En NL, “combate” a delincuencia arrasa también los DH
Por Juana María Nava Castillo/corresponsal
Monterrey, NL, 4 junio 08 (CIMA).- Al igual que en el mundo y en el país, en el estado de Nuevo León, caracterizado por su importante desarrollo empresarial, médico, financiero y académico, el respeto a los derechos humanos es un tema que no ha sido prioritario para las autoridades.
Por el contrario, a raíz del crecimiento de la violencia generada por grupos del crimen organizado, las medidas que debieran garantizar la seguridad de la ciudadanía va justo contra ella con constantes abusos policíacos, cateos sin autorización, detenciones arbitrarias, revisiones anticonstitucionales al patrimonio personal, solo por citar algunos ejemplos.
Esto se puso en evidencia el pasado mes de mayo, cuando al ser presentado de manera simultánea el Informe 2008 de Aministía Internacional (AI) “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, se habló de la situación concreta que priva en Nuevo León, cuyo lema gubernamental “Estado de Progreso”, contraviene justamente la percepción de grupos y sociedad civil que trabaja en pro del respeto a los derechos de la ciudadanía.
A pesar de la justificación de las autoridades para implementar retenes militares u operativos federales, con la finalidad de reducir el índice de criminalidad, las constantes denuncias públicas de abuso de la fuerza pública demuestran que la ciudadanía está vulnerable ante tales medidas.
La policía estatal y las municipales han entrado también en esta dinámica en la que están a la orden del día los abusos contra las y los jóvenes principalmente, muchas veces solo por su vestimenta o por su apariencia física.
El municipio de San Nicolás de los Garza es un ejemplo de ello, al implementar el llamado “toque de queda”, que consiste en un operativo de vigilancia que prohíbe que los jóvenes estén en la calle después de las 23 horas.
Las escuelas no se escapan de la persecución, pues los niños y niñas de educación secundaria son sujetas de dos operativos autorizados e impulsados por las propias autoridades de educación, y que consisten, primero en la realización de exámenes antidoping, y segundo, en la revisión de mochilas.
A la fecha se han realizado más de 2 mil exámenes antidoping, según el secretario de Educación en el estado, Reyes Tamez, quien dijo que los resultados se darán a conocer la próxima semana.
Las revisiones antialcohólicas que se llevan a cabo en las principales avenidas del área metropolitana de Monterrey con el fin de detectar y sancionar a quien conduzca en estado de ebriedad son otras de las medidas que enfrenta la población que ha externado su inconformidad por los abusos de muchos de los agentes de tránsito.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Durante la presentación del informe de Amnistía Internacional, la presidenta de la organización no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), Consuelo Morales, dijo que Nuevo León se encuentra entre dos fuegos: por un lado la violencia y por el otro las acciones de seguridad que, lejos de garantizarla, violan los derechos fundamentales de la población.
Es un Estado policíaco el que nos gobierna, afirmó la activista, y lo más preocupante es que en lugar de levantarnos, de decir ya basta, nos paralizamos, nos da miedo.
Y a la vez justificó esta actitud de la población, pues ella misma ha sufrido la persecución y las amenazas desde hace años, y de forma reciente al participar en diversas acciones de protesta contra proyectos de urbanización en zonas protegidas de la entidad.
El caso más reciente es la detención, hace unas semanas, de 32 colonos e integrantes de la sociedad civil que protestaban por el desalojo del predio Nueva Castilla, donde el gobierno estatal tiene planes de urbanización. Uno de los detenidos es integrante del equipo de Cadhac. Al miércoles 28 de mayo aún permanecían cinco personas detenidas, dos de ellas pertenecientes a la sociedad civil que solo acudían al lugar a manifestar el apoyo a los vecinos.
No obstante, Consuelo Morales, hizo un llamado a la ciudadanía a “ponerse de pie”, a denunciar, a recurrir a los instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales cuando vean lesionados sus derechos y los de la comunidad.
EL CONTEXTO
En el estado de Nuevo León la inseguridad se volvió un tema crucial en los últimos años, principalmente en los recientes tres, en los que el crimen organizado se apoderó de las calles y de algunos espacios públicos, especialmente restaurantes.
