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Rusia deporta activista de izquierdas para evitar su participación en la contracumbre anti-G8 de Japón
La Haine
Represión a la movilidad de los activistas
Durante la noche del 24 al 25 de junio, el activista alemán de izquierdas anti-G8, el doctor Martin Krämer, fue detenido y deportado de Rusia por la policía de fronteras. Después de 4 horas de interrogatorio, el oficial al mando, Vadim Adreevich Belekov, declaró a que todos los documentos y el visado de trabajo ruso del doctor Krämer estaban en orden pero sería deportado, a pesar de los pedidos especiales que acababa de recibir de los órganos federales de Moscú. Una funcionaria, que prefirió no dar su nombre, dijo que "en este momento su visita a la Federación de Rusia no es deseable".
El doctor Krämer señaló que había sido invitado a través del Ministerio ruso de Educación y Ciencia, y que por tanto su orden de deportación fue emitida por una instancia de mando mucho mayor. Esta observación indicó claramente el papel omnipresente de la policía política rusa FSB. En marzo, el funcionario del FSB Malakhov había emitido una amenaza de muerte "informal" contra el Dr Krämer durante una violenta detención en la ciudad de Vanino.
Durante la noche a la mañana del 24-25 de junio, así como durante la detención el pasado mes de marzo, el doctor Krämer no dio ningun motivo para su detención. Sin embargo durante el arresto no le dejaron dormir y siempre fue puesto en tela de juicio por diversos funcionarios que se negaron a presentarse. Así mismo, a las 4:00 de la mañana el comandante en jefe se negó a facilitar una llamada telefónica al Dr Krämer que le correspondía.
No se sabe cuándo el doctor Krämer podrá entrar de nuevo en la Federación de Rusia. Su visa es válida hasta el 8 de marzo de 2009.
El incidente de esta última deportación se produce después de una serie de medidas arbitrarias de las autoridades de Rusia y Japón para limitar la movilidad de los activistas que participan en la caravana contra el G8 de Sapporo (Hokkaido, Japón), y que comenzó en Rostock (Alemania) el 20 de abril de 2008. El 10 de marzo de este año al doctor Krämer se le denegó el aterrizaje en Japón y fue deportado a Rusia. "Nuestra lucha es global porque estamos en todas partes", comentó Dr Krämer. "La represión a nuestra movilidad tiene que ver con nuestra lucha por un mundo mejor, sin capitalismo", afirmó.
Después de el día de acción global el próximo 5 de julio contra la reunión del G8 en Japón, van a tomar impulso los preparativos para protestar contra el G-8 en Italia en 2009.
Gipfelsoli.org
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Manual militar filtrado de EE.UU.
Julian Assange Como entrenar clandestinamente a paramilitares, prohibir los sindicatos, emplear terroristas, realizar allanamientos sin mandato judicial, suspender los recursos de amparo y hacer que la gente lo adore Wikileaks ha publicado un manual confidencial militar de contrainsurgencia de EE.UU. de 219 páginas. El manual: “Técnicas y Procedimientos de Tácticas de Defensa Interiores en el Extranjero para Fuerzas Especiales (1994, 2004) podría ser descrito críticamente como “lo que aprendimos sobre el manejo de escuadrones de la muerte y el apuntalamiento de gobiernos corruptos en Latinoamérica y cómo aplicarlo en otros sitios.” Su contenido es definidor de la historia para Latinoamérica y, considerando el continuo rol de las Fuerzas Especiales de EE.UU. en la represión de insurgencias, incluyendo en Iraq y Afganistán, es histórico. El manual filtrado, que ha sido verificado con fuentes militares, es la doctrina oficial de las Fuerzas Especiales de EE.UU. para la Defensa Interna en el Extranjero o FID. Las operaciones de FID tienen el propósito de sostener a un gobierno “amigo” que enfrente una revolución popular o insurgencia guerrillera. Las intervenciones de FID son a menudo encubiertas o casi encubiertas debido a la naturaleza impopular del gobierno que está siendo apuntalado (“Al formular una política realista para el uso de asesores, el comandante debe avaluar cuidadosamente el clima psicológico de la HN [siglas en inglés para Host Nation, (Nación Anfitriona) y de EE.UU.”) -- PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLIC AQUI-- --------------------------------------------Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Movilizaciones contra el G8 en Japón
Los dirigentes de Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Italia, Reino Unido, Francia y Rusia, se reunirán entre el 7 y el 9 de julio en Hokkaido, Japón. Por su parte, del 27 de junio al 9 de julio tendrán lugar movilizaciones contra los poderosos Calendario de acciones: * 26-27 Junio (Kyoto) Manifestación contra el encuentro de Ministros de Relaciones Exteriores. * 28-29 Junio (Tokio) Manifestación contra el G8. * 01 Julio (Tokio) Foro Internacional contra el G8. * 01-04 Julio (Sapporo) Acciones temáticas: o 01 Julio (Sapporo) Antimilitarismo y antiguerra. o 02 Julio (Sapporo) Anti-OMC (Organización Mundial del Comercio) o 03 Julio (Sapporo) Anti-neoliberalismo. o 04 Julio (Sapporo) Día de los agricultores, día de los AINU (pueblo indígena). o 04 Julio (Sapporo) Acción contra la pobreza, la precariedad y la exclusión social. * 03 Julio (Sapporo) Punks contra el G8. * 03 Julio (Sapporo) Conferencia Internacional sobre militarismo y mujer. * 05 Julio (Sapporo) Día de Acción Internacional. * 05 Julio (Chitose) Protestas en el aeropuerto. * 07-09 Julio (Lake Toya) Bloqueo del G8. * 06-08 Julio (Sapporo) Cumbre Alternativa. * 07th – 09 Julio (Lake Toya) Campeonato anarquista de fútbol. --------------------------------------------Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
¡Tlachinollan!
Enrique Castillo González - Para Kaos en la Red
Tlapa, Guerrero a 21 de junio de 2008.
