9 may 2008

Consume...Consume...Consume..




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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.

¿Quién gana con la crisis alimentaria mundial?

Esther Vivas

En países como Haití, Pakistán, Guinea, Marruecos, México, Senegal, Uzbekistán, Bangladesh… la gente ha salido a la calle para decir: “Ya basta”. Pero, ¿qué se esconde detrás de la crisis alimentaria mundial? ¿Todo el mundo pierde? ¿Hay quien sale ganando?

El precio de sesenta productos agrícolas ha aumentado un 37% en el último año en el mercado internacional. Un aumento que ha afectado sobre todo a los cereales con una subida del 70%. Entre éstos, el trigo, la soja, los aceites vegetales y el arroz han alcanzado cifras récord. El precio del trigo, por ejemplo, suma hoy un 130% más que hace un año y el arroz un 100%. Viendo estos datos no es de extrañar las explosiones de violencia en el Sur para conseguir alimentos porque son los cereales básicos, aquellos que alimentan a los más pobres, los que han experimentado una subida sin parangón.

Pero el problema hoy no es la falta de alimentos en el mundo, sino la imposibilidad para acceder a ellos. De hecho, la producción de cereales a nivel mundial se ha triplicado desde los años sesenta, mientras que la población a escala global tan sólo se ha duplicado.

Hay razones varias que explican este aumento espectacular de los precios: desde las sequías y otros fenómenos meteorológicos en países productores como China, Bangladesh y Australia que habrían afectado a las cosechas; el aumento del consumo de carne por parte de pujantes clases medias en América Latina y en Asia, especialmente en China; las importaciones de cereales realizadas por países hasta el momento autosuficientes como India, Vietnam o China, debido a la pérdida de tierras de cultivo; el aumento del precio del petróleo que habría repercutido directa o indirectamente, y hasta las crecientes inversiones especulativas en materias primas.

Es aquí donde creo importante centrarnos en estas dos últimas causas. El aumento del precio del petróleo ha generado el uso de combustibles alternativos como aquellos de origen vegetal. Gobiernos como el de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y otros han hecho especial énfasis en la producción de agrocombustibles como una alternativa a la escasez de petróleo y al calentamiento global. Pero esta producción de combustible verde entra en competencia directa con la producción de alimentos. Por poner sólo un ejemplo, el año pasado en Estados Unidos el 20% del total de la cosecha de cereales fue utilizada para producir etanol y se calcula que en la próxima década esta cifra llegará al 33%. Imaginémonos esta situación en los países del Sur. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya ha reconocido que “a corto plazo, es muy probable que la expansión rápida de combustibles verdes, a nivel mundial, tenga efectos importantes en la agricultura de América Latina”.

Otra causa a resaltar es la creciente inversión por parte del capital especulador en materias primas. En la medida en que la burbuja inmobiliaria estalló en los Estados Unidos y se profundizó en la crisis financiera, los especuladores empezaron a invertir en alimentos, empujando al alza sus precios.

Pero esta crisis alimentaria mundial no es coyuntural, sino que responde al impacto de las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde hace treinta años a escala global. Liberalización comercial a ultranza a través de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y en los acuerdo de libre comercio y las políticas de ajuste estructural, el pago de la deuda externa, la privatización de los servicios y bienes públicos son sólo algunas de las medidas que se han venido imponiendo por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en las últimas décadas en los países del Sur.

Unas políticas que han permitido la invasión de estos mercados por productos del agribusiness del Norte altamente subvencionados y que han acabado con la agricultura y la ganadería autóctona; reconvirtiendo y privatizando tierras destinadas hasta el momento al abastecimiento local en tierras de producción de mercancías para la exportación. Unos territorios en manos de la agroindustria, quien ha sacado provecho de una mano de obra barata y de una laxa legislación medioambiental.

Este modelo de agricultura y alimentación no sólo tiene consecuencias en el Sur global, sino también en las comunidades del Norte: acabando, en ambos lados del planeta, con una agricultura familiar y un comercio de proximidad vital para las economías locales; promoviendo una creciente inseguridad alimentaria con una dieta que se abastece de alimentos que recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, y fomentando una agricultura y ganadería intensiva, desnaturalizada, drogodependiente (por el alto uso de pesticidas) y donde el beneficio económico se antepone a los derechos sociales y medioambientales.

La crisis alimentaria global beneficia a las multinacionales que monopolizan cada uno de los eslabones de la cadena de producción, transformación y distribución de los alimentos. No en vano los beneficios económicos de las principales multinacionales de las semillas, de los fertilizantes, de la comercialización y transformación de comida y de las cadenas de la distribución al detalle no han parado de aumentar.

Los alimentos se han convertido en una mercancía en manos del mejor postor. Las tierras, las semillas, el agua… son propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos bienes que hasta hace muy poco eran públicos. Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación. No se puede especular con aquello que nos alimenta.

Esther Vivas es co-coordinadora de los libros Supermercados, no gracias y ¿Adónde va el comercio justo?

*Artículo publicado en Público, 09/05/2008.
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Cifra negra, violación a migrantes centroamericanas en territorio mexicano

Por Guadalupe Cruz Jaimes y Carolina Velázquez

México DF, 8 mayo 08 (CIMAC).- Hasta ahora no existe un número exacto de las migrantes centroamericanas que han sido violadas sexualmente cuando ingresan a territorio mexicano por la frontera sur en su trayecto a los Estados Unidos, ya que las mujeres callan por vergüenza y no quieren “quedarse a documentar” el atropello a sus derechos humanos en territorio mexicano pues al no tener documentos podrían ser detenidas por las autoridades de migración.

Así lo señalaron esta mañana en conferencia de prensa integrantes del Foro Migraciones, red de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, de académicos y activistas que trabajan en México en pro de los derechos humanos de la población migrante.

La conferencia de prensa fue convocada por las organizaciones civiles Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Agustín PRODH, Cencos y Foro Migraciones, para denunciar las violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos en nuestro país a manos de las fuerzas militares, en voz del periodista independiente y activista de origen mexicano, Irineo Mújica Arzate, quien realizó el mismo recorrido que hacen las y los centroamericanos para llegar desde Guatemala a Estados Unidos.

En entrevista con Cimacnoticias Martha Villareal, vocera para la zona centro del Foro Migraciones, informó que sexualmente las mujeres son más atacadas porque culturalmente se les cosifica, “situación que aumenta su vulnerabilidad”, y consideró que la violación a las migrantes centroamericanas es una cifra negra “porque la mujer no denuncia, no tiene forma de hacerlo y si llega a tenerla ésta no prospera”.

Agregó que los principales agresores son los cuerpos policíacos, militares y miembros de la delincuencia organizada, y “cuando va (la mujer) en grupos que caminan, tienden a quedarse y son víctima de bandas delincuenciales y de las autoridades”.

En la conferencia de prensa, Villareal mencionó que organizaciones de la frontera norte han registrado a mujeres que luego de sufrir una violación sexual “llegan solicitando apoyo moral”.

No están dispuestas a hacer la denuncia por la dificultad que representa, expuso, “pues en los ministerios públicos cuando van como víctima y no pueden mostrar su legal instancia en el país las remiten al Instituto Nacional de Migración (INM) que detiene a la migrante, no le da seguimiento a su intento de denunciar que fue víctima de violación o de robo, y la va a deportar sin haber levantado la denuncia”.

Villareal denunció además que la violencia sexual en contra de las mujeres no sólo es por parte de los cuerpos policíacos, militares y delincuentes si no de sus familiares y acompañantes, “las mujeres incluso manifiestan que sus familias las utilizan para ir pagando el acto de corrupción en el camino o evitar un delito, por ejemplo, algunas bandas les piden dinero, si no traen le dicen aquí está mi hija úsala y déjanos pasar”.

MIGRACIÓN CENTROAMERICANA

En su recorrido desde Guatemala, Irineo Mújica, reportero de Latino Comunications Network de Minneapolis-Saint Paul, Minnesota, se enfrentó al igual que el resto de las y los migrantes al maltrato por parte de elementos de la Marina Armada de México, y también conoció casos de mujeres que en el trayecto sufrieron violencia sexual.

“Muchas de las mujeres que entran a México son violadas, cuando vienes en ese tren para sentirse más seguras se juntan con algún chavo”, denunció.

Agregó que en este operativo “hablaban de dos mujeres que habían sido violadas, pero no denuncian por vergüenza o porque tendrían que quedarse a documentar, ni en los albergues lo cuentan, no quieren decir a nadie”.

Una manera en que las migrantes “se protegen para no ser golpeadas, es decirles que están embarazadas o que son casadas. A ellas las agreden menos”, aseveró el activista.

De acuerdo con el Foro Migraciones, a las y los migrantes centroamericanos que ingresan por la frontera sur de nuestro país, por Chiapas principalmente para intentar llegar a Estados Unidos, se les violan sus derechos humanos en un porcentaje de 8 de cada 10 mujeres.

Las y los salvadoreños tienen una manera más protegida de viajar: lo hacen en grupo y están organizados, no es el caso de las mujeres hondureñas y guatemaltecas que tienen muy pocos recursos y viajan en condiciones deplorables.

