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cciones contra el fallo de MUERTE o CADENA PERPETUA para Mumia Abu-Jamal
Ocupache
Un llamado a actos públicos
¡HAGAMOS ACTOS PÚBLICOS (mítines, colgar mantas, etc.) en los varios espacios hoy, mañana o el día posible para rechazar la decisión del tribunal federal de apelaciones en el caso de Mumia Abu-Jamal!
Aunque varios medios están manejando el fallo como una victoria para Mumia Abu-Jamal, NO ES CIERTO.
El tribunal afirmó la decisión del juez Yohn en 2001 de revocar la pena de muerte, pero rechazó los argumentos sólidos de Mumia para conseguir un nuevo juicio para comprobar su inocencia.
Ahora, la fiscalía puede exigir una audiencia SOLAMENTE para revisar la sentencia-- MUERTE O CADENA PERPETUA.
NO PODEMOS ACEPTAR ESTO. ¡APOYEMOS A NUESTRO COMPAÑERO MUMIA!
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Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-
Bolivia: La batalla del aceite
Econoticiasbolivia.com
Nuevo frente de lucha entre la izquierda indigenista y los 100 clanes separatistas :: Subvención a los ricos
El gobierno del presidente Evo Morales y los 100 poderosos clanes, que controlan la tierra, el poder y la economía de gran parte de Bolivia, abrieron un nuevo frente de batalla en torno a la producción y venta de aceites y soya, profundizando la dualidad de poderes existente entre la izquierda indigenista asentada en el altiplano y la rancia oligarquía que tiene el control de los valles y los llanos.
Un decreto de Morales que prohíbe temporalmente las exportaciones de aceites de soya y girasol desató la ira de los 100 clanes de la burguesía agroexportadora del oriente, que llamó a la resistencia civil y al desacato. Esta convocatoria tuvo eco de inmediato entre los transportistas y los pequeños y medianos productores de soya.
El decreto presidencial, según explicó, la controvertida ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, se orienta a frenar la especulación y desabastecimiento de aceites, provocadas por tres mega empresas agroexportadoras, que buscan obtener crecientes y millonarias ganancias y, simultáneamente, dañar la gestión del presidente Morales, elevando los precios que castigan a la economía popular y a los más pobres. "No es correcto, no es aceptable que el sector exportador venda al consumidor nacional al precio más alto que el que se registra en Chicago que es donde se sitúa el precio internacional", dijo Rivero, quien denunció que la tonelada de soya se cotiza actualmente en 1.290 dólares en el mercado de Chicago, mientras que en Bolivia, donde se produce el grano, esa misma tonelada se vende a 1.690 dólares.
Entre los empresarios, en cambio, la acción gubernamental es calificada como una guerra económica desatada desde el Gobierno contra los productores y agroexportadores del oriente, que anualmente exportan cerca de 400 millones de dólares en soya y sus derivados (aceites, tortas y grano) a los mercados de Colombia, Perú y Venezuela.
Pulseta política
La prohibición gubernamental y el desacato empresarial son parte de la batalla que el Gobierno de Morales y los 100 clanes libran por el control político de Bolivia (ver "La rebelión de los 100 clanes"). No es de extrañar, por ello, que uno de los principales protagonistas de estas escaramuzas sea Branko Marinkovic, el fascista presidente del Comité Civico de Santa Cruz y líder visible de los poderosos clanes familiares que pugnan, por todos lo medios, por legalizar de facto su autonomía regional en un referéndum inconstitucional e ilegal previsto para el 4 de mayo.
El clan Marinkovic, junto a transnacional del grupo peruano Romero ligado al Banco de Crédito y la transnacional estadounidense Archer Daniels Midland (ADM), son los tres consorcios que monopolizan la producción y exportación de aceites. Los norteamericanos exportan el aceite SAO, el grupo Romero el aceite Fino y los Marinkovic, dueños de Industrias Oleaginosas (Iol), el aceite Rico.
Negocio multinacional
Detrás de ellos están los grandes exportadores de soya. La producción y exportación de soya, uno de los grandes pilares que sostiene a la agroexportadora economía cruceña, está en manos de grandes empresas que funcionan con capital extranjero y que aprovechan con mucha eficiencia las ventajas que ofrece la región oriental, según detectó una investigación de Econoticiasbolivia.
En el rubro de la soya, el grano de oro y producto estrella de la agropecuaria comercial de Santa cruz, la voz cantante la llevan un puñado de grandes empresarios brasileños y otros inversionistas asentados en las colonias japonesas y de menonitas. Todos ellos producen y comercializan cerca de dos terceras partes de toda la producción de soya (harina, torta y aceites) destinados al mercado internacional. El tercio restante es generado por productores nacionales, grandes y pequeños.
Desde la última década, la agropecuaria oriental vivió una etapa floreciente, con el denominado "boom de la soya", acrecentando las millonarias y extraordinarias ganancias generadas por el alza internacional de precios, una millonaria subvención estatal y el uso intensivo de los acuerdos comerciales que garantizan un acceso privilegiado a los mercados de Colombia, Venezuela y Perú
Internamente, el boom de la soya se sustenta en el fácil y barato acceso a la tierra por parte de los grandes empresarios, al bajo nivel de impuestos que se paga al Estado, a los reducidos salarios que se entrega a la fuerza laboral y a la existencia de grandes vacíos legales que permiten la expansión de esta actividad sin el debido control ambiental que impida el deterioro de las tierras.
Presiones, diálogo y concertación
En el gobierno de Morales se sospecha que una parte de estas millonarias ganancias, especialmente las manejadas por el clan Marinkovic, estarían siendo utilizadas en el proceso de desestabilización y conspiración (ver: Branko, el fascista que quiere derrocar a Evo").
Es claro, por ello, que el gobierno de Morales, además de tratar de impedir el alza desmesurada de precios en contra de la canasta familiar, apunta a herir los intereses de los dirigentes de los clanes empresariales.
El objetivo declarado del gobierno de la izquierda indigenista es tratar de lograr un gran acuerdo nacional con la burguesía agroexportadora, dejando de lado tanto la nueva Constitución Política del Estado aprobada por la oficialista Asamblea Constituyente como los Estatutos autonómicos secesionistas impulsados por la oligarquía en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
Con este mismo propósito semanas atrás también había declarado al margen de la ley, a través del Congreso Nacional y la Corte Nacional Electoral, a los referéndums autonómicos que las fuerzas leales a la oligarquía organizan en los valles y los llanos del oriente (ver "Ni la ley frena la subversión oligárquica").
Ahora, presiona con acciones económicas punitivas, e intenta encontrar, con ayuda de la Iglesia Católica, la forma de sentar a la oligarquía a la mesa del diálogo.
El ala más dura de los oligarcas también quiere sentarse a dialogar con Morales, pero sólo después de llevar adelante sus referéndums, que les permitirán negociar desde una posición de fuerza y con la legitimidad que otorga el voto popular. Ellos están seguros que vencerán con amplitud en las urnas.
Evo no hace cumplir la ley
Los 100 clanes, que ejercen el poder político y económico a través de los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, de los comités cívicos y empresariales, que han logrado el apoyo de las organizaciones sociales, populares, vecinales y juveniles, especialmente en el área urbana en seis de los nueve departamentos de Bolivia, avanzan en su proceso conspirativo ante la evidencia de que Morales no tiene ni la fuerza ni la decisión política para enfrentarlos en la calle ni menos para aplicar la fuerza del Estado en cumplimiento de la ley.
En rigor, en los valles y el oriente la única ley que está en vigencia es la que sirve a la oligarquía. El garrote, las bandas fascistas y la gran prensa también cumplen su rol en defensa de los poderosos.
Los subversivos cuentan con el apoyo, aval y financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, denuncia constantemente el Gobierno, que intenta, a su vez, lograr el respaldo activo y sin condicionamientos de los sindicatos y organizaciones laborales, que han comenzado tímidamente a recobrar su independencia política y sindical, enarbolando las banderas que abandonó Morales: nacionalización real del gas, liquidar el latifundio y guerra frontal contra los 100 clanes (ver: Los mineros apuntan a los 100 clanes).
Subvención a los ricos
En sus dos primeros años de gobierno, la administración de Morales ha sido en extremo generosa con la oligarquía que no deja de potenciarse y conspirar contra el indio presidente.
La propia ministra de Desarrollo Rural explicó que la rebelde burguesía agroexportadora del oriente se está beneficiando con millonarias subvenciones en el precio del diesel y con la devolución de impuestos. Los empresarios obtienen el barril de diesel a 27 dólares (en el mercado internacional el barril cuesta 110 dólares), por lo que la subvención anual concedida a los empresarios alcanza a casi 200 millones de dólares.
"Todos los bolivianos estamos subvencionando el precio del diesel para la producción del aceite, además gobiernos anteriores han ido entregando una serie de beneficios al sector exportador. Es uno de lo pocos países que regula la devolución impositiva a través del Cedeim; es el único país en todo el continente que les devuelve un impuesto especial que se llama GAC. Entonces es un abuso por parte de los empresarios la subida exorbitante del precio del aceite", dijo.
Aseguró que existe un tratamiento muy favorable y condescendiente con el sector empresarial ya que, según la ministra, al Gobierno le interesa exportar para potenciar a los sectores productivos, pero que "no pueden seguir trabajando con este tipo de empresarios que solamente piensan en sus bolsillos, en perjuicio de toda la población boliviana".
Una rebelión imparable
En la otra vereda, los agroempresarios anunciaron una reunión de emergencia para este martes en Santa Cruz, seguros de que podrán movilizar al conjunto de la población en defensa de sus intereses y para preservar su pleno derecho sobre la tierra, que monopolizan y usan hasta degradarla, con el único fin de aumentar sus millonarias ganancias, a costa del hambre del pueblo y de un gobierno central, atrapado en sus montañas, y que hasta ahora no es capaz de hacer cumplir la ley ni sus decretos.
La rebelión de los 100 clanes familiares, que tienen en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos, y que además controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, sigue adelante.