Las ejecuciones, aparentemente entre bandas delictivas, han afectado también las estructuras públicas y a los tres poderes del Estado, con el asesinato de elementos y jefes policíacos, y de altos mandos de autoridades en la procuración e impartición de la justicia.
El Poder Legislativo también registró un hecho sin precedentes, al ser asesinado un diputado de la actual legislatura, apenas a dos cuadras del recinto del Congreso.
En el mes de febrero de 2007 se ejecutó de parte del gobierno federal el llamado Operativo Nuevo León, que consiste en la presencia de militares y de un fuerte acuartelamiento de policías federales en diversos municipios del estado.
Dos mil 35 soldados llegaron a NL, así como más de 500 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), aunque la cifra de efectivos ha sido variable en los últimos meses, cuando la presencia mayor de soldados e instalación de retenes se ha registrado en los municipios del área rural de la entidad, principalmente en la región norte y sur.
Pese a lo anterior, las cifras de delitos en la entidad han ido en aumento, no solo lo que respecta a las ejecuciones, sino a la delincuencia en general.
Solo en el año 2006 se registraron 55 ejecuciones, y con todo el operativo, en el 2007 la cifra se elevó a 107 ejecuciones, un 94 por ciento más que el año anterior.
Una de las modalidades que recién se “estrenaron” en Nuevo León, fueron los llamados “levantones”, de los cuales se hicieron públicos 88 solo en el año 2007, afectando principalmente a mujeres y hombres jóvenes, muchos de los cuales siguen desaparecidos.
Según cifras de la Procuraduría de Justicia en el Estado (PJE), este tipo de delitos tuvo un aumento en el año 2007 de un 151 por ciento, a razón de siete casos por mes.
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2006, en Nuevo León el 37.1 por ciento de las mujeres unidas o casadas ha sido víctima de violencia de parte de su pareja a lo largo de su relación, siendo la emocional la de mayor frecuencia, siguiéndole la económica, la física y la sexual.
Este dato ubica a la entidad en el quinto lugar nacional, luego de Baja California, Coahuila, Chiapas y Baja California Sur.
Asimismo, el 19.5 por ciento de las mujeres nuevoleonesas unidas o casadas han sufrido violencia extrema a lo largo de su relación, según la ENDIREH.
Aunque las denuncias por violencia familiar, presentadas por la PJE, no están desagregadas por género, se estima que el 90 por ciento son presentadas por mujeres.
En el año 2005 se presentaron un total de 11 mil 062 denuncias por violencia familiar; en el 2006 fueron 10 mil 647; y en el 2007 10 mil 762. De enero a abril de 2008 se presentaron 3 mil 161 denuncias ante el Ministerio Público.
De acuerdo con el seguimiento hemerográfico de Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León AC y de Arthemisas por la Equidad AC, la cantidad de mujeres asesinadas por violencia de género, de enero del año 2000, (cuando se tipifica como delito la violencia familiar) a diciembre de 2007 suman 183, y en lo que va de 2008 ya son 9 casos.
En la mayor parte de los casos el victimario es la pareja o un familiar cercano, y la mayor parte de las mujeres se ubica en el rango de edad de los 20 a los 40 años.
Organizaciones civiles que trabajan en pro de los derechos de las mujeres han considerado que el problema de la violencia hacia las mujeres no ha sido debidamente atendido por el gobierno pese a las legislaciones en la materia, específicamente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en agosto de 2007.
OTROS DELITOS
Los homicidios dolosos han registrado un importante aumento. En 2005 la PJE registró un total de 143; para 2006 se incrementó a 180, mientras que las cifras de 2007 se ubicaron en los 283 casos, un 57 por ciento más que el año inmediato anterior.
Los delitos sexuales, específicamente el clasificado como violación, se incrementaron de 289 casos denunciados en 2006 a 310 en 2007.
El robo simple a bancos y a vehículos ha tenido un importante aumento en los últimos tres años. En el primer caso las cifras se sitúan en 4 mil 743, 9 mil 465 y 13 mil 555, en 2005, 2006 y 2007, respectivamente.
Los robos a bancos han sido muy reveladores: 7 en 2005, 24 en 2006, 56 en 2007, y 48 de enero a abril de 2008. Igualmente el robo a vehículos: con 2 mil 886 en 2005, 4 mil 043 en 2006, 9 mil 093 en 2007, y 3 mil 341 los primeros cuatro meses de 2008.