Guerrero: Donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta.
Los 14 años de vida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se insertan dentro del movimiento de los pueblos indígenas que luchan por la reivindicación de sus derechos y resisten un sistema legal que los empobrece y oprime hasta el hartazgo. Desde diferentes lugares del país y en diversos contextos históricos y sociopolíticos, los pueblos originarios de México han tenido que desafiar y aún resistir un orden legal que niega y regatea los derechos humanos de los Na savi, Me´phaa, Nauas y Amuzgos, por el hecho de cultivar la pluralidad lingüística y cultural.
El silencio de los pueblos hace invisible la opresión, la pobreza y discriminación impuesta por los gobiernos colonialistas. El sometimiento y domesticación política son las formas recurrentes de las autoridades para poder ejercer el poder sin ningún contrapeso imponiendo la ley del más fuerte. Cuando los pueblos asumen con plena determinación su papel de sujetos políticos, que tienen la conciencia de que son los titulares de sus derechos: sus voces, sus gritos y sus protestas se transforman en una amenaza para el sistema dominante acostumbrado a vivir de la pobreza de la gente.
En nuestro Estado la protesta social ha sido uno de los recursos más eficaces que han utilizado legítimamente los ciudadanos para exigir a las autoridades el respeto y el cumplimiento a sus derechos humanos. Los movimientos sociales se han transformado en movimientos antisistémicos que luchan y resisten a la violencia estatal. En situaciones tan adversas como la Montaña, donde los rezagos sociales nos colocan en el sótano de la historia contemporánea los pueblos indígenas al no encontrar respuestas apropiadas a la multiplicidad de demandas relacionadas con la sobre vivencia no les dejan otro camino más que la acción directa y la protesta pública para reclamar y defender su dignidad.
Las instituciones públicas de nuestro Estado han sido creadas no tanto para satisfacer las necesidades básicas de la población, sino para distanciarse de la ciudadanía, para mediatizar y burocratizar la acción gubernamental. A pesar de la multiplicación de las dependencias de gobierno existe una gran brecha entre lo que ofrecen las instituciones y lo que demandan los ciudadanos. Es paradójico que en nuestro estado a pesar de que se dio una alternancia política, tengamos que constatar que el tratamiento de los problemas sociales sigue siendo con el mismo método de la represión y encarcelamiento.
Es muy ilustrativa la manera como las autoridades educativas del estado en lugar de garantizar el derecho a una educación universal, gratuita y culturalmente apropiada, asume una postura inflexible e intransigente que va acorde con el modelo privatizador que se ha venido imponiendo en los estados nacionales, al acotar los derechos fundamentales y dejar en manos del libre mercado el acceso a la educación. Las reformas estructurales que se han impuesto por las cúpulas, es para ajustarse al mundo unipolar del gran capital, que busca la máxima ganancia sin importarle los daños y desastres que ocasiona su apetito por el lucro. Las autoridades apelando al uso de la fuerza y teniendo de su lado a los dueños del capital cierran filas con los dictados de las políticas neoliberales para achicar los presupuestos destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población.
Desde la lógica de este sistema dominante los que se organizan para exigir un derecho básico como es la educación y que no se subordinan a estas políticas privatizadoras que los excluye del presupuesto público, son catalogados cómo un peligro y una amenaza al orden impuesto por un modelo de desarrollo basado en la injusticia y la exclusión.
Los medios masivos de comunicación se encargan de sacralizar este sistema dominante y de satanizar a quienes atentan contra el status quo y recurren a la protesta como un derecho básico para ser escuchados y para evidenciar la desigualdad y la injusticia. Ante la falta de canales institucionales que faciliten el diálogo y la negociación, los ciudadanos toman las calles y los edificios públicos para poder manifestar su inconformidad ante la cerrazón gubernamental.
En nuestro estado la protesta social constituye la posibilidad concreta que tienen los pueblos y las organizaciones sociales de poder expresar sus problemas. De esta manera los ciudadanos recuperan el derecho a tener derechos, el derecho a recuperar su voz para ser tomados en cuenta como actores legítimos que nada tiene que ver con la delincuencia común u organizada. El derecho a la protesta, es un ejercicio legal y legitimo que le da la oportunidad a la población de hacer valer su dignidad y de demostrar su capacidad y su fuerza para poder cambiar las políticas privatizadoras del gobierno y transformar las estructuras de opresión.
Ante el hermetismo y la tozudez de las autoridades, se torna difícil en nuestro Estado crear espacios de dialogo constructivo y respetuoso. La ortodoxia gerencial y neoliberal de los funcionarios les impide imaginar nuevos modelos de atención ciudadana que realmente tengan la sensibilidad para entender la realidad de los sectores empobrecidos. La beligerancia de las autoridades desecha cualquier oportunidad para poder acercarse a las voces discordantes. Esta situación obliga a los ciudadanos a constituir sus propios foros públicos, a organizarse de forma independiente para tomar la palabra y ponerla en los lugares públicos.
Como organismo de la sociedad civil somos testigos de cómo los actos de las autoridades estatales viene a ser la fuente de los problemas que causan daño a la población. La negación de los derechos básicos se torna en una violencia del Estado contra los más indefensos, la imposición de un régimen fincado en los privilegios de unos cuantos desencadena procesos de resistencia y de protesta social.
En Guerrero a los luchadores sociales se les ha denigrado como lucradores sociales, su derecho a la protesta la han clasificado como un delito, se ha colocado a los líderes de los movimientos sociales fuera de la legalidad criminalizando un derecho. Al Ejecutivo estatal no le ha importado el costo político que representa esta violencia institucional, por el contrario, le ha apostado a transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, de leer e interpretar la realidad de los pobres que protestan bajo la lupa del código penal. Se ha impuesto una línea política por encima de los estándares internacionales de derechos humanos. La corta visión del poder es el criterio y la medida para juzgar los actos de una sociedad que se moviliza en defensa de sus derechos. La tendencia del gobierno es criminalizar las manifestaciones públicas y sacar de contexto a los conflictos sociales, para poder colocar a los luchadores en el banquillo de los que son acusados por cometer delitos.