Otro problema que aqueja a este sector de la población es la explotación laboral, es el caso del trabajo doméstico, “tenemos muchas trabajadoras domésticas en el sureste mexicano, que trabajan con un sueldo mucho menor al que trabajaría un hombre, las jornadas son largas casi esclavizantes y algunas han reportado abuso sexual por parte de los patrones”, señalan.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Frente este panorama, Martha Villareal precisó a Cimacnoticias que el gobierno federal debe llevar a cabo una serie de medidas para proteger a las y los migrantes en el país: definir con claridad y de manera pública las formas de inspección y quienes van a intervenir en los operativos; realizar un protocolo para las verificaciones y que la actuación de las autoridades se firme, y un programa de política criminal dirigido a prevenir, atacar y seguir los delitos que están afectando a migrantes.

Cabe señalar, dijo, que “las autoridades autorizadas formalmente para intervenir en asuntos migratorios son la Policía Federal Preventiva (PFP) y el INM, es decir, aquellos agentes o funcionarios de migración que están específicamente con un acto administrativo previo autorizados para participar en la inspección migratoria de los documentos, y aunque existen acuerdos en los que el INM solicita apoyo, estos deben documentarse previamente”.

¿POR QUÉ MIGRAN?

De acuerdo con un estudio Experiencias de mujeres migrantes en tránsito y detenidas en México realizado en 2005, por Gabriela Díaz y Gretchen Kuhner de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) y Foro Migraciones, México, las mujeres centroamericanas migran para buscar trabajo, para mantenerse a sí mismas y a sus familias.

Además, ya no buscan exclusivamente la reunificación familiar (lo cual se constata en su envío de remesas) y ha aumentado el número de las mujeres, madres de niñas y niños pequeños, que migran dejando a sus hijos en el lugar de origen, refieren.

El estudio se llevó a cabo con base en 90 entrevistas a mujeres migrantes detenidas en la Estación Migratoria del DF, en Iztapalapa, con funcionarios públicos nacionales e internacionales y con organizaciones no gubernamentales.

Según el INM, en 2004, 400 mil migrantes centroamericanos cruzaron sin autorización la frontera México-Guatemala,

El porcentaje de mujeres centroamericanas detenidas en el país creció de 16.7 por ciento en 2003 a 21.3 por ciento en 2005. Al aumentar el número de mujeres migrantes, la cantidad de abusos y explotación también se ha incrementado (abusos a derechos humanos, corrupción, tráfico de migrantes y trata de personas).

La mayoría de las migrantes son jóvenes, en edad productiva y reproductiva. De las entrevistadas, informa el estudio, el 70 por ciento tenía entre 18 y 29 años, el 16 por ciento son menores de edad y la mayoría son madres solteras o provenientes de relaciones truncas, sólo 25 por ciento vivía en pareja antes de migrar.

El 64 por ciento tiene hijas e hijos, dos en promedio, el 94 por ciento de ellas se separaron de ellos al migrar y la mitad dejó en su lugar de origen a menores de 5 años.

El estudio advierte que los riesgos a los que se enfrentan las mujeres migrantes centroamericanas en México son: trata (explotación laboral o sexual), violencia física y sexual, separación de las y los hijos u otros familiares, aumento de violaciones de derechos humanos en quienes contratan traficantes (polleros o pateros) durante su detención y estancia en el país.
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A más de un año de la huelga en Cafetlán... por autogestión y trabajo digno, campaña de solidaridad económica


Campaña económica del Colectivo de Trabajadores de Cafetlán en Huelga

A más de un año de resistencia, tras el cierre patronal del 1 de marzo de 2007, el saqueo de nuestros centros de trabajo y el estallamiento de huelga el 21 de marzo de 2007; ante la inoperancia de la legislación laboral y la abierta complicidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje del DF con los intereses patronales, el Colectivo de Trabajadores de Cafetlán en Huelga ha decidido por consenso iniciar el proceso de reconstrucción de su fuente de trabajo desde sus propios principios y medios.

A finales de 2006, ya organizados como Colectivo de Trabajadores Asalariad@s de Cafetlán, asesorados por el CILAS (Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical) y el FAT (Frente Auténtico del Trabajo), decidimos sindicalizarnos en el STRACC-FAT (Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas, Expendios y Similares), para defender nuestro derecho a unas condiciones de trabajo dignas recogidas en un contrato colectivo y para enfrentar legalmente las agresiones y prepotencia de l@s patrones. Con el apoyo de l@s trabajadores dign@s y luchadores de gasolinerías y de la Central de Abastos de nuestro sindicato aprendimos el difícil camino de demandar a la empresa, de elaborar una propuesta de contrato colectivo y de organizarnos para la huelga.
Esquina Victoria Café por la Autogestión de 1 Trabajo Digno CENTRO DE TLALPAN
Los 13 meses de plantón permanente, las acciones de denuncia de l@s patrones y sus cómplices, la difícil resistencia económica, el apoyo solidario recibido de cientos de personas y organizaciones y el buen trabajo de l@s abogad@s de nuestro sindicato, nos permitieron ganar la batalla legal por el reconocimiento de nuestra condición de trabajadores asalariad@s y organizad@s en huelga. La declaración de existencia de la huelga de enero de 2008 ordenaba además a l@s patrones devolver todos los bienes sustraídos de los centros de trabajo, pero a la fecha la Junta no ha hecho nada por que se cumpla la resolución, ni parece que lo vaya a hacer.

L@s 13 trabajadores que sostenemos la huelga ya nos cansamos de esperar una justicia laboral que no va a llegar de arriba y decidimos pasar a una nueva fase en nuestra lucha. Alargar el proceso legal supondría dejar nuestro destino individual y colectivo en manos de un sistema de justicia laboral en el que no creemos. Además, un juicio de imputabilidad sin plazo fijo, necesario para lograr una sentencia definitiva, no nos garantiza recuperar nuestra fuente de trabajo, ni cobrar los salarios devengados y caídos, y mucho menos la firma del contrato colectivo que buscábamos cuando emplazamos a huelga a la empresa. Al contrario, los plazos y procedimientos que imponen la Ley Federal del Trabajo y la Junta de Conciliación del DF facilitan a l@s patrones eludir sus responsabilidades y dificultan nuestra acción colectiva.
Trabajadores de Cafetlán por la AutogestiónTrabajadores de Cafetlán por la Autogestión
No permitiremos que l@s patrones queden impunes; seguiremos denunciándoles y no renunciaremos a ningún recurso legal en su contra, pero acordamos nuevos objetivos como trabajadores dign@s que somos. Ya no queremos más patrones autoritari@s, ni faltas de respeto, ni condiciones de trabajo impuestas e injustas. Queremos aprovechar nuestra organización, experiencia, capacidades y escasos recursos para construir una cooperativa que nos permita desarrollar proyectos autogestivos y sustentables de trabajo colectivo; satisfacer las necesidades básicas; generar relaciones solidarias con otros proyectos similares, y desarrollar y difundir nuestros principios (trabajo digno, autogestión, horizontalidad, apoyo mutuo, solidaridad y sustentabilidad). Queremos demostrar que la organización, la lucha y la solidaridad de l@s trabajadores sirven de algo y que es posible construir alternativas desde las condiciones de explotación que compartimos con la mayoría de l@s mexicanos.

Nuestro proyecto principal por ahora es la reapertura del centro de trabajo que hemos resguardado por 13 meses: la cafetería de la esquina de Guadalupe Victoria con Plaza de la Constitución, en el centro de la delegación Tlalpan. Para ello estamos negociando un contrato de arrendamiento justo y buscando el modo de juntar los recursos materiales y económicos con los que no contamos después de más de un año en resistencia.

En estos meses hicimos relaciones con cooperativas de productores e invertimos los escasos recursos que hemos obtenido, de la pequeña indemnización de uno de l@s 5 patrones y de actividades extraordinarias (fiestas, ferias, eventos, etc.), en algunas máquinas y un pequeño stock de café, pero el sostenimiento del plantón y la huelga absorbió casi todos nuestros esfuerzos y recursos. El grueso del financiamiento, de la maquinaria, del mobiliario, de los utensilios y de los insumos necesarios para echar a andar el proyecto está fuera de nuestras posibilidades.

Esperamos recabar el apoyo solidario de personas, colectivos y organizaciones que conocen nuestra resistencia y comparten nuestros objetivos, pero no queremos comprometer nuestro proyecto de cooperativa con otros principios que los expuestos.
súmate a las guardias de la huelga en cafetlánsúmate a las guardias de la huelga en cafetlán
Por todo ello:

· Buscamos donaciones individuales (de familiares, amig@s y personas cercanas o afines) y de colectivos u organizaciones no partidistas, no mayores a $10,000ºº, misma cantidad que fijamos como objetivo y tope para las aportaciones personales de l@s cooperativistas.

· También aceptaremos préstamos que limitaremos a las necesidades explícitas de los proyectos del colectivo y a nuestra capacidad para reponer el dinero a corto plazo, a partir de acuerdos con quienes solidariamente nos presten.

· Toda donación que supere los $10,000ºº será considerada como préstamo personal.

