¡Tlachinollan!

Enrique Castillo González - Para Kaos en la Red

Tlapa, Guerrero a 21 de junio de 2008.

Guerrero: Donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta.

Los 14 años de vida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se insertan dentro del movimiento de los pueblos indígenas que luchan por la reivindicación de sus derechos y resisten un sistema legal que los empobrece y oprime hasta el hartazgo. Desde diferentes lugares del país y en diversos contextos históricos y sociopolíticos, los pueblos originarios de México han tenido que desafiar y aún resistir un orden legal que niega y regatea los derechos humanos de los Na savi, Me´phaa, Nauas y Amuzgos, por el hecho de cultivar la pluralidad lingüística y cultural.

El silencio de los pueblos hace invisible la opresión, la pobreza y discriminación impuesta por los gobiernos colonialistas. El sometimiento y domesticación política son las formas recurrentes de las autoridades para poder ejercer el poder sin ningún contrapeso imponiendo la ley del más fuerte. Cuando los pueblos asumen con plena determinación su papel de sujetos políticos, que tienen la conciencia de que son los titulares de sus derechos: sus voces, sus gritos y sus protestas se transforman en una amenaza para el sistema dominante acostumbrado a vivir de la pobreza de la gente.

En nuestro Estado la protesta social ha sido uno de los recursos más eficaces que han utilizado legítimamente los ciudadanos para exigir a las autoridades el respeto y el cumplimiento a sus derechos humanos. Los movimientos sociales se han transformado en movimientos antisistémicos que luchan y resisten a la violencia estatal. En situaciones tan adversas como la Montaña, donde los rezagos sociales nos colocan en el sótano de la historia contemporánea los pueblos indígenas al no encontrar respuestas apropiadas a la multiplicidad de demandas relacionadas con la sobre vivencia no les dejan otro camino más que la acción directa y la protesta pública para reclamar y defender su dignidad.

Las instituciones públicas de nuestro Estado han sido creadas no tanto para satisfacer las necesidades básicas de la población, sino para distanciarse de la ciudadanía, para mediatizar y burocratizar la acción gubernamental. A pesar de la multiplicación de las dependencias de gobierno existe una gran brecha entre lo que ofrecen las instituciones y lo que demandan los ciudadanos. Es paradójico que en nuestro estado a pesar de que se dio una alternancia política, tengamos que constatar que el tratamiento de los problemas sociales sigue siendo con el mismo método de la represión y encarcelamiento.

Es muy ilustrativa la manera como las autoridades educativas del estado en lugar de garantizar el derecho a una educación universal, gratuita y culturalmente apropiada, asume una postura inflexible e intransigente que va acorde con el modelo privatizador que se ha venido imponiendo en los estados nacionales, al acotar los derechos fundamentales y dejar en manos del libre mercado el acceso a la educación. Las reformas estructurales que se han impuesto por las cúpulas, es para ajustarse al mundo unipolar del gran capital, que busca la máxima ganancia sin importarle los daños y desastres que ocasiona su apetito por el lucro. Las autoridades apelando al uso de la fuerza y teniendo de su lado a los dueños del capital cierran filas con los dictados de las políticas neoliberales para achicar los presupuestos destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población.

Desde la lógica de este sistema dominante los que se organizan para exigir un derecho básico como es la educación y que no se subordinan a estas políticas privatizadoras que los excluye del presupuesto público, son catalogados cómo un peligro y una amenaza al orden impuesto por un modelo de desarrollo basado en la injusticia y la exclusión.

Los medios masivos de comunicación se encargan de sacralizar este sistema dominante y de satanizar a quienes atentan contra el status quo y recurren a la protesta como un derecho básico para ser escuchados y para evidenciar la desigualdad y la injusticia. Ante la falta de canales institucionales que faciliten el diálogo y la negociación, los ciudadanos toman las calles y los edificios públicos para poder manifestar su inconformidad ante la cerrazón gubernamental.

En nuestro estado la protesta social constituye la posibilidad concreta que tienen los pueblos y las organizaciones sociales de poder expresar sus problemas. De esta manera los ciudadanos recuperan el derecho a tener derechos, el derecho a recuperar su voz para ser tomados en cuenta como actores legítimos que nada tiene que ver con la delincuencia común u organizada. El derecho a la protesta, es un ejercicio legal y legitimo que le da la oportunidad a la población de hacer valer su dignidad y de demostrar su capacidad y su fuerza para poder cambiar las políticas privatizadoras del gobierno y transformar las estructuras de opresión.