Los clanes familiares ya se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, sobre los que han edificado un creciente poder económico y político, manejando a su antojo las principales organizaciones empresariales, cívicas e incluso populares de las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), desde donde conspiran para echar abajo al "indio presidente" e intentan armar su propio Estado, con su Parlamento y Policía propia y con el control absoluto sobre la tierras, los impuestos, la educación y los impuestos (ver "La oligarquía arma su propio Estado").
Movimientos sociales piden nacionalizar las agroempresas
La nacionalización de las grandes empresas agroalimentarias es, para las organizaciones sociales y populares, la única vía para acabar con el constante alza de precios que castigan la economía popular y para cortar de raíz la asonada sediciosa que impulsa la derecha empresarial.
Incluso, los sindicatos y sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) pidieron al gobierno de Evo Morales que nacionalice las empresas productoras de alimentos "para garantizar el suministro de productos de primera necesidad de la canasta familiar en el mercado interno", asegura un informe de la gubernamental agencia de noticias ABI.
Un comunicado público de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dirigida por militantes del MAS, afirma que "el Gobierno debe apuntar a nacionalizar las empresas y lograr que el Estado boliviano cuente con sus propias empresas para que no sufra el incremento de los productos de primera necesidad y romper el monopolio". Manifiesta que no se oponen a la exportación de productos, pero que no se puede actuar "con crueldad" contra el pueblo cuando la producción nacional es suficiente, pero los precios fueron elevados en los mercados locales afectando directamente a la economía de la población.
La Federación de Trabajadores Gremiales Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de la ciudad de El Alto y La Paz (FTGACMVALP) exige "nacionalizar todas las empresas que producen alimentos de primera necesidad como el aceite comestible, trigo, maíz, azúcar, arroz, fideo y harina, entre otros". También expresa su conformidad con los decretos supremos 29460 y 29480 que restringen la exportación temporal de algunos productos de primera necesidad, decisión que califica como acertada porque que vela por la economía de los más pobres.
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz también planteó "nacionalizar todas las empresas de producción de alimentos de primera necesidad que no respetan normas establecidas llegando a la especulación y subiendo los precios con afanes políticos de sabotaje al proceso de cambio que vive Bolivia". Respalda la prohibición temporal de la exportación del aceite comestible (...), su apoyo el fortalecimiento de la producción de alimentos de primera necesidad a favor de todos los productores que se sacrifican en dar alimento al pueblo.
La Central de Pueblos Indígenas de la Amazonía del Departamento de La Paz (CPILAP) pidió al Gobierno de Evo Morales "apoyar y fortalecer la producción e industrialización de alimentos en nuestras comunidades y organizaciones indígenas, a efecto de garantizar el constante abastecimiento de alimentos al interior del país". Demanda el inmediato control de precios y abastecimientos de productos de primera necesidad en los mercados locales, tanto urbanos como rurales, porque su escasez "pone en riesgo la vida y salud de nuestros hermanos bolivianos".
El Movimiento Sin Tierra (MST) expresa, a través de otro pronunciamiento, su respaldo a la prohibición de exportación de aceite comestible. "Solicitamos al Gobierno Nacional proceder a nacionalizar todas las empresas de producción de alimentos de primera necesidad que no obedecen a las normas establecidas y realizan la especulación, provocando el incremento de los precios con fines políticos", indica el documento.
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Argentina: ¿Qué hay detrás del "paro agropecuario"?
La Haine
Juan José Funes
Por la noche del martes 25, desde tradicionales centros de la gran burguesía como Recoleta, Barrio Norte y Belgrano, se organizaban cacerolazos "en apoyo al campo" y una marcha a Plaza de Mayo. ¿A qué se debe esto?
La semana se inició con un recrudecimiento del "paro agropecuario" que ya hace sentir sus efectos sobre la clase trabajadora, con el desabastecimiento de alimentos y la suba brutal de precios de lo que se consigue. ¿Quiénes están detrás del "paro del campo"? ¿Qué responsabilidades tiene el Gobierno K? ¿Qué posición debemos tomar los trabajadores?
Escalada de los precios y desabastecimiento
Desde el gobierno de De la Rúa que no hay un paro de todas las entidades que nuclean a la actividad agrícola ganadera (SRA, CRA, FAA, etc.). Al cierre de esta edición, el paro llevaba siete días, con tractorazos y cortes de rutas, y se empezaba a sentir en carnicerías y verdulerías tanto en los precios como en el abastecimiento.
El desencadenante de la medida de protesta fue el aumento del gobierno en las retenciones a las exportaciones de soja, girasol, aceite de soja (comestible y biodiesel) y aceite de girasol.[1] También ha fijado una banda fluctuante de retenciones, que en el caso de la soja, por ejemplo, si llegara a subir a 600 dólares la tonelada (FOB, es decir puesto sobre barco) subiría el impuesto a 49%, y de ahí para arriba congelaría el precio neto para el sector en 280 dólares la tonelada.
Los grandes ganaderos y los dueños de los grandes tambos quieren más subsidios; los poderosos del sector agrícola quieren regatear el porcentaje de las retenciones. Es una pelea entre tiburones: el Gobierno y el sector agrícola acomodado; el objetivo es el reparto de la renta agraria extraordinaria. Se avecina un invierno de crisis energética en la Argentina y habrá que importar (con precios internacionales por las nubes y consumo local altamente subsidiado). Y los K necesitan recaudar para que los números cierren.
Un paro reaccionario
Desde el vamos hay que decir que el paro del campo contra el gobierno es una medida reaccionaria: es decir, no expresa intereses populares, de los explotados y oprimidos, sino que la Sociedad Rural y los grandes propietarios agrícolas llevan a la rastra a las entidades representativas de los pequeños productores en una pelea que se anuda alrededor de la extraordinaria renta agrícola que se ha generado, entre otras cosas, debido a los altísimos precios de las materias primas en el mercado mundial.
Desde ya que el carácter reaccionario de esta pelea entre el campo y el gobierno K no quiere decir que el gobierno sea el que exprese los intereses populares. En el fondo, es una pelea para ver quién se queda con la renta extraordinaria, más allá de que el gobierno pretenda aparecer como el representante de la población afectada por la brutal escalada de los precios.
Con este libreto, el ministro de economía Lousteau salió a plantear que "no es lo mismo un pequeño tambero que un gran pool de soja (...); el gobierno utiliza las retenciones para impedir que el alza de los precios internacionales se traslade totalmente a los domésticos (...); ante el riesgo de la sojización de la economía, debemos velar por el equilibrio (...); la medida retrotrae los valores de los granos a diciembre del 2007, que ya eran altísimos (...); el sector sigue siendo muy rentable" (Clarín, 14-3-08).
Efectivamente muchas de las afirmaciones que señala aquí Losteau son ciertas, pero lo que el ministro no dice es que el gobierno K no tomó una sola medida que afectase la estructura de la propiedad agraria en todos sus años de mandato: sólo pretende -sobre la base de la actual estructura súper concentrada de la propiedad y la economía del campo- lograr que los "barones del campo" le entreguen una tajada de la renta agraria para ponerla al servicio de la caja del Estado.
Los pequeños productores no pueden ir detrás de la Sociedad Rural
Desde la Sociedad Rural[2] salieron al cruce diciendo que "las medidas son confiscatorias y atentan contra la rentabilidad del sector" y para la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) "son medidas de neto corte fiscalista que tienen un único objetivo: recaudar más". Por su parte, Eduardo Buzzi, presidente de FAA (Federación Agraria Argentina, pequeños y medianos productores) señaló que "potenciará aún más la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos".
Aquí se observa con claridad la contradicción de este frente único de todo el campo. Es que cuando se habla del "campo" siempre hay que diferenciar de quién hablamos: si de los grandes empresarios y latifundistas o de los pequeños y medianos productores (ni hablar cuando se trata de los trabajadores asalariados que trabajan bajo patrón en el ámbito rural).
"El país vive de nosotros, porque inyectamos dinero y porque el Gobierno siempre nos mete la mano para sacar plata fácil" se ufana y se queja, al mando de su camioneta Toyota Hilux 0 km, Cristian Villarreal, mediano-gran productor agropecuario desde Casilda (Santa Fe), capital nacional de la soja. Desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, zona triguera no muy apta para la soja, Juan Casas, pequeño productor, dice "los acopiadores nos pagan lo que quieren; encima está cerrada la exportación de trigo". Dos realidades muy distintas, las de Villarreal y Casas.
El campo no es uniforme; a grandes rasgos hay -a nivel productivo- cuatro sectores: 1) agrícola, 2) ganadero, 3) lechero, 4) frutihotícola. Todos tienen algo en común, la tierra como fuerza productiva, y están profundamente interrelacionados, pero cada uno de ellos tiene características propias a nivel de la propiedad que lo diferencian de los demás. Porque, como hemos señalado, no es lo mismo la SRA y el pool sojero que los pequeños productores.
Cuando la SRA critica las medidas por "confiscatorias" o la CRA las señala como de "neto corte fiscalista", lo único que están señalando es que sobre la base de las leyes que resguardan la propiedad privada les correspondería a ellos, de manera íntegra y total, algo que les viene absolutamente gratis: la prodigalidad del campo argentino, en condiciones donde además los precios de las commodities están por las nubes.[3]
Está claro que el ángulo de Buzzi (FAA) luce distinto al dar cuenta del proceso histórico de concentración de la tierra en pocas manos, que tiene décadas y parece imparable. Pero Buzzi se ubica del lado equivocado de la trinchera cuando dice que "el campo se ha unido tras un único objetivo". Porque el 10% del sector agrícola produce el 90% de la soja y vive un período de esplendor, pero al mismo tiempo esta situación ha hecho entrar en crisis estructural al pequeño chacarero que, con sus 200 hectáreas en una economía mundializada, es víctima de los grandes acopiadores de granos y de las empresas de biotecnología (Monsanto, Nidera), no teniendo más remedio, la mayoría de las veces, que arrendar su campo.
