Guerrilleras padecieron la feminización de la tortura

Por Sandra Torres Pastrana

México DF, 26 mayo 08 (CIMAC).- Preocupadas por la masacre de Aguas Blancas, la tortura y abuso sexual contra mujeres en Atenco, la impunidad que se vive en Oaxaca y en general ante la endeble realidad de los derechos humanos, pero también atentas a la sexta Declaratoria de la selva Lacandona, las académicas Eugenia Gutiérrez, Claudia Ytuarte, Cristina Oehmichen y Aída Hernández crearon el Foro Itinerante Mujeres, Violencia e Impunidad: Diálogos entre la academia y la sociedad civil.

El Foro ha recorrido la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y el pasado 22 de mayo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el tema la represión hacia mujeres militantes y guerrilleras.

Ahí, Márgara Millán, socióloga y antropóloga del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS, dejó claro que las mujeres que pertenecieron a una guerrilla transgredieron tanto la autoridad como los límites que les marca la sociedad por su condición de género.

Adela Cedillo, historiadora y especialista en la etapa de la guerra fría en América Latina y en el movimiento armado socialista mexicano, manifestó que el papel de la mujer en las guerrillas rurales en el contexto de la guerra sucia de 1962 a 1982 se limitó a ser bases de apoyo, debido a que en la estructura familiar eran consideradas posesión de sus esposos o familias, mientras que la participación de las guerrilleras o militantes urbanas fue más activa y ésta era una decisión individual.

El estudio de Cedillo arroja datos importantes para el ámbito urbano: de las mujeres que fueron víctimas del terror estatal en los años de la Guerra sucia, aproximadamente 70 fueron detenidas y desaparecidas, 30 asesinadas, 10 exiliadas y por lo menos 2 fueron detenidas y desaparecidas con sus esposos y bebés, 4 parieron en cautiverio y 8 fueron desaparecidas cuando tenían algunos meses de embarazo.

Desde otra perspectiva, la antropóloga Citlali Esparza, ex militante del grupo guerrillero la Liga Comunista 23 de septiembre, recordó el estado de clandestinidad en el que vive una mujer al ser parte de una brigada de lucha. Las que participaron en la lucha de los setenta, dijo, lo hacían por convicción pero también porque el sistema político no les permitía otra vía.

Esparza salió de la guerrilla debido a su embarazo de 7 meses, lo cual le salvó la vida, ya que al poco tiempo su brigada fue masacrada y desaparecida.

Raquel Gutiérrez, fundadora y militante del Movimiento Boliviano Tupak Katari, quien estuvo presa en su país durante 5 años, de 1992 a 1997, recordó que en el penal de mujeres de la Paz era triste oír que la consideran criminal y terrorista, cuando en realidad su lucha era por la reivindicación de acciones para el desarrollo de tu país.

Gutiérrez, fundadora también del grupo Comuna y participante en la llamada “guerra del agua” en Cochabamba en 2002, dice que rescata de sus años en la cárcel el hecho de que las 5 mujeres encarceladas, a diferencia de los 40 varones, tuvieron mucha más capacidad de resarcir las agresiones de las autoridades penitenciarias y de defender su palabra denunciativa, nunca utilizaron un discurso victimista porque éste “lo único que hace es silenciarte”.

Por su parte María de la Luz Aguilar Terréz, antropóloga y militante del Movimiento Armado Socialista, organizadora con otras mujeres del Primer Encuentro de Mujeres Guerrilleras que se llevó a cabo en Mazatlán el 7 y 8 de marzo de este año, recupera la historia de las guerrillas de nuestro país, desde sus propias voces, donde ella misma fue participante.

De acuerdo con datos del archivo policíaco, que para Aguilar “no se sostienen” y minimizan los hechos porque había muchas más mujeres en lucha, en los años setentas, 5 compañeras habían sido muertas en combate desigual, 11 cayeron en cárceles clandestinas, 43 mujeres fueron desaparecidas y 164 fueron perseguidas por el Ejército y otras policías.

Finalmente Lucía Raya, investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), habló de la feminización de la tortura, que presenta matices particulares, como manoseos constantes, actos sexuales, violaciones multitudinarias, violaciones frente a su pareja o familias, agresiones contra sus hijas e hijos, madre o padre.

Raya dio a conocer que Amnistía Internacional (AI) recogió datos sobre mujeres que estando embarazada fueron torturadas, cuyas secuelas son trastornos emocionales no sólo para ellas, sino también para sus hijas o hijos, lo que implica un daño irreversible.

MUJER-GUERRILLA

Durante este evento se presentó una exposición fotográfica de Adela Cedillo y la exhibición de la película Mujer-Guerrilla, documental del grupo Patitos, integrado por egresados de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la FCPyS de la UNAM, que narra la vida de cuatro mujeres de cuatro grupos guerrilleros en las décadas de los 60, 70 y parte de los 80 del siglo pasado.

El documental contiene testimonios inéditos de Elda Nevarez, militante del MAR; Lourdes Uranga, del Frente Urbano Zapatista, Edna Ovalle, de la Liga de los Comunistas Armados, Yolanda Casas, del grupo los Lacandones, quienes “desearon un mundo mejor, más justo y equitativo, así como comentarios de Carlos Montemayor y Carlos Fazio.

El Foro itinerante seguirá su recorrido y su próxima parada será en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, el próximo 19 de junio con el tema Violencia, género y racismo.

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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.

Estancias infantiles de Calderón, improvisación y fines electoreros

Por Rafael Maya

México DF, 26 mayo 08 (CIMAC).- Detrás del programa de Guarderías y estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está la intención de socavar el derecho a la seguridad social y deslindar al Estado de su obligación de garantizar y ampliar la estructura institucional de guarderías del IMSS, ISSSTE y DIF, consideran legisladoras y expertas en seguridad social y derechos de la infancia.

“No se rompe con el círculo de la pobreza” en el que viven miles de trabajadoras que carecen de seguridad social, pues las encargadas de estancias infantiles carecen de prestaciones y seguridad social, afirman expertas.

Las guarderías son atendidas por amas de casa que reciben, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa, un apoyo de hasta 35 mil pesos por parte de Sedesol para adaptar sus hogares como estancias y puedan operar mínimo durante un año.

Sedesol paga además a las responsables de la estancia 700 pesos por los servicios de cuidado y atención infantil. Pero, dicen las Reglas, el Gobierno Federal “apoyará a un máximo de 3 niños por hogar”.

PRIORIDAD

Para 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló mil 500 millones de pesos para el Programa de guarderías y estancias infantiles de Sedesol; es decir, 22 por ciento de los 7 mil 24.8 millones aprobados por la Cámara de Diputados para programas de atención a las mujeres en dependencias federales.

Ningún otro de los 61 programas tiene un monto igual: los 11 programas del ramo 12, correspondiente a Salud para las mujeres, suman mil 597.7 millones de pesos; el ISSSTE cuenta con 158.3 millones de pesos, y Aportaciones a Seguridad Social (ramo 19) tiene sólo 1.5 millones de pesos.

Los recursos de estancias fueron negociados con la diputación del PAN, afirma Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, pues se pronunciaron por aumentar sustancialmente el presupuesto para dicho programa, que en un inicio contemplaba mil millones de pesos. Además, al igual que el Seguro Popular, el programa de estancias infantiles refleja una “visión privatizadora de los servicios que brinda el Estado”.

Estas estancias, considera la legisladora del PRD, “se crean al vapor” y cuestiona la capacitación que pudieran tener las responsables de las guarderías y la seguridad que brindan a niñas y niños. Sería mejor, dice, una política pública de apoyo a las guarderías institucionales de IMSS, ISSSTE o DIF, que manejan un concepto “más acabado” en atención.

Entre 2007 y 2008 se han abierto 6 mil 262 estancias que dan atención a 139 mil 302 menores de cuatro años, según datos oficiales, en contraste con las 1563 guarderías del IMSS en el país, que atienden de 229 mil 800 menores de edad. El ISSSTE tiene 157 a nivel nacional.

Esto indica, dice Hilda Rodríguez, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (UNAM) que “de manera indirecta”, con esta propuesta de Calderón, el Gobierno federal está desmantelando el sistema institucional de guarderías, disminuyendo las responsabilidades del Estado en la protección social.

Para Rodríguez el sistema de estancias infantiles “es una copia” de experiencias de hace más de 20 años, como las guarderías comunitarias en las que las mujeres se organizaban para afrontar la falta de acceso a los servicios del IMSS, DIF o ISSSTE, ante el auge del trabajo informal.

María Luisa Gárate, presidenta de la Asociación Nacional de Guarderías, propone que se fortalezcan los sistemas de guarderías subrogadas del IMSS. Es “urgente” un incremento a la cuota de subrogación toda vez que con Vicente Fox sufrió una disminución de 27 por ciento, dice.

Angélica de la Peña, ex diputada federal y experta en derechos de la infancia, opina que con las estancias infantiles existe la “clara intención de volver al asistencialismo y desmantelar la política de seguridad social”. Más que una política integral de Estado, el programa es una “improvisación con fines clientelares y electoreros”.

DISCURSO PERVERSO

La investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, Silvia López, abunda que las estancias infantiles o “guarderías caseras” tienen el propósito de crear empleos para las mujeres, pero –acota-- se trata de empleos precarios, con salarios magros y sin beneficios sociales que “en algo contribuyen a paliar la pobreza, pero no a erradicarla”.

La autora de “Pobreza, Familia y Políticas de Género. El Programa Jefas de Familia en Tijuana”, opina que el sistema de estancias “tiene algo de perverso” porque entre los requisitos para obtener el beneficio de guardería está no tener acceso a la seguridad social.