Lo grave es que esta tendencia criminalizadora fortalece el poder punitivo del estado, que se engalla para encarar los conflictos sociales con la lógica de la guerra, de ver a los ciudadanos como enemigos, de tratarlos como delincuentes y de aplicarles todo el peso de la ley para aplastar su dignidad y su derecho a protestar. En esta perspectiva se justifica recurrentemente la intervención represiva de las fuerzas del Estado, utilizando de manera bárbara a las corporaciones policíacas, como ha sucedido con los egresados de Ayotzinapa y los indígenas Nauas de Chilapa.
Ahora estamos ante un escenario político, donde la protesta social es juzgada por otras autoridades que no son competentes, caracterizando a sus protagonistas como delincuentes profesionales y a las mismas organizaciones sociales como asociaciones delictivas, cómo ha sucedido con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).
El nuevo gobierno ha optado por la violencia institucional, como la manera más segura para poder asentarse en el poder y tener el control de las instituciones y las fuerzas represivas. Esta concentración del poder ha remarcado una mayor polarización social y ha causado un gran déficit de representación política que esta presentando síntomas graves de una crisis de gobernabilidad, a causa de la sordidez política y la indolencia gubernamental. Tenemos que salir del desencanto de la alternancia política y ubicar en su justa dimensión las prácticas represivas del nuevo gobierno que son una rémora del antiguo régimen que sigue vigente al mantener intocadas las estructuras verticales que reproducen la corrupción e impunidad.
El atrincheramiento del gobierno en su búnker privado, en nada le afecta el sufrimiento de los pueblos, por el contrario endurece más su postura para demostrar quien ten el poder y hacer sentir el peso de sus acciones. La mano dura en una democracia enciernes, no es sino la expresión de la incapacidad de las autoridades para generar consensos sociales y resolver por la vía del dialogo los conflictos. Es un modelo de gobierno autoritario que no tiene otro recurso más que el uso de la fuerza para salirle al paso a los conflictos sociales. Es un gobierno esquizofrénico que se siente rodeado de enemigos y que se ve obligado a defenderse por la peligrosidad inminente que ellos representan. El hecho de que los ciudadanos que protestan hablen un idioma diferente como sucede con los pueblos indígenas, la figura del enemigo se agiganta cuando la autoridad constata que hay ciudadanos que hablan lenguas extrañas. Se alimenta la idea entre los mismos funcionarios de que no pueden dialogar con rijosos, con gente que no conoce cuáles son sus verdaderas intenciones, por eso le dan un trato diferente, de no tolerar sus desplantes de fuerza y más bien implementar un modelo de guerra preventiva, es decir, de hacerle la guerra a la sociedad para que no se atreva a responder con la misma moneda.
Esta idea central que permea a las autoridades estatales de la figura del enemigo, materializada en los movimientos sociales y en sus líderes tiende a castigar más a los pobres y a criminalizar su protesta. Se da un giro hacia el autoritarismo que pone en riesgo el mismo estado de derecho porque banaliza la importancia de los derechos humanos y se desentiende de sus responsabilidades constitucionales, lo cual nos coloca en el empobrecimiento de la política.
Esta realidad se ha traducido en acciones penales que el gobierno ha emprendido contra los luchadores sociales y que nos arrojan cifras frías y cruentas de cómo se trata a hombres y mujeres que honran a su pueblos por la causa de los derechos humanos, pero que en los archivos del gobierno aparecen clasificados como presuntos delincuentes.
Para este periodo que va de Junio del 2007 a Mayo del 2008, las cifras de la criminalización de la lucha social en Guerrero nos presentan los siguientes datos:
Número
Estado actual de los casos
73
Procesos penales instaurados en contra de líderes sociales
75
Órdenes pendientes de ejecutarse
9
Expedientes cerrados por resoluciones favorables
44
Averiguaciones previas en integración contra líderes sociales.
201
Total de acciones penales emprendidas contra líderes sociales.
Entre ellos se encuentran con órdenes de aprehensión 11 compañeros del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me' Phaa de la variante lingüística Bátháá, no obstante, ha sido Cándido Félix Santiago el que ha sido detenido y encarcelado en cuatro ocasiones durante el 2007; también los miembros de la Radio Ñomndaa La Palabra de Agua, han sido víctimas de acusaciones dolosas por parte de la autoridad municipal de Xochistlahuaca y cuentan con 11 órdenes de aprehensión.
La Organización del Pueblos Indígena Me´phaa, es la que más ha sido perseguida y hostigada tanto por el Ejército, las autoridades policíacas y la misma autoridad municipal de Ayutla delos Libres, al grado que en este año se giraron 15 órdenes de aprehensión a causa de un delito fabricado por un grupo de choque de la comunidad de El Camalote y que es catalogado como paramilitar. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la misma Policía Comunitaria tiene en su haber 38 órdenes de aprehensión, cuando sólo han contribuido a garantizar la seguridad de los ciudadanos, tarea que el Estado no ha cumplido.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), que ha sido un ejemplo por su lucha tenaz en defensa de su territorio ha tenido que enfrentar a las autoridades federales y estatales a través de los recursos jurídicos y de la movilización social. Esto les ha costado caro a sus líderes, porque 6 de ellos fueron detenidos y siguen procesados desde el 2004.