Pero entonces, ¿qué hace una organización de pequeños y medianos productores -que son los que ponen la gente en los cortes de ruta en el interior- a la rastra de los intereses de los grandes tiburones del campo? No tienen nada que hacer allí, junto a los que quieren quedarse con toda la renta agraria y liberalizar los precios, lo que solo podría hacerse a expensas de los trabajadores y sectores populares del campo y la ciudad.
Por una alianza independiente de los explotados y oprimidos de la ciudad y el campo
Dirigentes como D'Elía, Depetris y otros han salido a convocar una marcha hacia la Sociedad Rural. Estos sectores K pretenden hacer su repudio al paro del campo desde la ubicación de la defensa cerrada del gobierno. No es esto lo que se necesita. Porque los problemas de los pequeños y medianos productores son reales y, en realidad, el propio gobierno que ahora sufre el paro agrario, en todos estos años, como está dicho, no tomó una sola medida contra el proceso brutal de concentración de la tierra y la renta agraria.
La única salida que tienen los pequeños productores es aliarse con los trabajadores y demás sectores oprimidos, porque ambos son víctimas de la política del gobierno kirchnerista. El gobierno no ha corregido los desequilibrios; por el contrario, bajo los K se han acentuado. Desaparecerán más y más chacareros y los pools del campo se harán cada vez más fuerte.
No es alineándose entonces con el gobierno K como se podría dar una salida tanto a los problemas de estos productores, como a la escalada de los precios y el desabastecimiento que se comienza a notar en carnicerías y verdulerías. Lo que hace falta es otra cosa: es la unidad de estos pequeños productores con los trabajadores urbanos y rurales, en la vía tanto de impulsar medidas de auténtica reforma agraria y socialización del campo como de un estricto control de precios de los productos de primera necesidad, así como la expropiación de todos aquellos grandes propietarios que especulen con los precios y/o provoquen desabastecimiento.
Es decir, para resolver los problemas de los pequeños productores y los trabajadores del campo hace falta una alianza de clase opuesta: ni con la Sociedad Rural ni con el gobierno K: con los trabajadores.
Notas
[1] Soja, del 35 al 44,1%; girasol del 32 al 39,1%; aceite de soja, al 32%; biodiesel, del 5 al 20%; aceite de girasol, al 32%.
[2] Junto con la Sociedad Rural, hay otras organizaciones de grandes empresarios como AAPRESID (Asociación de Siembra Directa de Soja) que es el representante específico del pool sojero (nido de depredadores agrarios) con su jugador más fuerte a la cabeza, Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) Aclaremos de paso que Grobo es íntimo amigo de Daniel Scioli y se reúne una vez por mes con el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner.
[3] Existe una particularidad de la que debemos dar cuenta respecto de la relación entre producción agrícola y ganadera, las dos ramas productivas tradicionales del campo. El sector ganadero vive en crisis porque hoy es mucho menos rentable. Ha bajado de modo alarmante el stock de ganado vacuno (55 millones de cabezas según censo del 2002), y las existencias reales son un secreto guardado bajo siete llaves. Por esta razón -entre otras- los precios de la carne están por las nubes, a pesar de la promesa gubernamental de cortes de carne a precios fijos (ver reportaje a Walter Espinosa en esta edición). Con la lechería ocurre otro tanto: sus subproductos empiezan a escasear en las góndolas de los supermercados. Todos los días se rematan decenas de tambos. La causa: producir leche no es rentable. De la papa ni hablar. El causante de todos estos desequilibrios es la bonanza agrícola (en especial, de la soja y el girasol). Precisamente, los poderosos del sector agrícola, montándose en estas crisis estructurales, han logrado poner a la rastra a todos los sectores alrededor de su programa reaccionario.
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Estudiantes y familiares piden justicia por jóvenes asesinados en Ecuador
PÚLSAR
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acompañaron este martes el reclamo de los familiares de los jóvenes asesinados en la operación militar colombiana que bombardeó un campamento de las FARC en Ecuador.  NOTA CON AUDIOS Con una marcha que recorrió el campus universitario, estudiantes, profesores y familiares exigieron al gobierno mexicano de Felipe Calderón que condene el asesinato de los jóvenes estudiantes. La manifestación exigió el castigo a los responsables de los asesinatos durante el bombardeo del pasado 1º de enero al campamento irregular que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia instalaron en Ecuador. Cuatro jóvenes mexicanos murieron durante la incursión militar colombiana en Ecuador mientras realizaban estudios en el campamento de las FARC. María Álvarez, tía de la joven sobreviviente del ataque Lucía Andrea Morett, señaló que el "gobierno mexicano no puede quedar en silencio" frente a este hecho. Por su parte, Marcelo Franco, padre del joven asesinado Fernando Franco, demandó un castigo para el gobierno de Colombia por el crimen cometido. Además, la Asamblea estudiantil de la UNAM repudió el "linchamiento mediático" sufrido por la casa de estudios y los estudiantes que investigaban junto a las FARC.
Audios disponibles:
María Álvarez, tía de Lucía Morett, sobreviviente del bombardeo. 26 seg. (417)
Marcelo Franco, padre de Fernando Franco, joven asesinado durante el ataque. 15 seg. (239 Kb.) --------------------------------------------
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 Informe de la Tercera Caravana en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas
Sábado 22 de Marzo 2008
La caravana de observación convocada por La Otra Campaña, del 14 al 23 de marzo del presente año, tuvo como objetivo visitar a las comunidades zapatistas para documentar las agresiones en contra de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas.
Se realizaron visitas a 12 comunidades de los siguientes caracoles:
Caracol I La Realidad
Caracol II Oventic
Caracol III La Garrucha
Caracol IV Morelia
Caracol V Roberto Barrios
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Tercera Caravana en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas
Brigada 1
Caracol La Realidad
Comunidad 24 de Diciembre.
La comunidad 24 de Diciembre, del municipio autónomo San Pedro Michoacán, Caracol La Realidad fue desalojada en 1995, y se construyo un cuartel del ejército federal. El 24 de diciembre del 2006, 31 familias retoman sus tierras. A partir de este momento, han recibido agresiones constantes por parte de la Unión de Ejidos de la Selva UES, a quienes el gobierno otorgo el derecho a trabajar estas tierras de 525 hectáreas después del desalojo en 1995. Las agresiones mas graves son las siguientes.
Los integrantes de la UES entran a la comunidad y machetean, queman sus milpas y cafetales. Realizan la tala clandestina de árboles. La comunidad es despojada de su manantial de agua, siendo este apoderado por el ejército, lo cual comparte el agua con los integrantes de la UES.
La comunidad se encuentra amenazada; por la UES, el ejército y un campamento de la Policía Estatal Preventiva.
Brigada 2.
Caracol Oventic.
Comunidad Huitepec Ocotal sección II.
Esta comunidad está conformada por BAZ que desde 2006 protegen una reserva ecológica de 102 Has. El gobierno busca tener la propiedad a través del despojo ilegal mediante la falsificación de documentos.
Los habitantes sufren una serie de hostigamiento y amenaza de desalojo, tanto por parte de Mariano Ochoa, presidente municipal del PRI, San Cristóbal de las Casas, como de habitantes, priistas de la zona.
Comunidad 5 de Marzo.
Esta comunidad que comprende 55 hectáreas esta integrada por BAZ, sociedad civil y adherentes a la Otra Campaña que desde 1994están en resistencia. Desde el 5 de marzo de este año la colonia 5 de marzo se autonombro comunidad de 5 de marzo, siendo ahora autónoma de San Cristóbal de las Casas.
Actualmente se presentan dos problemáticas, una es la negativa al acceso del agua y el corte de energía eléctrica por parte de las autoridades municipales. La otra es la venta y el despojo de terrenos comunitarios, falsificando documentos. Los terrenos afectados miden aproximadamente 1,259 m2.
Comunidad Sokon.
Esta comunidad esta integrada por 42 personas de origen tzotzil que habitan en un terreno de aproximadamente 2 hectáreas. Desde el 2002 son despojados de un manantial que esta dentro de su terreno, por habitantes de la comunidad aledaña de Nachig de afiliación al PRD. Este problema se intenta solucionar de forma pacifica sin que haya habido respuesta.
Esta situación genera una problemática de salud a todos los habitantes, por lo que se presentan enfermedades como infecciones de la piel, diarrea, calenturas, entre otras.
Las condiciones de vida de las mujeres es difícil, dado que tiene que caminar una hora y media en condiciones de inseguridad (dado el hostigamiento de los habitantes de Nachig) para lavar sus ropas y, conseguir agua para uso domestico.
Comunidad y Municipio Autónomo San Pedro Polhó.
A partir de 1997, ésta comunidad está conformada por originarios y desplazados de guerra por ataques paramilitares y del ejército. La problemática que viven los desplazados es la falta total de servicios básicos (drenaje, agua, educación, alimentación).
Otra es la necesidad de rescatar sus tierras de las que fueron desplazados, las cuales no pueden recuperar porque están ocupadas por paramilitares que hacen uso de éstas; además, sus casas fueron destruidas y son amenazados permanentemente para no volver.
Existe información fundada de que se está preparando la legalización del despojo, argumentando que tienen más de 6 años de no habitarlas.
Comunidad y Municipio Autónomo San Andrés Sakamch´en de los Pobres.
A partir de 1995 San Andrés, se declara Municipio Autónomo. Al mismo tiempo se conforman grupos paramilitares, los cuales hostigan y violentan a la comunidad para desalojar a las autoridades tradicionales y al Consejo Autónomo.
Otros espacios de los que los intentan desalojar es el mercado autónomo y el albergue el cual es resguardado por el Comisariado de Bienes Comunales (construcción que sería destinada para conformar una escuela autónoma.
Brigada 3.
Caracol La Garrucha
Esta brigada visito las comunidades de San Manuel y Benito Juárez, en el Municipio Autónomo de San Manuel, y la comunidad de Javier Hernández, en el Municipio Autónomo Francisco Gómez. El despojo de tierra, agresiones verbales, amenazas e intimidación, son las problemáticas constantes de estás comunidades, así como la contaminación de agua en la comunidad de Javier Hernández.
