarrota y sus tierras las compraron especuladores inmobiliarios (promotores autoproclamados) para usos comerciales, pistas de golf, complejos turísticos, comunidades de lujo con vallas de separación y bienes básicos para la exportación; los arrozales se convirtieron en clubes de campo; los precios del maíz y el trigo se doblaron en los diez meses que iban desde septiembre de 2007 y julio de 2008. Los beneficios engrosaron la cuenta de resultados de Cargill ( Financial Times , 15 de abril de 2008, p 21): los beneficios trimestrales aumentaron en un 86 % hasta alcanzar los 1030 millones de dólares durante el tercer trimestre que terminó el 29 de febrero de 2008. No fue sólo un caso, como dirían los ortodoxos, de aumento de la «demanda», sino del hecho de que cientos de miles de millones de dinero de los especuladores fluyeron a los mercados de bienes de consumo. En condiciones de mercados estrechamente controlados por los grandes negocios agrícolas, las reservas de grano bajaron a sus niveles mínimos en 35 años en relación a la demanda, principalmente porque los grandes agrocapitalistas quisieron limitar el suministro de alimentos y aumentar la producción de combustible, al tiempo que derivaban capital para la especulación en productos básicos. Como resultado de la influencia de la norma de los gigantes agrocapitalistas y de sus políticas de inversión y uso de la tierra, los precios medios de los alimentos aumentaron en un 45 % entre julio de 2007 y abril de 2008 y se prevé que suban un 15 % más para julio.
Atemorizados más por las protestas masivas que desbancan regímenes clientes sumisos que por la hambruna generalizada y el aumento de la mortalidad de los pobres, los líderes capitalistas de todo el mundo se reunieron en Washington en la primavera de 2008. Se quejaron de los disturbios por los alimentos, lamentaron la «pérdida del progreso de una década (sic) en África» e incluso realizaron llamamientos a la «acción». Como era de esperar, se prometieron algunos cientos de millones de ayuda alimentaria de urgencia, lo cual destruirá los últimos bastiones de agricultores a pequeña escala que producen alimentos para los mercados locales. Los regímenes neoliberales de toda Asia se vieron obligados por el temor a bloquear las exportaciones de artículos alimenticios básicos para impedir que los disturbios alimentarios se convirtieran en insurrecciones masivas: los salarios van por detrás de los meteóricos precios de los alimentos. Los regímenes neoliberales de Indonesia, Egipto, la India, Vietnam, China y Camboya prohibieron las ventas de arroz extranjero ( Financial Times , 16 de abril de 2008, p. 1). No obstante, estos gestos proteccionistas y limosnas de alimentos han obtenido escasos efectos positivos en su país y han aumentado la escasez para los importadores de alimentos. Los futuros de maíz alcanzaron un valor récord de 6,16 USD por fanega entre enero y marzo de 2008, un aumento del 30 % y la prohibición de la exportación en Indonesia aumentó el precio del arroz en un 63 % durante los tres primeros meses del año 2008.
Ninguno de los líderes mundiales reunidos en Washington y «preocupados» por el hambre, la regresión y, lo principal, las revoluciones, propuso una reforma agraria: la redistribución de la tierra a los campesinos y agricultores para la producción de alimentos. Ninguno de los líderes propuso siquiera reformas tales como los controles de precios y beneficios y la reconversión del uso de la tierra para la producción agrícola. Ninguno de estos líderes propuso la ilegalización de la especulación en futuros de bienes básicos en las bolsas de todo el mundo. No es de extrañar que el FMI «prediga» que los precios de los alimentos continuarán aumentando hasta 2010.
Los precios de los combustibles no han bajado a pesar del aumento en miles de veces de la producción de etanol. Los precios del etanol (y de los combustibles) y de los alimentos han aumentado a pesar de la expansión de la producción porque es la misma configuración de monopolio del poder la que opera en ambos sectores.
El aumento de las diferencias entre salarios y precios es un empobrecimiento por causas estructurales. Las protestas masivas, tanto en los países imperialistas como en el tercer mundo, nacen de problemas básicos inmediatos, pero sus raíces se hunden en las estructuras profundas de la economía capitalista.
Sólo los prestigiosos economistas ortodoxos sin cerebro empleados por los bancos centrales continúan cotorreando sobre «inflación subyacente» e «inflación patente», como si los aumentos en el precio de los alimentos, los combustibles, la salud y la educación no resultaran centrales para la vida cotidiana de miles de millones de vidas. Lo peor: continúan sin comprender que una inflación galopante y unos salarios estancados son factores intrínsecos en las mismas estructuras de la economía y el estado capitalistas. Lo que es absolutamente claro es la bancarrota de la teoría de la especialización en productos de exportación a expensas de la seguridad alimentaria. Lo que era una exigencia de una minoría radical se encuentra ahora como prioridad máxima en la agenda de un movimiento de miles de millones de personas.
Las personas exigen un cambio radical de las desastrosas teorías derivadas de Friedman que preconizan la dependencia de unos mercados alimentarios mundiales monopolizados a una vuelta a las políticas revolucionarias de la autonomía alimentaria.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Venezuela: Luchando por la autonomía de los movimientos sociales
El libertario
Al tener que tomar partido por uno de los bandos, los propios movimientos de base asumieron la racionalidad maniquea, desplazando sus agendas políticas a un segundo plano y movilizándose por las consignas difundidas desde el poder, electoralizando sus esfuerzos.
Pese a la opinión que nos merezca la estatización de la compañía, el camino recorrido por los trabajadores de SIDOR, la principal siderúrgica venezolana, ejemplifica la impostergable tarea a realizar por los movimientos sociales y populares del país: movilizarnos y luchar por nuestras propias demandas. Para libertarios y libertarias es la beligerancia del movimiento de oprimidos y oprimidas, de cualquier signo, la que promueve los cambios positivos en la sociedad. Esperar que esas mejoras lluevan desde las alturas del poder es, como lo ratifica la realidad en los últimos años, una quimera. Pero el accionar de los movimientos se ha visto atrapado por dos grandes camisas de fuerza: la polarización inducida por los de arriba, por una parte, y la hipoteca de la autonomía cedida por los de abajo, por la otra.