· El objetivo económico de la campaña será obtener $150.000ºº, que se utilizarán para poder pagar:

o 1 renta y 2 depósitos del local

o reparaciones: fumigación, limpieza profunda, plomería, electricidad, pintura interior y exterior, impermeabilización del techo y reparación del toldo

o la reinstalación de servicios de agua, gas, electricidad y teléfono

o el pago de trámites legales y papelería para la constitución de nuestra sociedad cooperativa y para la apertura y operación de la cafetería, ante la Delegación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda, el Registro Público de Comercio, Hacienda, IMSS, etc.

o Un fondo de seguridad de la cooperativa que permita enfrentar los primeros tres meses de trabajo

o Stock de insumos: perecederos, no perecederos, desechables, productos de limpieza, entre otros

o Stock de utensilios: vajilla, cristalería, cubertería, loza, plásticos…

o Maquinaria: Cafetera Express, molino dosificador de café, balanza, refrigerador, esquimera, licuadora, extractor de jugos, batidora, filtros de agua, estufa, hornos eléctricos…

o Mobiliario: mesas, sillas y bancos para cafetería; mesas y anaqueles para cocina y almacén.

No vamos a aceptar donaciones ni préstamos, directos o indirectos, de instituciones del estado, empresas privadas no cooperativas, ni partidos políticos.

Nos comprometemos a mantener informad@s a l@s donantes sobre los resultados de la campaña económica, el destino de los recursos obtenidos y los avances de nuestro proyecto de cooperativa a través de nuestra bitácora electrónica: www.trabajadadorasytrabajadoresdecafetlan.blogspot.com

Además de dinero puedes colaborar en especie o con trabajo para cubrir alguna de las necesidades arriba expuestas comunicándote previamente con algún/a huelguista o al teléfono del plantón: 044-55-40923795.

Agradecemos de antemano el apoyo que podamos obtener. También queremos expresar nuestro orgullo por toda la solidaridad que recibimos durante este año, a la que esperamos poder corresponder con responsabilidad y compromiso.

Tlalpan, México, D. F., 1º. de mayo de 2008

Autogestión y Trabajo Digno

Colectivo de Trabajadores de Cafetlán en Huelga

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Exigen científicos y campesinos mantener la moratoria en el cultivo de maíz transgénico

La Jornada

■ La contaminación del grano pondría en riesgo la seguridad alimentaria y la salud humana
■ La especie criolla, que es una creación cultural, podría desaparecer, advierten en foro

Angélica Enciso L.

Científicos y dirigentes campesinos demandaron ayer al gobierno federal mantener la moratoria en el cultivo de maíz transgénico ante el riesgo de que el grano criollo pueda contaminarse y desaparecer, una vez que se autoricen las siembras experimentales. Se ha comprobado –advirtieron– que 90 por ciento de los maíces convencionales de Estados Unidos está contaminado y, además, las nuevas generaciones de esos productos pondrán en riesgo la salud humana.

El llamado plan maestro de maíz, con el que se pretenden hacer experimentos con semillas de Monsanto, y que en tres ocasiones ha sido rechazado por el gobierno federal, es promovido por Ariel Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), instancia responsable de regular su producción, entre otros, lo que representa un conflicto de intereses, señaló ayer Alejandro Espinosa, experto del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el contexto del foro la Bioseguridad alimentaria frente a la introducción de maíz transgénico en México.

México, centro de origen

Ahí, diferentes expertos expusieron argumentos científicos para señalar que tras la aprobación del reglamento de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y la eventual aprobación del régimen especial de maíz, realizar el cultivo experimental del grano representará un riesgo para el país, que es centro de origen, y para la alimentación.

Cristina Barros, colaboradora de La Jornada, recordó que dicho grano es una creación cultural, como lo demuestra la cantidad de usos que se le da, los cuales se actualizan constantemente. “Vemos las consecuencias del individualismo feroz, del uso de maíz como mercancía, como objeto; algo que llega a ser más que un alimento se convierte en un energético, sin importar la cultura o los grupos humanos que sin él no vivirían; lo que les importa es poner una visión comercial”. Dijo que en la lucha por el maíz y el petróleo el enemigo es “la codicia ilimitada, sin fronteras ni barreras”.

En su intervención, Antonio Turrent, del INIFAP, señaló que para realizar sus cultivos los agricultores acostumbran utilizar como semillas las mazorcas de siembras de otros campesinos, lo cual es un riesgo si son transgénicas, porque de esta forma dichos productos pueden llegar a las cosechas de los maíces tradicionales y contaminarlos. Además –explicó–, cada milpa produce entre cinco y 25 millones de granos de polen, el cual se mueve con gran facilidad, ya que se trata de una especie promiscua, lo que provoca el flujo de transgenes; por ello, a largo plazo dichas plantas podrían tener modificaciones en su estructura.

Por su parte, Elena Álvarez Buylla, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, advirtió que los nuevos desarrollos de transgénicos amenazan la cadena alimenticia del maíz y la seguridad alimentaria en el mundo. Dijo que el polen se traslada a grandes distancias, lo cual hace viable que los transgenes lleguen a los cultivos criollos; en el caso de los desarrollos transgénicos conocidos como “biorreactor”, que permiten la producción de plásticos y sustancias farmacéuticas, sería un riesgo para la salud si llegan a la cadena alimentaria.

Es “preocupante, porque ya se han dado escapes de siembras experimentales, como el caso del maíz starlink, en Estados Unidos. Se ha demostrado que una vez que se siembra el maíz a campo abierto, es imposible contenerlo”, señaló.
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Afectan insecticidas a mujeres de Yucatán

La Jornada

A. Boffil, corresponsal

Mérida, Yuc., 8 de mayo. Unas 3 mil mujeres de la comunidad porteña de Chelem, municipio de Progreso, quienes utilizan diversos plaguicidas para combatir moscos y otros insectos en temporada de calor, podrían tener residuos tóxicos en la sangre. Un estudio realizado por expertos del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en 30 mujeres descubrió que 28 de ellas, 25 en periodo de embarazo y tres en lactancia, tienen pequeñas concentraciones de productos tóxicos en la sangre. El investigador Gerardo Gold Bouchot dijo que, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, los límites de toxicidad se excedieron en 37 por ciento.
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Allanan soldados y policías viviendas de indígenas

La Jornada

Sergio Ocampo Arista, corresponsal

Chilpancingo, Gro., 8 de mayo. El dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Na’savi (mixtecos), Raúl Lucas Lucía, denunció que elementos del Ejército Mexicano, de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), así como de corporaciones locales, incursionaron en la comunidad La Cortina, municipio de Ayutla de los Libres, y catearon casas.

Entrevistado vía telefónica, el dirigente del pueblo mixteco detalló que el pasado lunes los guachos (soldados) y los policías llegaron en 12 camiones, encañonaron a los lugareños y se quedaron cuatro horas.

“Se metieron a cuatro casas llevando cinco perros que supuestamente empezaron a buscar drogas. Mientras este grupo inspeccionaba los domicilios, otro, encabezado por un militar, lista en mano, empezó a preguntar por habitantes de La Cortina.”

Lucas Lucía señaló que los soldados y los policías tomaron fotografías a la gente. “Hubo mucho miedo entre los pobladores porque algunos soldados intentaron sembrarles droga para intimidarlos y culparlos de narcotraficantes”.

Mencionó que en la comunidad vecina de La Hacienda, municipio de Ayutla de los Libres, permanece la Base de Operaciones Mixtas, cuyos miembros “a diario revisan a la gente y le pasan lista”.

Guerrero es la única entidad del país que tiene su propia región militar (la novena), con sede en el puerto de Acapulco.

Esta región tiene bajo su mando las zonas militares 35 y 27, así como la base aérea de Pie de la Cuesta y un centro de adiestramiento básico.

La 35 Zona Militar tiene su cuartel general en Chilpancingo, y de ella dependen los batallones de infantería 41 y 50, ubicados en la capital del estado, así como el 40, con sede en Ciudad Altamirano; el 27, en Iguala; el tercer batallón de Fuerzas Especiales y el batallón 93 de infantería, ubicado en Tlapa.
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Obtiene amparo campesino ecologista preso en Guerrero

La Jornada

■ Reconoce juez irregularidades procesales

Misael Habana de los Santos (Corresponsal)

Acapulco, Gro., 8 de mayo. Palemón Cabrera González, campesino ecologista de la sierra de Petatlán, quien desde hace más de tres años está recluido en el penal de este puerto junto con otros tres labriegos, acusado de lesiones, homicidio y el robo de 125 reses propiedad de Faustino Rodríguez Sánchez, uno de los lugartenientes del ganadero Rogaciano Alba Álvarez, obtuvo este jueves un amparo otorgado por la juez del cuarto distrito del estado, María del Carmen Razo Soto, por violaciones a las reglas procesales por parte del agente del Ministerio Público que integró la averiguación.

Palemón Cabrera, al igual que su hermano Gerardo y su primo Germán Cabrera Medardos, fueron acusados del homicidio del ganadero Isabel Rodríguez Manriquez, hijo de Faustino Rodríguez Sánchez, y de su vaquero Mónico Díaz Torres, perpetrado el 20 de mayo de 2000. El proceso estuvo lleno de irregularidades, como las detectadas en la actuación del agente del Ministerio Público Javier Ocampo Portilla.

“El juez que resolvió el auto de formal prisión no valoró en forma legal todas las diligencias y las pruebas recolectadas durante la averiguación previa. La declaración del agraviado no fue sustentada por el MP de Petatlán, por lo cual la juez cuarta pide esa aclaración”, afirmó el abogado del agricultor, Rómulo Reza.