“La paradoja es que el servicio pretende apoyar a las madres para que salgan a trabajar, sin embargo las condena al sector informal ya que si obtienen un empleo formal se supone que tienen acceso a la seguridad social, entonces pierden el beneficio del sistema de guarderías infantiles”.

CUIDADORAS POR SIEMPRE

Además, López observa que detrás de las “buenas intenciones” del sistema hay un “objetivo velado” de seguir responsabilizando a las familias y a las mujeres del cuidado y atención de las y los hijos, y reforzar así los roles tradicionales de género.

Norahenid Amezcua, especialista laboral y en seguridad social, agrega que las estancias infantiles forman parte del discurso y la ideología “conservadora” del PAN que encasilla a las mujeres en el cuidado de las y los niños como una actividad “exclusiva” de ellas.

El empleo que se otorga a las amas de casa en las estancias “no abona a la participación democrática de hombres y mujeres” en el cuidado infantil, subraya la autora de “La nueva Ley del ISSSTE comentada”.

Las expertas consultadas coinciden: las trabajadoras requieren una política de generación de fuentes de empleo, desarrollo industrial y nuevas empresas que se articulen al sistema de protección social, mediante las aportaciones obrero patronales que faciliten la creación de espacios con calidad y calidez para sus hijas e hijos.

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Nadín y Margarita, un año de búsqueda de sus familiares

Por Jessica Cecilia Martínez/corresponsal

Oaxaca, Oax., 26 mayo 08 (CIMAC).- Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, militante del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecido el 25 de mayo de 2007 junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reclamó el sábado pasado al Procurador General de Justicia de la entidad una respuesta inmediata por la desaparición de su padre, a quien busca desde que su fotografía apareció en la prensa, en junio de 2007.

"No somos delincuentes, somos hijas, hijos, esposas, nietos que tienen el derecho legítimo de conocer el paradero de quien usted (Procurador) desapareció y, ahora, se deslinda de esa responsabilidad", señaló la integrante del Comité Hasta Encontrarlos al fiscal, durante una manifestación afuera de la Procuraduría General de Justicia del estado, en el municipio conurbado de San Antonio de Cal, al conmemorarse el primer año de la desaparición de ambos militantes del EPR.

En el mismo acto, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto, es otro militante desaparecido, abandonó su habitual timidez para denunciar el hostigamiento ministerial que ella y sus familiares han padecido desde 2007. "Hostigamiento, amenazas veladas, espionaje telefónico, interrogatorios extraoficiales, son cosas cotidianas", dijo.

Acompañaron a las mujeres, coordinadoras del Comité Hasta Encontralos, un contingente de familiares, amistades y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, quienes reiteraron su demanda de presentación con vida de los oaxaqueños detenidos-desaparecidos.

MARGARITA

Margarita Cruz Sánchez se decidió a tomar el micrófono motivada por Nadín, a quien conoció el año pasado de manera circunstancial. Ahora, lanza consignas en una manifestación y exige ver a su hermano, de quien perdió la pista hace 37 años, cuando se fue de la casa ubicada en el Centro Histórico de Oaxaca.

La vida de Mago, como le dicen las y los activistas y periodistas, cambió en forma radical hace doce meses, pues tardó varias semanas antes de demandar públicamente la aparición de Gabriel, ya que "No me gustaba meterme en problemas", comenta.

Le fue difícil reconocer a su hermano en la fotografías de los periódicos, porque han pasado más de tres décadas de que lo vio por última vez. En ellas aparece un hombre adulto bigotón, robusto y de frente amplia, que contrasta con su recuerdo de un hombre “delgado, que practicó box y beisbol, y además era un estudiante disciplinado".

Desconoce si Gabriel tiene esposa, hijos o nietos, pero sus recuerdos siguen vigentes y se le quiebra la voz al recordarlo, junto a sus padres fallecidos.

Su papá, Antonio Cruz Palma, protegió a su familia y les heredó sólidos principios en la religión católica, mientras su mamá veía por la educación de sus nueve hermanos, dice.

Muestra con orgullo las fotos familiares que transmiten la pasión de Gabriel por el béisbol. Fue catcher en Los Astros y en Los Delfines en ligas amateurs de Oaxaca y el Distrito Federal.

Los fines de semana iba con sus hijos a ver los partidos en la Ciudad Deportes. El llevaba una gorra de beisbolista y su hijo una manopla.

Margarita es podóloga y tiene un consultorio que atiende con el apoyo de una de sus hermanas. Sus demás hermanos tienen negocios propios, mientras que sus hermanas mayores son amas de casa.

Su forma de ser introvertida cambió, obligada por la vigilancia de las policías estatales y federales, a quienes denunció por acosar a su familia, y por la valentía que le transmite Nadín con quien coordina el Comité "Hasta Encontrarlos", surgido en abril de este año.

Estos doce meses, dice, han sido de aprendizaje. Ahora se entiende con los abogados de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales y funcionarios de la Secretaria de Gobernación, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Procuraduría General de la República (PGR).

NADÍN

Nadín Reyes Amaya, profesora de preescolar, dejó la Ciudad de México, donde vivía con su madre y su hermano Héctor, para dedicarse de tiempo completo a la búsqueda de su padre. Mi vida, señala, cambió 360 grados.

Fue primero al anfiteatro del Servicio Médico Forense de la ciudad de Oaxaca, donde se presentó a reconocer el cuerpo de un hombre que podría ser Edmundo. Ha recurrido a una centena de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Comisión Civil Internacional de Observación, entre otros.Durante un año fue a varias dependencias del gobierno a preguntar por su padre. Después de un año de búsqueda, ya conoce a los agentes policíacos que la vigilan a distancia. "Ellos han tomado muchas fotografías, me tienen intervenido mi teléfono, pero no me importa. Tengo derecho a buscar a mi padre", dice.

Nadín se presentó ante el ex delegado de la PGR, Javier Dovala Molina, quien se negó a recibirle la denuncia penal por la desaparición de su padre.

Ha recorrido los penales de la entidad y está atenta a cualquier hallazgo de los cuerpos que aparezcan dentro del territorio estatal. Durante este año falleció su abuelo, que “se fue con el pendiente de su hijo", lamenta.

Nadín dejó de ver a su padre el 23 de mayo de 2007, cuando salió de su casa en el Distrito Federal para viajar a Oaxaca donde habría de visitar a sus padres. Prometió regresar una semana después, pero esto nunca ocurrió

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Piden indígenas no violentar sus normas bajo el disfraz de la equidad

Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal

Oaxaca, Oax., 26 mayo 08 (CIMAC).- Luego de que el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca exigiera al Congreso local y otras instancias “respetar y no menoscabar la actual legislación indígena oaxaqueña” en el nombramiento de sus autoridades “bajo el disfraz de una mayor participación de las mujeres” y pidiera una consulta pública al respecto, la activista Sofía Robles consideró que “las mujeres saldrían ganando”.

En entrevista, la encargada del Departamento de Género de la organización Servicios del Pueblo Mixe (Sermixe), apuntó que la propuesta presentada este fin de semana al terminar el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca se dio como consecuencia de la polémica desatada en la comunidad de Santa María Quiegolani, donde Eufrosina Cruz Mendoza pretendió ser presidenta municipal.

Esto, recordó, llevó en abril pasado al Congreso local a reformar el Artículo 25 de la Constitución Política del estado, estableciendo que el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEO) protegerá y propiciará las prácticas democráticas, así como mecanismos para permitir la plena y total participación de las mujeres, garantizar su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad frente a los varones y sancionará su inobservancia.

De esta forma, el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca concluyó con la presentación de un pronunciamiento de 20 puntos, estableciendo en el número 13 la exigencia al Congreso local para que respete la legislación indígena lo establecido en el Libro IV del CIPPEO “bajo el disfraz de una mayor participación de las mujeres”.

“Decimos con mucha fuerza que antes de hacer cualquier cambio normativo respecto de los avances legislativos en materia indígena en Oaxaca, debe haber un proceso de consulta en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT”, situación que convendría a las mujeres pues existe un amplio consenso sobre la participación ciudadana de las mujeres, apuntó Robles.

Con más de 20 años de trabajo de género en comunidades indígenas, Sofía Robles planteó que es necesario respetar los principios establecidos en cada comunidad y que éstas observen la participación de las mujeres, basado en los sistemas de cargos y otros requisitos que establece el derecho consuetudinario de cada pueblo.

Sermixe impulsa la participación de las mujeres en los puestos de dirección, sin embargo, esto implica un proceso. “No se trata de decir las mujeres tienen derechos y vamos a lanzarlas, no”, añadió al tiempo de reconocer que el proceso es lento y que “quizá sólo en el 10 por ciento de las comunidades las mujeres empiezan a participar”.

Citó el caso de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, donde seis mujeres fungen este año como alcaldesas o ayudantes del presidente municipal, en algún momento se tiene que llegar a ocupar el “otro eslabón, esto apenas empieza” o como en Ayutla Mixe, donde Irene Hernández acaba de concluir su gestión como munícipe.

Se trata de ir avanzando, de ir concientizando a las mujeres sobre la importancia de su participación, pero también a los hombres y poco a poco se avanza, hay un reconocimiento hacia el trabajo de las mujeres en el cumplimiento de los cargos, pero si pretendemos violentar los usos y costumbres “en lugar de ganar, perdemos”.