Desde el año 2001, El Libertario ha denunciado la falsedad de la polarización inducida por las cúpulas en pugna por el poder. Ambas concepciones, ilusoriamente antagónicas, beben de la misma fuente: un gobierno basado en la renta petrolera, enmarcado en la globalización económica, con el máximo control posible sobre la sociedad y con la apertura mínima de reales espacios de protagonismo popular. El maniqueísmo impuesto logró legitimar el "liderazgo" de cada cúpula, destrozando el tejido social beligerante de base evidenciado durante los 90´s, infantilizando el pensamiento y ocultando la causa estructural de la crisis política: una de las distribuciones de riqueza más injustas del continente, situación que por lo demás se ha mantenido. Al tener que tomar partido por uno de los bandos, los propios movimientos de base asumieron la racionalidad maniquea, desplazando sus agendas políticas a un segundo plano y movilizándose por las consignas difundidas desde el poder, electoralizando sus esfuerzos.
Es en este contexto donde valoramos como significativo que un grupo de trabajadores retomen sus exigencias laborales, independientemente de sus preferencias políticas, y que se hayan movilizado por ellas contra viento y marea. Al romper el falso consenso, la lucha sidorista se enfrentó a la respuesta tradicional, de antes y de ahora, de los gobiernos venezolanos: represión y solidaridad estatal con la patronal. Ante los palos y el encarcelamiento de los trabajadores, los cogollos sindicales "bolivariano" y "opositor" olvidaron elementales principios de solidaridad de clase, en un silencio estruendoso. La polarización de las centrales laborales recordó amargamente las consecuencias de sustituir la agenda social y laboral por la agenda politiquera y mediática.
Sin embargo, la ausencia de respaldo real ante la represión vivida por los sidoristas, evidencia la profunda crisis del movimiento de trabajadores y trabajadoras en el país, y su incapacidad de establecer lazos de solidaridad horizontales, una identidad común y diferente a la de "chavistas" y "opositores", así como un horizonte compartido, la conquista aquí y ahora de mejores condiciones laborales. Estas faltas son en particular incisivas cuando un gobierno, retóricamente "revolucionario", ha adelantado claras políticas antiobreras: acorralando las libertades sindicales, flexibilizando las condiciones de trabajo, mediante su fantoche "cooperativo", y privilegiando una economía basada en la exportación de energía barata al mercado mundial, aniquilando fuentes de empleo tradicionales en la economía del país. Por otra parte, organizaciones gremiales denunciaron que, para el año 2007, 243 contratos colectivos se encontraban sin firma en el sector público, lo que dice bastante acerca de la incidencia del "sindicalismo bolivariano" en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de un Estado autoproclamado como "revolucionario". Y como si lo anterior fuera poco, Venezuela se ha convertido, detrás de Colombia, en el segundo país más peligroso para la actividad sindical. 53 personas fallecieron durante el año pasado en pugnas, en el sector petrolero y construcción, asociadas a la obtención de puestos de trabajo. La gangsterización y degradación de la organización laboral, catalizada por la prédica de la burguesía bolivariana, sólo en el estado Bolívar ha cobrado la vida de 6 obreros entre enero y marzo de 2008. Y dicha situación se encuentra ausente de las preocupaciones de quienes dicen representar a la masa trabajadora.
Para los oprimidos no existen diferencias sustanciales entre los opresores. Cuando se conmemora un nuevo Primero de Mayo todos y todas, trabajadores y trabajadoras, debemos pelear, aquí y ahora, por arrancar nuestros derechos a los patrones. Retomar nuestras propias banderas de lucha y no claudicarlas por nada: ni por elecciones de nuevos amos ni por promesas demagógicas de caudillos de pies de barro. Rechazando el esquema simplista y desmovilizador de la polarización, recuperando la autonomía de nuestros movimientos. Una consigna, preñada de sentido común, lo resume mejor que nosotro/as: ¡El pueblo unido avanza sin partido!
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Autonomía indígena y autonomía regional en la Costa Atlántica de Nicaragua
Sergio de Castro Sánchez Para algunos el FSLN no ha supuesto ningún cambio y ponen como ejemplo los proyectos que como el Canal Seco está impulsando el Gobierno sin consultar a las comunidades En 1987, tras una sangrienta guerra, se aprobaba la Ley de Autonomía (Ley 28) por la que se creaban las Regiones Autónomas del Atlántico Sur (RAAS) y del Atlántico Norte (RAAN). De esta manera, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sobre la base teórica de la autonomía regional, daba salida a unas reivindicaciones que pasaban del plano militar al político respondiendo, en parte, a las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. Sin embargo, a más de 20 años de la aprobación de la Ley 28, sus derechos legales e históricos sobre sus territorios y sus formas de organización política siguen sin ser respetados. Entre los factores que contribuyen a ello los grupos afectados destacan el carácter partidario de los Consejos Regionales y sobre todo la presencia mayoritaria en ellos de los partidos nacionales plegados a los intereses centralistas del Estado. Leer ensayo completo [PDF] ----------------------
Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Comunicado Voz del Amate_día del niño
Presos políticos La Voz del Amate
Cintalapa de Figueroa, Cereso 14, El Amate,
30 de abril de 2008.
A la opinión Pública
A los medios de comunicación estatales y nacionales
A los adherentes de la otra campaña
A los medios de comunicación alternativos
A los defensores de los derechos humanos
A las organizaciones no gubernamentales
Compañeras y compañeros de todo el mundo reciba saludos de los presos políticos de la Voz del amate y del grupo zapatista, desde este lugar de nuestra resistencia de lucha.
Un año más desde estas rejas contemplamos el espacio familiar por ser el día de los niños, a muchas de nuestras familias no tienen la posibilidad de celebrar mucho menos de acercarse de ese día, más cuando nuestros hijos quedan abandonados, con más extremas pobrezas donde no hay para ellos alimento, medicinas, educación y un lugar digno donde vivir.