Los estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa se han transformado en un movimiento emblemático por su lucha aguerrida en defensa de la educación pública y la exigencia permanente de que la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) les garantice el derecho al trabajo por medio de la creación de nuevas plazas de la licenciatura en educación primaria. De junio del 2007 a la fecha los estudiantes sufrieron varias acciones represivas por desafiar a las autoridades y ejercer su derecho a la protesta en la toma de casetas de cobro y de edificios públicos. La represión del 30 de noviembre de 2007 en la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, arrojó un saldo de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del estado, en octubre de 2006, asumieron un protagonismo importante por sus luchas solidarias con los estudiantes de Ayotzinapa y otros movimientos sociales, al grado que han tenido que poner en riesgo la propia seguridad personal para poder evidenciar los abusos del poder. Los saldos de su lucha son 6 órdenes de aprehensión contra sus principales líderes, de éstos es Nicolás Chávez Adame quien cuenta con 3 causas penales.
La Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo que se enfrentó a la minera canadiense Goldcorp Inc y al mismo gobierno del estado, para exigir un precio justo por la renta de sus tierras, sufrió un violento desalojo el 25 de enero de 2007 a manos de la policía preventiva municipal de Eduardo Neri (Zumpango) y de la Policía Preventiva estatal; el saldo fue de 70 detenidos –entre ellos niños y mujeres– y 10 lesionados.
Los 108 trabajadores despedidos del INEGI que se plantaron para demandar su reinstalación y exigir el pago de los salarios caídos desde el año 2000, resistieron por varios meses, hasta que el gobierno del estado les fabricó los delitos de sedición y sabotaje y giró 20 órdenes de aprehensión con un saldo de 4 trabajadores detenidos en junio del 2007.
El Consejo Ciudadano de Chilapa y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón hicieron eco de las demandas de las comunidades Nauas del municipio de Chilapa, que reclaman a la presidenta municipal conocer la programación de obras para sus comunidades y el presupuesto asignado. Ante la actitud arrogante de la autoridad municipal los indígenas se vieron obligados a manifestarse públicamente y a bloquear la carretera Tlapa-Chilapa. Este atrevimiento tuvo como saldo la detención de 14 indígenas por tres delitos, no obstante fueron 28 personas las que están sujetas a investigación por los delitos de privación de la libertad y daños en agravio del ayuntamiento. Dentro de estos últimos se encuentra el caso del director del Centro José María Morelos, Manuel Olivares Hernández.
En este recuento de la criminalización de la protesta hay 42 indígenas del pueblo Naua, todos del municipio de Chilapa, ubicado en la región Centro de Guerrero, y están acusados por los delitos de ataques a las vías de comunicación, privación de la libertad personal y daños en agravio del ayuntamiento; 37 indígenas del pueblo Me´phaa, localizados en la región de La Montaña y la mayoría de ellos son señalados por la privación de la libertad personal, ataques a las vías generales de comunicación y motín; 11 indígenas del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca en la región de la Costa Chica, que están acusados por el delito de la privación ilegal de la libertad personal; por parte de los indígenas Na savi existen 7 compañeros con órdenes de aprehensión acusados del delito de la privación ilegal de la libertad, la mayoría de ellos del municipio de San Luís Acatlán, en la región de la Costa Chica; de la población mestiza hay 19 luchadores sociales acusados de los delitos de privación de la libertad personal y motín, de éstos 11 son del municipio de Acapulco y 8 de la región de La Montaña.
Estas estadísticas del oprobio nos hablan de una absurda estrategia que se ha implementado en nuestro país y nuestro estado, orientado a limitar las garantías individuales y focalizar la persecución contra líderes de organizaciones sociales. Ante la incapacidad de las autoridades para dar respuestas positivas a las necesidades básicas de la población pobre se opta por el uso de la fuerza y la judicialización del conflicto social criminalizando la protesta. Las autoridades no toleran que un pueblo oprimido levante su voz y luche con dignidad, no creé en las causas que movilizan a la población para hacer valer sus derechos, desvaloriza su capacidad para organizarse y defenderse, razona diciendo que están manipulados y engañados por los lideres sociales.
Por cada paso que dan los pueblos indígenas para avanzar en el camino de su dignidad el gobierno se les adelanta diez pasos más para reprimirlos y encarcelarlos, se empeña en acallarlos y en transfórmalos en seres dóciles y pasivos. Recurre a la violencia sociopolítica con el fin de sobajar a los que luchan de despojarlos de su dignidad e identidad, de quebrar su fortaleza y sus valores y de doblegar su capacidad de resistencia. Se empeña la autoridad en generar miedo y someterlos al silencio para romper el núcleo de su organización y desestructurar sus procesos autogestivos.
En esta coyuntura electoral de nueva cuenta vemos como los partidos políticos y sus precandidatos vienen a desplazar a los ciudadanos y a presentarse cómo supuestos lideres políticos, vacíos de compromiso social y fallos en la realidad social que pisan, así como faltos de sensibilidad y respeto a la dignidad de los más pobres. Sin recato alguno y sin que haya una ejemplar sanción para los que delinquen electoralmente, la ambición de los precandidatos transparenta el empobrecimiento de la política y hace más visible la crisis de representación que se vive en nuestro estado.
La democracia electoral está generando un déficit de representación que va distanciando cada vez más a la clase política de la sociedad civil. Con este modelo de democracia se le niega a la población el derecho a deliberar y a cogobernar, con el argumento falaz de que solo tienen el mandato los representantes elegidos en las urnas. Por desgracia esta representatividad se ha desentendido de los problemas que deshumanizan a los pueblos indígenas que nos han dado identidad y un lugar para vivir. Los ciudadanos estamos obligados a replantear este modelo de democracia que tolera la simulación y el engaño y se hace cómplice de la corrupción y de la impunidad de los que ostentan el poder. Este sistema electoral se ha vuelto torpe para canalizar las demandas sociales y los que ahora se desgañitan por ganarse la voluntad del pueblo y hacen el ridículo con la entrega de dadivas como el show de la entrega de tinacos en Acapulco, olvidándose de los compromisos que no ha cumplido la Secretaria de Desarrollo Social de Guerrero con las demandas de los pueblos indígenas de la Montaña, estas vilezas forman parte de la crónica de gobiernos espurios, que en el futuro cuando toman el poder, se cobran la factura a la malagueña, actuando con despotismo y arrogancia.