En este proceso las autoridades se han inclinado en favor de los ganaderos, dijo Palemón Cabrera, entrevistado en el reclusorio de Acapulco, donde sigue detenido “por defender el bosque tropical en la sierra de Petatlán, que se encuentra amenazado por la ganadería extensiva”.

En situación similar están Rodolfo Cabrera González, que lleva seis años en el penal de Acapulco; Gerardo Cabrera González y Germán Cabrera Mederos, quien está recluido en el Consejo Tutelar de Menores en Chilpancingo.
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Debate por el auditorio Che Guevara

La Jornada

Patricia Muñoz Ríos

Durante el Coloquio Latinoamericano organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, salió a relucir el tema de la toma del auditorio Che Guevara.

Ahí, el historiador Adolfo Gilly (AG), al hacer referencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) alertó que el gobierno de Felipe Calderón podría intentar acabar con esta fuerza y pidió reanimar, desde el alma de la UNAM, el lazo con el movimiento zapatista.

Dijo además: “Ya que estoy acá, es la segunda vez que lo hago en forma pública y ojalá que llegue el mensaje a los compañeros del EZLN, que intercedan ante los ocupantes del Che Guevara para que nos lo devuelvan el Che Guevara a nuestra universidad...”

Pablo González Casanova (PGC) respondió al respecto: “Me conmovió que Adolfo hablara de los zapatistas, porque realmente están siendo acosados y nos hemos olvidado de ellos completamente, pero también me parece que pedirles que vengan a tomar el Che Guevara... francamente no.

E inició así un intercambio en que Gilly rebatió: “¡No, que ayuden a que que lo devuelvan, que lo devuelvan!”

–PGC. Ellos no lo han tomado, esas son calumnias absolutamente inaceptables.

–AG. Hicieron un acto...

–PGC. Tenemos la obligación de hablar con mucha seriedad y no provocar fenómenos de confusión y de discusión sobre demandas de ese tipo, que son lamentables en una mesa como ésta.

–AG. Hicieron un acto con los ocupantes; tú no fuiste al acto y yo te entendí bien por qué no fuiste...

–PGC. Esa es otra cosa. Ah, no... no, no señor, pero el no ir a un acto por estar en desacuerdo con él no implica decir que defiendan a los zapatistas e invitarlos a que ellos desocupen algo que no están ocupando...

–AG. A que ellos le digan a sus amigos que desocupen y a que no usen el Che sin autorizacion...

–PGC. Ah, ahora te estás explicando un poco mejor.

–AG. No, ahora estás escuchando un poco mejor, que ya es otra cosa...

Luego, Gilly amplió su explicación: “Lo que yo dije es que como ellos han tenido relación con los ocupantes, que por favor les digan que queremos el Che Guevara hoy. Ustedes no se acuerdan, pero lo que era... las grandes asambleas fueron ahí; cuando entró el Ejército tuvo que hacerse ahí, porque era el centro de todo el movimiento. Bueno, queremos que el Che vuelva a ser para todos”.
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Los mediadores propuestos por el EPR rechazan ser “convidados de piedra”

La Jornada

■ La figura de “testigo social” pertenece al ámbito administrativo: Carlos Montemayor
■ Si mi presencia obstaculiza la liberación de los guerrilleros, me retiro, afirma Rosario Ibarra

Fabiola Martínez

Los mediadores propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para un eventual diálogo con el gobierno federal advirtieron que no están dispuestos a participar en un proceso de este tipo en calidad de “testigos sociales”, como pretende la Secretaría de Gobernación.

El escritor Carlos Montemayor, designado vocero de los personajes que han aceptado fungir como mediadores, manifestó que la figura de “testigos sociales” pertenece al ámbito del derecho administrativo y suele formar parte del proceso de licitación pública en algunas secretarías de Estado.

“En ese sentido no hay parangón; no hay forma de comparar una actividad administrativa con la posible actividad de una comisión o un grupo de intermediación. No hay coincidencia en esos conceptos”, señaló.

Hace dos días, el EPR emitió un comunicado para rechazar las condiciones impuestas por el gobierno federal como única vía para dialogar. El grupo armado dijo que la oferta oficial es alevosa, tramposa e inaceptable, y destacó su rechazo a la posición en que se pretende colocar a los posibles mediadores.

Hasta anoche, el gobierno no había emitido respuesta al mensaje eperrista. No obstante, fuentes consultadas aseguraron que ya ha habido acercamientos (hasta ahora informales) con los mediadores, sin que revelara el sentido de las conversaciones.

Los integrantes del gabinete de seguridad ocuparon prácticamente toda la agenda de ayer para coordinar acciones con el propósito de ubicar a los autores de la ejecución de Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, se dijo que ya estaría lista la nueva respuesta gubernamental al EPR, que deberá ser autorizada en cada uno de los puntos por el presidente Felipe Calderón.

Los mediadores serían, a propuesta del EPR: Carlos Montemayor; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado; la senadora Rosario Ibarra; Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández, del Frente Nacional Contra la Represión, y el obispo emérito Samuel Ruiz.

Este grupo se reunió ayer en las oficinas del Sercicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y sostendrá encuentros periódicos para analizar la respuesta gubernamental porque, admitieron, la existencia de una comisión de intermediación sólo será posible si la acepta de ese modo el gobierno federal, de ahí que las opiniones emitidas hasta ahora son a título personal.

Si Gobernación rechaza la participación directa de estos personajes, en calidad de intermediarios, “obviamente la comisión se deshace y punto. No hay nada misterioso en esto”, indicó Montemayor.

“Podemos hablar en estos términos: o se deja pasar esa oportunidad (de diálogo con el EPR con la participación de mediadores) o se aprovecha; aquí no es una cuestión de ceder o no ceder, sino de aprovechar una oportunidad de acercamiento, de negociación política o dejarlo pasar”, agregó el escritor.

En tanto, la senadora Rosario Ibarra reiteró que su participación es para avanzar hacia la liberación con vida de los eperristas (Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), pero si su presencia –como ha deslizado Gobernación– es impedimento para ello, “me retiro”.

Ibarra, también presidenta del Comité Eureka, coincidió en que la figura de “testigos sociales” no aplica en este tipo de procesos sino en licitaciones públicas.

“Si dicen que van a salir vivos (los eperristas) pero que yo me quite de en medio, me quito; de otra manera no me quito. Es muy mi derecho estar participando en una comisión como ésta, a la que fui invitada por una de las partes”, dijo.

A su vez, el abogado Juan de Dios Hernández, también del Frente Nacional Contra la Represión, manifestó que “sería inaceptable un diálogo directo (del EPR) con el gobierno, nada más con la figura de testigo social. No aceptaremos participar como convidados de piedra o para avalar alguna situación que el gobierno hiciera contra el EPR”.

Comentó que, en su reciente mensaje, el gobierno federal fue “mucho más allá” de lo que pidió el EPR acerca de los desaparecidos, por lo que la autoridad no puede utilizar esa petición para proponer la rendición incondicional de un movimiento guerrillero.

Recordó que en la historia reciente, desde Rubén Jaramillo hasta el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, hay casos en que después de aceptar el diálogo con el gobierno, éste traiciona, asesina o libra órdenes de aprehensión, de ahí que no tendría sentido la existencia de la comisión en calidad de “convidados de piedra”.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.

Gobernación hace casi imposible lograr acuerdos, señala la Limeddh

La Jornada

■ Soslaya la demanda de presentar a los rebeldes desaparecidos

Carolina Gómez Mena

La propuesta que hizo el gobierno federal al Ejército Popular Revolucionario (EPR), por conducto de la Secretaría de Gobernación, “pone un estándar muy alto que prácticamente hace imposible” cualquier intento por lograr un acuerdo que permita la presentación con vida de los dos integrantes de ese grupo guerrillero, desaparecidos el 25 de mayo de 2007, señaló Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los de Derechos Humanos (Limeddh).

En entrevista, comentó que el gobierno, con su propuesta casi imposible de cumplir, muestra que no le importa la demanda del EPR de que sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sean presentados con vida, no obstante que la “desaparición forzada está calificada de delito de lesa humanidad”. Asimismo, indica que “intenta desviar el centro de origen de la petición”.

Precisó que el gobierno “tiene obligación y responsabilidad de vigilar y proteger los derechos humanos en todo momento, circunstancia, en el territorio nacional y para cualquier persona”.

Remarcó que la petición que presentó el EPR el mes pasado es que se atendiera esa situación; no se trataba de entablar un diálogo con el gobierno ni dejar sus actividades. Por esta razón, el llamado de (Felipe) Calderón queda fuera de todo contexto y proporcionalidad, y sólo pone “un estándar muy alto, que prácticamente hace imposible cualquier acuerdo para la presentación con vida de los desaparecidos”.

Criticó que Calderón, mediante la Secretaría de Gobernación, pida que “prácticamente el EPR se rinda y dialogue directamente sin clandestinidad”, además de que deja en claro que, independientemente del eventual diálogo, “igual le van a aplicar el estado del derecho, porque el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley”.

Cruz Sánchez subrayó que la propuesta oficial “no abona en dar cumplimiento a la petición concreta” del EPR, y señaló que tampoco se ve voluntad gubernamental de lograrlo, “cuando la Procuraduría General de la República no da trato adecuado a los familiares de los desaparecidos ni ha permitido que la investigación sea conocida por ellos, ni ha reclasificado el delito y lo mantiene en privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en lugar de desaparición forzada, el cual es de orden federal y de lesa humanidad”.