Cuándo éramos libres y laborábamos en el campo le aportábamos a nuestras familias el sustento de vida y cuándo daba el recurso les comprábamos algunos juguetes ya que como pobres hemos estado marginados por falta de empleo; en nuestras comunidades solamente se reflejan los efectos de la crisis y más que celebrar el día del niño lo celebra en el campo sacando su faena de trabajo ocupándose en la aportación del gasto familiar enseñando así a llevar a cabo la participación familiar y su autoformación social, desafortunadamente cuando reclamamos por una vida mejor para nuestros hijos como escuelas, clínicas, tiendas de abasto populares y luz eléctrica.
Los servicios que como mexicanos tenemos derecho a participar para mejora de calidad de vida de nuestra comunidad, ahí nace la inconformidad del sistema de gobierno que no tiene voluntad de solventar las peticiones del pueblo y nos manda sus ejércitos en una persecución a la cacería de luchadores sociales que después pasamos a ser rehenes políticos dejando a nuestros hijos a condiciones más vulnerables, rompiendo totalmente con nuestro tejido social.
En las grandes ciudades donde se dice haber todos los servicios existe un índice mayor de marginación ya que los empleados participan en la oferta y la demanda en donde la mano del obra es calificado y mucho padres analfabetas no encuentran un fuente de trabajo con la protección de la ley y corren siempre el riesgo de sobrevivir en este medio.
Para pagar la renta, la luz y el agua los niños tienen que participar y contribuir con los ingresos familiares porque muchos niños salen a vender chicles por las calles, o limpiar parabrisas en las avenidas y muchos más en las esquinas pidiendo limosnas, otros por la misma pobreza caen en las drogas y jamás regresan a sus hogares y otros son hijos de compañeros presos políticos encarcelados por luchar por una vida mejor para nuestros hermanos obreros, por eso en este día celebramos a todos los niños que no tuvieron oportunidad de vivir de un México mejor del cuál estamos dispuestos a defender hasta las ultimas consecuencias e derechos de los niños por una nueva generación.
Nunca más un México sin los niños.
Atentamente
El movimiento de presos políticos de la Voz del Amate
y de presos zapatistas
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
MANIFIESTO PÚBLICO AL PUEBLO DE OAXACA.
Comite presos políticos Santa Maria Ixcotel
En vista de los hechos y acciones de los últimos meses al interior de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Sección 22 del Magisterio por parte de algunas organizaciones e individuos, en relación a los presos políticos del movimiento, y su situación jurídica y política, los compañeros aglutinados en el Comité de Presos de Santa Maria Ixcotel, deseamos manifestar lo siguiente:
1.- Que no quede duda alguna, a pesar de la dificultades que atraviesa el movimiento social Oaxaqueño, y las criticas fraternales y honestas que tenemos hacia la conducta de corrientes e individuos en algunas de las instancias organizativas de la sección 22 y la dirección del sindicato, nosotros reconocemos el valor, la dignidad y la combatividad de la gran mayoría de los maestros democráticos de base, que para nosotros son ejemplo y motivo de orgullo. La conciencia y compromiso de estos maestros son fundamentales para que el movimiento y toda su lucha puedan seguir adelante.
2.- A los únicos que les interesa separar a la base democrática y combativa del sindicato del pueblo honesto y combativo que lo ha apoyado desde el inicio de esta etapa histórica de lucha, son aquellos que quieren sepultar al movimiento social oaxaqueño con negociación, y conciliación. Esto a pesar de que ello signifique una traición por la vía de los hechos a todo lo que en las palabras dicen defender. Separar a la APPO y al Magisterio, como algunos pretenden, para poder negociar de manera tranquila y sin sobresaltos en base a sus propios intereses, es traicionar a todo lo que hemos apelado, incluyendo a nuestros caídos, nuestros desaparecidos y nuestros presos, pero peor aún, significa sentenciar a muerte a la Sección como herramienta democrática de lucha de los trabajadores y derrumbar la posibilidad de un cambio pacifico para lograr una vida digna y justa para nosotros y nuestros hijos.
3.- Frente a esto se hace necesario aclarar que la APPO no es el consejo. En primer lugar porque en este momento el consejo no tiene representatividad alguna, y eso lo hace distanciado del sentimiento del pueblo en general e incluso falto de convocatoria, también y no menos importante, porque la APPO siempre ha sido más que su estructura organizativa y su membrete. La APPO, no es un grupo de representantes de organizaciones que solo buscan negociar migajas con el gobierno asesino, escudándose en un discurso de lucha. La APPO, es la gente que con o sin organización, participo en las movilizaciones y acciones de lucha que provocaron la insurrección y la ingobernabilidad en 2006. La gente que decidió que estaba harta del estado de las cosas y en el marco de las demandas generales del movimiento, y bajo la consigna de derribar a URO, decidió tomar su destino en sus manos y transformarlo. La APPO, es el poder real de nuestros pueblos, colonias, comunidades, escuelas, de nuestros trabajadores y nuestra gente, los oprimidos, los humillados, los hartos, los dignos, los valientes, los concientes, los que organizados no han de volverse a someter en silencio. Aquí no puede haber confusión, no hay muchas APPO´s como se ha llegado a decir, la APPO es la unidad real del pueblo para luchar por transformar su realidad. Luchar por reorganizar a la APPO como expresión y herramienta de unidad, es defenderla. Utilizar su nombre y el membrete, sin luchar por reorganizarnos para volver a dotarlos de una verdadera representatividad y legitimidad, no es no es más que oportunismo.