No podemos permitir que solamente la clase política decida en nuestro nombre qué tipo de derechos nos corresponden y de manera autoritaria nos ignoren y nos excluyan de la discusión y de la toma de decisiones, para impedir el florecimiento de una democracia participativa.
Somos los ciudadanos los que tenemos que acotar el poder de las autoridades que se refugian en los fueros de la impunidad, tenemos que demandar la rendición de cuentas, el derecho a la información y a la consulta, el ejercicio transparente de los recursos y la revocación de mandato de las autoridades cuando traicionan las causas del pueblo.
La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los Na Savi, Me'phaa, Nauas y Mestizos
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Ataque antifascista a marcha neonazi
 Frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, en pleno centro de Santiago, se desató la violencia cuando una treintena de jóvenes neonazis que marchaban fueron atacados por un número mayor de antifascistas, al parecer skinhead.
Tres jóvenes del primer grupo, uno identificado como Matías Berrios Arredondo, de 20 años y que recibió un golpe en la cabeza que lo dejó sobre el pavimento en la Alameda; Manuel Aqueveque Beltrán, de 22, en calle Zenteno, y otro que huyó, son los lesionados.
La atención médica al primero, de paso, obligó a alterar el tránsito en algunas pistas de la principal arteria capitalina desde la que fue recogido por una ambulancia del SAMU recién cerca de una hora después.
Portando chaqueta y banderas con svasticas y saludando al estilo de la Alemania de Adolf Hitler, los neonazis marchaban con autorización de la Intendencia Metropolitana para recordar a dos miembros de la agrupación muertos en incidentes con barristas de la Garra Blanca y otros grupos.
En el sector señalado fueron sorpresivamente abordados por jóvenes que, con cadenas, manoplas y puños, iniciaron la reyerta en que varios quedaron con golpes sangrantes en la cabeza.
Durante la riña, un dependiente de la farmacia Cruz Verde de Alameda 980, identificado como Patricio Andrés Heriberto Novoa Palma, resultó con una contusión en una de sus piernas cuando cerraba la cortina metálica. Fue trasladado al Instituto de Seguridad del Trabajo, donde se le diagnosticó un esguince pie izquierdo y contusión en la rodilla izquierda leve.
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Comunicado de La Voz de El Amate.
A la opinión Publica:
A los medios de comunicacion local, nacional e internacional.
A los medios Alternativos.
A la otra campaña y sexta internacionado del EZLN.
A los Derechos Humanos no Gobernamentales ONG’s.
A las organizaciones independientes.
Hermanos y hermanas, LA VOZ DEL AMATE adherentes a la otra campaña del EZLN un grupo Zapatista, nos permitimos enviarles un combativo saludo desde este lugar de resistencia.
Despues de la represion brutal e inhumano que se suscito el 27 de Mayo en nuestro lugar de resistencia que arrebatado con lujo de violencia, fue saquiado nuestras pertenencias en manos de las mismas autoridades del penal, la cual fuimos trasladados en los diferentes penales del estado injustificablemente en nuestra persona, por la cual se exige la reparacion de los daños. Los presos politicos de “LA VOZ DEL AMATE” y “GRUPO ZAPATISTA” hoy Jueves 26 de Junio instalamos nuevamente nuestro plantón indefinido, recuperando el lugar de resistencia en una forma pacifica, ya que la unica tarea que tenemos es buscar la Justicia en la defensa de un trato digno de nuestros derechos y de todos.
Por lo tanto invitamos a todas las organizaciones independientes civiles, local, nacional e internacional a que esten pendientes de todo proceso de lucha que ejerce los presos politicos, como tambien de algunos incidencias que se pudieran violentar nuestros Derechos.
“Todos hacia la victoria, Los Presos Politicos nunca moriran sus ideas impregnaran a la consiencia de los demas.”
Fraternalmente
LA VOZ DEL AMATE Y GRUPO ZAPATISTA
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Además en Oaxaca se protege a violadores de niños
Alvaro Cepeda Neri
El problema político de Oaxaca, donde se pudren conflictos sociales en sus 570 municipios: concentración de la riqueza, empobrecimiento masivo indígena, mal gobierno autoritario, complicidad de jueces y policías contra los ciudadanos, corrupción y silencio por los intereses creados del PAN, PRI y PRD mantiene, además, un mano a mano de madracistas contra las huestes del gordillismo en medio del enfrentamiento entre la CNTE y SNTE, manifestándose en las constantes huelgas magisteriales.
También, la rebelión civil de grupos confrontados con el (des)gobernador Ulises Ruiz, bajo las siglas de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca). Aquello es un volcán a punto de estallar, contenido con baños de sangre, represiones, encarcelamientos, secuestros, desaparecidos y muy probablemente, en esa crisis, hasta el caso de los dos integrantes del EPR que éstos quieren vivos.
Lo de Oaxaca, pues, se mantiene así porque el PAN no quiere líos y Calderón menos, ya que el PRI apoya a Ulises, mientras que el PRD, local y nacional, atados por sus arreglos oaxaqueños y a la deriva por la disputa del poder entre cardenistas y lópezobradoristas, también han dejado de lado el asunto.
Y en ese contexto se suceden crisis de perversión sexual, como el caso del niño violado, en el colegio particular “Instituto San Felipe”, en la capital del estado. Y en cuyo abuso participaron la dueña-directora de la escuela: Magdalena García, para que su esposo y sobrino cometieran, ante videos que filmaron el acto, semejante hecho. Los violadores son: Adán Pérez Ramírez y Hugo Constantino García.
