Amenazas de desalojo en Montes Azules
Amalia Avendaño
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas l La Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC UU-ID) Unión de Uniones Independiente y Democrática, afirmó que el gobierno federal pretende “cerrar” la vía de la regularización de la tierra y desocupar a los poblados asentados en la reserva de la biosfera de Montes Azules por lo que instalaran campamentos de observación civil para contrarrestar los desalojos.
Explicaron que el pasado 15 de mayo, se llevó a cabo la última mesa de interlocución agraria entre la ARIC UU-ID y las instancias de los gobiernos federales y estatales, ahí la ARIC UU-ID planteó la necesidad de expresar por escrito el objetivo de la mesa agraria: la regularización de tres poblados sin título de propiedad (Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende); pues algunas familias de San Antonio Miramar anunciaron, en dicha reunión, que aceptaban la indemnización.
Ante la presión de este planteamiento, explicaron en un comunicado los líderes de la ARIC UU-ID , “la respuesta de las instancias de gobierno fue la cancelación de toda posibilidad de regularización de los poblados, anunciando que las únicas opciones eran la reubicación o la indemnización.
En este contexto de cerrazón oficial, se hace pública la entrada violenta del ejército al poblado Laguna El Suspiro el pasado 23 de mayo y la solicitud de comparecencia hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) a los representantes de dicho poblado, indicaron en la denuncia.
Advirtieron que recientemente los titulares de las dependencias de gobierno han anunciado que los próximos días viernes y sábado, 27 y 28 de junio, realizarán un recorrido de inspección a los poblados localizados en la cuenca del Río Negro, a partir del cual definirán “las siguientes acciones para continuar con su política de expulsión de las comunidades”.
Los indígenas aseguraron que mantendrán y fortaleceran su coordinación y unidad con las organizaciones de la sociedad civil a las que solicitaron su apoyo ante las pretensiones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT , la Secretaría de la Reforma Agraria , la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Chiapas de:
“Cerrar el diálogo hacia la regularización para imponer unilateralmente sus decisiones, y no respetar el proceso y los acuerdos básicos alcanzados durante la administración federal anterior. Sus próximas acciones pueden estar orientadas a preparar y justificar el desalojo de los poblados que no acepten la indemnización y la reubicación”.
Detallaron que los campamentos de observación civil estarán ubicados en las comunidades de Salvador Allende y Ranchería Corozal denunciaremos públicamente cualquier acción o intento que violente los derechos de las comunidades en la Reserva.
Los pobladores de Montes Azules consideraron que las comunidades indígenas “no son la verdadera amenaza para la conservación y sustentabilidad de este territorio. Por el contrario, son ellas las que pueden garantizar su protección y manejo adecuado mediante reglamentos internos y planes de manejo comunitario, y con el respaldo de políticas y programas para su desarrollo sustentable.
Pero, agregaron, “son los poderes fácticos y las empresas transnacionales interesadas en la explotación de los recursos naturales la amenaza real, y es la política del gobierno federal y estatal la que tiende a responder a estos intereses y a crear las condiciones legales necesarias”.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas l La Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC UU-ID) Unión de Uniones Independiente y Democrática, afirmó que el gobierno federal pretende “cerrar” la vía de la regularización de la tierra y desocupar a los poblados asentados en la reserva de la biosfera de Montes Azules por lo que instalaran campamentos de observación civil para contrarrestar los desalojos.
Explicaron que el pasado 15 de mayo, se llevó a cabo la última mesa de interlocución agraria entre la ARIC UU-ID y las instancias de los gobiernos federales y estatales, ahí la ARIC UU-ID planteó la necesidad de expresar por escrito el objetivo de la mesa agraria: la regularización de tres poblados sin título de propiedad (Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende); pues algunas familias de San Antonio Miramar anunciaron, en dicha reunión, que aceptaban la indemnización.
Ante la presión de este planteamiento, explicaron en un comunicado los líderes de la ARIC UU-ID , “la respuesta de las instancias de gobierno fue la cancelación de toda posibilidad de regularización de los poblados, anunciando que las únicas opciones eran la reubicación o la indemnización.
En este contexto de cerrazón oficial, se hace pública la entrada violenta del ejército al poblado Laguna El Suspiro el pasado 23 de mayo y la solicitud de comparecencia hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) a los representantes de dicho poblado, indicaron en la denuncia.
Advirtieron que recientemente los titulares de las dependencias de gobierno han anunciado que los próximos días viernes y sábado, 27 y 28 de junio, realizarán un recorrido de inspección a los poblados localizados en la cuenca del Río Negro, a partir del cual definirán “las siguientes acciones para continuar con su política de expulsión de las comunidades”.
Los indígenas aseguraron que mantendrán y fortaleceran su coordinación y unidad con las organizaciones de la sociedad civil a las que solicitaron su apoyo ante las pretensiones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT , la Secretaría de la Reforma Agraria , la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Chiapas de:
“Cerrar el diálogo hacia la regularización para imponer unilateralmente sus decisiones, y no respetar el proceso y los acuerdos básicos alcanzados durante la administración federal anterior. Sus próximas acciones pueden estar orientadas a preparar y justificar el desalojo de los poblados que no acepten la indemnización y la reubicación”.
Detallaron que los campamentos de observación civil estarán ubicados en las comunidades de Salvador Allende y Ranchería Corozal denunciaremos públicamente cualquier acción o intento que violente los derechos de las comunidades en la Reserva.
Los pobladores de Montes Azules consideraron que las comunidades indígenas “no son la verdadera amenaza para la conservación y sustentabilidad de este territorio. Por el contrario, son ellas las que pueden garantizar su protección y manejo adecuado mediante reglamentos internos y planes de manejo comunitario, y con el respaldo de políticas y programas para su desarrollo sustentable.
Pero, agregaron, “son los poderes fácticos y las empresas transnacionales interesadas en la explotación de los recursos naturales la amenaza real, y es la política del gobierno federal y estatal la que tiende a responder a estos intereses y a crear las condiciones legales necesarias”.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
entrada de Kolectivo Eskoria a las
4:46 p. m.
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