Comunidad San Manuel. A partir del 11 de Julio de 2007, la comunidad de San Manuel, municipio de San Manuel, ha sido despojada de 232 has., de un total de 420 has., de tierra recuperada pertenecientes a 8 familias bases de apoyo de la comunidad de San Manuel, así como 148 has. están amenazadas de despojo, por miembros de las organizaciones de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC Oficial) y la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).
Comunidad Benito Juárez. En la comunidad Benito Juárez, Municipio Autónomo de San Manuel, los potreros comunales y el centro de la comunidad están siendo invadidos con el ganado y caballos de 60 familias de la Aric, la Organización de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) y la Organización Proletaria de Emiliano Zapata (OPEZ), quienes han fincado sus casas a 300 mts. de esta comunidad. Asimismo, han tratado construir más casas en tierra recuperada, pero las bases de apoyo no lo han permitido, sin embargo siguen las amenazas de despojo de esta tierra.
Comunidad Javier Hernández. La comunidad de Javier Hernández del Municipio Autónomo de Francisco Gómez. Padece la contaminación de agua, que proviene de un manantial en la comunidad priista de Pamalá. Por lo cuál, esto ha afectado la salud de sus habitantes y, causando enfermedades estomacales y de la piel, esto ha afectado principalmente a los niños y ganado de esta comunidad.
En Javier Hernández se encuentran 20 familias desplazadas, desde hace un mes. Son Bases de Apoyo Zapatistas de la comunidad Benito Juárez del Caracol de la Realidad, por miembros del Aric Independiente y Democrático de la misma comunidad bajo amenazas y acciones violentas.
Brigada 4
Caracol de Morelia
El martes 18 al medio día, entraron al territorio de Bolon Ajaw, dos turistas nacionales guiados por un integrante alcoholizado de OPDDIC. Esta invasión forma parte de una estrategia de provocación, basada en la violación del derecho territorial y la difamación de las Bases de Apoyo Zapatistas de este lugar. Esta difamación consiste en decirles a los turistas que, hay gente mala y que por tanto corren peligro.
Brigada 5
Caracol Roberto Barrios
Comunidad Choles de Tumbalá. En Choles de Tumbalá del Municipio Autónoma El Trabajo hay amenaza de desalojo para el día 9 de abril, por parte de los rancheros y organizaciones opuestas al zapatismo que actúan conjuntamente con el gobierno, la policía estatal y municipal. La comunidad ya fue desalojada hace dos años, persistiendo la tensión en las Bases de Apoyo Zapatistas de esta comunidad.
Comunidad Nueva Tila. En Nueva Tila del Municipio Autónomo de Vicente Guerrero la estrategia de despojo de tierra, sigue el mismo patrón.
En Nueva Tila los pobladores se han percatado de la constante presencia de retenes militares, sobrevuelos de helicópteros y aviones, así como de incursiones de camiones del ejército mexicano en los alrededores, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, resultando en el hostigamiento y la presión psicológica para los pobladores de la zona.
Conclusiones:
Los sucesos recién descritos, contradicen contundentemente las declaraciones del gobernador Juan Sabines Guerrero en una carta dirigida a las Juntas de Buen Gobierno; la cual fue publicada el día 12 de Marzo de Apoyo Zapatistas de todo el territorio indígena recuperado de Chiapas.
Por lo tanto y en vista de lo anterior, hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil para que se mantenga informada y alerta de las declaraciones falsas y contradictorias del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero; puesto que como ha quedado evidenciado y obvio que los y las Zapatistas se encuentran en una situación de inminente emergente de ataques, robos, violaciones, acusaciones falsas; despojo y desalojo de sus tierras, así como su integridad física, en donde los grupos total o parcialmente armados, así como policías, elementos del gobierno municipal, estatal y federal gozan de plena impunidad.
Conociendo además la situación de los 35 presos políticos en huelga de hambre en Chiapas decidimos visitarlos en el penal número 14 del Amate el sábado 15 de marzo. Comprobando que las autoridades carcelarias y el gobierno estatal no respetan el derecho de visita y no nos permitieron la entrada.
Nos sumamos al grito de justicia y libertad para los presos en huelga de hambre.
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Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-
Juanes, quítate la camisa negra
Sergio Delgado
La paz de Juanes, con sabor a intervención, violencia Imperial, no se recoge la sangre derramada en Ecuador, con asalto y violencia, asesinato a mansalva, se pasan por alto todas las normas de convivencia pacífica, se violan territorios, esa es la paz de Juanes, no solamente la de él, también la de Miguel Bosé, Alejandro Sanz y compañía. Es una extraña paz con camisa negra, su canto es una paz basada en el atropello a los pueblos, llenarlos de ignorancia, hacernos ver que existen seres “nobles y divinos”, y sus seguidoras sifrinas, seres vacuos como sacadas de una revista Vanidades, que se preocupan ahora por la violencia en la frontera Colombo Venezolana. Ahora es que se han dado cuenta que existe una guerra en Colombia, una guerra interna de 50 años, pero no se han detenido a pensar que es también una guerra debido a la injusticia social y política, la falta de lógica de los participantes en el conflicto. ¿Se darán cuenta artistas como Juanes que el Imperio más poderoso del planeta ha producido un genocidio en Irak, ha generado violencia sistemática en el continente?. Miles de mutilados por los vendedores de armas en el mundo. ¿Se habrán dado cuenta estos “revolucionarios del canto y del espectáculo” que EEUU es uno de los mayores propiciadores de guerras en el mundo?. Debemos recordarle a Juanes que en EEUU están los mayores vendedores de armas. Gracias a las guerras propiciadas por el Imperio, el mundo se ha llenado miseria y muerte. Así canta Juanes en una de sus canciones dice: “Colombia tierra querida himno de fe y armonía cantemos, cantemos todos grito de paz y alegría vivemos siempre vivemos a nuestra patria querida tu suelo es una oración y es un canto de la vida (bis) Juanes es tragicómico, ¿cuál es la paz que defiende? la de suelo arrasado que quiere imponer Uribe. ¿Sabrán Juanes y compañía que el principal proveedor mundial de minas antipersonales es EEUU? Aunque cante como un canario y mueva su cuerpito como Bosé, en Colombia no se pueden resucitar la justicia y la paz verdadera, el concepto de paz de Juanes es la que imponen las cadenas de televisión apoyadas por empresas que patrocinan el show y el negocio del espectáculo, empresas como Claymore Inc, la mayor fabricante de minas antipersonales del mundo. ¿Por qué no aprovecharon su estancia en los Ángeles y protestaron en contra de esta empresa, o hicieron un show global en contra de Bush.? ¿Por qué no hacen uno para protestar por la intromisión de EEUU en Irak, la destrucción de su cultura y de su pueblo, el genocidio provocado por esta guerra estratégica con miras a tomar el control de la energía mundial?. Ahora pretenden estos seres plásticos descubrir algo obvio, la guerra y la violencia en Colombia. ¿Desde cuando existe violencia en este país hermano?, desde hace 50 años, es uno de los más peligrosos del mundo, no se va a acabar esta guerra por su show plástico en la frontera. Lo primero que hay que desmontar es la mentira, luego la injusticia, para que exista diálogo verdadero y un avance legítimo hacia la paz.. No pretendan, Juanes, Bosse, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra darnos lecciones de vida y esperanza, si la vida está siendo aniquilada por el peor depredador del planeta, el gobierno Repúblicano de Bush. No necesitamos espectáculos de marketing, donde incluso las lágrimas de Alejandro Sanz, estaban en el guión. Quítate la camisa negra Juanes
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Jalisco: 90 millones para promover el fanatismo
Edgar González Ruíz
Recientemente, el mandatario de Jalisco, Emilio González Márquez, anunció que su gobierno donaría 90 millones de pesos para la construcción del llamado “Santuario de los Mártires”, ubicado en el Cerro del Tesoro, en Guadalajara, con un terreno de 16 hectáreas, donado a la Arquidiócesis por la familia Aguilar Valencia.
En lugar de destinar esos recursos a la solución de problemas sociales, González Márquez, a quien algunos vinculan al grupo ultraderechista del Yunque, los desvía para promover el culto a los sanguinarios cristeros, que en los años 20 lucharon para imponer en México una tiranía católica, pues el santuario está dedicado a los “mártires mexicanos”, y la mayoría de los que por esa razón han sido llevados a los altares, lucharon en esa cruzada contra el estado laico.
Dicha decisión no sólo constituye un nuevo agravio de gobernantes panistas contra el estado laico, sino que está en continuidad con la política de González Márquez de destinar los recursos públicos a sectores económicamente poderosos, como es la Iglesia o los consorcios mediáticos.
Cabe recordar que el año pasado Emilio donó 67 millones al evento Espacio 2007, organizado por Televisa, a lo que deben sumarse 30 millones para el Teletón, y 12 millones para la telenovela Las tontas no van al cielo, de Televisa, así como 3.5 millones de pesos al Juguetón de TV Azteca.
Desde luego, dar dinero a las televisoras es buena inversión para los gobiernos panistas y para el de Jalisco en particular, pues llegan al poder y se mantienen en él con el apoyo de la publicidad de los grandes medios.
Además de los 90 millones destinados al Santuario Cristero, González Márquez ya comprometió otros 90 millones para mejorar la ruta que transitan peregrinos católicos hacia el municipio de Talpa, cuyo presupuesto anual asciende a 60 millones de pesos, y se espera que pronto anunciará otras erogaciones para la ruta de los Altos de Jalisco, hacia San Juan de los Lagos, como parte de un proyecto turístico estatal para honrar la memoria de los cristeros.
Asimismo, el 30 de mayo de 2007, Emilio González anunció la entrega de 15 millones de pesos para la creación de cinco bancos diocesanos de alimentos en las cinco regiones en las que está estructurado Jalisco.
Es decir, tan sólo los principales apoyos financieros que se conocen del gobierno de Jalisco a sus aliados del clero y de las televisoras suman más de 350 millones de pesos.