Los tribunales oaxaqueños, empezando por el ministerio público, recibieron la orden gubernamental y judicial de otorgarles impunidad; ante la presión de la madre, Leticia Valdés Martell, se abrió el proceso para guardar las apariencias, pues los profesores gozan de la protección oficial, al grado de que con sus porros organizaron “manifestaciones” de apoyo a la directora del colegio Yolanda León Ramírez. Todo orquestado desde la cúpula del poder estatal que encabeza Ulises Ruiz y el presidente del PRI estatal: Jorge Eduardo Franco (implicado en la desaparición de los dos desaparecidos del EPR).
En Oaxaca se ha dado a la luz pública la violación de ese niño, en medio de torturas, cuando apenas tiene cuatro años. La Corte ha decidido atraer el asunto a través de los amparos que han solicitado violadores y sus cómplices, debido a que la madre del niño ha desplegado su denuncia, dentro y fuera de Oaxaca, a pesar de los tres poderes de la entidad, incluyendo a la procuradora especial para delitos sexuales Aída Gómez Piñón, quien intentó silenciar el delito por medio de una “compensación monetaria”.
Ya el analista y periodista Ricardo Raphael (El Universal: 26/V/08) ofreció, con el título de: Madre coraje, una disección del abuso político judicial del gobierno de Ulises Ruiz, cuya cabeza debe rodar, porque la violación de ese niño es la gota que debe derramar el vaso oaxaqueño, lleno de barbarie.
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Amenazas de desalojo en Montes Azules
Amalia Avendaño
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas l La Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC UU-ID) Unión de Uniones Independiente y Democrática, afirmó que el gobierno federal pretende “cerrar” la vía de la regularización de la tierra y desocupar a los poblados asentados en la reserva de la biosfera de Montes Azules por lo que instalaran campamentos de observación civil para contrarrestar los desalojos.
Explicaron que el pasado 15 de mayo, se llevó a cabo la última mesa de interlocución agraria entre la ARIC UU-ID y las instancias de los gobiernos federales y estatales, ahí la ARIC UU-ID planteó la necesidad de expresar por escrito el objetivo de la mesa agraria: la regularización de tres poblados sin título de propiedad (Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende); pues algunas familias de San Antonio Miramar anunciaron, en dicha reunión, que aceptaban la indemnización.
Ante la presión de este planteamiento, explicaron en un comunicado los líderes de la ARIC UU-ID , “la respuesta de las instancias de gobierno fue la cancelación de toda posibilidad de regularización de los poblados, anunciando que las únicas opciones eran la reubicación o la indemnización.
En este contexto de cerrazón oficial, se hace pública la entrada violenta del ejército al poblado Laguna El Suspiro el pasado 23 de mayo y la solicitud de comparecencia hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) a los representantes de dicho poblado, indicaron en la denuncia.
Advirtieron que recientemente los titulares de las dependencias de gobierno han anunciado que los próximos días viernes y sábado, 27 y 28 de junio, realizarán un recorrido de inspección a los poblados localizados en la cuenca del Río Negro, a partir del cual definirán “las siguientes acciones para continuar con su política de expulsión de las comunidades”.
Los indígenas aseguraron que mantendrán y fortaleceran su coordinación y unidad con las organizaciones de la sociedad civil a las que solicitaron su apoyo ante las pretensiones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT , la Secretaría de la Reforma Agraria , la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Chiapas de:
“Cerrar el diálogo hacia la regularización para imponer unilateralmente sus decisiones, y no respetar el proceso y los acuerdos básicos alcanzados durante la administración federal anterior. Sus próximas acciones pueden estar orientadas a preparar y justificar el desalojo de los poblados que no acepten la indemnización y la reubicación”.
Detallaron que los campamentos de observación civil estarán ubicados en las comunidades de Salvador Allende y Ranchería Corozal denunciaremos públicamente cualquier acción o intento que violente los derechos de las comunidades en la Reserva.
Los pobladores de Montes Azules consideraron que las comunidades indígenas “no son la verdadera amenaza para la conservación y sustentabilidad de este territorio. Por el contrario, son ellas las que pueden garantizar su protección y manejo adecuado mediante reglamentos internos y planes de manejo comunitario, y con el respaldo de políticas y programas para su desarrollo sustentable.
Pero, agregaron, “son los poderes fácticos y las empresas transnacionales interesadas en la explotación de los recursos naturales la amenaza real, y es la política del gobierno federal y estatal la que tiende a responder a estos intereses y a crear las condiciones legales necesarias”.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
Altos cargos mexicanos acusados en la Audiencia Nacional por tortura en el caso Atenco
La Otra Jovel
Parece ser que los que se creen dueños de la tierra decretaron que la memoria y la dignidad es un delito. Ante la alarma por la respuesta del gobierno de México al juez Grande-Marlaska en relación con la querella por tortura, presentada por la ciudadana española Cristina Valls. El Martes 17 de junio a las 11:30 tuvo lugar una rueda de prensa en Madrid por parte de las abogadas de Women's Link Worldwide y Cristina Valls, querellante. Tambien hubo una concentración a las 12:00 delante de la Audiencia Nacional en la que participaron personas y colectivos diferentes.
Para nosotras ni es ninguna novedad la respuesta mexicana.
Sabedoras de la impunidad de los políticos...
No nos sorprende que la respuesta del gobierno mexicano al juez Grande-Marlaska haya sido elaborada por la Procuraduría General de la República cuyo titular, EDUARDO MEDINA MORA, uno de los principales acusados en esta querella puesto que en el momento de producirse el “caso Atenco” era el Secretario de Seguridad Pública y, por lo tanto, responsable de las fuerzas federales que cometieron la tortura sexual y los asesinatos en Atenco 2006.
El Gobierno Mexicano sigue mintiendo para ocultar la responsabilidad de algunos de los acusados al ser del Gabinete del actual gobierno y pretenden ser juez y parte a la hora de recomendar al Juez Grande-Marlaska la no aceptación del caso basándose en mentiras y en la hipócrita afirmación de que la justicia en México funciona. Conocedoras de las mentiras de los poderosos. No nos sorprende que quieran hacernos creer que la justicia en México es transparente. 11 de las mujeres que sufrieron tortura sexual en Atenco, han pedido, en abril de este año, la intervención en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por entender que el gobierno mexicano practica una política de entorpecimiento de las investigaciones y obstaculiza el acceso a la justicia.