Sofía Robles, también integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, reconoció que la frase “bajo el disfraz de una mayor participación de las mujeres” empleada en el pronunciamiento “suena, por un lado, a que es necesaria una consulta sobre el tema” y, en segundo lugar, a que “todavía no es tiempo” para la participación de las mujeres.

Cierto, esto no se da por decreto, claro que no, pero es real la demanda de una mayor participación de las mujeres, considerando su desempeño en el sistema de cargos que cada comunidad establece y, al mismo tiempo, sensibilizar a la población y a las autoridades, encaminando el proceso de inclusión de las mujeres.

Sofía Robles señaló que el tema de la discriminación de las mujeres en su derecho a votar y ser electas no es un asunto nuevo, ha sido una demanda de muchas mujeres. El cambio será paulatino, según lo decidan las comunidades y las mujeres quieran participar, sin que ello implique romper la autonomía de cada pueblo.

Sin embargo, reconoció que muchas veces el tema se vuelve polémico, lo que no permite avanzar, “la realidad es que las mujeres tienen derecho a participar, entonces tendríamos que cuidar la forma de cómo llegar a estos cargos en los municipios por usos y costumbres para no violentar nada, por eso digo que una consulta pública favorecerá la participación política de las mujeres”, puntualizó la activista, quien en 1995 participó en la IV Conferencia Mundial de la Mujer.

El pronunciamiento del Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca fue suscrito por representantes de once de los 16 grupos étnicos de la entidad, en el se contemplan dos más referentes a las mujeres.

En el punto número 11 señalan “la importancia de la participación de las mujeres en los diversos niveles y ámbitos de la vida comunitaria y municipal, en particular en las instancias de decisión y ejercicio del autogobierno indígena, a efecto de lograr una sociedad más justa y equitativa. En especial hacemos un llamado a desarrollar acciones concretas para combatir la violencia en contra de las mujeres indígenas”.

Finalmente, en el punto 19 del pronunciamiento exigen se concluya “la represión institucional contra los diversos medios de comunicación indígenas”, como aconteció con los homicidios contra Teresa Bautista y Felícitas Martínez de la Radio Comunitaria La voz que rompe el silencio y demandaron justicia, no más violencia ni más impunidad para los pueblos indígenas y en especial para los Triquis.

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Comunicado Público

Presos políticos mapuche encarcelados en Temuco

ampliar COMUNICADOPUBLICO Nosotros los Presos Políticos Mapuche encarcelados en la cárcel de Temuco declaramos a la opinión pública lo siguiente: Que el día 2 de Mayo del 2008, el estado chileno desplegó su máxima fuerza represiva e ingresó a nuestra comunidad "Newen Mapu" del sector Chequenco con el propósito dedetener a cinco mapuche miembros de la comunidad. La detención fue extremadamente violenta donde se nos amenazó con armas de servicio de fuerzas especiales a niños, mujeres y ancianos. El objetivo de nuestra detención es por el incendio de un camión que ocurrió a más de 8 kilómetros de nuestra comunidad en el cual declaramos categóricamente que somos inocentes por los cargos que se nos imputan. Posterior a la detención fuimos incomunicados en celdas de castigo por 12 días, prohibiendo incluso el ingreso de nuestros enseres personales enviados por nuestras familias, fuimos constantemente hostigados para forzar nuestra declaración. Durante el periodo que permanecimos incomunicados hicimos una huelga de hambre por siete días, negándonos a recibir alimentos y no recibimos ningún tipo de atención médica. Por último denunciamos la persecución política que existe hacia nuestra comunidadque sigue resistiendo por la reconstrucción de nuestro pueblo. Denunciamos tambien la persecución de nuestro logko de la comunidad y 2 personas más, y todos aquellos que alzan la voz por la libertad de nuestro pueblo mapuche. Exigimos que se respete nuestra calidad de Preso Político Mapuche, que nuestros familiares, nuestros amigos y todos aquellos simpatizantes de la causa sean tratados de una forma digna al momento de las visitas. BASTA DE REPRESIÓN A NUESTRA COMUNIDAD DESMILITARIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN CONFLICTO LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE ¡¡MARICHIWEU!! José Millacheo Ñanco Luis Millacheo Ñanco José MillacheoMarin Leonardo Likan Ñanko AndrésLikan Likan

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Continuan hostigamientos militares en Chiapas

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Ejido El Carrizal, Municipio de Ocosingo, Chiapas, México, Mayo 26 de 2008.


A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA OPINIÓN PÚBLICA.


DENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO MILITAR

El pasado viernes 23 de mayo, entre las 8:00 y las 10:30 horas, un helicóptero del ejército federal se mantuvo sobrevolando a muy baja altura la zona en que se encuentran las comunidades de El Carrizal y Río Florido, ambas pertenecientes a la OCEZ–FNLS. Esta situación provocó un ambiente de temor e inseguridad entre la población, sobre todo por la actitud persistente e intimidatoria de dicho sobrevuelo: ya que mostraba sus ametralladoras montadas en los estribos del aparato y apuntando hacia las casas y la gente de ésas comunidades.

REPUDIAMOS enérgicamente este tipo de actos Terroristas del ejército federal mexicano y EXIGIMOS que cesen de inmediato, puesto que violentan arbitrariamente la tranquilidad de las personas y sus Derechos Humanos, además de constituir un acto anti-constitucional. Es URGENTE ponerle un freno ya a esta situación que desde hace algunas semanas se va convirtiendo en una costumbre que afecta a pueblos y comunidades de nuestro estado, al igual que ha sucedido en muchas partes del país durante el “gobierno” de Felipe Calderón.

Por ello convocamos a todo el Pueblo chiapaneco, a sus organizaciones independientes y a los organismos defensores de los Derechos Humanos, para que denunciemos cada acto arbitrario y cada abuso cometido por las fuerzas militares, y para exigir juntos el RESPETO A NUESTROS DERECHOS y un alto a las acciones ilegales y anticonsitucionales del ejército federal. En días recientes hemos visto su huella prepotente y abusiva en Venustiano Carranza, Chilón, Marqués de Comillas, Tila…. y seguramente en otros sitios del estado que no han salido a la luz pública. No es ésta la primera vez que padecemos en Chiapas los efectos humillantes de la militarización, ya sabemos de qué se trata. ¡¡¡NO LO VOLVAMOS A PERMITIR!!!

Es momento unir nuestras voces y acciones como Pueblo, para impedir que sea el gobierno el principal violador del orden legal y constitucional. Ya no más fraudes electorales como el de 2006, no más contratos ilegales de Pemex a las empresas transnacionales, no más tráfico de influencias como las cometidas por Juan Camilo Mouriño, no más Terrorismo de Estado como el de Atenco, Sicartsa, Oaxaca o la militarización que sufren amplias zonas del país.


Con la Unidad de los Pobres… ¡Venceremos!

ORGANIZACIÓN CAMPESINA EMILIANO ZAPATA (OCEZ–FNLS)

¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS)

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Israel ha detenido a 2.700 palestinos, entre ellos 255 menores, en lo que va de año

Kaos en la red

Las autoridades israelíes han detenido a 2.700 palestinos, la mayoría de Cisjordania, en lo que llevamos de año, según informó hoy el Ministerio de Prisioneros del Gobierno de facto que mantiene Hamás en la Franja de Gaza desde hace casi un año. En el informe, del que se hace eco la agencia Maan, también se denuncia que 255 menores palestinos han sido arrestados, así como 14 mujeres. Entre los detenidos hay además personas enfermas, líderes políticos palestinos y de organizaciones locales.

Las autoridades israelíes han detenido a 2.700 palestinos, la mayoría de Cisjordania, en lo que llevamos de año, según informó hoy el Ministerio de Prisioneros del Gobierno de facto que mantiene Hamás en la Franja de Gaza desde hace casi un año.

En el informe, del que se hace eco la agencia Maan, también se denuncia que 255 menores palestinos han sido arrestados, así como 14 mujeres. Entre los detenidos hay además personas enfermas, líderes políticos palestinos y de organizaciones locales.

El distrito de Hebron, en Cisjordania y situado a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, es la zona donde más detenciones se han producido este año, ya que el número asciende a unos 700. Otros 600 palestinos arrestados son de la Franja de Gaza.

El director del departamento de información del Ministerio de Prisioneros, Riyad al Ashqar, asegura que 28 cárceles y centros de detención israelíes están llenos de prisioneros palestinos. El total de palestinos en centros israelíes actualmente supera los 11.700.

Además, el informe afirma que Israel están incrementando el uso de la detención administrativa, bajo la cual los arrestados pueden ser encarcelados sin cargos o sin juicio previo. Es el caso de Mahmoud al Masalma, de la localidad de Beit Awwa, en Cisjordania, cuya orden de arresto ha sido renovada 19 veces por las autoridades israelíes sin haber sido acusado formalmente.

Los tribunales hebreos han emitido más de 1.300 órdenes de detención administrativas este año, según el informe, que asegura que el número de palestinos bajo este arresto administrativo supera los 1.100.