En todos los casos, el gobernador ha actuado discrecionalmente, lo que ha motivado fuertes críticas de sectores sociales y de legisladores, incluyendo al coordinador de la bancada panista estatal, Jorge Salinas Osornio, quien dijo que el gobernador no tiene justificación alguna para apoyar la construcción de un templo católico, y que en todo caso, si quería apoyar el turismo religioso podía haber invertido en infraestructura anexa al santuario, como vialidades o equipamiento.
Por su parte, el PRD de Jalisco ha puntualizado que el gobierno del Estado no puede funcionar como si fuera la “caja chica” del Arzobispado y anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise los manejos financieros del Mandatario Emilio González Márquez.
La decisión de González ha motivado críticas también de denominaciones religiosas como La Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara.Armando Maya Castro, vocero de la región occidental de esa iglesia ha señalado que:“No se pueden tomar recursos del erario, porque estamos hablando del pueblo, del dinero que aporta el pueblo, y el pueblo no es uniformemente católico, estamos hablando de un un país donde hay diversidad religiosa y todos los habitantes, independientemente de su credo aportan o pagan sus impuestos y ese dinero no se puede estar tomando para favorecer en exclusiva a una iglesia”.
Ante ello, González Márquez alega, como lo ha hecho para invertir en Telenovelas y eventos publicitarios, que el Santuario atraerá el turismo religioso, con lo cual habrá una “gran derrama económica” en beneficio de la entidad.
De manera oportunista algunos empresarios conservadores, entre ellos el hotelero Miguel Angel Fong han defendido la decisión del gobernador,alegando que en ello no los mueve el fanatismo sino la conveniencia económica, pero hay que recordar que en 1991, el mismo sector reaccionó con cerril intolerancia cuando se intentó organizar en Guadalajara el Congreso Mundial Lésbico Gay.
En esa ocasión, Benito Fong y otros hoteleros como Francisco Martínez Martínez, desdeñando cualquier beneficio económico, aseguraron a la prensa: “expulsaremos de la agrupación a todo aquel miembro de la Asociación (de Hoteles y Moteles de Jalisco) que dé hospedaje a quienes vienen a la reunión”.
En realidad, la macrolimosna para el Santuario viene a sumarse a una política más general de gobiernos panistas de impulsar el llamado “turismo religioso”, como en el caso de Torreón, donde el ayuntamiento ha apoyado el funcionamiento del Santuario del Cristo de los Noas, al que quiere convertir en figura emblemática de la ciudad, en detrimento de su pasado revolucionario y de las legendarias gestas que en ella realizó Pancho Villa.
Pero la mafia en el poder combina la ideología con el interés económico, por lo que trtan de beneficiarse con una intensa comercialización del fanatismo.
En el caso de Jalisco la situación es mucho peor, pues cotidianamente los gobiernos panistas han estado apoyando al clero en su empeño de glorificar la memoria de los cristeros, sea erigiéndoles monumentos en sus poblados natales, organizando eventos en su honor, o editando libros favorables a ellos, como hizo González Márquez desde el gobierno municipal.
A esos proyectos de tipo histórico religioso hay que añadir el apoyo de diferentes dependencias estatales a la jerarquía católica. Por ejemplo, el 2 de marzo pasado, el Secretario de Cultura, el arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija, quien ha sido director del grupo conservador Fundice, anunció que el gobierno estatal apoyaría la construcción de la Basílica de la Concepción de Yahualica, en la tierra natal del Arzobispo de Guadalajara.
Ante las críticas sociales, la mafia ultraderechista en el poder, que en la persona de Ana Teresa Aranda controla la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Segob, ha reaccionado con prepotencia y complicidad ante la abusiva política de Emilio González.
Interrogada el 25 de marzo por la agencia Notimex acerca del millonario donativo para el Santuario, Aranda, quien fue militante del grupo ultraderechista Ancifem y cuya preparación de limita a la de secretaria bilingüe, respondió tratando de evadir los cuestionamientos, que el tema era “un asunto local” y alegó que las entidades tienen soberanía en el manejo de su presupuesto…”.
En realidad, en el manejo de los recursos públicos, Emilio González ha tomado decisiones unilaterales, con criterios sectarios o inclusive egoístas, pues se le ha criticado su acentuado nepotismo.
González Márquez no consultó con los legisladores ni con la sociedad si debería o no apoyar la construcción del Santuario,pero evidentemente sí lo acordó desde hace algunos meses con Juan Sandoval, pues en una nota publicada el 9 de febrero de este año por MURAL, se citaban palabras de Sandoval Iñiguez, quien aseguraba que la edificación del Santuario de los Mártires de Cristo lleva un avance del 10 al 15 por ciento y podría concluirse dentro de cuatro años, estimó el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
Sólo un 15 por ciento de avance se había registrado en más de siete años, pues primeros donativos para el Santuario llegaron en el 2001 y fueron gestionados por Monseñor Óscar Sánchez Barba, quien dos años después, luego de realizar varios viajes a EU y Europa para gestionar recursos, fue denunciado por 14 constructoras debido a un presunto fraude por 84 millones de pesos.
Ahora, el gobierno de Jalisco ayuda al Arzobispado a resolver esas dificultades económicas, y de paso Emilio González, guardando las proporciones,pretende convertirse en émulo de Francisco Franco, quien perpetró la infamia de construir el llamado “Valle de los Caídos”, cerca de Madrid, en honor de los combatientes fascistas y falangistas de la Guerra Civil Española.
Más allá del millonario abuso económico que representa la erogación de Emilio González, quien como panista se opone al “populismo”, es decir, a los proyectos de ayuda social, hay que considerar el matiz ideológico que conlleva,
Los cristeros lucharon contra el estado laico, cometiendo en su empresa mil desmanes: asesinaron y mutilaron a los agraristas y las maestras rurales, destruyeron escuelas y quemaron libros, prohibieron el divorcio, defendieron los intereses de los terratenientes así como de los consorcios extranjeros.
Hay que recordar que en el periodo en que ocurrió la principal guerra cristera, de 1926 a 29, el gobierno mexicano tenía grandes presiones por parte del estadounidense, que quería garantizar los intereses de sus empresarios y en especial de los petroleros, por lo que el 2 de abril de 1927, antes de embarcarse a Nueva York, el obispo Pascual Díaz Barreto exhortaba al presidente estadounidense Calvin Coolidge a no dejarse “engañar” por el gobierno mexicano, que según el prelado quería “confiscar” las propiedad “americana” al igual que había hecho con los bienes del clero.
En suma, el Santuario idealiza a los fanáticos que ayer se opusieron al laicismo, al progreso y al soberanía nacional, y que en una segunda etapa de su lucha, en la época de Lázaro Cárdenas, se identificaron plenamente con los franquistas y fascistas de la época.
Una vez más, la ultraderecha en el poder está aprovechando circunstancias como la división dentro de la izquierda, para impulsar proyectos contrarios a la sociedad mexicana.
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Contra el tiempo y el olvido.
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Quienes detentan el poder, día a día violan los más elementales Derechos Humanos, amparado en las instituciones que dice defender, instituciones que ellos mismos han mancillado para bien de sus intereses personales o de grupo. No pueden decirse gobiernos democráticos, no sólo porque no provienen de elecciones transparentes, sino porque en lugar de defender al pueblo le arrebatan sus derechos más preciados.
Se atropellan para ensalzar con sus discursos a los héroes nacionales, aunque provengan de las corrientes más reaccionarias, responsables de haber asesinado las conquistas de quienes con sus luchas libertarias buscaron mejores condiciones de vida para su pueblo.
Se aterrorizan cuando se habla de guerrilleros, pretendiendo hacernos olvidar que fueron los guerrilleros de Morelos, de Zapata, de Lucio Cabañas quienes con su vida contribuyeron para alcanzar las condiciones de hoy en nuestra patria, situación que sin ellos sería impensable.
Nuestros compatriotas que fueron masacrados en Ecuador, cometieron el imperdonable delito de ser jóvenes, de amar profundamente la vida, esa vida que el gobierno norteamericano y Uribe les arrebataron de un solo tajo.
El gobierno de Felipe Calderón tiene la innegable responsabilidad de exigir con la mayor firmeza, que se haga justicia.
No es de hoy que existe una coordinación entre los gobiernos títeres del imperialismo para asesinar a los pueblos de América, cuando en Centroamérica se implementaba la "Operación Cóndor" en México se ponía en práctica la "Operación Telaraña" para combatir a los grupos insurgentes, las secuelas de masacres y desapariciones nos persiguen aún.
La desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez el 25 de mayo del año pasado se inscribe en esa larga Guerra de Baja Intensidad en contra de los luchadores sociales y el pueblo organizado, a ésta responde también mantener en las cárceles de nuestro país a cientos de mujeres y hombres como rehenes del Estado, no importa que los gobernantes se digan de izquierda, de todos es sabido que el discurso siempre choca con la terca realidad que los retrata de cuerpo entero.
La lucha de clases sigue presente en cada uno de los episodios de los pueblos del mundo, es decir, los pobres siempre seremos las víctimas de las ambiciones de quienes tienen en sus manos el poder político y económico.
En este contexto, hay quienes tienen la humildad de trascenderse a sí mismos y superar las mezquindades humanas para convertirse en verdaderos revolucionarios, hacer la revolución es un ejercicio interior, es la transformación para alcanzar el status de hombre nuevo.
Hay quienes viven para la revolución, hay quienes viven de la revolución.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
¡Castigo a los responsables!
¡Justicia y libertad para Loxicha!
Juan Sosa Maldonado
OPIZ/FNLS
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 25 de Marzo de 2008
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OTAN ¡hasta la vista baby!
 El 22 de Marzo de 2008, cientos de personas de alrededor de una quincena de países europeos acudieron al cuartel general de la OTAN, a las afueras de Bruselas, para cerrar esta sede y tratar de impedir la extensión de los crímenes de guerra y las ocupaciones militares.