Monterrey, NL, 4 junio 08 (CIMA).- Al igual que en el mundo y en el país, en el estado de Nuevo León, caracterizado por su importante desarrollo empresarial, médico, financiero y académico, el respeto a los derechos humanos es un tema que no ha sido prioritario para las autoridades.
Por el contrario, a raíz del crecimiento de la violencia generada por grupos del crimen organizado, las medidas que debieran garantizar la seguridad de la ciudadanía va justo contra ella con constantes abusos policíacos, cateos sin autorización, detenciones arbitrarias, revisiones anticonstitucionales al patrimonio personal, solo por citar algunos ejemplos.
Esto se puso en evidencia el pasado mes de mayo, cuando al ser presentado de manera simultánea el Informe 2008 de Aministía Internacional (AI) “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, se habló de la situación concreta que priva en Nuevo León, cuyo lema gubernamental “Estado de Progreso”, contraviene justamente la percepción de grupos y sociedad civil que trabaja en pro del respeto a los derechos de la ciudadanía.
A pesar de la justificación de las autoridades para implementar retenes militares u operativos federales, con la finalidad de reducir el índice de criminalidad, las constantes denuncias públicas de abuso de la fuerza pública demuestran que la ciudadanía está vulnerable ante tales medidas.
La policía estatal y las municipales han entrado también en esta dinámica en la que están a la orden del día los abusos contra las y los jóvenes principalmente, muchas veces solo por su vestimenta o por su apariencia física.
El municipio de San Nicolás de los Garza es un ejemplo de ello, al implementar el llamado “toque de queda”, que consiste en un operativo de vigilancia que prohíbe que los jóvenes estén en la calle después de las 23 horas.
Las escuelas no se escapan de la persecución, pues los niños y niñas de educación secundaria son sujetas de dos operativos autorizados e impulsados por las propias autoridades de educación, y que consisten, primero en la realización de exámenes antidoping, y segundo, en la revisión de mochilas.
A la fecha se han realizado más de 2 mil exámenes antidoping, según el secretario de Educación en el estado, Reyes Tamez, quien dijo que los resultados se darán a conocer la próxima semana.
Las revisiones antialcohólicas que se llevan a cabo en las principales avenidas del área metropolitana de Monterrey con el fin de detectar y sancionar a quien conduzca en estado de ebriedad son otras de las medidas que enfrenta la población que ha externado su inconformidad por los abusos de muchos de los agentes de tránsito.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Durante la presentación del informe de Amnistía Internacional, la presidenta de la organización no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), Consuelo Morales, dijo que Nuevo León se encuentra entre dos fuegos: por un lado la violencia y por el otro las acciones de seguridad que, lejos de garantizarla, violan los derechos fundamentales de la población.
Es un Estado policíaco el que nos gobierna, afirmó la activista, y lo más preocupante es que en lugar de levantarnos, de decir ya basta, nos paralizamos, nos da miedo.
Y a la vez justificó esta actitud de la población, pues ella misma ha sufrido la persecución y las amenazas desde hace años, y de forma reciente al participar en diversas acciones de protesta contra proyectos de urbanización en zonas protegidas de la entidad.
El caso más reciente es la detención, hace unas semanas, de 32 colonos e integrantes de la sociedad civil que protestaban por el desalojo del predio Nueva Castilla, donde el gobierno estatal tiene planes de urbanización. Uno de los detenidos es integrante del equipo de Cadhac. Al miércoles 28 de mayo aún permanecían cinco personas detenidas, dos de ellas pertenecientes a la sociedad civil que solo acudían al lugar a manifestar el apoyo a los vecinos.
No obstante, Consuelo Morales, hizo un llamado a la ciudadanía a “ponerse de pie”, a denunciar, a recurrir a los instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales cuando vean lesionados sus derechos y los de la comunidad.
EL CONTEXTO
En el estado de Nuevo León la inseguridad se volvió un tema crucial en los últimos años, principalmente en los recientes tres, en los que el crimen organizado se apoderó de las calles y de algunos espacios públicos, especialmente restaurantes.
Las ejecuciones, aparentemente entre bandas delictivas, han afectado también las estructuras públicas y a los tres poderes del Estado, con el asesinato de elementos y jefes policíacos, y de altos mandos de autoridades en la procuración e impartición de la justicia.