Ante el hermetismo y la tozudez de las autoridades, se torna difícil en nuestro Estado crear espacios de dialogo constructivo y respetuoso. La ortodoxia gerencial y neoliberal de los funcionarios les impide imaginar nuevos modelos de atención ciudadana que realmente tengan la sensibilidad para entender la realidad de los sectores empobrecidos. La beligerancia de las autoridades desecha cualquier oportunidad para poder acercarse a las voces discordantes. Esta situación obliga a los ciudadanos a constituir sus propios foros públicos, a organizarse de forma independiente para tomar la palabra y ponerla en los lugares públicos.

Como organismo de la sociedad civil somos testigos de cómo los actos de las autoridades estatales viene a ser la fuente de los problemas que causan daño a la población. La negación de los derechos básicos se torna en una violencia del Estado contra los más indefensos, la imposición de un régimen fincado en los privilegios de unos cuantos desencadena procesos de resistencia y de protesta social.

En Guerrero a los luchadores sociales se les ha denigrado como lucradores sociales, su derecho a la protesta la han clasificado como un delito, se ha colocado a los líderes de los movimientos sociales fuera de la legalidad criminalizando un derecho. Al Ejecutivo estatal no le ha importado el costo político que representa esta violencia institucional, por el contrario, le ha apostado a transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, de leer e interpretar la realidad de los pobres que protestan bajo la lupa del código penal. Se ha impuesto una línea política por encima de los estándares internacionales de derechos humanos. La corta visión del poder es el criterio y la medida para juzgar los actos de una sociedad que se moviliza en defensa de sus derechos. La tendencia del gobierno es criminalizar las manifestaciones públicas y sacar de contexto a los conflictos sociales, para poder colocar a los luchadores en el banquillo de los que son acusados por cometer delitos.

Lo grave es que esta tendencia criminalizadora fortalece el poder punitivo del estado, que se engalla para encarar los conflictos sociales con la lógica de la guerra, de ver a los ciudadanos como enemigos, de tratarlos como delincuentes y de aplicarles todo el peso de la ley para aplastar su dignidad y su derecho a protestar. En esta perspectiva se justifica recurrentemente la intervención represiva de las fuerzas del Estado, utilizando de manera bárbara a las corporaciones policíacas, como ha sucedido con los egresados de Ayotzinapa y los indígenas Nauas de Chilapa.

Ahora estamos ante un escenario político, donde la protesta social es juzgada por otras autoridades que no son competentes, caracterizando a sus protagonistas como delincuentes profesionales y a las mismas organizaciones sociales como asociaciones delictivas, cómo ha sucedido con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).

El nuevo gobierno ha optado por la violencia institucional, como la manera más segura para poder asentarse en el poder y tener el control de las instituciones y las fuerzas represivas. Esta concentración del poder ha remarcado una mayor polarización social y ha causado un gran déficit de representación política que esta presentando síntomas graves de una crisis de gobernabilidad, a causa de la sordidez política y la indolencia gubernamental. Tenemos que salir del desencanto de la alternancia política y ubicar en su justa dimensión las prácticas represivas del nuevo gobierno que son una rémora del antiguo régimen que sigue vigente al mantener intocadas las estructuras verticales que reproducen la corrupción e impunidad.

El atrincheramiento del gobierno en su búnker privado, en nada le afecta el sufrimiento de los pueblos, por el contrario endurece más su postura para demostrar quien ten el poder y hacer sentir el peso de sus acciones. La mano dura en una democracia enciernes, no es sino la expresión de la incapacidad de las autoridades para generar consensos sociales y resolver por la vía del dialogo los conflictos. Es un modelo de gobierno autoritario que no tiene otro recurso más que el uso de la fuerza para salirle al paso a los conflictos sociales. Es un gobierno esquizofrénico que se siente rodeado de enemigos y que se ve obligado a defenderse por la peligrosidad inminente que ellos representan. El hecho de que los ciudadanos que protestan hablen un idioma diferente como sucede con los pueblos indígenas, la figura del enemigo se agiganta cuando la autoridad constata que hay ciudadanos que hablan lenguas extrañas. Se alimenta la idea entre los mismos funcionarios de que no pueden dialogar con rijosos, con gente que no conoce cuáles son sus verdaderas intenciones, por eso le dan un trato diferente, de no tolerar sus desplantes de fuerza y más bien implementar un modelo de guerra preventiva, es decir, de hacerle la guerra a la sociedad para que no se atreva a responder con la misma moneda.

Esta idea central que permea a las autoridades estatales de la figura del enemigo, materializada en los movimientos sociales y en sus líderes tiende a castigar más a los pobres y a criminalizar su protesta. Se da un giro hacia el autoritarismo que pone en riesgo el mismo estado de derecho porque banaliza la importancia de los derechos humanos y se desentiende de sus responsabilidades constitucionales, lo cual nos coloca en el empobrecimiento de la política.