4.-.- Ejercer el derecho a la crítica y a la autocrítica para abrir un debate y dialogo honesto, franco, y leal, no puede ser motivo de linchamiento político o asesinato moral. Así como también apelar a la unidad no puede ser una excusa eterna para validar todo tipo de acciones, sobre todo aquellas verdaderamente cuestionables y que claramente afectan a los intereses de los trabajadores y el pueblo. Pero sobre todo no se puede apelar a la unidad para mantener a salvo intereses particulares o de grupo. La unidad real entre los trabajadores y el pueblo oprimido y explotado se construye para luchar contra quienes nos asesinan y explotan, no para negociar con ellos. Unidad no es la ausencia de autocrítica, ni la suma de membretes, sino la construcción de herramientas de lucha más poderosas para transformar esta sociedad. Unidad es organización, revolución y emancipación, es lucha por una vida más justa y digna. Unidad NO es traición, conciliación y oportunismo, NO es más de lo mismo, no es hacer como si nada hubiera pasado.
5.- Los presos aglutinados en el Comité de Presos de Sta. Maria Ixcotel somos miembros de la APPO. Que de eso no quede la menor duda. Nuestro esfuerzo organizativo, que también es una esfuerzo de unidad, ya que aglutina a diversas ideologías y corrientes, se enmarca en el proceso reorganizativo por el cual luchamos. Sabemos que debido a los intereses que en este momento podemos afectar, se puede desatar una campaña de descrédito y silenciamiento contra nosotros y nuestras organizaciones, propias y hermanas, orquestado por grupos y corrientes a los cuales incomoda nuestra posición. Pero esto no puede ni debe ser motivo para que nosotros asumamos en silencio la difícil situación en que se ha colocado no solo a nuestros procesos jurídicos, sino también a toda esta lucha que junto a nuestro pueblo hemos librado. Cualquier costo es preferible a que el silencio nos haga cómplices.
6.-.- Sabemos que lo que decimos molesta a quienes detentan poder y creen que lo mejor que puede pasar es que todo retorne a la normalidad. Entendiéndose por normalidad una relación institucional con el gobierno represor y asesino, o sea una relación de simulación como la que había antes de Junio de 2006. Lamentamos que así sea, pero también les decimos que no podemos quedarnos en silencio mientras intentan pasar de manera descarada y cínica, un proceso de conciliación con el gobierno que es una traición a todo el pueblo que ha dado su esfuerzo e incluso su vida en esta lucha. En este sentido esas mismas personas dirán que no sabemos lo que decimos, que somos radicales, o ultras, que nosotros no entendemos que la negociación con el tirano tras bambalinas es todo lo que queda después de la brutal represión, que somos un germen de intransigencia del que los trabajadores y el pueblo debe desconfiar y evitar, que todo aquel que se oponga a la negociación como nosotros en realidad es un provocador disfrazado. Y tienen razón, nunca entenderemos como pueden esperar que nuestra gente, nuestros compañeros crean eso. A estas personas, corrientes u organizaciones, les decimos fuerte y claro: MIENTEN.
7.- ¡Basta de la manipulación y la mentira! Un compañero crítico, pensante, que cuestiona no solamente las acciones de los demás, sino las suyas propias, no puede ser criminalizado y señalado solo por luchar por una perspectiva honesta y congruente. Ahora se pretende decir que los compañeros que alzamos la voz para denunciar lo que vemos, no solo nosotros sino muchos, somos policías, o agentes del estado, o provocadores. BASTA. Los verdaderos, policías, agentes del estado, provocadores, son los que caminan entre nosotros, lobos con piel de oveja, que siguen mintiéndonos, confundiéndonos, sembrando miedo, paralizándonos, susurrando al oído negociación, conciliación, señalando a compañeros, preparando la traición. Y que no se diga que esto nunca ha pasado, más de un compañero ha sido acusado por otros “compañeros” de ser culpable de la represión, solo por que se negaron a una “exitosa” negociación, si, así entre comillas. Su “exitosa” negociación ya mostró que representa realmente, y no fue nada bueno para nuestros pueblos.
8.- La Prioridad del movimiento social Oaxaqueño es la reorganización para volver a construir y rearticular la unidad real. Ninguna de nuestras luchas aisladas y separadas tiene posibilidades de triunfo real si no las enmarcamos en una necesaria etapa reorganizativa más amplia. La reorganización del movimiento es algo que debía de tener lugar desde la etapa inmediata posterior a enero de 2007, sin embargo, la poca claridad de algunos compañeros y el franco interés de algunos otros prefirió sumir a la APPO en la lucha fraticida respecto a la coyuntura electoral, antes que reorganizarnos para que la política de la APPO y el magisterio pudiera de nuevo ser representativa y legítima de los intereses de nuestros pueblos, no solo sobre el tema de la coyuntura electoral, sino sobre las demandas históricas de nuestro pueblo. Lo decimos fuerte y claro, la tarea de todo el pueblo que se aglutino en la APPO, es volver a levantar las asambleas en cada escuela, colonia, comunidad, centro de trabajo, calle por calle, espacio por espacio. Esto significa un esfuerzo más que titánico si, pero es obligado si queremos volver a poner de pie nuestra lucha. Nadie lo hará por nosotros, ningún, líder, Mesías, o falso redentor, alguna supuesta dirección, o auto insaculada vanguardia.
Por todo esto:
-Rechazamos cualquier intento de ser silenciados, en las instancias organizativas del magisterio y de la APPO. Tenemos todo el derecho de seguirnos dirigiendo de manera directa a nuestros compañeros maestros y de nuestros pueblos, y si se nos intenta coartar lucharemos por defender este derecho.
-No Es traidor quien busca que su lucha prosiga de manera digna y combativa. Alto al asesinato moral y político en contra de quienes piensan diferente de las direcciones, o afectan a sus intereses con sus acciones.
-Convocamos a los maestros democráticos y combativos a repeler y rechazar cualquier intento de agresión en contra de los presos políticos y los expresos, y sus organizaciones fraternas y hermanas, como represalia por tratar de llegar a ustedes de manera directa para informar sobre nuestra situación y la de nuestros procesos.
-La reorganización no puede ser simplemente un pacto o tregua entre dirigentes de algunas organizaciones o corrientes como se ha pretendido venir haciendo, para que regresen a formar parte del concejo, pero manteniendo la asamblea vacía de pueblo. El objetivo de la reorganización no puede ser lanzar simplemente convocatorias supuestamente unitarias, sin una trabajo real, serio y fraterno.
aprobaron para nosotros. Por el contrario es gracias a la solidaridad de los maestros de base y la gente con y sin organización de nuestros pueblos que hemos podido resistir hasta este punto. Queremos dejar este punto en claro, para evitar rumores y suspicacias.