El Poder Legislativo también registró un hecho sin precedentes, al ser asesinado un diputado de la actual legislatura, apenas a dos cuadras del recinto del Congreso.
En el mes de febrero de 2007 se ejecutó de parte del gobierno federal el llamado Operativo Nuevo León, que consiste en la presencia de militares y de un fuerte acuartelamiento de policías federales en diversos municipios del estado.
Dos mil 35 soldados llegaron a NL, así como más de 500 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), aunque la cifra de efectivos ha sido variable en los últimos meses, cuando la presencia mayor de soldados e instalación de retenes se ha registrado en los municipios del área rural de la entidad, principalmente en la región norte y sur.
Pese a lo anterior, las cifras de delitos en la entidad han ido en aumento, no solo lo que respecta a las ejecuciones, sino a la delincuencia en general.
Solo en el año 2006 se registraron 55 ejecuciones, y con todo el operativo, en el 2007 la cifra se elevó a 107 ejecuciones, un 94 por ciento más que el año anterior.
Una de las modalidades que recién se “estrenaron” en Nuevo León, fueron los llamados “levantones”, de los cuales se hicieron públicos 88 solo en el año 2007, afectando principalmente a mujeres y hombres jóvenes, muchos de los cuales siguen desaparecidos.
Según cifras de la Procuraduría de Justicia en el Estado (PJE), este tipo de delitos tuvo un aumento en el año 2007 de un 151 por ciento, a razón de siete casos por mes.
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2006, en Nuevo León el 37.1 por ciento de las mujeres unidas o casadas ha sido víctima de violencia de parte de su pareja a lo largo de su relación, siendo la emocional la de mayor frecuencia, siguiéndole la económica, la física y la sexual.
Este dato ubica a la entidad en el quinto lugar nacional, luego de Baja California, Coahuila, Chiapas y Baja California Sur.
Asimismo, el 19.5 por ciento de las mujeres nuevoleonesas unidas o casadas han sufrido violencia extrema a lo largo de su relación, según la ENDIREH.
Aunque las denuncias por violencia familiar, presentadas por la PJE, no están desagregadas por género, se estima que el 90 por ciento son presentadas por mujeres.
En el año 2005 se presentaron un total de 11 mil 062 denuncias por violencia familiar; en el 2006 fueron 10 mil 647; y en el 2007 10 mil 762. De enero a abril de 2008 se presentaron 3 mil 161 denuncias ante el Ministerio Público.
De acuerdo con el seguimiento hemerográfico de Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León AC y de Arthemisas por la Equidad AC, la cantidad de mujeres asesinadas por violencia de género, de enero del año 2000, (cuando se tipifica como delito la violencia familiar) a diciembre de 2007 suman 183, y en lo que va de 2008 ya son 9 casos.
En la mayor parte de los casos el victimario es la pareja o un familiar cercano, y la mayor parte de las mujeres se ubica en el rango de edad de los 20 a los 40 años.
Organizaciones civiles que trabajan en pro de los derechos de las mujeres han considerado que el problema de la violencia hacia las mujeres no ha sido debidamente atendido por el gobierno pese a las legislaciones en la materia, específicamente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en agosto de 2007.
OTROS DELITOS
Los homicidios dolosos han registrado un importante aumento. En 2005 la PJE registró un total de 143; para 2006 se incrementó a 180, mientras que las cifras de 2007 se ubicaron en los 283 casos, un 57 por ciento más que el año inmediato anterior.
Los delitos sexuales, específicamente el clasificado como violación, se incrementaron de 289 casos denunciados en 2006 a 310 en 2007.
El robo simple a bancos y a vehículos ha tenido un importante aumento en los últimos tres años. En el primer caso las cifras se sitúan en 4 mil 743, 9 mil 465 y 13 mil 555, en 2005, 2006 y 2007, respectivamente.
Los robos a bancos han sido muy reveladores: 7 en 2005, 24 en 2006, 56 en 2007, y 48 de enero a abril de 2008. Igualmente el robo a vehículos: con 2 mil 886 en 2005, 4 mil 043 en 2006, 9 mil 093 en 2007, y 3 mil 341 los primeros cuatro meses de 2008.
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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.
entrada de Kolectivo Eskoria a las
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