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Comienza la Cacería


Como es de esperarse, el gobierno mexicano sólo busca un pretexto para ‘soltar a los perros’ en busca de cualquier presa disponible (o si no, la hacen disponible), llámense luchadores sociales, gente de escasos recursos, indígenas, jóvenes, trabajadores, etc.
Apenas la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que Agentes Federales pusieron a su disposición al mexicano Glen Christopher Cerda Guajardo, mismo que fue deportado de Costa Rica para que sea interrogado sobre su supuesta estancia en Ecuador en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cabe mencionar que a Glen no se le comprobó su estancia en territorio ecuatoriano e incluso la misma PGR comentó que no hay constancia migratoria de su ingreso a dicha nación. No obstante, también comentaron que durante su detención éste declaró que sí se encontraba ahí además de ligarlo a diferentes colectivos universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sin embargo, ninguno de éstos lo ha reconocido como miembro.
Tras estas acciones, también nos dejan a pensando sobre la fabricación de involucrados que den pie a detenciones de luchadores sociales con el pretexto de que tienen vínculos con uno u otro movimiento (sin necesariamente ser cierto).
Se desata una cacería (que ya había empezado) cada vez más abierta en la búsqueda del más mínimo detalle que pueda apagar cualquier conato de organización y lucha popular. Aquí queda recalcar que la unión y la comunicación organizada es la fuerza.

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El Narco le Gana la Guerra a Calderón

Machetearte

Por Eduardo Ibarra

Frente a las 4 mil 44 ejecuciones cometidas por el narcotráfico y el crimen organizado en (casi) 18 meses de operación del grupo gobernante ya no tan nuevo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión urgió a evaluar las estrategias gubernamentales en materia de seguridad pública, con el objetivo de replantearlas y, si es preciso, diseñar otras.
Por cierto, Eduardo Medina-Mora Icaza reconoció 3 mil 265 ejecutados hasta el pasado 13 de mayo. Las primeras cifras son extraoficiales y las dio a conocer la diputada federal Susana Monreal Ávila.
Con todo, los datos son estremecedoras: 7.6 personas fueron asesinadas diariamente por el crimen organizado, a lo largo de los primeros 527 días de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como inquilino principal de Los Pinos. Aunque la semana pasada el promedio fue de 15 asesinatos cada 24 horas, principalmente en Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Acostumbrados como estamos al baño de sangre que distingue a la República, y eso es lo peor que nos puede pasar, le recuerdo que le platiqué, bajo el título de Lunes negro: “17 ejecuciones cometidas presuntamente por el narcotráfico y la delincuencia organizada son demasiadas para un solo día, como sucedió el 14 de enero de 2008 que seguramente quedará registrado como la fecha en que los actores del creciente negocio criminal exhibieron hasta la ostentación que el Estado mexicano no posee el monopolio de la violencia.”
Resulta que la ostentación criminal adquiere cada día más peligrosos niveles hasta ejecutar a Edgar Eusebio Millán Gómez, considerado el cerebro de la Policía Federal Preventiva en la guerra contra el narcotráfico, decretada de manera inconsulta por Calderón Hinojosa y también para legitimarse como primer empleado del país.
Lo preocupante del asesinato no es que uno de los autores materiales era exprisionero por tercera ocasión y abandonara la cárcel por su propio pie, como dijo escandalizado el abogado y economista de Morelia y la emprendiera contra jueces, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y periodistas, sino el hecho de que no asume que el severo golpe que recibió su gobierno fue gracias a la infiltración del narco en los más altos niveles policíacos. Es decir: la traición vino de dentro.
Del primer “¡Ya basta! Categórico y definitivo” al segundo en que agredió a todos menos al séquito gubernamental y los aliados clave, los 39 dueños de México, Calderón pasó a una deplorable actitud de cierto machismo institucional.
Acompañado de la germana Angela Dorothea Merkel, dijo: “Es una lucha en serio. Es una guerra e implica asumir las consecuencias. No vamos a agachar la cabeza ni guardarnos en las oficinas. De ninguna manera el gobierno mexicano claudicará hasta rescatar a México de esta situación de abuso y de delincuencia”.
Sería dable esperar que sea atendida la exigencia de la Comisión Permanente y la crítica de José Luis Soberanes Fernández, para mencionar sólo dos de las crecientes y fundadas impugnaciones que recibe la costosa –en vidas humanas y recursos materiales– y lineal estrategia de Felipe de Jesús Calderón. Y que no se confundan con “agachar la cabeza” o “claudicar”.
Sólo faltaba que los 7 mil 500 hombres y mujeres que cuidan las 24 horas del día y los 365 días del año la integridad física del diplomado en Harvard, su familia y la elite gobernante fueran insuficientes para que el peso de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado” los doblara.
Pero la rectificación es inviable mientras persista en la visión presidencial que el gobierno golpeó de manera clave la estructura financiera y operativa de varios cárteles, que eso los lleva a una recomposición y a una confrontación no sólo frente al poder público, sino entre ellos mismos.
Únicamente la ciudadanía tiene la capacidad para alterar el triunfalismo oficial frente al baño de sangre que padecemos.

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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.

San Luis Potosi: comuneros de San Juan de Guadalupe instalan planton frente a casa de gobernador

CML

El domingo 25 de mayo unas 300 personas entre comuneros con sus familias, y habitantes de San Juan de Guadalupe, se movilizaron desde el salón comunal a la casa del Gobernador del Estado, Marcelo de los Santos Fraga, para solicitarle una audiencia ,esto debido a que el miércoles 21 un grupo de empleados de la Promotora del Estado junto con operadores de gobernación y alrededor de 400 policías estatales y federales, armados, invadieran un predio donde se pretende construir en terrenos de la comunidad,un camino que conecte dos universidades privadas ; ante la negativa de detener las obras que ya comenzaron de manera ilegal, los comuneros instalaron un plantón frente a la casa de gobernadores por tiempo indefinido. Grupos policiacos realizan rondines tanto en el plantón como en la comunidad.
Enrique González Ruiz, asesor jurídico de los comuneros, afirma que de nada sirven las gestiones en los tribunales ya que no son tomados en cuenta “El gobierno a sido muy irrespetuoso de las determinaciones del Poder Judicial de la Federación, hay suspensiones dictadas en Juicios de Amparo que no han sido acatadas. El Gobierno no tiene limites a su ejercicio al poder , como no reconoce ley y solo hace lo conveniente a sus intereses; hacer negocio con la tierra y entregárselo a los que ya de por sí son ricos".

La Comunidad de San Juan de Guadalupe es un punto estratégico para los intereses de las grandes empresas de “desarrolladores” de San Luis Potosí. Abarca alrededor de catorce mil seiscientas hectáreas y colinda con la zona conurbada de la capital, las zonas residenciales de la Garita de Jalisco, el campo de golf del Club” La Loma”, el Tecnológico de Monterrey, el Parque Tangamanga y diversos núcleos ejidales y comunales que han vendido sus tierras a los grandes “desarrolladores” de San Luis Potosí.

Los Gobiernos Federal y Estatal tienen el proyecto de cruzar la sierra de San Miguelito para construir un “mega periférico”, que busca crear una vía rápida de comunicación entre la ciudad de San Luis Potosí y las principales carreteras nacionales. No hay forma de concretar el proyecto si este no pasa por la comunidad, lo que implica la destrucción de la zona de recarga del acuífero mas importante del valle de San Luis. El Gobierno de Marcelo de los Santos y los “desarrolladores” de la zona, entre los que se encuentran Vicente Rangel Lozano y Carlos López Medina, han violado flagrantemente la ley, al apropiarse de los terrenos con total impunidad, en ocasiones basándose en falsos títulos de propiedad, y en otras, simplemente ocupando el terreno.

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¿Cuál tío es realmente loco?

Mumia Abu-Jamal

Cuando los locutores conservadores empezaron a cuestionar al ex pastor de Barack Obama, el reverendo Dr. Jeremiah Wright, en sus programas letales, el candidato demócrata básicamente minimizó la importancia de la relación, sugiriendo que Wright era algo como el “tío loco” que se encuentra en muchas familias.

Aunque el senador Obama ha dejado de usar esta frase, vale la pena examinar exactamente lo que dijo el reverendo Wright para desatar los rabiosos murciélagos desde el campanario de los comentadores derechistas de radio y televisión.

Entre las declaraciones “controvertidas” del reverendo Wright encontramos las siguientes:

"Bombardeamos a Hiroshima, bombardeamos a Nagasaki y matamos muchos más que los miles [que murieron] en Nueva York y el Pentágono sin pestañear…” Y ahora nos indignamos porque las cosas que hemos hecho en el exterior regresan a nuestro jardín del frente. Uno cosecha lo que siembra. La violencia engendra la violencia. El odio engendra el odio y el terrorismo engendra el terrorismo. Un embajador blanco dijo eso, no un militante negro... un embajador blanco con los ojos abiertos, alguien que intenta despertarnos y alejarnos del borde de este peligroso precipicio..."

También se califican como “controvertidas” las siguientes palabras del reverendo Wright sobre el trato de Estados Unidos a sus ciudadanos de piel oscura:

"Y cuando se habla de tratar con justicia a sus ciudadanos indígenas, el gobierno de Estados Unidos fracasó. Los encerró en las reservaciones. Cuando se trata de comportarse bien con sus ciudadanos de descendencia japonesa, fracasó. Los metió en campos de concentración. Cuando se habla de tratar con justicia a sus ciudadanos de descendencia africana, América fracasó. Los puso en cadenas. El gobierno los puso en tarimas para ser subastados, los metió en los campos de algodón, los puso en escuelas inferiores, los colocó en vivienda deficiente, hizo experimentos científicos con ellos, los colocó en empleos con los sueldos más bajos, los dejó fuera de la igual protección de la ley, los excluyó de ese bastión racista que es la educación superior y los dejó en una posición de desesperación y desamparo. El gobierno les da las drogas, construye prisiones cada vez más grandes, aprueba leyes del tercer ‘strike’ y ¿luego quiere que cantemos “Dios bendiga a América”? No, no, no. No Dios bendiga a América; que Dios maldiga a América-está en la Biblia – por matar a gente inocente".