-Para nosotros, como estamos seguros para muchos de ustedes, el camino es claro: Ni conciliación, ni traición, sino organización y movilización.
-Invitamos a todos los maestros y trabajadores así como al el pueblo en general a que se informe sobre nuestra situación, nos siga apoyando y participe en el proceso reorganizativo del movimiento social. Su convicción de lucha y su búsqueda de una vida justa y digna de manera honesta y congruente, son nuestra fortaleza y piedra angular para mantenernos firmes y fuertes. Ni un paso atrás compañeros.
¡LA APPO VIVE!
¡QUE VIVA EL MAGISTERIO DEMOCRATICO Y LA SECCION XXII!
¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!
FRATERNALMENTE: COMITÉ DE PRESOS POLITICOS DE STA. MARIA IXCOTEL.
Pedro Castillo Aragón (Miembro del Comité de Defensa Ciudadana, organización integrante de la APPO) - Miguel Ángel García - Víctor Hugo Martínez Toledo (Miembros de la APPO) Adán Mejía López. (Miembro de la APPO, miembro del SME, y de Militante - Oposición de Izquierda)
INVITAMOS A TODA LA GENTE QUE ESTE DE ACUERDO CON LAS IDEAS EXPUESTAS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS O SE SUME A ESTE MANIFIESTO.
www.presosappoixcotel.org
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Caso Atenco. Denuncian al Estado mexicano ante CIDH por violación de 11 mujeres
Lourdes Godínez Leal
México DF, 29 abril 08 (CIMAC).- Al presentar hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de 11 mujeres violadas por policías durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco en 2006, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia (peticionarios), confiaron en que será por esta vía que las mujeres tengan acceso a una justicia expedita.
Así lo dieron a conocer este día en conferencia de prensa Jacqueline Sáenz y Diana Martínez Medrano, abogadas del Prodh (que desde 2007 ha estado acompañando a las mujeres) y quienes informaron que Luis Arriaga Valenzuela director del Prodh y Bárbara Italia, una de las víctimas de violación, así como representantes del Cejil, se encuentran en la sede de la CIDH en Washington, como peticionarios para que ésta admita el caso de 11 de las mujeres que fueron violadas y torturadas sexualmente.
Destacaron que hoy se denunció ante la CIDH que el Estado mexicano es responsable por haber violado derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, de acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación.
Asimismo, informaron que en la petición se incluyeron tanto los testimonios de las 11 mujeres como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las abogadas del Prodh manifestaron que lo que esperan de esta instancia internacional de derechos humanos con estatus consultivo ante la OEA es una recomendación al Estado mexicano para que haya justicia integral y se repare el daño a las víctimas no sólo en el aspecto económico sino en su proyecto de vida.
CONTINÚA TEMOR POR MUJERES DE ATENCO
El Prodh hizo hoy también un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad e integridad de las mujeres que denunciaron violación, tortura sexual y psicológica ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) en 2006.
Jacqueline Sáenz y Diana Martínez, denunciaron que a dos años de los hechos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde más de 200 personas fueron detenidas, de las cuales 49 fueron mujeres y 26 de ellas violadas sexualmente por policías de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Estado de México, algunas mujeres que han obtenido su libertad continúan sufriendo hostigamiento.
De acuerdo con testimonios de 11 de las mujeres que interpusieron denuncia ante la Fevim, han sido acosadas y hostigadas vía telefónica, ya sea a través de llamadas o mensajes vía celular donde les preguntan por otras de sus compañeras que denunciaron.
El Centro Prodh no descarta que quienes perpetraron los abusos sexuales contra las mujeres de Atenco sean los mismos que están haciendo estas llamadas ya que recuerda que durante su traslado al penal las mujeres fueron interrogadas acerca de sus datos personales como nombre, dirección y teléfono.
TORTURA DEMOSTRADA, POLICÍAS IMPUNES
Son varios los organismos internacionales que se han pronunciado para que quienes ejercieron la tortura sexual contra las 26 mujeres reciban castigo y para reparar el daño a las víctimas.
A cinco meses de los operativos de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) reconoció que durante éstos sí existió la tortura, señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su “obligación” reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.
Los informes de la CNDH y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), realizados en junio de 2006, señalaron contundentemente la existencia de tortura durante los operativos al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones.
El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), la ONU y organismos internacionales de derechos humanos han pedido al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres.
Asimismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la Fevim la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.
Han pasado dos años de los hechos: de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y ahora procurador General de la República, únicamente 14 decidieron denunciar ante la Fevim.
De éstas, tres desistieron el proceso, y 11 continúan en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional.