Según los organizadores de la protesta, bautizada como NATO Game Over (OTAN, juego terminado), en torno a una cincuentena consiguió acceder al recinto.
Como consecuencia de esta accion han sido detenidas en torno a quinientas personas, entre ellas un grupo de unas diez personas del estado español, participantes del Movimiento de Objección de Conciencia y Alternativa Antimilitarista, que ya han sido puestas en libertad.
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Según informan los activistas, un grupo de agentes soltó una manada de perros por un lado, para evitar que los activistas salieran corriendo, mientras que policías los cercaban por el otro. Acto seguido los agentes detuvieron a unas 140 personas, que fueron esposadas con bridas y, sin mediar palabra, fueron introducidos en varios furgones policiales, donde permanecieron encerrados durante al menos cuatro horas.
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Denuncian coacción a indígenas de la Huasteca para esterilizarlas
La Jornada ■ Les condicionan apoyos gubernamentales y les ocultan información sobre su salud: ONG
■ En las comunidades se quejan de trato despectivo de médicos y enfermeras y falta de fármacos ■ A quienes piden servicios les dicen que “quieren tener hijos como si fueran marranas”, señala Carlos Camacho (Corresponsal) Pachuca, Hgo., 26 de marzo. El Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental (Codehhso) aseguró que en comunidades indígenas de las huastecas veracruzana, potosina e hidalguense persiste la práctica de “esterilizaciones forzadas”, que consiste en amenazar a las mujeres con no proporcionarles los apoyos de los programas asistenciales del gobierno a menos que se sometan a los métodos de planificación familiar que promueve el sector salud. Pedro Hernández, presidente del Codehhso, reconoció que el problema no “es nuevo”, pero se presenta con frecuencia entre las mujeres indígenas de las comunidades huastecas, a quienes médicos y enfermeras tratan con desprecio, y usan expresiones como: “ya no deben tener hijos porque ya no hay tierras que darles” o ”quieren tener hijos como si fueran marranas”. Agregó que a las indígenas que acuden a los centros de salud para realizarse estudios como la citología vaginal (o prueba de Papanicolau) “no se les explican bien” el procedimiento ni sus resultados, y una infección vaginal es el pretexto idóneo de los médicos “para esterilizarlas” sin su consentimiento, lo que, a juicio del ombudsman indígena, es una “clara violación de los derechos humanos de las mujeres”. Hernández abundó que estas prácticas son más frecuentes en localidades de los municipios hidalguenses de Huautla, Atlapexco, Huejutla, Yahualica y en parte de la sierra de Tlanchinol, que colinda con la Huasteca. Otro problema severo, dijo, es la ineficiencia de los servicios médicos que se proporcionan a los grupos étnicos, pues cuando llegan tres menores enfermos con calentura y diarrea, padecimientos comunes en esa zona semitropical y de alta marginación, atienden sólo a uno, con el “pretexto” de que no tienen suficientes medicamentos. La Unión de Mujeres Humberta Hernández Tovar tiene documentada una larga lista de este tipo de violaciones a las garantías de los indios en esa región, agregó el dirigente del Codehhso, organismo que opera en las comunidades indígenas de la Huasteca en las entidades mencionadas. Para contrarrestar esos abusos se creó la Red por la Defensa de los Derechos Humanos de los Grupos Indígenas, que ya tiene representaciones en 32 poblados de las huastecas veracruzana e hidalguense. De esta forma, destacó Pedro Hernández, se busca que las personas conozcan primero sus derechos y luego aprendan a defenderlos, porque las autoridades se aprovechan de su ignorancia. Por medio de esta red, agregó, se busca que cualquier violación a los derechos fundamentales de los indígenas sea denunciada ante las instancias correspondientes para que se sancione a los responsables. Además, dijo, los promotores de cada comunidad procuran preservar usos y costumbres y formas de convivencia que por diversas razones se han ido perdiendo, con la privatización de la tierra y la atomización de su propiedad. “Ahora ya nadie quiere participar en las tareas comunitarias (faenas), cooperar para las fiestas locales o para la realización de alguna actividad que beneficie a la comunidad, sobre todo los jóvenes. Se ha perdido ese sentido de convivencia y de pertenencia que fortalecía a los grupos indígenas”, concluyó.
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Tv e Iglesia, principales beneficiarias de la generosidad de Emilio González
Hablo el cara de cerdo: Juan Sandoval Íñiguez, intentó justificar el uso de fondos públicos para la construcción de la basílica cristera en Tlaquepaque: “Los templos son de beneficio público y un servicio muy importante para el pueblo, que su mayoría es católico. No está mal que el gobierno, que recoge los dineros de este mismo pueblo católico, dé una ayuda para esos templos, que traen un servicio social”.
La Jornada
■ Desde que llegó a la gubernatura les ha dado casi $200 millones
Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)
Ampliar la imagen En imagen de archivo, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, promotores del uso del erario en obras que benefician a la Iglesia católica. El PRD anunció que demandará a la Auditoría Superior de la Federación investigar al funcionario En imagen de archivo, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, promotores del uso del erario en obras que benefician a la Iglesia católica. El PRD anunció que demandará a la Auditoría Superior de la Federación investigar al funcionario Foto: Arturo Campos Cedillo
Guadalajara, Jal., 26 de marzo. En el año que lleva como gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez ha entregado 90 millones de pesos a la Arquidiócesis de Guadalajara para la construcción del Santuario de los Mártires, así como 67 millones a Espacio 2007, 30 millones al Teletón, y 12 millones a la telenovela Las tontas no van al cielo, de la empresa Televisa, y 3.5 millones de pesos al Juguetón de Tv Azteca.
Esta entrega de fondos públicos ha sido discrecional, a espaldas del Congreso del estado.
Además, ya comprometió 90 millones de pesos para mejorar la ruta que transitan peregrinos católicos hacia el municipio de Talpa y se espera que en breve anuncie erogaciones para la ruta de los Altos de Jalisco, hacia San Juan de los Lagos.
La donación de 90 millones para el santuario cristero, tomada de supuestos ahorros del gobierno estatal, motivó reacciones de los líderes parlamentarios de las tres fracciones mayoritarias en el Congreso local, incluso del coordinador de la bancada panista, Jorge Salinas Osornio, quien dijo que el gobernador no tiene justificación alguna para apoyar la construcción de un templo católico, y si quería apoyar el turismo religioso podía haber invertido en infraestructura anexa al santuario, como vialidades o equipamiento.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que sus diputados en el Congreso de la Unión solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise los manejos financieros de González Márquez.
“Nos oponemos a que el gobernador peregrino, Emilio González Márquez, desvíe recursos públicos”, señaló Gabino Berumen Cervantes, líder perredista local. Además, dijo, el sol azteca promoverá una ley que impida al Ejecutivo el uso discrecional del presupuesto y emprenderá una campaña de volanteo para informar a los ciudadanos e intentará formar un frente con los partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo para fijar una postura más crítica ante el mandatario panista.
“Conminamos al gobernador a que, en vez de regalar dinero como si fuera suyo, apoye a municipios que se encuentran en condiciones de miseria y de abandono”, dijo Berumen Cervantes, quien recordó que la suma de lo que ha entregado González Márquez equivale al presupuesto anual sumado de 15 ayuntamientos jaliscienses y es cuatro veces más grande que el de Mezquitic, el más pobre de la entidad.
Los templos, “beneficio público”
En Acapulco, Guerrero, el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, intentó justificar el uso de fondos públicos para la construcción de la basílica cristera en Tlaquepaque: “Los templos son de beneficio público y un servicio muy importante para el pueblo, que su mayoría es católico. No está mal que el gobierno, que recoge los dineros de este mismo pueblo católico, dé una ayuda para esos templos, que traen un servicio social”.
(Con información de Misael Habana de los Santos, corresponsal)
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Merma la salud de activista que rechaza el proyecto Musas, afirman compañeros
La Jornada
■ Lleva 5 días en ayuno; no recibe atención médica adecuada, dicen
Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal)
Hermosillo, Son., 26 de marzo. Por tercer día consecutivo, integrantes del Grupo por la Defensa del Parque Villa de Seris protestaron frente al palacio de gobierno de Sonora por la detención de la ecologista Adriana González Celaya, cuya salud, aseguraron, ha mermado considerablemente tras permanecer cinco días en huelga de hambre en el penal femenil.
Los manifestantes afirmaron que la atención médica que recibe González, acusada de entorpecer una obra pública y agredir a policías, es “inadecuada”.
En un comunicado, explicaron que la madrugada en que la activista fue detenida hacía mucho frío y no descartan que haya enfermado de neumonía.
Los manifestantes se oponen al transplante de más de 400 árboles, con el argumento de que no se debe destruir un área verde cuando hay terrenos ociosos alrededor. Advirtieron que continuarán con las protestas pacíficas, pues esperan que el gobierno de Sonora, encabezado por el priísta Eduardo Bours, y el ayuntamiento de Hermosillo desistan de su proyecto de demoler el parque para construir el complejo cultural Musas (Música, arte y exposiciones).
El 14 de marzo siete ecologistas, incluida Adriana González, fueron detenidos por oponerse al trasplante de árboles del parque y desde entonces han acusado al gobierno estatal de persecución policiaca.
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Plantón de familiares de presos en Chiapas
La Jornada Rodolfo Villalba S., corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Familiares de los internos en huelga de hambre en distintos penales de la entidad exigieron castigo para Mariano Herrán Salvatti, secretario de Economía estatal y ex titular de la Fiscalía General del estado (hoy Ministerio de Justicia), por considerarlo el más grande represor de las organizaciones sociales. Los parientes de presos políticos del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía se declararon en plantón indefinido afuera de palacio de gobierno del estado, encabezados por Rosa Adonai Cruz y Rodolfo Vázquez Hernández (papá de Pável Vázquez), para demandar a las autoridades revisar los expedientes y sanción a los responsables de esos actos represivos. En tanto fuentes del gobierno del estado informaron que Herrán se aprovechó de su cargo para obtener 9 millones de pesos, que debieron canalizarse a proyectos empresariales de la región.