Sabemos, una vez más que tanta boca llena de palabras, de las que predican pero no aplican el respeto a los derechos humanos, como las firmas de protocolos contra la tortura, y las cláusulas democráticas, son una farsa, que lo único que intentan es dar una imagen al exterior para favorecer buenas inversiones de las transnacionales.
No tenemos amnesia...
Nosotras recordamos quienes son los que desalojan, saquean y matan por el dinero, por los recursos y por el enriquecimiento...no les tiembla la mano ni torturando ni violando, si lo que hay en juego es por ejemplo un aeropuerto internacional como parte del Plan Puebla Panamá (PPP.) Y a los Gobiernos Europeos no les deja sin dormir evitar la mirada o saltarse el párrafo de la cláusula democrática si son sus empresas las que se quedaran con los recursos y las riquezas. A costa de todo, a costa de todas.
Tenemos memoria...
Nosotras recordamos que el gobierno de Felipe Calderón ha sido especialmente apoyado durante su reciente visita oficial a España, siendo México el país invitado en la Expo Zaragoza bajo el lema “Agua y Desarrollo sostenible”. Sabemos de la complicidad de ambos gobiernos y de los intereses económicos que hay en juego si la Audiencia aceptara este caso. De que multinacionales españolas como Iberdrola, Gas Natural y Unión FENOSA dominan el mercado eléctrico en México De que la multinacional española OHL (la que algo tiene que ver con el aeropuerto de Atenco), patrocinó el encuentro impulsado por el Foro Nueva Economía donde se reunía Calderón con diferentes empresarios en Madrid. La política económica neoliberal, el mercado y el dinero mueven los intereses de los poderosos y conocemos la falta de escrúpulos de políticos y empresarios.
Nosotras nos preguntamos...
¿Cómo podrán aconsejar a la Audiencia Nacional la desestimación del caso los mismos personajes que cuando ocurrió Atenco diseñaron la estrategia de represión y tortura?
¿Cómo confiar en el Gobierno de Felipe Calderón cuando forma su Gabinete de Trabajo con gente de la calaña de EDUARDO MEDINA MORA, Procurador General de la República; GENARO GARCÍA LUNA, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública o ENRIQUE PEÑA NIETO, gobernador del Estado de México, en cuya jurisdicción y bajo cuya responsabilidad se produjo el llamado “caso Atenco”? ¿Y son acusados en la Audiencia Nacional? ¿Cómo confiar en la Justicia española cuando hace menos de una semana que Felipe Calderón estaba invitado a este país, comía con Zapatero, cenaba con los Reyes y se daba la mano con Gallardón? Somos inasequibles al desaliento...
Y no pararemos de creer que la memoria y la dignidad de la gente que lucha no es un delito Exigimos a la Audiencia Nacional que investigue los delitos de tortura denunciados al margen de los intereses económicos de las multinacionales españolas, para no contribuir a la historia de impunidad que acompaña y perpetúa los delitos cometidos por el estado mexicano.
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Los desaparecidos estarían en el Campo Militar uno: EPR
La Jornada
■ Lanza el grupo hipótesis sobre el paradero de sus compañeros
■ El gobierno le apuesta al “terror de Estado”, afirma en un comunicado
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) manifestó ayer, en boletín de prensa, que considera la posibilidad de que sus compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz “se encuentren en el Campo Militar número Uno, porque la experiencia en el país indica que a los luchadores sociales los mantienen por años en ese lugar, como ha sido documentado y denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos desde años anteriores”.
La organización armada precisa que esto lo han corroborado los testimonios de los “presos políticos” que sobrevivieron, “que ahí estuvieron y vieron a muchos otros compañeros que después desaparecieron”. Ante ello, sostiene que “resulta poco creíble que cuando un visitador adjunto de la CNDH va a las instalaciones diga que no halló nada; esto es una burla más, porque para revisar el Campo Militar se requerirían 30 días o más para poder hacerlo de manera exhaustiva”.
Otra posibilidad, subrayó el EPR, es que sus compañeros detenidos-desaparecidos “aún se encuentren en alguna de las casas de seguridad que tienen las fuerzas represivas, como las denunciadas en la revista Proceso, de las que ninguna autoridad ha dado alguna explicación”.
Destaca que el andamiaje clandestino y las formas que utiliza el Estado para intentar paralizar la protesta social “perduran hasta la actualidad, al grado de que los que fueron policías de la DFS hoy brindan asesoría, infraestructura y consejos para encubrir y solapar, y repetir todo lo que ellos hicieron en la llamada guerra sucia, apoyados por lo regular por sus hijos, quienes hoy pertenecen al Cisen o a la AFI”.
Subraya: “insistimos por enésima ocasión en la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y también demandamos enfáticamente a los presuntos representantes del pueblo, en las cámaras de Diputados y Senadores, que promulguen la ley de amnistía para todos ellos; no hacerlo es convertirse en cómplices de todo lo que está sucediendo, porque el PRI junto con el PAN son los que avasallan al Legislativo para imponer leyes y reformas anticonstitucionales que, por ende, son antipopulares como la del ISSSTE”.
Señala que el gobierno de Felipe Calderón insiste en intimidar a los pueblos campesinos, “en desaparecer a luchadores sociales como a los ciudadanos Bonifacio Gaona Barrientos indígena totonaco de Puebla, y al colono Moisés Molina Rodríguez, en Michoacán”.
Abunda: “se insiste en poner como representantes del Estado mexicano a personas sin oficio político, con ideología ultraderechista, para tratar asuntos tan delicados como la continua práctica gubernamental de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad imprescriptible”.