Esta realidad se ha traducido en acciones penales que el gobierno ha emprendido contra los luchadores sociales y que nos arrojan cifras frías y cruentas de cómo se trata a hombres y mujeres que honran a su pueblos por la causa de los derechos humanos, pero que en los archivos del gobierno aparecen clasificados como presuntos delincuentes.

Para este periodo que va de Junio del 2007 a Mayo del 2008, las cifras de la criminalización de la lucha social en Guerrero nos presentan los siguientes datos:



Número

Estado actual de los casos


73

Procesos penales instaurados en contra de líderes sociales


75

Órdenes pendientes de ejecutarse


9

Expedientes cerrados por resoluciones favorables


44

Averiguaciones previas en integración contra líderes sociales.


201

Total de acciones penales emprendidas contra líderes sociales.


Entre ellos se encuentran con órdenes de aprehensión 11 compañeros del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me' Phaa de la variante lingüística Bátháá, no obstante, ha sido Cándido Félix Santiago el que ha sido detenido y encarcelado en cuatro ocasiones durante el 2007; también los miembros de la Radio Ñomndaa La Palabra de Agua, han sido víctimas de acusaciones dolosas por parte de la autoridad municipal de Xochistlahuaca y cuentan con 11 órdenes de aprehensión.

La Organización del Pueblos Indígena Me´phaa, es la que más ha sido perseguida y hostigada tanto por el Ejército, las autoridades policíacas y la misma autoridad municipal de Ayutla delos Libres, al grado que en este año se giraron 15 órdenes de aprehensión a causa de un delito fabricado por un grupo de choque de la comunidad de El Camalote y que es catalogado como paramilitar. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la misma Policía Comunitaria tiene en su haber 38 órdenes de aprehensión, cuando sólo han contribuido a garantizar la seguridad de los ciudadanos, tarea que el Estado no ha cumplido.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), que ha sido un ejemplo por su lucha tenaz en defensa de su territorio ha tenido que enfrentar a las autoridades federales y estatales a través de los recursos jurídicos y de la movilización social. Esto les ha costado caro a sus líderes, porque 6 de ellos fueron detenidos y siguen procesados desde el 2004.

Los estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa se han transformado en un movimiento emblemático por su lucha aguerrida en defensa de la educación pública y la exigencia permanente de que la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) les garantice el derecho al trabajo por medio de la creación de nuevas plazas de la licenciatura en educación primaria. De junio del 2007 a la fecha los estudiantes sufrieron varias acciones represivas por desafiar a las autoridades y ejercer su derecho a la protesta en la toma de casetas de cobro y de edificios públicos. La represión del 30 de noviembre de 2007 en la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, arrojó un saldo de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del estado, en octubre de 2006, asumieron un protagonismo importante por sus luchas solidarias con los estudiantes de Ayotzinapa y otros movimientos sociales, al grado que han tenido que poner en riesgo la propia seguridad personal para poder evidenciar los abusos del poder. Los saldos de su lucha son 6 órdenes de aprehensión contra sus principales líderes, de éstos es Nicolás Chávez Adame quien cuenta con 3 causas penales.

La Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo que se enfrentó a la minera canadiense Goldcorp Inc y al mismo gobierno del estado, para exigir un precio justo por la renta de sus tierras, sufrió un violento desalojo el 25 de enero de 2007 a manos de la policía preventiva municipal de Eduardo Neri (Zumpango) y de la Policía Preventiva estatal; el saldo fue de 70 detenidos –entre ellos niños y mujeres– y 10 lesionados.

Los 108 trabajadores despedidos del INEGI que se plantaron para demandar su reinstalación y exigir el pago de los salarios caídos desde el año 2000, resistieron por varios meses, hasta que el gobierno del estado les fabricó los delitos de sedición y sabotaje y giró 20 órdenes de aprehensión con un saldo de 4 trabajadores detenidos en junio del 2007.

El Consejo Ciudadano de Chilapa y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón hicieron eco de las demandas de las comunidades Nauas del municipio de Chilapa, que reclaman a la presidenta municipal conocer la programación de obras para sus comunidades y el presupuesto asignado. Ante la actitud arrogante de la autoridad municipal los indígenas se vieron obligados a manifestarse públicamente y a bloquear la carretera Tlapa-Chilapa. Este atrevimiento tuvo como saldo la detención de 14 indígenas por tres delitos, no obstante fueron 28 personas las que están sujetas a investigación por los delitos de privación de la libertad y daños en agravio del ayuntamiento. Dentro de estos últimos se encuentra el caso del director del Centro José María Morelos, Manuel Olivares Hernández.