Sobre el papel del gobierno estadounidense en otros países, Wright predicó lo siguiente:

"Los gobiernos mienten. El gobierno mintió sobre el experimento Tuskegee*.... El gobierno mintió sobre el bombardeo de Camboya...El gobierno mintió sobre la esquema “Irán-Contra” de intercambiar drogas por armas orquestada por Oliver North... El gobierno mintió diciendo que hubo una conexión entre Al Qaeda y Saddam Hussein y una conexión entre 9-11-01 y la Operación Libertad Iraquí. Los gobiernos mienten."

No se que opines, pero yo no veo ninguna declaración suya que no sea categóricamente, históricamente y absolutamente cierta. Como mi cuate Willie de la música “country” suele preguntar: “¿Cuál es el problema?”

La respuesta de Obama, presentada para apaciguar a la derecha fascista, sonó como una disculpa: “Rechazo categóricamente las declaraciones en cuestión del reverendo Wright”. El problema no es la locura del reverendo Wright, sino que él haya dicho la fría verdad, sin rodeos. Ahí está el problema.

Los nacionalistas estadounidenses exigen que cualquier persona que diga semejantes verdades sea denunciada. ¿Cuándo tendremos un candidato o candidata que denuncie el imperialismo y las desastrosas guerras contra mucho del Tercer Mundo para las ganancias de las corporaciones aquí? Si esta elección nos dice algo, no será pronto.

¿Cuál tío es realmente loco? ¿El tío Jeremiah o el tío Sam?

*[n. de las t.] En la década de los treinta y cuarenta el gobierno les negó tratamiento con penicilina a un grupo de presos negros y pobres que padecían de sífilis para que los científicos observaran la manera en que morían.

Desde el corredor de la muerte soy Mumia Abu-Jamal
Escrito 1 mayo 2008
Derechos reservados 2008 Mumia Abu-Jamal
Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org
Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com
Traducción: Amig@s de Mumia, México
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La Voz del Amate anuncia Huelga de Hambre de 24 horas a partir de este 27 de mayo

CDH Fray Bartolomé de Las Casas, A.C

Los integrantes de La Voz del Amate, presos adherentes a La Otra Campaña, anuncian Huelga de Hambre por 24 horas para recordar que en las carceles de Chiapas aún hay presos injustamente encarcelados.

(sonido o video / sound or video - 1.41 megas)

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Colombia: Interpol entre laptops, lapsus y narcoparapolítica

Lucy Roessler

Cuando el pasado 15 de Mayo, Mr Ronald Kenneth Noble, en su calidad de director de Interpol, entregó en apasionada conferencia de prensa su reconocimiento “independiente y profesional” a las aseveraciones del gobierno colombiano acerca de los afamados computadores, a una buena parte de la humanidad le quedó suficientemente claro que el organismo policial supranacional había decidido meterse en la política profunda.
Pues de haber andado Mr Noble por Colombia en misión exclusivamente policíaca, lo que hubiera debido hacer antes que nada, era haberle colocado esposas a quienes ocupaban respectivamente su diestra y siniestra en la publicitada conferencia. Nadie pudiera esperar que el director de un organismo policial de extensión global como Interpol no vaya a estar enterado de las múltiples ramificaciones que el DAS y el general Naranjo de la Policía Nacional Colombiana tienen con la narcoparapolítica y ni falta hace en estas líneas detallar las innumerables conexiones y actividades de ambas instituciones en este terreno, que llegan a estar presente y tan cerca –solo por citar un caso- en la misma casa familiar del mencionado general.
Pero Mr Noble optó, obedeciendo órdenes superiores, por la política de prestar su aval a quienes han desangrado Colombia durante décadas, e inundado el planeta con aquella droga que supuestamente debiera él estar tratando de detectar.


¿Y qué nos dice Mr Noble, a nombre de Interpol?


Ya en el primer punto del “resumen” que puede leerse en la página seis del informe oficial (1) se expresa que:

“Las autoridades colombianas solicitaron a INTERPOL la realización de un análisis forense de tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB decomisados en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) situado en Ecuador, en una zona fronteriza con Colombia, el 1 de marzo de 2008 (en adelante denominados “pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC”).”

La misión “independiente y profesional” a la que se refería Mr Noble en su conferencia, comienza certificando la acción militar realizada por Colombia en territorio de Ecuador y garantizando con un acto de fe, que los mencionados elementos que el gobierno colombiano pedía investigar a Interpol habían sido obtenidos en el campamento donde fueran masacrados Raúl Reyes y sus compañeros. Algo que sencillamente Interpol no está en condiciones de probar por más que quisiera.
Es probable que Mr Noble no tenga tiempo para ver la famosa serie “Los Expertos” u otras similares, en donde se nos muestra repetidamente en cada uno de los capítulos, cómo se hace necesario para iniciar cualquier investigación de carácter policial el que se conozca, entre otros muchos detalles, la procedencia verdadera de las pruebas a investigar. Es lo básico.
Pero he aquí que Mr Noble en vez de recurrir a algún método científico de validación... nos invoca a que como él recurramos a la fe, no en un ser supremo, como pudiera ser legítimo para muchos, sino a la fe nada menos que en el régimen narcoparapolítico colombiano.
Con ello Mr Noble continúa metiéndose paso tras paso en el delicado terreno de la política-narcoparapolítica y alejándose de la profesionalidad que debe pretender poseer cualquier organismo policial.


Prosigue el resumen entregado en el informe, y dando por sentado que nos hemos tragado la “rueda de carreta” del primer punto con:

“Concretamente, las autoridades colombianas solicitaron la asistencia técnica independiente de INTERPOL en materia de investigación informática forense para que examinara los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC y para que determinara si alguno de dichos ficheros de usuario se había creado, modificado o eliminado el 1 de marzo de 2008 o después de esta fecha.”

Ya nos avisa que lo que se trata es de “determinar” si hubo creación, modificación, eliminación de ficheros de usuario... sin siquiera considerarnos con el respeto de comprobar antes que nada, si lo anterior señalado se ajusta a los hechos reales. A estas alturas muchos ya estarán pensando que a quien le hicieron comulgar con “ruedas de carreta” fue precisamente a Mr Noble, pues si no se ha podido probar objetivamente la procedencia real de los computadores y otros elementos, sencillamente no se puede continuar adelante con ningún tipo de investigación ni “determinación”, dado que al faltar los elementos probatorios básicos se caería en el terreno de la especulación, y se entraría de lleno en el de la manipulación.
Esta falta de seriedad demostrada hasta aquí por el informe firmado por Mr Noble sería más que suficiente para invalidar cualquier otra argumentación o “prueba” que se quisiera entregar al respecto, pero dado que el mencionado funcionario policial insiste en meterse en política al lado de la narcoparapolítica, hagamos como que le seguimos el juego.


En un débil intento por aparecer investigando desde una posición “independiente y profesional”, pero sin dejar de recurrir a la fe, nos advierte en la página siete del mencionado informe que:

“El alcance del análisis forense de carácter informático de INTERPOL se limitaba a: a) establecer los datos reales que contenían las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC, b) comprobar si los archivos de usuario habían sido modificados de algún modo el día 1 de marzo de 2008 o en fechas posteriores, y c) determinar si las autoridades de los organismos encargados de la aplicación de la ley colombianos habían manejado y analizado las citadas pruebas de conformidad con los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de las fuerzas del orden.”

Y a continuación en la página ocho:

“Conclusión N° 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades
colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter
informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley.”

Sin embargo, al avispado director general de Interpol ni se le pasa por la mente que con sus propias palabras estaría reconociendo el caso como maleado, y que un organismo como el suyo, de respetarse a sí mismo, no podría seguir adelante con el juego. Pero Mr Noble, intentando cubrir la chapucería nos dice que si bien hubo un acceso a los datos desajustado de principios... podemos tranquilamente seguir jugando.
No obstante, por lo menos en este artículo, llegaremos hasta aquí con la fabulación ofrecida.


¿Más lapsus de Interpol?


Sin detenernos a analizar la parte aparentemente sustancial del informe: la sección de análisis informático, descrito al detalle mínimo, ni la agotadora labor que los técnicos de Interpol realizaron con el material de procedencia desconocida entregado por el gobierno colombiano, vale la pena dirigir la atención hacia otras partes del informe que entregan ciertas apreciaciones necesarias de analizar y que nos deben poner alertas sobre posibles situaciones a venir.

En la página nueve, el informe expresa:

“La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen. Es perfectamente sabido que, a efectos de los organismos encargados de la aplicación de la ley, las conclusiones sobre la veracidad o exactitud del contenido de cualquier prueba se establecen en el marco de un procedimiento judicial de ámbito nacional o internacional, o bien por parte de una comisión especialmente designada y con jurisdicción sobre el asunto en litigio.”

Vaya, ¡por fin! Interpol insinúa la posibilidad de que pudiera hacerse justicia más allá y en otra dirección que la que le está pidiendo el gobierno colombiano. Este párrafo, insertado en medio de todo lo demás, y que ha pasado por alto la mayoría de los análisis que en torno al informe se han realizado hasta ahora, indica claramente que, si bien Interpol ha aceptado analizar las “pruebas instrumentales” en el contexto que se le ha pedido, haciendo apología del accionar gubernamental junto a otras flores, no están validando las informaciones contenidas en las mismas pues ese terreno le corresponde a la justicia “nacional o internacional”. Aquí Interpol, como Poncio Pilatos, procede a lavarse las manos.
Esta aparente contradicción en el texto del informe pudiera reflejar mucho más de lo que hasta ahora conocemos.¿Estará tratando Mr Noble de entregarnos un mensaje oculto entre líneas?