El presidente de la Limedh consideró que al cerrar la posibilidad de que sean presentados con vida los desaparecidos del EPR, el gobierno “no está respondiendo a lo que dictan las instancias de derechos humanos internacionales”.
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Exigen a director de penal atención médica urgente para “preso político” de Chiapas

La Jornada

■ Jesús López, insulinodependiente, sufre secuelas de la tortura a que fue sujeto en su captura
■ La Voz del Amate responsabiliza a Estrada Reyna de lo que suceda al adherente de la otra campaña

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de mayo. La organización de presos políticos La Voz del Amate demandó hoy atención urgente para su compañero Jesús López López, insulinodependiente del tipo uno, “a quien no se le ha dado el eficiente ni indicado servicio médico”. En carta a Fernando Estrada Reyna, director del Cereso 14, en Cintalapa de Figueroa, los internos adherentes a la otra campaña y del “grupo zapatista” piden, “humanitariamente, su inmediata intervención”.

Argumentan que “a consecuencia de la tortura que recibió en los momentos de su detención”, López López, dirigente social de la región costa del estado, “sufre dolores y presión baja, y según análisis recientes, existe un paso de sangre del riñón a la orina”. Tampoco ha recibido tratamiento en su pie izquierdo, donde los agentes policiacos “le propiciaron cinco quemaduras”.

Originario de Valdivia (Mapastepec), fue detenido el 5 de abril de 2007 –ya en el gobierno de Juan Sabines– con violencia y sin orden de aprehensión, cuando regresaba de su trabajo. Torturado y “arraigado” varias semanas en Tuxtla Gutiérrez, se le acusa de secuestro. Participaba en la lucha contra el robo del presupuesto público en su municipio y el saqueo de los bancos de arena y grava de la región. Antes de ser capturado, su granja fue atacada por personas no identificadas, quienes mataron sus vacas y puercos. Participante activo del Frente Cívico Tonalteco, con quienes estaba solicitando la creación de una preparatoria, aún no tiene sentencia.

Ante las “arbitrariedades por omisión” en su contra, los presos organizados exigen para él “la atención de un internista”, pues “no se respetan” las indicaciones del coordinador médico. En el penal se le niega atención por trabas burocráticas y “evidente mala fe”.

López López ayunó durante la huelga de hambre en tres penales de Chiapas, concluida en abril, y a pesar de que su encierro responde a un caso de carácter político, no fue liberado.

Al solicitar “en repetidas ocasiones que lo llevaran al area médica”, un pasante, de nombre Cayetano, dijo a los reclusos que eso “es cuando él quiera, no cuando uno lo pida”.

La Voz de Amate demanda al director del Cereso 14 que “si no hay voluntad de asistir a nuestro compañero, deje pasar al penal su tratamiento o mande una enfermera que le aplique la insulina, le cheque la sangre y le tome la presión”.

En señal de protesta, el afectado “ya dejó el tratamiento y no pasará al área médica hasta tener una resolución de su parte”, expresan al funcionario, y lo responzabilizan “de lo que pueda suceder” a López López.

Además de éste, permanecen en prisión Alberto Patishtán Gómez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez y María Delia Pérez Arizmendi.

Por su parte, Tiburcio Gómez Pérez, de La Voz de los Llanos, denunció que el director del Cereso 5, Alejandro Galicia Morales, amenaza con trasladarlo a otro penal, pues está “muy fichado como cabeza principal del grupo de presos políticos”. El pasado 3 de mayo le advirtió que “no puede” ser vocero del grupo, y que “cualquier cosa” que necesiten deberán solicitarla de manera “individual”.

Refiere que al interrogatorio del funcionario contestó: “haga lo que quiera; si está dolido por las demandas que se hicieron, es todo verdad, no hay mentira; los integrantes de La Voz de los Llanos siempre vamos a defender nuestros derechos como seres humanos”.
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¡Ríndanse!, luego platicamos

La Jornada

Jaime Martínez Veloz

El llamado del EPR para establecer un diálogo con el gobierno federal, con propósitos muy concretos, como la presentación de sus dos dirigentes desaparecidos, ha tenido diversas interpretaciones y repercusiones.

Funcionarios de los aparatos de seguridad del Estado mexicano filtraron a diferentes medios de comunicación supuestos acercamientos de esa organización guerrillera con el gobierno, lo cual fue desmentido en forma categórica por la propia agrupación.

El pronunciamiento formulado por los eperristas introdujo una nueva variable en su esquema táctico. La respuesta de la Secretaría de Gobernación fue torpe, inapropiada y arrogante. Todo parece indicar que los agarró mal parados, o que adolecen de deficiencias estructurales para enfrentar situaciones de crisis.

El solo hecho de que una de las organizaciones guerrilleras con raíces profundas y antiguas en la historia contemporánea de México manifestara en forma pública la posibilidad de establecer un diálogo con el gobierno era algo insólito, que debía ser valorado con un alto sentido de responsabilidad republicana. La concreción de mecanismos para el establecimiento de una mesa de diálogo debería constituir un imperativo en aquellos que tienen como responsabilidad la gobernabilidad del país.

En lugar de ello, la respuesta fue chocante e imprudente. ¡Primero ríndanse!, y luego platicamos. Como dijo Juan Gabriel: “pero qué necesidad”.

¿A quién se le puede ocurrir pensar que una organización como el EPR, con cuadros cuajados y curtidos en años de lucha, formación política y vida clandestina, aceptaría las insolentes pretensiones demandadas por la Secretaría de Gobernación?

Llevar al terreno de la política el reclamo de las armas es una necesidad impostergable en cualquier sociedad que aspire ser democrática, para lo cual se requiere una acción coherente, articulada y sincera del Estado mexicano, cosa que en la actualidad parece muy complicada y difícil.

El pronunciamiento del EPR se produce, a pesar del fracaso del diálogo con el EZLN, debido a las chapucerías de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, por lo cual la respuesta gubernamental debería haberse construido con cuidado, responsabilidad y sentido de la historia, en lugar de las formulaciones chafas, anodinas y monocordes que presentaron como postura gubernamental en boca del joven Mouriño.

Regatearle representatividad a las personalidades invitadas por el EPR como intermediarios civiles es un ejercicio inútil y mezquino. Doña Rosario Ibarra es una mujer cuya figura trasciende fronteras, sexenios o cargos públicos, su autoridad moral es indiscutible, tiene ganada una posición en la historia y en los corazones de los mexicanos. La consolidada presencia de don Samuel Ruiz como mediador de conflictos y defensor de las causas más nobles de México garantiza un proceso confiable, por complicada que sea cualquier tipo de negociación.

Miguel Ángel Granados Chapa no sólo ha sido un periodista intachable sino también como hombre de su tiempo ha sabido encarar en condiciones de desventaja procesos sociales y políticos en el país, y en especial en su querido estado de Hidalgo.

En materia del entendimiento de los movimientos guerrilleros mexicanos, de sus orígenes, causas, errores y perspectivas, no existe personaje mejor que Carlos Montemayor para conocer e interpretar el significado de las motivaciones de las organizaciones armadas insurgentes. Junto a ellos fue propuesto por el EPR para la intermediación civil mi viejo y querido amigo Enrique González Ruiz, con quien compartimos luchas y anhelos en los movimientos universitarios de los años 60 y 80.

Estas personalidades, junto a otras, constituyen en sí mismas un colectivo emblemático ubicado en el lado contrario al que representa un gobierno que incluso como cualquier gobierno del mundo requiere una legitimación cotidiana y permanente. En el colmo de una mezcla de arrogancia e ignorancia, Gobernación los acepta como “testigos sociales”. ¿Qué es eso?

Al margen de los resultados, el solo hecho de construir un espacio de diálogo constituía una acción de mayor urgencia para el gobierno que para su contraparte. Sin embargo, la respuesta gubernamental a la convocatoria al diálogo por parte el EPR, más que elaborada con criterios que deben dársele a los asuntos de Estado, se produjo con actitudes insufladas y poco inteligentes.

La iniciativa del EPR ha puesto de manifiesto cuando menos dos cuestiones. Por un lado, la organización armada pone en juego tácticas e iniciativas de carácter político cuyos resultados hasta hoy han incrementado su presencia en el imaginario colectivo y los medios nacionales. Por otro lado, el gobierno federal ha demostrado que su fuerte no es la exploración de nuevos métodos para enfrentar los complejos fenómenos sociales del pueblo mexicano, como tampoco tiene la magia, la creatividad y la decisión que reclama el ejercicio gubernamental de los tiempos actuales.

Al estilo del buen Perro Bermúdez: la tenían, era suya, pero la dejaron ir.
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La hora de La Vía Campesina

La Jornada

Peter Rosset

A escala mundial parece que ya llegó la hora de La Vía Campesina Internacional. Por más de 10 años la alianza global de las organizaciones campesinas ha estado construyendo una propuesta alternativa para los sistemas alimentarios de los países, la soberanía alimentaria. El año pasado se constató en el Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria, realizado en Malí, que este debate ha venido ganando terreno con otros movimientos sociales, como los de los pueblos indígenas, las mujeres, los consumidores, los ambientalistas, algunos sindicatos, y otros. Pero a nivel de gobiernos y organismos internacionales, había llegado a oídos más o menos sordos. Pero ahora no. La crisis mundial de los precios de los alimentos, que ya ha provocando motines en diversos países de Asia, África y América, está haciendo que todos coloquen atención en este tema.