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Como Uribe, los Santos también son narcoparamilitares
 Aparte de Uribe, el Mesías de los mafiosos, los Santos, se pasean nerviosos tratando de desviar la atención sobre su oscuro pasado. En estos días donde el escándalo del parauribismo a tomado un nuevo auge y algunos “personajes del bien” han dejado el país para hacer “especializaciones” mientras se calma la marea, alguno personajes se muestran nerviosos y buscan levantar alguna cortina de humo buscando tapar su oscuro pasado. Los Santos, dueños del medio de desinformación El Tiempo y de un sin numero de otros medios de desinformación, retoños tardíos y degenerados del expresidente Eduardo Santos, quieren pasar como decimos los Colombianos “de agache” sus antiguas y no muy antiguas relaciones con los narcotraficantes con los cuales se han reunido y hasta negociado. Según los datos conocidos hasta ahora, tres de ellos, Francisco, el Vicepresidente, Juan Manuel, el Ministros de guerra y Guillermo, se han reunido con los narcoparamilitares. Según declaraciones del narcoparamilitar Salvatore Mancuso, cuando amenazo con contar toda la verdad y contó solo pequeña parte, el vicepresidente Francisco Santos, se reunió cuatro veces con él y con Carlos Castaño en la Costa y Bogotá. Entre ellas incluyó una que, según dijo, fue en la sede de EL TIEMPO. En una de esa reuniones, en la vereda El Volador de Tierralta (Córdoba), Francisco les había pedido a el y a Castaño, crear un nuevo frente paramilitar en Bogotá, del cual Carlos Castaño le ofreció la comandancia. Textualmente dijo Mancuso: "me sorprendí porque lo noté identificado con la causa" y porque "le dijo a Castaño que le gustaba el modelo (paramilitar) de Córdoba y que le gustaría que se repitiera en Bogotá". En una de esas reuniones, continuó Mancuso, "Castaño le propuso a Santos que comandara el Bloque Capital, pero este se negó diciendo que no sabía de esas vainas". El desmovilizado narcoparamilitar, aseguro que una semana después se reunió en Bogotá con algunos periodistas de El Tiempo y que luego Santos escribió una columna titulada "Proyecto contrainsurgente" en donde hacía alusión a la estrategia de los narcoparamilitares. Francisco, según los datos recogido mantenía una antiguarelación con el Cartel de Medellín, muchos de cuyo miembros compraron al ejercito de la oligarquía colombiana el estatus de comandantes paramilitares. Siendo jefe de redacción de El Tiempo, Francisco Santos Calderón se convirtió en noticia en 1990 al ser secuestrado, junto con otros periodistas, por la organización del asesinado narcotraficante Pablo Escobar. Por aquello del síndrome de Estocolmo, Francisco Santos comenzó una relación de aprecio y amistad con el capo y sus amigos. Según se comenta, la honorable familia del creador del “Bloque Capital” de los paramilitares, Francisco Santos, negocio con el narcotraficante Pablo Escobar, para que este no le volara su periódico a través del reconocido narcotraficante Carlos Náder Simmonds, amigo de la familia Uribe y poderoso hacendado de Montelíbano (Córdoba) departamento donde tienen sus fincas, Álvaro Uribe, Salvatore Mancuzo y Carlos Castaño. Según manifestaron en su momento los abogados del capo Pablo Escobar, los decretos de sometimiento a la justicia, promulgados por el presidente Gaviria, mediante los cuales se dio el escándalo conocido como la “Catedral”, fueron expedidos gracias a las negociaciones entre el confeso narcotraficante y la familia Santos. El pomposo ministro de guerra, fundador del Partido de la U (por Uribe), también se reunió con los narcoparamilitares. Según el mismo Salvatore Mancuso en la misma declaración, Juan Manuel Santos tuvo dos encuentros suyos con él y con Carlos Castaño en Córdoba. En unade los cuales les propuso "una especie de golpe de Estado". Golpe de estado que no se dio porque algunos personajes de la oligarquía tradicional se negaron a respaldar, trayendo como consecuencias el asesinato de alguno de ellos para silenciarlos y se dice en baja voz, que por eso fue asesinado el conservador Álvaro Gómez Hurtado. Según Mancuso, la idea de Santos era crear un clima de conciliación que permitiría llamar a una asamblea constituyente y “tumbar” al entonces presidente liberal Ernesto Samper. Ninguno de los dos “honorables” negaron los encuentros. El vicepresidente Francisco Santos, se escudo en una condición que no ejerce, el periodismo, para justificar la reuniones y su primo, el ministro de guerra Juan Manuel Santos, recurrió al mismo argumento que han utilizado casi todos los acusados del parauribismo: la paz. Por su parte Guillermo Santos, el hombre de los computadores se conoce se reunión en una ocasióncon Carlos Castaño en el norte de Colombia, reunión a la que fue invitado Salvatore Mancuso, pero este se negó a asistir. En la conversación entre Castaño y Mancuso, donde el primero invita al segundo, Castaño se refiere a ellos en términos muy familiares, dice “mañana tengo una reunión con Guillermo Santos, el hermano de Francisco, le gustaría asistir?” Según la jurisprudencia Uribista, todo el que se reúna con “terroristas” y según el imperio y ellos lo acatan, los narcoparamilitares son terroristas, de inmediato adquieren la condición de terrorista y según el general Padilla, se convierten en objetivo militar, ¿qué pasa con los Santos?. No son las declaraciones de Mancuso y los hechos suficiente razón para abrir una investigación por lo menos contra Guillermo Santos ya que al vicepresidente, por sustracción de materia no hay quien lo juzgue y al ministro de guerra un tribunal de bolsillo descartó abrir proceso en su contra? Los Santos por su condición, deberían ser los primeros en estar encarcelados. --------------------------------------------
Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Diálogo con el EPR, pero sin intermediarios, dice el gobierno
La Jornada
■ Pide que los personajes propuestos por el grupo funjan sólo como “testigos sociales”
■ Le demanda suspender “acciones radicales” de sabotaje y violencia, y que las pláticas no se limiten a la desaparición de “dos de sus militantes”
■ Vigentes, indagatorias de PGR, advierte
Fabiola Martínez
El gobierno federal aceptó dialogar con el Ejército Popular Revolucionario, mediante las siguientes condiciones: encuentro directo (donde los personajes propuestos por el grupo armado funjan sólo como “testigos sociales” y no como intermediarios); que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de violencia; que el diálogo no sea exclusivamente acerca de la desaparición de “dos de sus militantes” (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), sino sobre la forma de abandonar la lucha armada: “abordar la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”.
Sin embargo, el gobierno aclara que aun con la aceptación al diálogo directo, no suspenderá las investigaciones en curso por las explosiones en “instalaciones estratégicas” de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurridas el año pasado, cuya autoría se adjudica al EPR, y tampoco cancelará las indagatorias de “otros actos delictivos que han sido denunciados”.
El titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, informó lo anterior en un mensaje leído ante los reporteros al término de una reunión de casi cinco horas, a puerta cerrada, con el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna.
De acuerdo con fuentes consultadas, el viraje en la postura gubernamental (primero llamar delincuentes e incluso “terroristas” a los integrantes del EPR, y ahora aceptar el diálogo como vía “para evitar acciones de sabotaje y violencia”) fue decidido desde la tarde-noche del pasado lunes, con la respectiva autorización del presidente Felipe Calderón.