Avancemos la lectura saltándonos hasta la página 53 del informe. Allí aparece la copia fotográfica de la carta que el general Naranjo de la PNC le enviara a Mr Noble el 4 de Marzo, solicitándole la colaboración de Interpol. Es preciso leerla con detenimiento pues a veces las cosas obvias se pasan por alto, considerándolas como algo secundario o simplemente no fijándonos en detalles que en realidad ayudan a dar luces sobre el meollo del problema.
Con sorpresa leemos en esta carta que el famoso general solicita a Interpol, la “valoración oficial de tres (3) computadores y tres (3) dispositivos de almacenamiento USB...” algo que obviamente no calza con la cantidad de dispositivos denunciados en todas las instancias.
Pudiéramos pensar que el general Naranjo, nervioso y apurado por la situación, redactó en forma errónea una carta de tamaña importancia, la cual sin revisión concienzuda se filtró de dicha forma hasta las manos del director de Interpol. Pero más adelante, en la página 57, podemos leer que Interpol recibió oficialmente sin chistar, la misión histórica de revisar esa y no otra cantidad de dispositivos.
Responde Mr Noble a la solicitud -que como se recordará le fuera remitida paralelamente y por vías distintas por la PNC del general Oscar Naranjo y el DAS de María del Pilar Hurtado-, diciendo: “Concretamente, han pedido Vds. a Interpol que les proporcione ayuda especializada en materia de investigación informática forense en relación con los datos almacenados en tres (3) ordenadores y tres (3) llaves USB que...”

Por más vueltas que queramos darle a este “lapsus”, cometido en primer lugar por la PNC y el DAS y avalado con la confirmación del director de Interpol, tendremos que asentir que NO es posible que estas cartas hayan sido colocadas en el informe oficial de Mr Noble por casualidad u error. Sencillamente Interpol está delatando algo sucio “entre líneas” con esta medida de aparente descuido, y dejando constancia con las cartas-pruebas mencionadas, que ellos fueron oficialmente contactados por estos organismos del gobierno colombiano para investigar originalmente nada más que seis dispositivos, y que después les fueron entregadas ocho “pruebas” que tuvieron por alguna razón, que aceptar obligadamente y examinar. ¿Qué órdenes superiores les hicieron seguir adelante a pesar de la notoria incongruencia?
Sería interesante que Mr Noble se atreviera algún día a explicar personalmente este comprometedor “lapsus”; pero para nosotros es necesario seguir adelante y analizar ahora mismo cómo y porqué es que Interpol aceptó seguir el juego a este extremo, arriesgando no solo su propio prestigio sino la validez general de toda la faramalla que aceptaron mostrar.
A nadie causaría extrañeza que tratándose de organismos gubernamentales narcoparapolíticos colombianos, les de lo mismo decir o pedir un día una cosa y después otra; quienes están ya cebados y se codean diariamente con la muerte, la mentira y la corrupción tienen incorporados muy dentro, el desparpajo y el cinismo como para ni arrugarse haciéndolo. Así funcionan las mafias.


El martes trece de la narcoparapolítica


Mientras tanto, sorprendidos, asustados e indignados están los narcoparapolíticos recientemente extraditados. No esperaban la que según ellos ha sido una “traición” de sus socios del gobierno y tiemblan de imaginar que si les condenan en los EEUU, se les alejará la posibilidad de que puedan acabar sus días bajo el sol colombiano. Así lo han hecho saber insinuando que estarían dispuestos a colaborar con la justicia estadunidense para aclarar no solo lo referente al narcotráfico, sino lo que les pidan. Habría que preguntarse entonces si verdaderamente le ha servido al gobierno colombiano alejarlos por ahora de la escena nacional, cuanto más esta gran cantidad de “notables” y el revuelo mediático que levantan donde quiera se encuentren, hará imposible que la justicia estadunidense pueda rebajar de categoría sus crímenes y reducirlos nada más que a un asunto de drogas. La extradición de estos narcoparapolíticos verdaderamente le ha colocado al gobierno de Uribe la soga al cuello.
En cualquier caso diversas organizaciones de Derechos Humanos, tanto de Colombia como de los EEUU, junto a familiares de las víctimas encontrarán la forma adecuada para impedir que la distancia equivalga al silencio y la impunidad. Se trata que los extraditados sean presionados desde todas partes para que aún desde las cárceles de EEUU puedan confesar todo lo que conocen de la narcoparapolítica.

Tanto la extradición de estos mafiosos como la antes mencionada conferencia de Interpol se sucedieron en un lapso de pocos días; generalmente se procede así cuando se pretende generar un hecho político que incida en la realidad obligando a que esta se tuerza en la dirección esperada. Dos hechos aparentemente opuestos en cada extremo de la realidad política pero que en la práctica están indisolublemente ligados desde hace más de medio siglo. Lo interesante del caso es que mientras el gobierno colombiano respira algo aliviado por la distancia que ha puesto entre los narcoparamilitares y los escándalos nacionales y agradece desde el alma la aparente ayuda de Interpol, pareciera que por detrás, entre bambalinas, otra salida es la que se planea desde las alturas imperiales.
Por un lado, Interpol avala el montaje gubernamental en torno a los computadores, evidentemente con la intención de ayudar a comprometer con las FARC a todos aquellos que como conejos serán extraídos desde los mágicos gigabites de los mismos. Sobretodo interesa comprometer en el actual contexto regional a los gobiernos de Venezuela Bolivariana y Ecuador, y dentro de Colombia a personalidades de influencia como Piedad Córdoba y otros; la lista de acusaciones debe ser sin dudas casi interminable, y 600 gigabites alcanzan para todo, cuanto más habiendo tenido la precaución de datar algunas informaciones con fechas extensibles hasta el 2010.
Mr Noble en todo esto se vuelve a lavar las manos, pues nos dice que en su cometido “profesional” ni siquiera se le habría ocurrido leer de reojo alguna línea comprometedora con estas personas y países... esa tarea sucia se la deja al gobierno colombiano el cual por supuesto es el maestro de ceremonias adecuado.
Interpol, que ni corto ni perezozo contribuye al propósito imperial de involucrar a los países, organizaciones y personas que hoy están en la mira de Washington, separa aguas al mismo tiempo de las maquinaciones del gobierno colombiano pues sabe que otros días se avecinan. Interpol debe tener a estas alturas ya preparado lo que declararán cuando les pregunten sobre qué más conocen acerca de “Colombia”, y se puede esperar que no trepidarán en involucrar sin misericordia al gobierno.
Ya veíamos que respecto a la extradición de los narcoparapolíticos la situación para el gobierno colombiano no era tampoco de las más esperanzadoras puesto que si los extraditados se deciden a comenzar a hablar, Uribe y los suyos engrosarán la población penal no solo de las cárceles en Colombia sino las del propio EEUU. Bien pocos integrantes del gobierno colombiano actual podrían eludir un proceso judicial que contemplara seriamente los diversos aspectos de la narcoparapolítica.
¿Pero porqué serían los EEUU quienes se interesaran en colocarle este cascabel (o soga al cuello) a su gato predilecto?


Las alternativas para el gobierno de los EEUU


No sería la primera vez que del mismo modo como desde el imperio se han instaurado dictaduras u otros regímenes similares disfrazados con otra mención... se cambiaran los que hasta ayer eran los favoritos. En cualquier caso el cambio es nada más que de maquillaje, debajo del cual todo queda igual. La idea es escoger al que sea el más adecuado, para cumplir el cometido de mantener a nuestros pueblos en la oscuridad de la dominación.
En esto los gobernantes de EEUU y sus incontables agencias de Defensa y Seguridad son expertos. El caso más paradigmático al respecto es quizás el de Chile, en donde -historia conocida-, la dictadura de Pinochet fue “sacrificada” justo en el momento cuando ya no daba para más, y heredó sus fueros un modelo de neodemocracia que mantuvo en funciones lo mismo que había sido instaurado por la dictadura, pero con un rostro sonriente que ilusionó a los chilenos entonces con la consigna de “la alegría ya viene”... aún esperan Mapuches, víctimas y millones de desposeídos que la escurridiza alegría venga en forma de justicia y verdad.
Pudiera ser que el imperio haya decidido reproducir ahora en Colombia algo parecido; después de todo es el Chile actual una obra maestra de permanencia sistémica en donde tras una vitrina luminosa de democracia representativa y bonanza económica para unos pocos, son reprimidas de un modo efectivo hasta ahora, todas las demandas importantes de su pueblo.
En el caso de Colombia se tendría que hacer una batida a fondo contra aquello que pudiera hacer peligrar los planes imperiales: la narcoparapolítica y sus representantes por un lado, y por otro la insurgencia guerrillera, así como los sectores más activos en la movilización por la defensa de los derechos populares.


Colombia hoy


Mientras redacto estas líneas, el cerco militar a campamentos guerrilleros donde posiblemente se encuentren también algunos secuestrados continúa estrechándose; la alternativa que les presenta el gobierno es clara: o se rinden incondicionalmente o son borrados del mapa todos por igual. El momento no puede ser más delicado pues el gobierno sabe que cualquier respuesta de las FARC está enmarcada en esta realidad.
Conociendo de sobra la impudicia de las FFMM y del gobierno, no sería extraño que los mismos intentasen con cualquier pretexto precipitar un desenlace fatal; ellos no están por el diálogo ni por acuerdos de ningún tipo y la muerte de los rehenes sería achacada a la responsabilidad de quienes les retienen. Un aniquilamiento de rehenes y guerrilleros en este contexto dejaría a las FARC a las puertas de una derrota estratégica, la misma que durante décadas no han podido alcanzar ni el imperio ni sus acólitos colombianos.
Una situación como la descrita significaría también en el corto plazo el fin del gobierno actual colombiano; el momento sería aprovechado para desmantelar las estructuras que la narcoparapolítica consolidó durante años. Otra vez los planes imperiales cantarían victoria en nuestro continente.