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Anuncian protestas por asesinato de activista
La Jornada
Miroslava Breach, corresponsal
Chihuahua, Chih. Organizaciones campesinas anunciaron que formarán una cadena humana desde las oficinas de la Procuraduría General de la República hasta la Procuraduría General de Justicia del estado para exigir el esclarecimiento del asesinato de Armando Villarreal Marta, dirigente de Agrodinámica Nacional, perpetrado el 14 de marzo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Dirigentes de El Barzón, Frente Democrático Campesino, Confederación Nacional Campesina y Agrodinámica Nacional informaron que el 31 de marzo arribarán productores de todo el estado para protestar en la capital.
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“Inconsistencias” por 46 mil mdp en el último año de gobierno de Vicente Fox
La Jornada
■ González de Aragón presentará hoy informe sobre análisis a la Cuenta Pública de 2006
■ El aeropuerto capitalino, la megabiblioteca José Vasconcelos y Enciclomedia, hoyos negros
Víctor Ballinas y Roberto Garduño
El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentará este jueves el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2006, en el cual se dará cuenta de un nuevo récord en la fiscalización gubernamental: se detectaron “inconsistencias” por 46 mil millones de pesos en el último año de la administración de Vicente Fox.
Entre las más graves anomalías se encuentran los recursos, que no se sabe dónde están, destinados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la megabiblioteca José Vasconcelos, al programa Enciclomedia y al Fórum Mundial de las Culturas.
Un dato relevante del informe de la revisión de Cuenta Pública 2006, que hoy se entregará a la Cámara de Diputados, lo constituye que “en el quinto año del ex presidente Fox se identificó un impacto económico de las auditorías de alrededor de 24 mil millones de pesos”, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Autoría Superior de la Federación, el perredista Antonio Ortega Martínez.
“Al revisar el último año de la administración foxista, el impacto récord prácticamente dobla al del año pasado: 46 mil millones de pesos en inconsistencias e irregularidades que no han sido aclaradas ni precisadas”, dijo.
Ortega Martínez resaltó que González de Aragón entregará el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2006 sobre el ejercicio de 2 billones 400 mil millones de pesos que fue el presupuesto del último año de Fox.
El diputado perredista explicó que ese último año del gobierno de Fox se dio un aumento sustancial en el presupuesto de la ASF, con lo que se logró mayor cobertura en la muestra auditable.
A la Cuenta Pública de 2006 se le realizaron 753 auditorías a los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, Legislativo y al Judicial, a los órganos autónomos y a la totalidad de las entidades de la República, incluidos el Distrito Federal y un importante número de municipios.
Se realizaron auditorías a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Federal Electoral y por primera ocasión también al Poder Legislativo, “para poder tener autoridad moral y hacer una revisión profunda, juiciosa, del último año del gobierno de Fox”.
Aclaró Ortega Martínez que al señalarse las irregularidades por más de 40 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2006 eso no quiere decir “desviaciones; estamos hablando de inconsistencias que hay que explicar y que las entidades públicas, como lo marca la Ley de Fiscalización, tienen 45 días a partir del momento en que se entrega el informe para atender las observaciones e iniciar este proceso de respuesta a las dudas”.
Detalló el legislador que el Ejecutivo se le realizaron 136 auditorías. De ellas, a Hacienda se le practicaron 74, a Comunicaciones y Transportes 42, a Pemex 44, a la Secretaría de Energía 31, a Sagarpa 14.
Al Distrito Federal 13, a Chiapas 12, a Oaxaca 14, al estado de México 17 y Sinaloa 14, entre otras.
La Comisión de Vigilancia de la ASF hará un detallado análisis del informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2006.
Comenzará con sector financiero, finanzas públicas y funciones de Gobierno, del 30 de abril al 7 de mayo; funciones de desarrollo económico, del 7 al 21 de mayo; funciones de desarrollo social, del 14 al 21 de mayo; estados y municipios del 18 al 28 de mayo. Presentación de conclusiones, el 11 de junio; publicación de la memoria, el 18 de julio, y recomendaciones a la Auditoría Superior de la Federación el 23 de julio.
Se informó además que esta comisión iniciará el estudio de la Cuenta Pública 2006 con las 74 auditorías de desempeño, 144 financieras y de Cumplimiento, 70 de de inversiones físicas, 123 a estados que ejercieron recursos federales, 215 realizadas a municipios que recibieron recursos federales, así como las 47 especiales y tres de seguimiento.
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PFP deberá entregar datos de la represión en Atenco y Texcoco
■ Ordena el IFAI que presente el parte informativo de operativos
Elizabeth Velasco C.
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Policía Federal Preventiva (PFP) que difunda el parte informativo de los operativos efectuados en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, excepto los nombres de los elementos que participaron y de quienes sufrieron el “robo” de cascos, toletes y otro tipo de equipo usado en los actos represivos.
Con esa decisión, el IFAI revocó la reserva que por diez años la PFP había establecido sobre esa información.
En cambio, confirmó la “inexistencia” de los oficios para la entrega-recepción de la gestión de Vicente Fox que supuestamente habrían recibido Juan Camilo Mouriño, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia; César Nava, secretario particular del Ejecutivo, y Maximiliano Cortázar, coordinador de comunicación social.
Sin embargo, en la resolución del recurso 239/08 –cuya ponencia tocó a la comisionada María Marván–, se aclara a la Presidencia de la República, a propuesta de Juan Pablo Guerrero, que los informes y el acta de entrega-recepción que se generaron en toda esa entidad del Ejecutivo al tomar posesión Felipe Calderón y su equipo, tienen carácter público y, por tanto, deben difundirse.
Durante el debate del recurso 60/08 sobre el caso Atenco, sobresale el hecho de que la PFP informó a la comisionada Jacqueline Peschard, responsable del proyecto ayer aprobado por unanimidad, que sólo existe un parte informativo del operativo y “no un conjunto de partes”, como se creía.
Dicho informe, según explicó Peschard a sus colegas durante el debate del recurso, contiene seis puntos: nombre de los mandos que encabezaron el operativo (aunque se realizaron dos, el 3 y 4 de mayo); elementos lesionados y nombres; objetos con los que fueron agredidos y lesiones; el nombre de las personas que les “robaron el equipo” de trabajo; detalle de los bienes sustraídos (toletes, cascos, etcétera); referencia sobre un menor que falleció en el operativo, y el número de elementos que participaron.
Peschard indicó que determinó revocar la reserva debido a que dicha información –excepto los nombres de los policías participantes y de los que perdieron el equipo– se difundieron en las recomendaciones que en su momento emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Con respecto a la clasificación de los nombres de los policías lesionados y de quienes sufrieron el robo, señaló que se mantiene la reserva, con el propósito de evitar que se ponga en riesgo la integridad física y la vida de los agentes, datos que no se han difundido.
Sobre el asunto de la Presidencia, Marván señaló que determinó confirmar la inexistencia de los oficios referidos, porque al momento de efectuarse la entrega-recepción se generaron varios documentos, entre ellos el informe y el acta correspondiente, pero ningún oficio dirigido específicamente a Mouriño, Nava y Cortázar.
Los comisionados Guerrero y Alonso Gómez Robledo dijeron que “es ilógico que la Presidencia declare la inexistencia” de esos documentos, y sugirieron que se entregara al solicitante el informe y acta referidos.
Sin embargo, se determinó “reorientar” al solicitante para que especifique qué tipo de documentación requiere, independientemente de la precisión que establece que esos documentos son públicos y cualquier persona puede tener acceso a ellos.
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ONG ecuatorianas descartan que haya razones para procesar a Lucía Morett
La Jornada
■ “Como investigadora le asiste el legítimo derecho a buscar fuentes que fundamenten su trabajo”
■ El campamento de las FARC bombardeado, “un punto de encuentro para negociaciones políticas”
Emir Olivares Alonso
Ampliar la imagen Reclamo de justicia para los mexicanos caídos Reclamo de justicia para los mexicanos caídos Foto: Marco Peláez
La única responsabilidad que se le puede señalar a Lucía Andrea Morett Álvarez –la mexicana sobreviviente al ataque del ejército colombiano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador– es haber estado en un lugar y momento inoportuno, por lo que no existe razón alguna para iniciar un proceso judicial en su contra, aseguraron organizaciones ecuatorianas de derechos humanos.
La Fundación Regional de Asesoría de los Derechos Humanos y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos subrayaron en un documento que no existen indicios de que Morett Álvarez y sus cuatro compañeros asesinados durante ese ataque pertenezcan a las FARC, sino que como “investigadores les asiste el legítimo derecho a buscar fuentes de investigación que fundamenten su trabajo, como lo hicieron otros grupos estudiantiles que visitaron el campamento”.
En el documento, proporcionado por amigos de Morett Álvarez, las organizaciones ecuatorianas manifiestan su preocupación por la integridad física y sicológica de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) en caso de que el gobierno de Álvaro Uribe haga una petición formal para ser extraditada a Colombia.
Cabe recordar que el pasado martes Jorge Morett, padre de Lucía, desmintió que el gobierno colombiano haya iniciado una investigación contra su hija.
Los organismos de defensa de los derechos humanos de Ecuador aseguraron que el campamento de las FARC encabezado por Raúl Reyes, segundo al mando del grupo guerrillero y quien pereció durante el bombardeo, “constituía un punto de encuentro para negociaciones políticas”.
En ese sentido, destacaron que el mismo día del ataque colombiano una delegación francesa se dirigía a esa zona para negociar la liberación de la ex candidata presidencial colombiano-francesa Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC en 2002.
Además de Lucía Andrea, en el campamento bombardeado se encontraban los estudiantes mexicanos Soren Ulises Avilés Ángeles, egresado del Instituto Politécnico Nacional; Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo, egresados de la UNAM, quienes perdieron la vida debido al ataque.