La estrategia oficial, delineada entre funcionarios de alto nivel, no fue unánime; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, opuso resistencia a dialogar con los eperristas.
El militar advirtió al resto de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional acerca de los riesgos de negociar con un grupo armado dividido, en el cual persiste la confrontación.
El general secretario les habría presentado un diagnóstico documental acerca de los lugares en los que se ubican las principales células eperristas –y las escisiones de las mismas–, así como la estrategia que han utilizado en meses recientes, lo que restaría confiabilidad al cumplimiento de acuerdos que emanaran del eventual diálogo, según comentaron fuentes de información.
Finalmente, después de varios días de deliberación entre los responsables de la seguridad nacional, la tarde de ayer fue anunciada la oferta de diálogo del gobierno federal, con el argumento que “cualquier diferencia o conflicto debe encontrar los canales institucionales para su discusión y eventual solución en apego a la ley”. Por la noche, los integrantes del llamado gabinete de seguridad ratificaron la estrategia de oferta de diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, en los términos autorizados por el presidente Calderón.
Cabe recordar que desde el pasado sábado, Mouriño argumentó que estaban analizando la autenticidad de los comunicados. Las fuentes agregaron que, para lograr el objetivo, confrontaron la información de diversas dependencias. Ahora será el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) el encargado de establecer contacto con los eperristas para conocer su respuesta acerca del planteamiento gubernamental hecho público la tarde de ayer. También se nombró al subsecretario de Gobierno, Abraham González, para que dé seguimiento a la propuesta al grupo armado.
El 18 de enero pasado, Juan Camilo Mouriño declaró en una entrevista radiofónica: “El EPR es un grupo terrorista (…) nosotros no podemos actuar más que conforme a la ley, y que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que trate de encontrar a los responsables de cometer actos terroristas”.
En aquella ocasión, a tres días de haber asumido la titularidad de Gobernación, el también secretario ejecutivo del citado Consejo Nacional de Seguridad, pidió no olvidar que el EPR es un grupo guerrillero que desafía al Estado mexicano, “que trata de infundir temor y terror entre los ciudadanos para sus propios objetivos; que sabotea instalaciones, que pone bombas y, por tanto, es un grupo armado que tiene que ser tratado como lo marca la propia ley”. Por ello, agregó aquel viernes, los actos cometidos por el Ejército Popular Revolucionario “merecen la condena unánime de toda la sociedad mexicana, más allá de ideologías y partidos políticos”.
A poco más de tres meses de distancia de esa posición, el secretario Mouriño dijo que el Estado mexicano tiene canales institucionales para resolver las diferencias y conflictos.
Sobre recientes comunicados emitidos por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, al cual el funcionario se refirió sólo por sus siglas PDPR-EPR, manifestó el rechazo a toda forma de violencia y aseveró que ha dado “pruebas constantes” de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales.
La respuesta ofrecida ayer por el gobierno federal se deriva de al menos dos comunicados del EPR. El 24 de abril pasado se manifestaron dispuestos a dialogar con el gobierno, con la intermediación de un grupo integrado por Samuel Ruiz, obispo emérito; Carlos Montemayor, escritor; Miguel Angel Granados Chapa, periodista y abogado; Gilberto López y Rivas, antropólogo, y el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).
Al día siguiente, los convocados –salvo el FNCR– informaron que aceptaban la encomienda con el propósito de avanzar hacia la presentación con vida de los desaparecidos, pero pidieron al grupo que no ejecutara ninguna acción armada en el lapso de la labor de intermediación.
Tres días después, el EPR emitió un nuevo comunicado para saludar la decisión de los convocados (incluyen a Rosario Ibarra) y se comprometieron a no emprender acciones armadas. Dijeron que tocaba al gobierno emitir su posición y dejar de hostigar a las familias de sus compañeros y a organizaciones que se han solidarizado con ellos, y suspenda la búsqueda de miembros del partido vinculado con el grupo.
Pese a lo anterior, el gobierno emitió una propuesta de diálogo “amplio, pacífico y civilizado para avanzar en una agenda común”, pero rechazó la intermediación propuesta y coloca al grupo (sin mencionar a Ibarra) en calidad de testigos; pide a los eperristas dejar las armas y advierte que siguenn las investigaciones de PGR.
El gobierno reiteró que no ha participado “en la supuesta retención-desaparición” de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, y que la PGR continúa en la investigación acerca de su paradero. Aseguró que no ha desarrollado ni desarrollará acción alguna para hostigar o intimidar a individuos u organizaciones sociales, especialmente a familiares y amistades de los desaparecidos.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Limitan el diálogo las condiciones que el gobierno plantea al EPR, dicen mediadores
La Jornada
■ Preocupa a Montemayor y López y Rivas la figura de “testigos sociales”
■ “Cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación no está proponiendo capitulación”
Blanche Petrich
El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como parte de un grupo mediador en un eventual proceso de negociación con el gobierno federal, señalaron que para que esta iniciativa prospere es indispensable que la Secretaría de Gobernación entienda “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”.
Extrañados por la formulación que se hizo en Bucareli en respuesta al segundo comunicado del EPR, proponiendo un “diálogo directo”, sin intermediarios y relegando a los mediadores propuestos por el grupo armado al papel de “testigos sociales”, Montemayor y López y Rivas consideraron, en entrevistas por separado, que el tema “será analizado”.
Este jueves el grupo de mediadores –que incluye al obispo emérito Samuel Ruiz, a la senadora Rosario Ibarra, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al Frente Nacional contra la Represión (FNCR)– sostendrá su primera reunión formal para analizar el escenario planteado.
“Entonces veremos cuál puede ser el segundo paso”, indicó López y Rivas, quien participó en el proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Pese a que el proceso es incipiente y está cargado de dificultades, para Montemayor –uno de los investigadores más acuciosos de los movimientos armados– el momento representa “una oportunidad de poder vivir la experiencia de un diálogo entre un sector inconforme y el Estado”. En principio, “celebra” los comunicados del EPR y de Gobernación, porque revelan que, en los dos frentes, “los más duros fueron convencidos de la necesidad de una salida política”.