¿Cuáles son las causas de las alzas extremas de los precios? Hay causas de largo plazo y causas de corto plazo. En cuanto al primero, se destacan los efectos de tres décadas de políticas neoliberales y de comercio libre sobre los sistemas alimentarios. En casi todos los países se ha desmantelado la capacidad productiva nacional de alimentos, sustituyendo una capacidad creciente para producir agroexportaciones, estimulado por enormes subsidios al agronegocio provenientes de los erarios.

Son los sectores campesinos y de agricultura familiar los que alimentan a los pueblos del mundo; los grandes productores tienen vocación de exportar. Pero a los primeros se les han quitado los precios de garantía, los paraestatales de comercialización, los créditos, la asistencia técnica y, sobre todo, su mercado, inundado primero por importaciones baratas, y una vez capturados estos mercados nacionales por las empresas trasnacionales, ahora reciben importaciones muy caras.

A la vez, el Banco Mundial y el FMI han obligado a los gobiernos a deshacerse de las reservas de cereales en manos del sector público, haciendo que en el mundo de hoy tengamos uno de los márgenes más estrechos en la historia reciente entre reservas y demanda, lo cual provoca el alza y la volatilidad de los precios. O sea que los países casi no tienen ya ni reservas ni capacidad productiva, y son dependientes de las importaciones, que ahora suben de precio. Otras causas de largo plazo, pero en menor escala, son los cambios en los patrones de consumo en algunos países, como la preferencia por carne por encima de dietas vegetarianas.

Entre las causas de corto plazo, la más importante es la entrada repentina del capital financiero especulativo, los llamados fondos de riesgo o hedge funds, en las bolsas de los contratos a futuro de los cereales y otros alimentos, los llamados commodities. Con el colapso de la burbuja artificial del mercado inmobiliario de Estados Unidos, su ya desesperada búsqueda de nuevas oportunidades de inversión lo hizo descubrir estas bolsas de alimentos. Es atraído por la volatilidad de cualquier mercado, ya que toma sus ganancias tanto en las subidas como en las bajadas, apostando como si fuera un casino. Apostando, pues, con la comida de la gente. Estos fondos hasta ahora han inyectado unos 70 mil millones de dólares extras a los precios de los commodities, inflando una burbuja que coloca los alimentos fuera del alcance de los pobres. Y cuando la burbuja entra en su inevitable colapso, va a quebrar a millones de agricultores del mundo entero.

Otro factor en el corto plazo ha sido el boom de los agrocombustibles, que compiten por área de siembra con los cultivos alimenticios y el ganado. En Filipinas, por ejemplo, el gobierno ha firmado acuerdos que comprometen una área de siembra para agrocombustibles equivalente a la mitad del área sembrada de arroz, alimento principal de su población. Debe ser considerado un crimen contra la humanidad alimentar a coches en lugar de personas.

También, el alza mundial de los costos de los insumos agroquímicos, como resultado del precio alto de petróleo, es un factor contribuyente a corto plazo. Otros factores recientes incluyen sequías en algunos países, y los esfuerzos del sector privado reaccionario, conspirando con la CIA y las trasnacionales, para exportar los alimentos de Venezuela, Bolivia y Argentina, generando escasez artificial como manera de desestabilizar sus gobiernos.

Frente a todo este panorama, y sus implicaciones futuras, se destaca una sola propuesta que esté a la altura del reto. Bajo la soberanía alimentaria los movimientos sociales, y un número creciente de gobiernos progresistas o semiprogresistas, proponen re-regular los mercados de alimentos que fueron desregulados por el neoliberalismo. E inclusive, regularlos mejor que antes, con una real gestión de la oferta, haciendo posible encontrar precios que sean justos tanto para los productores como para los consumidores.

Esto significa volver a proteger la producción nacional de los países, tanto contra el dumping de alimentos importados con precios artificialmente baratos, que socava la producción nacional, como de alimentos artificialmente caros, como ahora. Significa reconstituir las reservas públicas de cereales y las paraestatales de comercialización, ahora en versiones mejoradas, con la participación fundamental de las organizaciones campesinas en su gestión, quitando a las trasnacionales el control sobre nuestra comida. También incentivar la recuperación de la capacidad productiva nacional, proveniente del sector campesino y familiar, por medio de los presupuestos públicos, los precios de garantía, los créditos y otros apoyos, y la reforma agraria genuina. Urge la reforma agraria en muchos países para reconstruir al sector campesino y familiar, cuya vocación es producir alimentos, ya que el latifundio y el agronegocio suelen producir sólo para coches y para la exportación. Y se tienen que implementar controles, como han hecho algunos países en los últimos días, contra la exportación forzosa de alimentos que son requeridos por la población nacional.

Además, urge hacer un cambio de la actual tecnología en la producción, hacia una agricultura basada en los principios de la agroecología, sustentable, una producción agrícola que parta del respeto y del equilibrio con las condiciones naturales, la cultura local y los saberes tradicionales. Está demostrado que los sistema de producción agroecológicos pueden ser hasta más productivos, resisten mejor las sequías y otros cambios climáticos, y que por su bajo uso de recursos energéticos son más sustentables económicamente. Porque ya no podemos tener el lujo de alimentos cuyos precios estén vinculados al petróleo, ni mucho menos dañar la productividad futura de los suelos por medio de la agricultura industrial de grandes extensiones de monocultivos mecanizados y llenos de venenos y transgénicos.

En fin, ya llegó la hora de La Vía Campesina y la soberanía alimentaria. No hay más remedio para alimentar al mundo, y nos corresponde a todos y todas movilizarnos en masa para asegurar los cambios tan necesarios de políticas públicas a escala nacional e internacional.
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Cuarta Flota: mensaje de guerra

La Jornada

Raúl Zibechi

El primero de julio, la armada de Estados Unidos reactivará la Cuarta Flota, con la intención de “combatir el terrorismo”, las “actividades ilícitas” y enviar un “mensaje” a Venezuela y al resto de la región. Se trata de la primera reacción con una proyección de largo aliento por parte de Washington, luego del ataque al campamento de las FARC el pasado primero de marzo, que hizo temblar el tablero regional y puso en evidencia la debilidad de la superpotencia y el aislamiento de sus aliados en la región.

El comunicado del Pentágono, emitido el 25 de abril, argumenta que la reactivación de la Cuarta Flota –creada en 1943 para enfrentar la amenaza de los submarinos nazis en el Caribe y Sudamérica y disuelta en 1950– servirá para “demostrar el compromiso de Estados Unidos con sus socios regionales”. La flota estará comandada por el contralmirante Joseph Kernan, actual jefe del Comando de Tácticas Especiales de Guerra Naval, tendrá su base en Mayport, Florida, y dependerá del Comando Sur con sede en Miami. Once buques, entre ellos un portaviones y un submarino nuclear, conformarán el núcleo inicial de la flota.

La decisión del Pentágono se produce en un momento de particular tensión en Sudamérica y de extrema volatilidad en los mercados de commodities. No debe olvidarse que un tercio de las importaciones de petróleo de Estados Unidos provienen de Venezuela, México y Ecuador, lo que convierte a la región en un espacio estratégico para mantener la supremacía económica y militar del principal país del planeta. En segundo lugar, el imperio viene cosechando una seguidilla de derrotas en la región: el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay, la inminente creación del Consejo Sudamericano de Defensa a instancias de Brasil y Venezuela, el afianzamiento del proceso liderado por Rafael Correa en Ecuador, que supone reveses para las multinacionales petroleras y mineras, y la consolidación de la independencia económica de países como Brasil, que apuntan a reforzar un Mercosur cada vez menos dependiente de las economías del primer mundo, entre los más relevantes.

A todo ello deben sumarse, en tercer lugar, las fuertes tendencias hacia la inestabilidad en la región, como enseñan las recientes revueltas en Haití, la potente disputa por la hegemonía en Bolivia y la ofensiva de sectores del gran empresariado contra el gobierno de Cristina Fernández en Argentina. Ante este panorama, en el cual la inestabilidad tiende a agudizarse ante la feroz especulación del capital que está provocando alzas espectaculares de los precios de los alimentos, la reactivación de la Cuarta Flota representa una apuesta a un tipo de intervencionismo de carácter aeronaval y no terrestre, como reconoce el analista conservador argentino Rosendo Fraga (“La Cuarta Flota y los submarinos de Chávez”, 28 de abril, en Nueva Mayoría).

En efecto, al estar empantanado en Irak y Afganistán, el Pentágono no dispone de fuerzas terrestres para “distraer” en otros teatros de operaciones. De ahí la apuesta por fortalecerse a través de medios aéreos y navales para controlar una región que cada vez le resulta menos amable. Pero el despliegue de la Cuarta Flota no es sólo una advertencia sino sobre todo una amenaza. Aunque Hugo Chávez manifestó que “el viejo imperio ya no asusta”, algo cierto en el escenario general, en lo concreto Washington sigue siendo capaz de fabricar crisis como lo está demostrando estos días en Bolivia. En el país andino se está escenificando una estrategia largamente planificada, que pretende aprender de los “errores” cometidos en Venezuela, donde el fracaso del golpe de Estado de abril de 2002 estuvo en la base de la radicalización del proceso.