Denunciar y actuar en todas las instancias populares, sin perder ni un solo momento.
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Con mitin ante el Campo Militar número uno exigen presentación de eperristas

La Jornada

■ Demandan indagar desaparición forzada, no secuestro de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz

Jesús Aranda

A un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular revolucionario (EPR), familiares de éstos y representantes de organizaciones sociales se manifestaron ante el Campo Militar número uno para exigir a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno que los presenten vivos

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Demandaron que la Procuraduría General de la República (PGR) indague la “desaparición forzada” de ambos, por ser delito de lesa humanidad, y que la pesquisa no sea por secuestro.

En el contexto de la protesta, un grupo de jóvenes colocó retratos de los desaparecidos en paredes, árboles y otros sitios a la entrada de la instalación castrense, sin que ocurrieran incidentes con los soldados que resguardaban el lugar.

A su vez, Nadín Reyes y Margarita Cruz, hermanas de los desaparecidos, solicitaron acceso a la averiguación previa que realiza el Ministerio Público Federal.

Pasadas las 11 de la mañana, los inconformes marcharon hacia la puerta número ocho de ese campo militar con cuatro mantas en las que exigían a las autoridades presentar vivos a ambos activistas, desaparecidos en Oaxaca.

Mientras hacía uso de la palabra la hermana de Edmundo Reyes, jóvenes que llevaban retratos de los desaparecidos pegados en cartulinas y paletas de madera cubrieron paredes, árboles y señalamientos que están a la entrada de la instalación castrense.

Nadín Reyes afirmó saber que las dos víctimas de la desaparición forzada estuvieron en las mazmorras del Campo Militar número uno, o que podían seguir allí, por lo que demandó a las autoridades castrenses su inmediata presentación.

Denunció también que durante el sexenio de Felipe Calderón suman al menos siete las desapariciones de luchadores sociales, sin que hasta la fecha el gobierno federal haya dado respuesta a la exigencia de presentarlos vivos.

Criticó que hace unos días el Ministerio Público Federal haya solicitado a ella y a Margarita “de manera irregular” que entregaran en la PGR una muestra de ADN.

“Pero nos negamos –explicó–, porque hasta la fecha no nos han permitido tener acceso a la averiguación previa; porque la autoridad nos engañó al iniciar una averiguación por el delito de secuestro, cuando se trata de una desaparición forzada, que además es delito de lesa humanidad. No estamos dispuestos a ser cómplices de las autoridades.”

Al igual que Margarita, Nadín sostuvo que si bien están dispuestas a colaborar en la indagatoria, exigen que la PGR “reclasifique” el delito a desaparición forzada y dé muestras claras de querer esclarecer los hechos.

Por su lado, Margarita comentó en entrevista que la solicitud de ADN les fue hecha sin ningún documento oficial de por medio y “pareciera que es una señal” de que el gobierno aún tiene en su poder a sus familiares.

Apenas el pasado sábado Gobernación insistió en que los desaparecidos fueron únicamente “secuestrados”, lo que eximiría a los gobiernos federal y de Oaxaca de toda responsabilidad.

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Preocupan a CCIODH acciones policiaco-militares en Chiapas

La Jornada

■ Miembros de la comisión visitan hoy los cinco caracoles zapatistas

Elio Henríquez (Corresponsal)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 25 de mayo. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) manifestó su “profunda preocupación” por las incursiones policiaco-militares en comunidades del norte de Chiapas y por la confrontación entre indígenas priístas y zapatristas de la comunidad de Morelia, municipio de Altamirano.

Ignacio García, uno de los representantes del organismo, dijo que “mientras no se resuelvan las causas más profundas del conflicto, persistirán hechos como los anteriores”.

Al presentar en esta ciudad el informe de la situación de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, como resultado de su anterior visita a principios de este año, García informó que este lunes integrantes de la CCIODH viajarán a los cinco caracoles zapatistas para entrevistarse con miembros de las juntas de buen gobierno, para entregar una copia del documento y conocer la situación en las comunidades rebeldes.

Añadió que este lunes se reunirán representantes del organismo con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, a quien expresarán su preocupación por la situación en comunidades de la entidad, particularmente el caso de Morelia, sede uno de un caracol zapatistas.

“En pocos días ha habido varios incidentes graves de los que tenemos conocimiento. Son públicos la incursión en en San Jerónimo Tulijá (en Chilón), los movimientos militares en la zona norte, y parece que el más grave es el referido a Morelia, donde hubo una agresión que dejó varios heridos y hay un estado de alarma en la comunidad y el caracol”, dijo García.

“Como comisión nos preocupa este estado de alarma en un momento en que, según declaraciones del gobierno, ha habido predisposición al diálogo para solucionar estos conflictos, pero nos encontramos con varios de golpe”, aseveró. Reiteró que la CCIODH “manifiesta una preocupación grave y espera que su presencia pueda ayudar a que esto no se desarrolle más; es nuestro deseo”.

Ignacio García recordó que desde su primera visita, hace 10 años, la comisión “ha dicho que persisten las causas del conflicto, que los problemas ahí están, que no se atacan en profundidad y desgraciadamente se van manifestando el conflicto entre la autonomía, entre las instituciones, entre los proyectos, entre los grupos ligados a intereses políticos locales, los paramilitares y demás que crean situaciones como éstas”.

Precisó que el organismo también está preocupado por la denuncia que hace unos días hizo la organización civil Las Abejas de que el fiscal para el caso Acteal, Noé Maza Albores, los amenazó con encarcelarlos si continúan denunciando que no se ha hecho justicia.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.

Oaxaqueños exigen a su Congreso respeto a la legislación indígena local

La Jornada

■ Exigen ser consultados antes de emprender cambios a leyes

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 25 de mayo. El Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca exigió al Congreso del estado y a otras instancias competentes “respetar y no menoscabar la legislación indígena oaxaqueña”, especialmente las normas del libro cuarto del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, ante el proyecto de reforma legislativa “bajo el disfraz de una mayor participación de las mujeres” en la elección y nombramiento de autoridades en municipios que se rigen por el régimen de usos y costumbres.

Durante el acto en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca en el municipio de Tlacochahuaya, unos 200 asistentes expresaron: “decimos con mucha fuerza que antes de hacer cualquier cambio normativo respecto de los avances legislativos en materia indígena en Oaxaca, debe haber un proceso de consulta en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT”, afirmó el coordinador de servicios del pueblo mixe, Adelfo Regino Montes, al dar a conocer el pronunciamiento del acto, donde participaron los pueblos amuzgo, zapoteco, mazateco, mixe, mixteco, chocholteco, huave, triqui, chontal, chatino y cuicateco. Los tres días de trabajos concluyeron este domingo.

El ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dijo que el foro indígena también instó a los partidos, al Instituto Estatal Electoral, a las instancias del gobierno estatal y federal, y a otros actores, “a respetar la institucionalidad comunitaria y no inmiscuirse en los espacios de decisión y ejercicio de autogobierno indígena, particularmente en los procesos de elección y nombramiento de las autoridades municipales”.

Subrayó que el encuentro remarcó la importancia de la participación de las mujeres en la vida comunitaria, en particular en las instancias del autogobierno indígena, para lograr una sociedad más justa y equitativa.

Resaltó el valor de “nuestras prácticas ancestrales, que se expresan en las asambleas comunitarias, sistemas de cargos, obligaciones y contribuciones comunitarias, entre otros, como la base para fortalecer los procesos de autonomía comunitaria, municipal y regional y en los ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural”.
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Alimentos caros

La Jornada

León Bendesky

Uno de los fenómenos económicos más relevantes es hoy el alza de los precios de los alimentos a escala mundial. La FAO y la OCDE han señalado que se espera una década de precios altos lo que, sin duda, provocará diversos ajustes en los mercados de bienes básicos y de productos procesados. También alterará los patrones de consumo de los grupos de menores ingresos y exigirá formas de intervención gubernamental más decisivas e imaginativas.

Este asunto se ha documentado bastante desde hace un par de años en una serie de informes producidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y ha sido motivo de atención reciente de los medios de comunicación en todas partes.

Los mercados de alimentos están sujetos a un conjunto de cambios en la demanda y la oferta que alteran los fundamentos de su operación y que habían prevalecido durante más de tres décadas. Esto había llevado a un largo periodo de precios bajos que ha llegado a su fin. Las repercusiones son diversas en cuanto a las condiciones productivas y de la desigualdad social prevaleciente.

Usualmente se citan dos condiciones que acarrean el alza de precios. Uno es el cambio en la dieta de millones de personas en países como China e India, derivado de su expansión económica, que presionan al alza la demanda de cereales, y a lo largo de las cadenas de producción agropecuarias. La reacción por el lado de la oferta, siguiendo el estímulo de los precios, induce a una sustitución de cultivos, lo que genera, a su vez, la elevación de los precios de los que dejan de sembrarse. De ahí la generalización de los altos precios.

