PGR ocultará “legalmente” datos de violación de Ernestina Ascencio

El expediente en el caso de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio, víctima de una violación múltiple cometida por 4 elementos del Ejército Mexicano, ya debe ser información pública.
Gladis Torres Ruiz

México DF, 3 junio 08 (CIMAC).- La Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) calificó de “extraordinariamente limitada”, la resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) de ordenar la entrega de la información solicitada por un particular sobre el expediente judicial del caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien falleció luego de una violación múltiple cometida por militares.

La semana pasada, en sesión ordinaria, el IVAI ordenó a la PGJE entregar información pública relativa al expediente de investigación ministerial del aparentemente concluido caso de la indígena de 73 años Ernestina Ascencio.

De acuerdo con Julio Atenco Vidal, líder de la CROISZ, esta medida permitirá a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) archivar la información y ocultar legalmente la que pueda demostrar que Ernestina sí fue violada y que sí murió por los golpes recibidos por sus homicidas, reportó la prensa nacional y estatal.

La señora Ascencio murió el 25 de febrero de 2007 a causa de lesiones en diversos órganos vitales, originados por una violación múltiple, cometida previsiblemente por 4 elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Tetlacinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz. Sin embargo, menos de un mes después, el 13 de marzo del mismo año, Felipe Calderón aseguró que la indígena murió de una úlcera gástrica.

IVAI, CÓMPLICE

Según reportes de la prensa nacional y local, Atenco Vidal culpó al IVAI de convertirse en cómplice del Gobierno federal y estatal, los cuales negociaron no cerrar el caso y bloquear todo intento ciudadano para acceder a los documentos de éste.

“Entre gobernantes del estado y la federación han podido negociar políticamente el asesinato de una anciana nahua para desvirtuarlo jurídicamente como muerte natural a cambio de beneficios económicos y políticos mutuos”, señaló el líder.

Agregó que aunque la resolución de entregar copia de parte del expediente es en apariencia buena, en realidad es extraordinariamente limitada, ya que permite a la PGJ entregar la información que considere pública y reservarse la que afecte la intimidad de la víctima.

Con esto, detalló, lo que se esta haciendo es “darle la oportunidad a la PGJ de ocultar legalmente información primordial que pueda probar que efectivamente Ernestina sí fue violada por vía vaginal y anal y que sí murió por los golpes recibidos por sus asesinos”.

Para Atenco Vidal, este es ya un caso juzgado, por lo cual el expediente ya debe ser información pública. “La PGJ debe entregar todos los documentos y no sólo lo que le conviene”, enfatizó.

CASO ZONGOLICA Y CREDIBILIDAD DE CNDH

El 25 de febrero de 2007, la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario murió víctima de una violación múltiple, cometida por 4 elementos del Ejército Mexicano. El informe del médico forense detalla que la mujer murió por fractura de cráneo, hemorragias internas y sangrado anal propiciado por una penetración múltiple.

Por ello se inició la investigación, asentada en las averiguaciones previas 140/07 y 471/07, en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y en la Agencia del Ministerio Público Investigador, respectivamente.

Posteriormente y ante las “omisiones” halladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe forense practicado a la mujer náhuatl, afirmó la dependencia, el 9 de marzo de 2007 el cuerpo de la víctima fue exhumado por personal de la misma y de la Procuraduría del estado.

Días antes de que la CNDH presentara los resultados de la exhumación, el 13 de marzo de 2007 Felipe Calderón aseguró en una entrevista al diario La Jornada que la señora “falleció de gastritis crónica no atendida”, deslindando veladamente de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tres días después, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, dijo que la muerte se habría debido a causas naturales y que no se puede asegurar que hubiera existido violación. A través de un comunicado, el organismo especificó que había muerto a causa de “úlceras gástricas” que le provocaron una “anemia aguda”. De esta manera, avaló la versión de Calderón.

El 29 de marzo del 2008, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV) indicó que la y los médicos legistas que participaron en la necrocirugía y la exhumación del cadáver de la señora, después de la cual afirmaron que fue violada, fueron puestos bajo investigación con el expediente 61/207 y serán sancionados si se comprobaba que incurrieron en omisiones o alteraron datos en el reporte de la autopsia.

Las y los profesionales suspendidos y puestos bajo investigación fueron: María Catalina Rodríguez, Ignacio Gutiérrez Vázquez y Juan Pablo Mendizábal, peritos veracruzanos.

Esta acción se desprendió de lo dicho por la CNDH: que la mujer originaria de Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica, no murió por lesiones derivadas de abuso sexual, sino por muerte natural.

De resultar responsables, como indica el reporte de la CNDH, la médica y los dos médicos serían sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del estado de Veracruz.

Sin embargo, a pesar de la denuncia interpuesta por la CNDH en su contra, el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez defendió su dictamen inicial, en el que certifica que Ernestina Ascencio sufrió traumatismo craneoencefálico, luxación de vértebras cervicales, además de que le fue encontrado en el recto residuos de fosfata ácida y p30, sustancias propias del semen.

Además reiteró que el personal de la CNDH que participó en la exhumación del cuerpo de la indígena en ningún momento solicitó tejidos de la piel de la anciana para practicar algún tipo de estudio, limitándose únicamente a la observación del trabajo del personal de la PGJE de Veracruz y de especialistas forenses, quienes reafirmaron el dictamen inicial de Mendizábal Pérez.

Indignadas por los resultados de la autopsia que niegan la existencia de la violación sexual, mujeres feministas exigieron entonces una nueva autopsia, pero realizada por peritos extranjeros, lo cual nunca ocurrió.

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Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.