En Bolivia, por el contrario, se implementa una estrategia menos estridente pero tan destructiva como el golpismo, con base en una demanda autonómica que en realidad forma parte del proyecto estratégico de Evo Morales pero que es utilizada con fines opuestos: en vez de empoderar a los movimientos sociales y a la sociedad civil, busca blindar los intereses de la oligarquía cruceña y frenar el proceso de cambios iniciado por el gobierno de La Paz. El resultado, aun en el mejor de los escenarios, es la fabricación de un proceso que puede arrastrar al gobierno de Evo hacia una crisis de Estado, que fuerce a negociar a la baja el programa de cambios o provoque la dimisión para evitar una guerra o la división del país.

En este punto vale la pena tener en consideración las reflexiones del geógrafo estadunidense David Harvey, quien sostiene que el neoliberalismo se caracteriza por lo que denomina como “acumulación por desposesión”, o sea por la apropiación de bienes comunes, empresas y hasta estados. En un reciente artículo (“El neoliberalismo como destrucción creativa”), Harvey sostiene que para “restaurar el poder de clase” –amenazado por las rebeliones a partir de los años 60– se fabrican crisis para poder imponer el recetario neoliberal. Esas crisis pueden asumir formas muy diversas: el golpe de Estado, como en Chile en 1973; la invasión, como en Irak; o la amenaza de bancarrota, como se hizo con la ciudad de Nueva York en 1975 para derrotar a los sindicatos municipales.

Lo cierto es que la acumulación por desposesión no puede hacerse sin violencia, material o simbólica, o ambas, en un proceso totalmente antidemocrático de imposición vertical de un modelo de sociedad. Ya no se trata sólo de defender los privilegios de una clase social, como sucedió en los 60 y 70 por medio de golpes de Estado en toda la región. Digamos que aquella era una táctica “defensiva” de los de arriba para mantener sus privilegios. Ahora las cosas son enteramente diferentes: se busca remodelar el mapa de la región, y del mundo, a favor de las multinacionales y del imperio, desplazando poblaciones enteras donde hay riquezas naturales o allí donde el capital busca tierras para producir commodities mediante monocultivos. Y, para ello, barrer con corrupción, o a la fuerza, a los gobernantes molestos. La Cuarta Flota es una pieza más de ese engranaje.
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El 27

La Jornada

Luis Javier Garrido

La disputa por la nación que marca el segundo año del gobierno de facto calderonista, se está caracterizando por la vigorosa aparición en escena del pueblo mexicano, pero también por una exigencia creciente de que seamos un país sustentado en las leyes y no en las pretensiones de las corporaciones extranjeras.

1. El gobierno de facto de Calderón está fracasando en su intento de abrir una vía amplia para la privatización de la industria petrolera del país, no sólo porque menospreció la capacidad de respuesta del pueblo mexicano sino porque desconoció el significado y los alcances de un artículo de nuestra Carta Magna que sustenta los derechos fundamentales de la nación en contra de las pretensiones del capital trasnacional: el artículo 27.

2. El artículo 27 no fue el resultado, como muchos suponen, de una reflexión teórica o de una imposición ideológica, sino un producto de la historia mexicana. La comisión que redactó en 1916 este texto fundacional del México moderno, reuniéndose primero en la capilla del obispado de Querétaro y más tarde en casa del constituyente Pastor Rouaix, así lo reconoció. Rouaix refiere que luego de que el abogado Andrés Molina Enríquez decepcionara a la comisión con argumentos jurídicos, los redactores del artículo se volvieron a las tesis expresadas durante el movimiento revolucionario y a los reclamos de un pueblo que había expresado su voluntad de edificar un país que en ejercicio de su soberanía determinara las características de la propiedad, y eso molestó mucho a los intereses extranjeros.

3. La historia de la vigorosa defensa que hicieron los gobiernos mexicanos de los recursos estratégicos de la nación en los años 20 y 30 del siglo pasado, hasta culminar en la expropiación petrolera de 1938 decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, que estuvo sustentada en los principios del artículo 27 constitucional del dominio soberano de la nación sobre la propiedad originaria y la función social de la propiedad, muestra el encono que se fue desarrollando en los círculos de poder estadunidenses contra la Constitución mexicana de 1917, y en particular contra ese artículo.

4. El modelo capitalista neoliberal que se fue imponiendo en el mundo durante los dos gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), con el objetivo de hacer prevalecer los privilegios de las corporaciones trasnacionales por sobre los derechos de los pueblos, sostuvo abiertamente décadas después que no debería haber principios jurídicos nacionales que se opusieran a las pretensiones de las corporaciones de adueñarse del subsuelo y de los recursos estratégicos del planeta, y tuvo en consecuencia como objetivo el desmantelamiento de las constituciones de varios países latinoamericanos, y desde luego la de México, que desde 1917 postulaba exactamente lo contrario a lo que proponían los think tanks del Pentágono.

5. Los gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces un dilema. Entendieron claramente que la Constitución de 1917, a la que tanto han detestado, no es la elaboración de un grupo de abogados sino el producto de un proceso histórico, y que el artículo 27 contiene principios fundamentales que son intocables. Al no atreverse a tocarlos, sabedores de que de hacerlo quebrantarían por completo “el acuerdo en lo fundamental” que sustenta, al menos en la forma, la destruida institucionalidad del país, llevándolo a una situación de guerra civil, prefirieron darle vuelta y han tratado de trasgredirlo, a) expidiendo una legislación secundaria violatoria de la Constitución, sobre la que han edificado una industria energética privada que se sitúa en la ilegalidad, y b) violándolo abiertamente por decisiones de hecho –que no de derecho– entregando concesiones y contratos sin fundamento jurídico alguno, a sabiendas de que el capital trasnacional se está adueñando de los recursos de México en la más absoluta ilegalidad.

6. El artículo 27 tuvo vigencia durante el siglo XX en lo relativo al dominio directo de los bienes de la nación por la existencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, respondiendo la intervención del Estado a sus atribuciones, y en consecuencia al no hacer los gobernantes neoliberales ejercicio de sus facultades en la materia, e ir entregando áreas significativas de la industria energética a las multinacionales, haciendo ellos mismos enormes negocios, incurrieron en graves delitos contra la nación, aunque quizás ninguno de manera tan cínica como Calderón.

7. El proyecto de contrarreforma energética, elaborado en los despachos petroleros de Houston, y que Calderón presentó como suyo al Senado, generando un enorme conflicto, se centró por ello en un objetivo que es el desconocer en un marco legal secundario la existencia del artículo 27 y de sus principios centrales, a fin de acelerar el desmantelamiento del Estado mexicano, cuyos fundamentos jurídicos e históricos han constituido hasta ahora un obstáculo infranqueable para el capital trasnacional.

8. El gobierno de facto, al presentar como suya esta propuesta de contrarreforma no está haciendo más que agravar la crisis que se manifiesta no sólo con el descontento popular y el éxodo de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos, o con el papel deplorable de las fuerzas armadas combatiendo en las calles a sus propios desertores pasados a las filas del narco, sino con el patético espectáculo de las elites políticas, evidenciado tanto por Calderón, quien ahora responsabiliza a sus antecesores de haber generado una situación desastrosa en Pemex, como por Carlos Salinas de Gortari, quien culpa a Zedillo y a Fox en su libro La década perdida. 1995-2006 (2008) del desastre, por haber aplicado el delirante –y ahora fracasado– proyecto neoliberal del cual él busca como un orate deslindarse.

9. El hecho gravísimo denunciado en diversas publicaciones de que el gobierno de Mouriño y Calderón está ya entregando nuevas concesiones y contratos a diversas trasnacionales, en contra de lo establecido por la Constitución, y de que material y equipamiento de la Repsol y de la Exxon está llegando a México sin haberse siquiera discutido las propuestas de cambios legales oficiales, indica la gravedad de la situación, pues se está construyendo en México una industria energética extranjera paralela, en un marco de absoluta ilegalidad.

10. La solución a esta situación es por todo ello muy clara y pasa por aceptar que el futuro energético del país no puede decidirse sin consultar al pueblo, en quien reside la soberanía nacional.
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Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex

La Jornada

Adolfo Gilly

La operación en curso de privatización de Pemex va mucho más allá de los negocios del capital y de la corrupción de los funcionarios, como en cambio era el caso en la prolongada destrucción de la red de ferrocarriles nacionales y en las sucesivas concesiones y rescates de las carreteras de cuota.

Esta de hoy es una decisión de alcance histórico, tanto como lo fueron el reparto agrario y la expropiación petrolera en los años 30, pero exactamente en el sentido opuesto. Se trata ahora de completar, por un lado, una recomposición ya iniciada del Estado y de los sectores de clase dominantes y, por el otro, una restructuración de las relaciones de ese Estado con la nación y su pueblo, y con Estados Unidos y sus planes geoestratégicos en estos años iniciales del siglo.

Se trata, al mismo tiempo, de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano –insisto, mexicano– sobre el Estado nacional, y de integrar a éste como socio menor subordinado en la zona contigua de dominación y seguridad –América del Norte– de esa potencia a través de tres tratados: el TLCAN, el ASPAN y la Iniciativa Mérida, los tres estatutos clave de la subordinación económica, militar y política.