Las organizaciuones de derechos humanos aseveraron que estos cinco jóvenes realizarían varias entrevistas para “consolidar sus investigaciones sobre la dinámica social latinoamericana”. Agregaron que un grupo de estudiantes chilenos que efectuaban investigaciones similares abandonaron el campamento de Reyes tres días antes del bombardeo.
Como parte de las actividades que diversos comités estudiantiles de la UNAM realizarán en honor de sus compañeros fallecidos en Ecuador y para que esos crímenes no queden en la impunidad, hoy se realizará un foro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el viernes efectuarán un mitin en la sede de la cancillería mexicana.
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Cinco años miserables
La Jornada
Miguel Marín Bosch
La semana pasada se cumplieron cinco años de la invasión y ocupación de Irak por Estados Unidos. Washington improvisó una coalición de una veintena de países, cuya participación, con excepción del Reino Unido, ha sido discreta, por no decir simbólica.
La fase inicial del intenso ataque militar duró poco menos de ocho semanas. Con la toma de Bagdad, el presidente George W. Bush pudo declarar en mayo de 2003: misión cumplida. ¿Recuerdan esa imagen de Bush a bordo de un portaviones, con los brazos alzados? Era todo sonrisas.
La invasión fue fácil, pero la ocupación ha resultado ser una pesadilla. ¿Cuál es el saldo actual de esta aventura de Washington?
El pasado domingo murieron cuatro soldados estadunidenses, elevando así a 4 mil el número de efectivos muertos. Reino Unido ha perdido 175, y el resto de la coalición, 173. El 97 por ciento de las pérdidas estadunidenses han ocurrido después de que Bush proclamó la victoria.
Las autoridades estadunidenses calculan que cerca de 100 mil civiles iraquíes han muerto. El total debe ser mucho más alto, ya que no hay fuentes de información fidedigna.
Además de los desaparecidos, hay millones de desplazados. En 2003 Irak tenía una población de alrededor de 26 millones. Una quinta parte de sus habitantes se ha desplazado internamente o ha buscado refugiarse en los países vecinos, sobre todo Siria y Jordania. Se trata de uno de los mayores movimientos de personas en décadas recientes.
¿Cuánto está costando la guerra en Irak? Algunos calculan que se gastan unos 100 mil millones de dólares por año. Empero, la suma final será mucho mayor. Antes de la guerra, el entonces secretario de defensa, Donald Rumsfeld, había dicho que costaría entre 50 y 60 mil millones de dólares. Cinco años después Washington dice haber gastado 10 veces esa cantidad. Pero también se queda corto.
Una cosa son los gastos en los presupuestos que periódicamente somete la Casa Blanca para la aprobación del Congreso; otra muy distinta son los gastos escondidos o invisibles, es decir, los que no aparecen en las cuentas oficiales. La contabilidad de estos últimos es precisamente lo que analizan Joseph E. Stiglitz y Linda J. Bilmes en su libro que acaba de ser publicado: The three trillion dollar war: the true cost of the Iraq conflict.
Se trata de aquellas erogaciones que no aparecen en la contabilidad gubernamental. Por ejemplo, no se habla de los incentivos monetarios que se ofrecen para reclutar a más soldados. Tampoco se toma en cuenta el costo de rehabilitar a los efectivos heridos.
El tema de Irak ha incidido, aunque poco, en la campaña presidencial en Estados Unidos. Es obvio que la crisis económica y financiera de ese país preocupa más al electorado. Pero los candidatos se han apresurado a definir lo que sería su política hacia Irak. Desde luego que no es lo mismo hablar en campaña que actuar una vez en la Casa Blanca.
El senador John McCain, quien acaba de hacer un viaje al Medio Oriente, está satisfecho de la posición que asumió hace un año, cuando todos daban por muerta su candidatura. En 2007 McCain apoyó (él diría que fue su idea) un importante incremento en el número de efectivos estadunidenses (el llamado surge) para mejor controlar ciertas regiones y barrios de Bagdad y convencer a la población de la bondad de la presencia militar estadunidense. Según Bush y el artífice del plan, el general David Petraeus, la situación en Irak ha mejorado notablemente en el último año. Los bombazos son menos y las muertes también han disminuido. Pero aún hay lugares donde no se notan los efectos del llamado surge.
Los candidatos por el Partido Demócrata, en cambio, abogan por un pronto retiro de las tropas de Irak. El senador Barack Obama, que se opuso a la guerra desde un principio, ha dicho que, de llegar a la Casa Blanca, ordenará el retiro inmediato de las tropas. Dicha posición tiene el apoyo de la mayoría de los demócratas.
Cuando la senadora Hillary Clinton se percató de lo anterior, cambió su posición. En un principio propuso un retiro escalonado, que se llevaría a cabo en varias etapas, empezando varios meses después de asumir la presidencia. Ahora ha adoptado una posición casi idéntica a la del senador por Illinois.
En este último año de la administración de Bush se debaten dos cuestiones: el retiro de Irak de las fuerzas de la coalición, y un posible ataque aéreo a Irán para destruir sus instalaciones nucleares. La insistencia de algunos en Washington de atacar Irán llevó al almirante William J. Fallon, el comandante de las fuerzas estadunidenses en el Oriente Medio, a renunciar a su cargo el pasado 11 de marzo. Simplemente no estaba de acuerdo con aquellos políticos que insisten en bombardear Irán.
Uno de esos políticos es el vicepresidente Dick Cheney. En su recorrido por el Medio Oriente, el domingo pasado, Cheney se entrevistó con varios dirigentes israelíes. Desayunó con el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, pero no hablaron de la deplorable situación de los palestinos en los territorios ocupados. El tema que dominó su conversación fue Irán, cuestión predilecta de estos dos políticos halcones.
En este año de campañas presidenciales el electorado estadunidense está más interesado y preocupado por cuestiones internas. Está buscando a un candidato que mejore la economía y resuelva la cuestión del desempleo. También quiere que se reduzcan los gastos médicos, que se proteja el medio ambiente, que baje el costo de la energía y que se reforme el sistema educativo. Estas son algunas de las cuestiones en que la administración de Bush ha sido un rotundo fracaso.
Entre la crisis económica y la situación en Irak, el nuevo presidente de Estados Unidos tendrá un difícil, por no decir imposible, inicio de gestión.
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Tambores de guerra yanquis contra América Latina
Ángel Guerra Cabrera Washington insiste en el derrocamiento de Hugo Chávez y con ese fin despliega cuantiosos recursos propagandísticos, de espionaje y subversivos en la guerra en preparación contra Caracas, que se extendería en el área andina. El imperio ha optado por esta salida a la tremenda porque eliminar a Chávez no es suficiente para reapropiarse del petróleo y arrancar de raíz la conciencia antimperialista sembrada en Venezuela. Ello exigiría una sangrienta contrarrevolución para la que no existen fuerzas internas suficientes pese al enorme apoyo imperialista que reciben. Allí es donde entra el Plan Colombia/Patriota con el fin de deshacerse no sólo de Chávez y el pueblo chavista sino también del presidente Rafael Correa y el movimiento popular ecuatoriano, reinstalando gobiernos títeres en su lugar e incentivando la criminal salida militar en Colombia. Desde esta perspectiva el reciente bombardeo al campamento de Raúl Reyes, a todas luces por aviones yanquis, y la posterior incursión en suelo ecuatoriano de fuerzas de Bogotá no es más que un ensayo en pequeña escala de una estrategia contrarrevolucionaria regional en la que, llegado el momento, actuarían de forma combinada contra Venezuela y Ecuador el ejército colombiano y unidades navales, aéreas e infantes de marina estadunidenses procedentes de su base en Curazao o de aguas del Caribe. Aunque, como evidenciaron las reuniones del Grupo de Río y de cancilleres de la OEA, existe una importante oposición de los gobiernos latinoamericanos a introducir en la región la dinámica injerencista y genocida de la guerra contra el terrorismo, Bush persiste en imponerla. Por consiguiente, la guerra sicológica contra Chávez y Correa ha subido su intensidad a partir de de la derrota política propinada por América Latina a la operación yanqui-uribista contra la soberanía territorial ecuatoriana. El patrón empleado es el mismo trátese de medios escritos o electrónicos estadunidenses, europeos, o sus cipayos de habla hispana afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): los adjetivos y hasta frases completas referidas a los dos mandatarios son exactamente iguales y se repiten hasta el cansancio mientras apenas recibió espacio el fuerte rechazo de aquellas reuniones a la agresión. El sonsonete se ha centrado en las últimas semanas en la burda fábula de los documentos encontrados en las computadoras portátiles del líder de las FARC, que supuestamente probarían estrechos vínculos entre ambos jefes de Estado y la organización guerrillera, una evidente fabricación de la CIA. Pero, como todas las campañas sicológicas imperialistas, ésta obedece a la lógica más primaria: las FARC son terroristas (porque lo dice Estados Unidos) y por tanto también lo son Chávez y Correa. Sin embargo, no por eso es menos dañina pues cuando no logra convencer introduce con frecuencia la duda sobre millones de personas cuya única fuente de información son las fábricas estadunidenses de mentiras y sus papagayos locales en América Latina. La reciente afirmación del ministro de Defensa de Colombia, Francisco Santos, de que la intervención militar en Ecuador y el asesinato de un ciudadano de ese país fue “legítima”, refleja el aferramiento de Estados Unidos y sectores oligárquicos ultrabelicistas, de los que Santos es portavoz, por extender el conflicto colombiano a los países vecinos. McCain pide un recrudecimiento de la hostilidad contra Chávez y Clinton justificó la agresión a Ecuador, todo dentro del carril del 11 de septiembre de 2001. Frente a los tambores de guerra del norte, América Latina debe redoblar su unidad y las acciones en favor de la paz, la independencia y la soberanía. Ello exige concertar muchas voluntades por sobre diferencias ideológicas, como lo están haciendo los presidentes Chávez, Correa y Daniel Ortega, con pleno apoyo de Cuba, imperativo que nuestros infantiles ultrarrevolucionarios no acaban de entender. --------------------------------------------Los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ese mundo esta creciendo en este instante -Durruti-
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