La otra condición es la creciente producción de biocombustibles, como el etanol, alentada a su vez por el elevado precio del petróleo y la necesidad de sustituir a largo plazo las fuentes de energía, sobre todo para el transporte. Esto requiere ahora esencialmente de maíz, como es el caso del etanol producido en Estados Unidos, o de caña de azúcar, como ocurre en Brasil.

El uso de maíz para el etanol acrecienta la demanda y sube el precio, además de que el gobierno de Estados Unidos subsidia activamente a los productores y obstaculiza mediante aranceles la entrada de etanol brasileño. La nueva legislación agrícola (farm bill) aprobada hace unos días en el Congreso de ese país, afirma esa serie de distorsiones internas y del comercio exterior. Es, en efecto, una política proteccionista encaminada a beneficiar a los productores nacionales y que reduce la cantidad de maíz en el mercado de los alimentos, con la consiguiente repercusión en el mercado mundial.

México no está, por supuesto, aislado de estos procesos. En buena parte eso es así debido a las condiciones que la apertura económica, y en particular el TLC, han generado en la producción agrícola, lo que significa una mayor dependencia del abasto del exterior. Caso particularmente relevante es el del maíz.

Por diversas razones el precio de los alimentos ha aumentado de modo notable en el último año. Los datos del Banco México indican que entre la primera quincena de mayo de 2007 y el mismo periodo de 2008 las variaciones en una serie de bienes básicos ha sido la siguiente: arroz 33.6 por ciento; aceites y grasas vegetales comestibles, 50.6; pan de caja, 21.7; galletas populares, 12; harinas de trigo, 30.4; pastelillos y pasteles, 17.5; pollo en piezas, 10.2, y carne y huevo, 6.5 por ciento. Todos estos precios crecen muy por encima de la inflación general del periodo, que es de 4.83 por ciento.

Aún no se manifiesta aquí de lleno el efecto del alza general de los precios de los alimentos. El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, ha dicho que México está listo ante la crisis alimentaria. Es bueno saberlo, pero sería mejor tener más información al respecto, sobre todo por la necesidad de tener alguna certidumbre acerca de la reacción de los mercados y las condiciones que deben esperarse sobre el abasto y los precios de los bienes básicos alimentarios. La carestía ya está presente.

Por otra parte, sería provechoso saber qué tipo de políticas planea aplicar el gobierno para asignar recursos a la producción, proteger a los campesinos y agricultores, sostener el nivel de consumo de la población de menores ingresos, evitar la especulación, mantener los inventarios y sustituir las importaciones que ahora serán más caras.

Claro, hay excedentes petroleros, pero sería irresponsable gastarse esa renta por no tener una política pública clara de intervención ante una posible crisis de la cual nadie podrá decirse sorprendido y que, más bien, está siendo largamente anunciada.

México es un mediocre productor agrícola comparado con otros países de similar nivel de desarrollo, genera relativamente poca tecnología, no participa en los mercados más rentables y está bastante marginado de las posiciones relevantes de negociación del comercio agrícola en los organismos internacionales.

Además, en este caso debería participar de manera activa la Secretaría del Medio Ambiente, pues está en juego el uso de recursos como la tierra de cultivo, los bosques, las áreas protegidas y el agua. Este es un asunto central de la definición de políticas públicas que incidan en la operación de mercados con participación muy heterogénea de los productores y una incidencia social muy desigual.
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Astillero

La Jornada

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Sótanos
■ Oaxaca y el EPR
■ Hundimiento felipense

Ampliar la imagen El presidente Felipe Calderón, acompañado de su esposa, Margarita Zavala, y del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, arriba a la iglesia de Fátima, en Monterrey, donde se llevó a cabo una misa en memoria del empresario Eugenio Garza Lagüera El presidente Felipe Calderón, acompañado de su esposa, Margarita Zavala, y del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, arriba a la iglesia de Fátima, en Monterrey, donde se llevó a cabo una misa en memoria del empresario Eugenio Garza Lagüera Foto: Notimex

Un confuso incidente en Juchitán enmarcó el primer aniversario de la desaparición de dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Aun cuando el gobierno oaxaqueño redujo todo a un plano surrealistamente vial (la escolta del hijo de Ulises Ruiz habría reñido con unos “desconocidos” por un sitio para estacionarse), la versión del intento de secuestro del júnior añadió inestabilidad a un estado a cuyo mandatario se le ha cargado también, en su diversificado portafolios de perversidades criminales, una especie de sentencia extraoficial por la suerte de Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Buena parte de la adjudicación de responsabilidad política a Ulises por el caso del EPR ha sido fabricada desde Bucareli, donde el siniestrado secretario de Gobernación no ha podido dar más muestra de habilidad política que filtrar información federal demostrativa de las brigadas de terror que ese gobierno local creó y protegió para enfrentar la insurrección cívica de 2006. Aliados hasta ahora en busca de protección mutua, el calderonismo y el ulisismo parecen estar en ruta de distanciamiento, sobre todo con la vista puesta en las elecciones de 2009, cuando no sólo se elegirán diputados federales, como en todo el país, sino, en especial, gobernador. El repudiado Ruiz tiene ya su candidato a la sucesión, que es Jorge Franco, quien fue su secretario general de Gobierno (como tal, fue el jefe del aparato parapoliciaco de secuestros y asesinatos) y ahora lo ha hecho presidente del PRI luego de una gira por toda la entidad, como candidato único, con olor a campaña oficial por la gubernatura.

En ese contexto comicial se está usando el expediente de los dos cuadros directivos del EPR secuestrados en Oaxaca, tratando de deslindar a un gobierno federal que sí tuvo participación cuando menos por la vía de la jefatura militar de la entidad, profundamente identificada con Ruiz, que recientemente fue relevada, y por el hecho político de que Los Pinos permitió y alentó el esquema represivo del gobernador oaxaqueño al menos hasta que a los geniecillos de la casa formalmente presidencial les pareció oportuno tratar de deslindarse. Más allá de esos devaneos de poder, y de los juegos electorales en curso, es de exigirse la aparición con vida de los dos dirigentes eperristas y el castigo a los responsables operativos e intelectuales de lo que ha sucedido con dos mexicanos que un año atrás cayeron en la sucia y densa red de la represión política gubernamental, que sin lugar a dudas se instauró con la llegada del licenciado Calderón y se ha agudizado conforme esa administración pública se hunde en el descontrol, la incapacidad y la debilidad.

El hundimiento del calderonismo preocupa incluso a sus opositores directos, pues, a pesar de las pifias diarias que se cometen desde el húmedo círculo íntimo de Los Pinos, no existen mecanismos legales que puedan frenar ese ejercicio formal de poder, por desgastado e incluso peligroso que pueda resultar. El propio López Obrador acaba de exigir que el gobierno al que califica de espurio se despoje cuando menos de cuatro personajes siniestros “para frenar la actual descomposición social”. Los propuestos por el tabasqueño para dejar sus cargos son los secretarios Mouriño, Carstens y Kessel (Gobernación, Hacienda y Energía, respectivamente) y el director de Pemex, Jesús Reyes González. Es evidente que la renuncia verdaderamente exigible es la del jefe de esos funcionarios, Felipe Calderón Hinojosa, pero también es posible ver el carácter gradual con que el movimiento lopezobradorista va afinando la mira, aunque no sólo esa franja expresamente opositora al michoacano está en su contra, sino incluso algunos de sus aliados originales, a los que Calderón ha maltratado y desatendido, ya sea por genuino descuido, por altanería acomplejada o porque el aparato formal de gobierno ha caído en una crisis derivada de la talla políticamente ínfima de varios de sus ocupantes, de los intereses particulares que por sobre todo defienden los personajes que tienen cierto renombre y por la forma disipada en que el supuesto jefe máximo atiende los problemas, delegando responsabilidades en cortesanos favoritos y dejando que poderes reales, como los de las armas –el Ejército y la Marina–, asuman funciones civiles en carácter cada vez más abierto y expansivo.

Ayer, por ejemplo, el lic. F.C. volvió a dar cuenta del agotamiento discursivo de su política: el mismo esquema usado para hablar del narcotráfico se usó para anunciar una especie de combate a la crisis alimentaria, con llamados retóricos e insulsos a la unidad nacional, que no se dará sólo por ocurrencia oratoria, con anuncios de mano dura contra infractores (en este caso, quienes acaparen alimentos o especulen con ellos, ja , ja, ja) y con la invitación hueca a ciudadanos y medios de comunicación para que se sumen a los presuntos esfuerzos gubernamentales, cuyo mayor rigor radica apenas en el enunciado volátil que de ellos se hace en ceremonias oficiales, tan presuntuosas como vanas (el anuncio felipense ni siquiera llega a la categoría de demagógico: es apenas una forma de tratar de decir que algo se hace ante la inflación económica, con tan mala suerte para el emisor desacreditado que nadie le cree, ni los presuntos beneficiados ni los supuestos amenazados: blablá).

Y, mientras el cuadro de política regional entra en etapa de redefiniciones con la muerte de Manuel Marulanda y la designación de un nuevo jefe guerrillero colombiano (en México, por fortuna, la PGR no cayó en la tentación de sostener como creíbles las declaraciones disparatadas de un supuesto miembro mexicano de las FARC que según diagnóstico oficial sufre de bipolaridad y mitomanía), ¡hasta mañana, con el hermano Norberto entrando en defensa del vilipendiado Juan Sandoval y del multimentado Etilio González Madres, llegando el órgano informativo de la arquidiócesis de la ciudad de México al extremo de mentir, al asegurar que el gobierno de Jalisco ayuda “por igual” a todas las asociaciones religiosas y no nada más a los proyectos católicos cristeros!
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