Se trata de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía y la independencia de esta nación. Así y nada menos.

Esta posición de mando del capital financiero mexicano fue afirmándose a partir de los años ochenta del siglo XX a través de los sucesivos gobiernos y cambios constitucionales –artículos 3º, 27, 130– y de la privatización creciente de los bienes de la nación, no sólo en tanto empresas públicas y servicios financieros sino también en cuanto dominio del territorio, del patrimonio cultural y de los recursos naturales.

Es una gigantesca operación de despojo la que está en marcha desde entonces. La entrega de Pemex es la culminación de ese proceso.

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El desmantelamiento que se intenta ahora completar no es, en efecto, sólo el de la propiedad estatal, sino también el de una forma de Estado mexicano –entendiendo aquí “Estado” como proceso de relación entre gobernantes y gobernados– que desde la derrota y la destrucción del Ejército Federal por la División del Norte en Zacatecas el 23 de junio de 1914 –es decir, ya desde antes de la Constitución de 1917–, se había ido conformando en la historia, en la legislación y en los antagonismos y las luchas hasta cubrir todo el siglo XX mexicano. Se trata de revertir el proceso histórico hasta una nueva y atroz Bella Época en este siglo.

De ese tamaño es la derrota que nos quieren imponer y lo que está en juego en la propuesta desintegradora de Felipe Calderón.

La ocasión parece inmejorable. El Estado mexicano, nominalmente unido bajo la Presidencia de la República y el pacto federal, está hoy fragmentado en mandos múltiples: el mando de los gobernadores que, mientras cada uno actúa como amo y señor en su feudo, se reúnen como poder nacional en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); el de la Iglesia, potente y prepotente como nunca desde el siglo XIX y la Reforma, ante la cual bajan la cabeza todos los partidos y sus dirigentes (todos, dije, todos); el de los grandes señores de las finanzas y sus conexiones con el opaco y turbulento mundo financiero internacional; el de una Presidencia que busca refugio y amparo en las fuerzas armadas; el del narcotráfico con sus redes y contactos no visibles pero reales con todas las esferas de poder antes mencionadas y con varios poderes externos.

Si en este listado no concedo poder propio al dual monopolio televisivo es porque se trata de una dependencia del capital financiero en cuyos intereses y designios está integrada. Si tampoco lo concedo al Poder Legislativo y al Poder Judicial es porque cuanto de importante se decide en esas sedes ya estuvo decidido de antemano en otras sedes y otros poderes.

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El mando financiero no tiene interés en recomponer ese Estado roto en fragmentos, con su modo protector y clientelar de relación con la población y sus políticas desarrollistas y de subvención al gasto social, a las empresas locales y a la planta industrial nacional. Quiere una nueva relación entre el gobierno y un pueblo, no de ciudadanos, sino de individuos atomizados en su vida social y focalizados en su conexión mediática.

Quiere una nueva relación estatal, sin patrimonio nacional común y cuya red conectiva, material y espiritual, sea ante todo ese mercado de las cosas que el capital financiero domina y controla, y donde el educador del pueblo son los medios mucho más que los maestros de un sistema escolar abandonado.

Para ese objetivo hay que terminar de quitar la pieza material central en la que se sustenta y con la que se financia el persistente modo de gobernar inscrito en la Constitución de 1917. Esa pieza, desde el 18 de marzo de 1938, se llama Pemex. Hoy, setenta años después, hay que acabar con ella y mandarla al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el convento de Churubusco o la carroza de Juárez. Y, de paso, hacer un suculento negocio con el petróleo.

Hay que desmantelar y ceder, entonces, esa prenda del orgullo nacional que es Pemex, a la cual el modo como había sido conquistada y defendida en otros tiempos había convertido en símbolo material de la independencia frente a la potencia del Norte y también en prenda de la autonomía relativa de los políticos gobernantes.

Entregar Pemex es también quitar piso propio a las fuerzas armadas mexicanas y acelerar su conversión, deseada por el Pentágono y las finanzas, en una Guardia Nacional destinada a tareas de represión interior ya ejercidas desde el PRI; y por otro lado, dedicada, al igual que en Colombia, a la regulación armada del narcotráfico, negocio que Estados Unidos no muestra interés en erradicar sino en mantener bajo control. Ese ejército quedaría así subordinado al Pentágono.

La iniciativa de Felipe Calderón pretende completar el vaciamiento del artículo 27 constitucional, pilar central de la forma de Estado posterior a la revolución. Salinas de Gortari destruyó su parte agraria. Se trata ahora de echar abajo lo que queda, la expropiación petrolera que recuperó el subsuelo y unificó a la nación.

Ésta es la magnitud de lo que está en juego. No es nuestro interés defender la actual forma de Estado, corrupta, opresora y fragmentada. Pero su suerte y sus indispensables cambios tienen que ser decisión del pueblo mexicano, no de los poderes financieros nacionales y extranjeros.

En cuanto a la demostración presupuestaria, financiera, administrativa y tecnológica de la plena viabilidad de Pemex como patrimonio nacional, ha sido y está siendo hecha en estos días, con abundancia de datos y argumentos, por los numerosos expertos mexicanos en cuestiones petroleras. A ellos nos remitimos.

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La defensa de Pemex y del patrimonio es una de las grandes causas de esta nación. Su dimensión simbólica y práctica va mucho más allá que la de sus empresas equivalentes en otras naciones latinoamericanas. Esa defensa necesita ser múltiple y en todos los terrenos, más allá de los ámbitos discursivos, parlamentarios o legislativos, aunque los incluya; más allá de las diferencias en otros temas y cuestiones entre las fuerzas y los individuos que se movilizan; más allá de las disputas por la preminencia, el mando o la dirección del movimiento de pueblo que es preciso extender a todos los espacios de vida, de trabajo, de estudio, de reunión o de esparcimiento.

Es preciso sumar a todos cuantos quieren preservar a Pemex como patrimonio común de la nación. ¿Cómo agregar esas fuerzas tras un objetivo común sin exigir a nadie que se subordine a una política, a una dirección partidaria o a un dirigente; y sin pedirle tampoco que no lo haga, si así le place y le parece?

El bando neoliberal está unificado por el poder presidencial, el poder financiero y el poder eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus cabecitas parlantes.

¿Cómo unificar las fuerzas de este lado en un frente plural por el petróleo; no por la Presidencia en 2012; no por las elecciones en 2009; no por la dirección o el control de este o aquel aparato partidario o sindical (y no sigo porque la lista de ambiciones e intereses particulares sería interminable)? ¿Cómo asegurar la independencia de cada uno en la unidad de un solo objetivo: defender a Pemex? ¿Cómo organizar sin regimentar ni uniformar, en las maneras diversas como se han organizado siempre en este país los movimientos de trabajadores, de estudiantes, de colonos, de ejidatarios, de lo que fuere?

¿Es que esa experiencia de generación tras generación de todo un pueblo durante un siglo entero se va a condensar sólo en votaciones de plaza a mano alzada y bajo consignas beatíficas como “amar es perdonar”, mientras la violencia se descarga en la descalificación y el insulto al que está al lado?

¿Cómo poner en el centro de las discusiones y las movilizaciones ideas, objetivos, discursos y modos diversos de organizar que muevan a la acción, a la convergencia, a la creación libre de maneras efectivas de lucha? ¿Cómo cortar de plano, a comenzar desde quienes ocupan posiciones dirigentes, las feroces disputas internas y el lenguaje soez: “traidor”, “víbora”, “fecal”, “pantaleta”, que hasta en los columnistas de la prensa escrita se ha ido haciendo costumbre? ¿Cómo lograr, por fin, que la causa de Pemex y el terreno central de esta lucha no sean vistos por sectores populares, angustiados por la pobreza y la sobrevivencia cotidiana, como una mera disputa en el Estado, en las instituciones, entre los políticos, esos que desde hace muchos años y a vista y paciencia de todos han usado a Pemex como su propiedad y para sus fines?

Estas son mis preguntas, dirigidas a todos nosotros, gente de la UNAM, y también al Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Y finalmente una pregunta no menos significativa: ¿por qué exigir ahora a los zapatistas, amenazados de un golpe militar represivo en cualquier momento, que se agreguen a este movimiento mientras todos los partidos los abandonaron y mantuvieron en el Congreso de la Unión la exclusión de los indígenas y la negación de sus derechos en esta nación?

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No vine a esta nuestra universidad con respuestas ni con consignas. Vine con preguntas que nos hacemos tantos en esta movilización que no es de nadie y es de todos. Traje un manojo de interrogantes, producto de experiencias colectivas de organización de luchas mexicanas que se remontan al menos al movimiento ferrocarrilero de los años cincuenta y al movimiento estudiantil y popular de 1968, y que se han ido trasmitiendo y acrecentando generación tras generación.

Pido y propongo que encontremos entre todos y en todas partes los medios para que esa experiencia acumulada, patrimonio espiritual e ideal de todos nosotros, se vuelque en libertad como torrente, rescate el petróleo y ponga un alto a las sumisiones a las que nos arrastran este gobierno, sus mandantes y sus aliados.

Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México el 8 de mayo de 2008.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.