En el contexto de la violencia institucional “las fuerzas represivas aprovechan esta coyuntura para aprehender, torturar y desaparecer a luchadores sociales pretendiendo mimetizarlos con simples levantones del narco, verbigracia, los 38 trabajadores de Pemex desaparecidos en Cadereyta, Nuevo León”, refiere.
Acusa que “existe la complicidad entre gobierno, empresarios, mandos de las fuerzas armadas y cabezas de los grupos de ultraderecha para formar paramilitares que hagan el trabajo sucio e intentar dejar incólume al Ejército federal en la comisión de delitos de lesa humanidad.
“Un ejemplo lo tenemos con el supuesto hallazgo en Oaxaca, de fosas clandestinas y la inhumación de los cadáveres con evidencias de tortura y tiro de gracia que tratan forzadamente de relacionar con la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, tratando de diluir la esencia de nuestra demanda, que es su presentación con vida y la de todos los desaparecidos políticos, alargando el tiempo al intentar distraer a la opinión pública con estos hechos”, apunta.
El EPR considera que “el gobierno de Calderón debe dar una respuesta oficial y no recurrir a voceros oficiosos y a maniobras sucias de propaganda negra contra nuestro partido que buscan desvirtuar nuestras demandas y lucha, presionando para reventar el papel de la comisión de mediación al pretender crear un ambiente de zozobra filtrando por medio del Cisen borregos mediáticos de una supuesta negociación secreta”.
Esas filtraciones, sostiene el grupo armado, “en esencia constituyen amenazas veladas contra nosotros, que al no tenernos al alcance de su garra represora presionan y pretenden desquitarse con luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y presos políticos de conciencia. ¿Estos serán los incidentes a que se refirió la Secretaría de Gobernación?”.
Ni negociaciones secretas ni hipótesis de confort, sostiene el EPR; ambas “son parte de la campaña contrainsurgente, que de manera solícita se reproduce ya sea por omisión o comisión contribuyendo a que perdure la impunidad, alentando a que se cometan nuevos crímenes de lesa humanidad. El gobierno de las desapariciones forzadas le está apostando al desgaste y al olvido por medio del terror del Estado”.
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Terrorismo a la carta
Ángel Guerra Cabrera
aguerra_123@yahoo.com.mx
¿Por qué tienen que venir militares de Estados Unidos a construir pozos de agua, unas pocas escuelas y centros médicos cuando hay personal peruano capacitado para ello?, espetaba en mayo la diputada por Ayacucho Juana Huancahuari, del Partido Nacionalista, a la justificación que dio el gobierno de Alan García sobre la indeseable presencia. Y si vienen en misión humanitaria –remató–, ¿por qué traen tres helicópteros de combate Chinook? A finales de febrero seis mujeres y un hombre fueron apresados por la policía peruana cuando regresaban de la reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana, celebrada en Ecuador, y acusados –alharaca de prensa mediante– de terroristas que atentarían contra la cumbre América Latina-Unión Europea efectuada en Lima. Tres meses después, al no existir prueba alguna de su militancia subversiva ni del atentado, las mujeres fueron liberadas, pero su compañero Roque Gonzales, conocido periodista y activista bolivariano, aún permanece en la cárcel. La diferencia es que Gonzales militó en el insurgente Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), por lo que cumplió 10 años de prisión durante el criminal fujimorato. Con esa lógica jurídica habría que poner tras las rejas a cientos de ex guerrilleros insertados en política, entre ellos altos funcionarios de varios gobiernos latinoamericanos y, por qué no, condenar retroactivamente, desde George Washington, a todos los luchadores por la independencia. Cierto, el régimen de García es difícil de igualar en la represión de la protesta social y en el afán de convertirse en sucursal del Plan Colombia, pero este cuadro no es exclusivo de Perú y forma parte de un proyecto continental.
Después de la agresión yanqui-uribista a territorio ecuatoriano del primero de marzo, se abrió en América Latina una nueva etapa en la contraofensiva de Washington para revertir los importantes avances por vía legal del movimiento popular y derrocar los gobiernos reacios a aceptar la tutela imperial con vistas a dejar sola a Cuba de nuevo y asestarle una estocada mortal. Estrechamente unido a ello, resulta que los regímenes más subordinados a Estados Unidos ya no pueden sostenerse, si no es recrudeciendo la represión, desplegando los uniformados con el pretexto del combate al narcotráfico, induciendo el miedo en la sociedad mediante campañas mediáticas goebbelianas, violando burdamente los derechos civiles y quebrando las mínimas normas de equidad en la competencia electoral, incluido el fraude de Estado. Y como esto no les alcanza, allí están la cuarta flota –enfilada principalmente contra Venezuela– y la prisa de Washington por aumentar su presencia militar en la región, prolongar indefinidamente el conflicto colombiano y extenderlo a toda América Latina con el argumento del combate al terrorismo.
El objetivo principal de los sensacionales hallazgos a la carta en las computadoras acorazadas de Raúl Reyes ha sido satanizar a Hugo Chávez y Rafael Correa, pero también la criminalización del movimiento popular y sus líderes y del pensamiento contestatario del río Bravo a la Patagonia, arguyendo mendazmente su complicidad con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o simplemente, con el “terrorismo” en abstracto. Los pobres de la Tierra nunca compartirán la visión sobre el terrorismo de las potencias imperialistas ni de sus opresores locales, que les han impuesto el terrorismo de Estado sistemáticamente. Quien estudie la historia con honestidad comprobará que desde hace milenios la violencia –el terror: económico, militar, cultural– es inherente a los regímenes de explotación y, a su vez, la única causa de la insurgencia de los de abajo. Pero el gran desafío hoy del movimiento popular latinoamericano es preservar y ensanchar con la mayor audacia y creatividad, sin ceder al sectarismo, los espacios legales conquistados, que exige trabajar incansablemente por una salida política digna, justa y democrática al conflicto colombiano.
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