En este recuento de la criminalización de la protesta hay 42 indígenas del pueblo Naua, todos del municipio de Chilapa, ubicado en la región Centro de Guerrero, y están acusados por los delitos de ataques a las vías de comunicación, privación de la libertad personal y daños en agravio del ayuntamiento; 37 indígenas del pueblo Me´phaa, localizados en la región de La Montaña y la mayoría de ellos son señalados por la privación de la libertad personal, ataques a las vías generales de comunicación y motín; 11 indígenas del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca en la región de la Costa Chica, que están acusados por el delito de la privación ilegal de la libertad personal; por parte de los indígenas Na savi existen 7 compañeros con órdenes de aprehensión acusados del delito de la privación ilegal de la libertad, la mayoría de ellos del municipio de San Luís Acatlán, en la región de la Costa Chica; de la población mestiza hay 19 luchadores sociales acusados de los delitos de privación de la libertad personal y motín, de éstos 11 son del municipio de Acapulco y 8 de la región de La Montaña.

Estas estadísticas del oprobio nos hablan de una absurda estrategia que se ha implementado en nuestro país y nuestro estado, orientado a limitar las garantías individuales y focalizar la persecución contra líderes de organizaciones sociales. Ante la incapacidad de las autoridades para dar respuestas positivas a las necesidades básicas de la población pobre se opta por el uso de la fuerza y la judicialización del conflicto social criminalizando la protesta. Las autoridades no toleran que un pueblo oprimido levante su voz y luche con dignidad, no creé en las causas que movilizan a la población para hacer valer sus derechos, desvaloriza su capacidad para organizarse y defenderse, razona diciendo que están manipulados y engañados por los lideres sociales.

Por cada paso que dan los pueblos indígenas para avanzar en el camino de su dignidad el gobierno se les adelanta diez pasos más para reprimirlos y encarcelarlos, se empeña en acallarlos y en transfórmalos en seres dóciles y pasivos. Recurre a la violencia sociopolítica con el fin de sobajar a los que luchan de despojarlos de su dignidad e identidad, de quebrar su fortaleza y sus valores y de doblegar su capacidad de resistencia. Se empeña la autoridad en generar miedo y someterlos al silencio para romper el núcleo de su organización y desestructurar sus procesos autogestivos.

En esta coyuntura electoral de nueva cuenta vemos como los partidos políticos y sus precandidatos vienen a desplazar a los ciudadanos y a presentarse cómo supuestos lideres políticos, vacíos de compromiso social y fallos en la realidad social que pisan, así como faltos de sensibilidad y respeto a la dignidad de los más pobres. Sin recato alguno y sin que haya una ejemplar sanción para los que delinquen electoralmente, la ambición de los precandidatos transparenta el empobrecimiento de la política y hace más visible la crisis de representación que se vive en nuestro estado.

La democracia electoral está generando un déficit de representación que va distanciando cada vez más a la clase política de la sociedad civil. Con este modelo de democracia se le niega a la población el derecho a deliberar y a cogobernar, con el argumento falaz de que solo tienen el mandato los representantes elegidos en las urnas. Por desgracia esta representatividad se ha desentendido de los problemas que deshumanizan a los pueblos indígenas que nos han dado identidad y un lugar para vivir. Los ciudadanos estamos obligados a replantear este modelo de democracia que tolera la simulación y el engaño y se hace cómplice de la corrupción y de la impunidad de los que ostentan el poder. Este sistema electoral se ha vuelto torpe para canalizar las demandas sociales y los que ahora se desgañitan por ganarse la voluntad del pueblo y hacen el ridículo con la entrega de dadivas como el show de la entrega de tinacos en Acapulco, olvidándose de los compromisos que no ha cumplido la Secretaria de Desarrollo Social de Guerrero con las demandas de los pueblos indígenas de la Montaña, estas vilezas forman parte de la crónica de gobiernos espurios, que en el futuro cuando toman el poder, se cobran la factura a la malagueña, actuando con despotismo y arrogancia.

No podemos permitir que solamente la clase política decida en nuestro nombre qué tipo de derechos nos corresponden y de manera autoritaria nos ignoren y nos excluyan de la discusión y de la toma de decisiones, para impedir el florecimiento de una democracia participativa.

Somos los ciudadanos los que tenemos que acotar el poder de las autoridades que se refugian en los fueros de la impunidad, tenemos que demandar la rendición de cuentas, el derecho a la información y a la consulta, el ejercicio transparente de los recursos y la revocación de mandato de las autoridades cuando traicionan las causas del pueblo.

La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los Na Savi, Me'phaa, Nauas y Mestizos

--------------------------------------------

Un revolucionario es, sobre todo, un humanista, alguien que apuesta al libre desarrollo de la personalidad, y que reconoce en la revolución el medio para construir las condiciones de la libertad.