29 abr 2008

El Departamento de Justicia defiende los métodos de tortura usados por la CIA

Rebelion

Afp

La administración del presidente estadunidense George W. Bush alegó ante el Congreso que los agentes de inteligencia podían recurrir para luchar contra el terrorismo, a métodos de interrogatorio prohibidos por la legislación internacional, afirmaron hoy los diarios The New York Times y The Washington Post.

El Departamento de Justicia envió una carta al Congreso en la que defiende esta interpretación jurídica de la Convención de Ginebra, que regula el trato de los prisioneros de guerra, según la cual los límites de los interrogatorios pueden variar en función del individuo detenido, informaron ambos rotativos.

“El hecho de que se realice una acción para evitar un atentado, y no para humillar o abusar, sería aceptable a los ojos de un observador razonable encargado de medir el grado de ultraje cometido”, indicó en una carta fechada el 5 de marzo, Brian Benczkowski, subasistente del secretario de Justicia, Michael Muckasey, refirió el Times.

“Algunas prohibiciones, como la de atentar contra la dignidad invitan a considerar las circunstancias que rodean las acciones emprendidas”, señaló otra misiva de Benczkowski, revelada por el Post.

Las cartas de Benczkowski fueron provistas a ambos diarios por el equipo del senador demócrata Ron Wyden, miembro de la Comité de Inteligencia del Congreso.

Desde el comienzo de su “guerra global contra el terrorismo” en 2001, la administración Bush ha sido objeto de críticas por las detenciones sin defensa legal, el traslado clandestino de prisioneros de un país a otro realizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y por los métodos de interrogación que incluyen privación de sueño, insultos, amenazas, drogas y simulacros de asfixia con agua (waterboarding).

En julio de 2007, Bush dio órdenes que restringen el uso de métodos interrogatorios, pero esas normas no se han hecho públicas.

Según dijo al Times una fuente del Congreso, la orden de Bush prohíbe, por ejemplo, que se forze a una persona a actos sexuales, o amenazarla con mutilación sexual. “Sin embargo, la orden no indica qué técnicas aún están permitidas”, agregó.
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