En el caso del EPR, que con los sucesivos alzamientos de sus organizaciones de origen (Partido de los Pobres, Procup y otras fuerzas) suma una historia de más de 40 años de lucha armada, es la primera vez que habla de una negociación con el Estado.
Pero no deja de apuntar que esta oportunidad está preñada de riesgos. “En la historia moderna hay dos ejemplos de negociación entre fuerzas insurgentes y el Estado. La primera, entre el gobierno de Adolfo López Mateos y el morelense Rubén Jaramillo, que culminó, después de la capitulación de los jaramillistas, con la traición y el asesinato del líder, su esposa embarazada y sus tres hijos, en Xochicalco, en 1962. La segunda fue la del EZLN con el gobierno de Ernesto Zedillo. Los zapatistas fueron reconocidos como fuerza beligerante y luego perseguidos. Se formó la Cocopa como un acuerdo parlamentario ejemplar, pero que no llevó los acuerdos de San Andrés Larráinzar a su materialización.
“Esta es la tercera oportunidad. No sabemos si el Estado mexicano quiera continuar en la tradición de las dos experiencias anteriores o abrir un capítulo nuevo. Habrá que esperar para saber si en el gobierno de Felipe Calderón hay una contrapartida que no confunda el diálogo con la capitulación ni la mediación con un invitado de piedra. Este paso que ha dado el EPR es la demostración contundente de que el recurrir de manera extrema a medidas policiales no soluciona ni erradica la inconformidad social que se alza en armas.”
Para López y Rivas, la respuesta de Gobernación a la iniciativa del EPR es contradictoria. “Percibo que se pudo resolver la oposición de los sectores más duros del calderonismo, contrarios a cualquier acercamiento; el presidente del PAN, Germán Martínez, por ejemplo. Pero también observo que ha impuesto condiciones que complican el acercamiento”.
Sin querer adelantar vísperas, expresa su preocupación por varias de las condiciones planteadas por Bucareli. Entre otras, la propuesta gubernamental de un “diálogo directo”, sin la mediación que propuso el EPR –a la que Segob adjudica un papel de testigos sociales. “No digo que no se pueda negociar sin intermediación. Lo hizo Estados Unidos con el vietcong, y el Ejército Republicano Irlandés con Londres. Pero es un esquema que puede fracasar, como ocurrió en el caso vasco-español. ETA y Madrid realizaron diálogos directos que concluyeron con el arresto de los interlocutores. Una negociación directa no ofrece ninguna garantía”.
López y Rivas consideró que el tema propuesto por el Ejército Popular Revolucionario como punto único de la negociación –la aparición con vida de sus dos compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz– es sustancial.
“Creo que lo es para todos los que aceptamos participar. No existe una razón de Estado suficiente que justifique una desaparición forzada. Es preocupante que, de inicio, la Secretaría de Gobernación diga que no tienen nada que ver con el caso” referido, concluyó.
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Oyó funcionario de la procuraduría de Oaxaca del secuestro de los dos eperristas
La Jornada
■ Fue quien mencionó al comandante Hernández y a El Chicharrón
Alfredo Méndez y Gustavo Castillo
Un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca fue quien aseguró a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR) que Pedro Hernández Hernández, comandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de esa entidad, y el agente de la misma corporación Ángel Reyes Cruz, El Chicharrón, detuvieron el año pasado sin orden judicial a los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, presuntamente con la intención de extorsionarlos.
Según consta en la orden de arraigo 12/2008, que concedió por 90 días el juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en contra de Hernández y Reyes Cruz, el funcionario estatal y testigo de la PGR –cuyo nombre se omite para proteger su identidad–, también declaró que oyó decir al comandante Hernández que a Reyes Amaya y Alberto Cruz se los había “cargado la chingada”.
Añade que Hernández “se ha dedicado en reiteradas ocasiones a extorsionar a indiciados para obtener provecho económico; se tiene registro de al menos cinco secuestros en los que lo han denunciado algunos inculpados”.
De acuerdo con las pesquisas que lleva a cabo la PGR en torno a la desaparición de los dos eperristas ocurrida el 25 de mayo de 2007, también hay información que involucra a Romeo Ruiz, primo del gobernador Ulises Ruiz, el comandante Hernández y el agente Reyes Cruz en delincuencia organizada y secuestro.
Esta información fue obtenida a partir de la detención, el pasado 21 de abril en Oaxaca, de 18 integrantes de Los Zetas en esa entidad, ya que algunos de los sicarios del cártel del Golfo aseguraron tener nexos delictivos con Romeo Ruiz, quien les habría comentado del secuestro de los dos eperristas.
Romeo Ruiz sólo compareció ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) para “aclarar” algunos señalamientos. En tanto, Hernández y el agente Reyes Cruz quedaron bajo custodia de la PGR durante 90 días, tiempo en el que se buscará acreditar su responsabilidad en la desaparición de los dos eperristas.
En el expediente de este caso, la PGR sostiene la hipótesis de que Reyes Amaya y Alberto Cruz fueron levantados –al menos– por dos policías ministeriales que iban al mando de Hernández Hernández. Sin embargo, nunca fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de Oaxaca.
Romeo Ruiz y sus presuntos cómplices fueron detenidos el pasado 26 de abril por elementos militares y agentes federales en las oficinas de la Policía Ministerial, en el municipio de San Antonio de la Cal, y luego trasladados a la UEITA para rendir su declaración.
La indagatoria de la Procuraduría General de la República, que consta en la averiguación previa SIEDO/UEITA/047-08, revela que hace 13 meses se dio inicio a una indagatoria en la Procuraduría de Justicia de Oaxaca contra Reyes Amaya y Alberto Cruz por presuntos vínculos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la cual estaba involucrada en el conflicto magisterial y social iniciado en esa entidad desde 2006.
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